Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73201
En la ciudad de La Plata, a 24 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Pettigiani, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 73.201, "Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires c/Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires sobre pretensión anulatoria. Tercero coadyuvante Córdoba Sosa, Juan Gonzalo. Recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley o doctrina legal e inconstitucionalidad" y su acumulada A. 73.357 "Córdoba Sosa, Juan Gonzalo c/Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires sobre pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inconstitucionalidad."
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires contra la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, revocó el pronunciamiento de grado en cuanto había declarado la inconstitucionalidad de los arts. 9 y 12 in fine del decreto 3.887/98, reglamentario del decreto ley 9.020/78 y desestimado la pretensión anulatoria promovida respecto de la resolución 286/09 del Ministerio de Justicia que designó al señor Córdoba Sosa en el Registro de Escrituras Públicas 437 del partido de La Plata. Impuso las costas de las instancias ordinarias a la demandada y al tercero coadyuvante en su calidad de vencidos (v. fs. 422/426).
Contra dicho pronunciamiento se interpusieron, por Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 441/447) y, por el tercero coadyuvante, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal y de inconstitucionalidad (v. fs. 431/440); los que fueron concedidos por la Cámara interviniente mediante resoluciones de fs. 479/480 y 490/491.
Por proveído de fecha 27 de septiembre de 2017 (v. fs. 505) se dispuso la acumulación -a los efectos del dictado de una sentencia única- de la causa A. 73.357, "Córdoba Sosa Juan Gonzalo c/Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires sobre pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos" en la que la Cámara interviniente dictó sentencia el 27-V-2014, remitiéndose al pronunciamiento dictado con fecha 18-II-2014 en la causa A. 73.201.
Oída la señora Procuradora General en relación al recurso de inconstitucionalidad, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado a fs. 441/447?
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad de ley interpuesto por la parte coadyuvante?
En su caso:
3ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires promovió acción contencioso administrativa pretendiendo la anulación de la resolución 286 del 16 de enero de 2009 dictada por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires mediante la cual se designó titular del Registro de Escrituras Públicas 437 del partido de La Plata al notario Juan Gonzalo Córdoba Sosa (coadyuvante en este proceso) en el marco del art. 15 del decreto ley 9.020/78 (texto según ley 12.623).
De los antecedentes de la causa surge que el escribano Córdoba Sosa fue designado adscripto del Registro Notarial 437 por resolución del Ministerio de Gobierno 298 de fecha 1 de junio de 2002. Por fallecimiento de la escribana titular del Registro en cuestión, se declaró la vacancia definitiva del mismo (resol. del Ministerio de Gobierno 50/02 de fecha 15 de octubre de 2002).
Ante la situación descripta, el escribano Córdoba Sosa requirió a la autoridad administrativa competente que se le conceda la titularidad del Registro por entender que, a la fecha de la solicitud (13 de julio de 2007), reunía los requisitos para ello. Expresó que habiendo autorizado su primera escritura el 12 de julio de 2002, habían transcurrido los cinco años de antigüedad que exige la ley notarial para soslayar el llamado a concurso y acceder de manera directa a la titularidad de un registro.
I.2. La cuestión a dilucidar en el caso consiste en determinar si la antigüedad exigida por la norma para el acceso directo a la titularidad de un Registro Notarial debe reunirse con anterioridad a la vacancia del mismo.
El régimen legal que regula el ejercicio del notariado en la Provincia de Buenos Aires prescribe que, si al producirse por cualquier motivo la vacancia de un registro existiere adscripto, no corresponderá el llamado a concurso cuando el adscripto tenga cinco años de antigüedad ininterrumpida en ese registro contados desde la fecha en que autorizó su primera escritura (art. 15, ley orgánica del notariado, texto según ley 12.623).
Por su parte, el art. 20 -en su redacción original- establecía que el adscripto tendrá igual competencia que el titular y actuará en la oficina de éste y en sus mismos protocolos. Lo reemplazará en caso de ausencia o impedimento transitorio y si vacare el registro asumirá su interinato con conocimiento inmediato del Juez Notarial y del Colegio, hasta tanto se provea su titularidad. El interinato no podrá ser inferior a un (1) año, salvo que antes de cumplirse ese plazo, el propio adscripto solicite se llame a concurso para cubrir la vacante.
Complementa el marco jurídico aplicable el Reglamento Notarial aprobado por el decreto 3.887/98 (publicado en el Boletín Oficial el 6 de noviembre de 1998), en el cual se establece que para el cómputo del plazo fijado por el art. 15 de la ley notarial, la antigüedad del adscripto se contará desde la fecha en que hubiera autorizado la primera escritura. El adscripto, para acceder a la titularidad, deberá reunir las condiciones del mencionado artículo al momento de producirse la vacante (art. 9).
Asimismo, el art. 12 del referido reglamento establece que producido el interinato a que se refiere el art. 20 de la ley y transcurrido el plazo de un año desde la vacancia, el registro deberá ser incluido en el próximo llamado a concurso que efectúe el Poder Ejecutivo. No se considerará el período de interinato, a los efectos del cómputo de la antigüedad para el acceso directo a la titularidad de un registro.
I.3. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata declaró la inconstitucionalidad de los arts. 9 y 12 in fine del decreto reglamentario de la ley notarial y desestimó la demanda interpuesta por el Colegio Profesional.
Respecto del agravio constitucional, el juez de grado hizo mérito del cuestionamiento expuesto por la parte coadyuvante de este proceso en su presentación de fs. 205/210 y reiterado en la contestación de la demanda a fs. 298/302.
Consideró configurado un exceso reglamentario en las disposiciones contenidas en los arts. 9 y 12 in fine del decreto 3.887/98. Señaló que la limitación reglamentaria resulta arbitraria y discriminatoria toda vez que priva de efectos jurídicos a los años en los cuales el notario Córdoba Sosa se desempeñó interinamente en el registro notarial.
Paralelamente, indicó que quien se desempeñe como interino tiene las mismas facultades y responsabilidades que el titular cuya figura -en los términos reglamentados- luce menospreciada en relación a la del adscripto.
Finalmente sostuvo que la reforma introducida por la ley 14.152 al art. 20 del decreto ley 9.020/78 -no aplicable al caso por haber sido promulgada el 30 de julio de 2010- abona a la decisión arribada respecto del exceso reglamentario de las disposiciones del decreto 3.887/98, en la medida en que éstas no pueden limitar o restringir derechos que la ley reglamentada otorga, ni alterar, ni desnaturalizar su finalidad.
En consecuencia, consideró que las citadas disposiciones resultan inaplicables al caso y que el acto administrativo impugnado resulta legítimo, toda vez que el notario Córdoba Sosa cumplía con los requisitos para acceder en forma directa a la titularidad del Registro Notarial.
I.4. Apelada la sentencia de grado por el Colegio profesional a fs. 370/377, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en esta ciudad hizo lugar al remedio incoado y revocó el decisorio impugnado.
Inicialmente señaló que no se encuentra controvertida la circunstancia referida a que al producirse la vacancia definitiva del Registro 437 de la ciudad de La Plata, el notario adscripto a dicho registro no contaba con los cinco años de adscripción que el art. 15 del decreto ley 9.020/78 exige para acceder en forma directa a la titularidad, salvo que se computen los años del período de interinato.
Con ese marco, sostuvo que las condiciones para acceder en forma directa a la titularidad de un registro sólo pueden ocurrir en el lapso de adscripción y descartó la posibilidad de computar a esos fines los años desempeñados bajo la figura de interinato. Aseveró que del propio régimen legal se desprende la imposibilidad de predicar una analogía entre la adscripción y el interinato a los efectos de acceder sin concurso a la titularidad de un registro.
Indicó que la figura de la adscripción obedece a una decisión del titular y a un ejercicio compartido del respectivo registro, la cual finaliza cuando se produce la vacancia definitiva. Afirmó que la figura de la adscripción implica una tutela profesional del titular en la medida en que, funcionalmente, durante el ejercicio de la adscripción el notario está amparado por las enseñanzas que le suministra el titular del registro.
Señaló que las condiciones para acceder de manera directa a la titularidad de un registro refieren al lapso de adscripción para el cual el interinato revela una situación nueva, que no puede acumularse a esos fines. De modo tal que la declaración de la vacancia clausura la adscripción y da lugar a la figura del interinato, sin que sea dable en ese esquema sortear el concurso y acceder en forma directa a la titularidad del registro.
Explicó que las disposiciones cuya constitucionalidad se cuestiona no colisionan de manera alguna con los artículos del régimen notarial aplicable al caso, toda vez que establecen que la adscripción culmina a partir del momento en que la vacancia definitiva del registro notarial (arts. 15 y 20, dec. ley 9.020/78), lo cual concuerda con las disposiciones que consideran ambas hipótesis por separado sin posibilidad de acumularlas a los fines de sumar los cinco años de antigüedad para acceder de manera directa a la titularización del registro.
Descartó así que los arts. 9 y 12 in fine del decreto 3.887/98 contengan un exceso reglamentario, advirtiendo por el contrario que armonizan con la interpretación que cabe asignarles a los arts. 15 y 20 de la ley notarial para el mecanismo de cobertura sin concurso de los Registros de Escrituras Públicas cuando exista un escribano adscripto.
En ese entendimiento afirmó que el escribano que actúa como tercero coadyuvante en este proceso, no reunía las condiciones legales para acceder en forma directa a la titularidad del registro de conformidad con los arts. 15 y 20 del decreto ley 9.020/78 en su redacción anterior a la modificación introducida por la ley 14.152.
Consecuentemente admitió la demanda promovida por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires y anuló -por ser contraria a la ley- la resolución 286/09 del Ministerio de Justicia que lo designara titular del Registro 437 de la ciudad de La Plata.
II. Contra la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de esta ciudad, la Fiscalía de Estado -a fs. 441/447- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 279, CPCC) en el cual denuncia la violación y errónea interpretación de los arts. 15 (texto según ley 12.623) y 20 (en su redacción original) del decreto ley 9.020/78.
II.1. En relación al art. 15 del decreto ley 9.020/78 sostiene que el a quo impuso requisitos no previstos expresamente en la norma, a fin de acceder en forma directa a la titularidad de un registro por parte de los notarios adscriptos que cumplen la antigüedad para ello.
Explica que no existen otros recaudos legales para acceder en forma directa a un registro que la vacancia del mismo y un notario "adscripto" con una antigüedad ininterrumpida de cinco años en ese registro contados desde la primera escritura. Afirma que del texto normativo no surge que la antigüedad ininterrumpida de cinco años exigida sea anterior a la declaración de vacancia del registro.
Aduce que el requisito previsto en el art. 9 del decreto reglamentario de la ley notarial que impone que el cumplimiento de las condiciones por parte del notario adscripto para acceder en forma directa a un registro debe reunirse al momento de producirse la vacante desnaturaliza la norma reglamentada, que no contempla dicho límite temporal.
Por su parte, respecto de la interpretación del art. 20 del decreto ley 9.020/78 entiende que la Cámara yerra al considerar categorías notariales y diferenciaciones entre ellas que no están previstas en la norma expresamente.
Indica que de manera alguna puede deducirse de la previsión legal que, ante la vacancia definitiva de un registro notarial, el notario adscripto pierde esa calidad y pasa a asumir la calidad de interino. En efecto, sostiene que el escribano adscripto asume el interinato hasta el nombramiento de un notario titular, sin que la norma determine la finalización de la adscripción por tal motivo.
Refiere a las causas estipuladas por la ley por las cuales los notarios adscriptos cesan en sus funciones, a saber: cuando lo solicite el titular ante el juzgado notarial, cuando se compruebe la violación de la obligación de compartir el local profesional y, por último, cuando se acredite haber lucrado con la concesión de la adscripción o haber obtenido ventajas ilícitas o contrarias a la ética (art. 18, dec. ley 9.020/78).
Afirma que la circunstancia de que el notario asuma el "interinato" de un registro por vacancia del mismo no implica que pierde la calidad de adscripto, en todo caso indica que -tal como lo autoriza la norma- acumula ambas categorías.
Por último, concluye que no resulta ajustado a derecho establecer distingos entre el lapso de adscripción y el lapso del interinato a los fines de acceder en forma directa a la titularidad de un registro, supuesto en el cual gravita la calidad de adscripto y la antigüedad ininterrumpida.
III. El recurso no prospera. La Cámara interviniente aplicó correctamente la legislación notarial (arts. 15 y 20, dec. ley 9.020/78 y su dec. reglamentario) al decidir que el escribano Córdoba Sosa en su calidad de notario adscripto al Registro de Escrituras Públicas 437 del partido de La Plata no reunía la antigüedad exigida por la ley notarial (cinco años) para acceder en forma directa a la titularidad.
III.1. De conformidad con las constancias de las actuaciones surgen los siguientes elementos útiles para la decisión de la causa:
a. Mediante la resolución 298 de fecha 1 julio de 2002 del Ministerio de Gobierno se designó al escribano Córdoba Sosa en el carácter de adscripto al Registro de Escrituras Públicas 437 del partido de La Plata (v. fs. 11), quien autorizó su primera escritura el día 12 de julio de 2002.
b. Por resolución del Ministerio de Gobierno 50 del 15 de octubre de 2002 se declaró la vacancia del Registro 437 de esta ciudad por fallecimiento de su titular, ocurrido el 15 de julio de 2002 (v. fs. 20).
c. Con fecha 13 de julio de 2007 el notario Córdoba Sosa solicita al Ministerio de Gobierno que se lo designe titular del Registro notarial 437 de esta ciudad de conformidad con lo establecido en el art. 15 del decreto ley 9.020/78 (v. fs. 9).
d. Por resolución 855 del 12 de noviembre de 2007 el Ministro de Gobierno rechazó la solicitud de titularidad del registro en cuestión (v. fs. 32), interponiendo el notario recurso de revocatoria (v. fs. 38/48).
e. Finalmente, por medio de la resolución 286/09 se hizo lugar al recurso de revocatoria y se lo designó titular del Registro de Escrituras Públicas 437 de esta ciudad (v. fs. 103/104).
f. El Colegio de Escribanos inicia acción contencioso administrativa a fin de obtener la anulación de dicha resolución.
g. Por último, es necesario señalar que, por decreto 645/06 del 3 de abril de 2006, se llamó a concurso de oposición y antecedentes para la provisión de las titularidades de ciertos Registros de Escrituras Públicas que se hallaban vacantes, entre los cuales figura el registro notarial 437 del partido de La Plata. Posteriormente, por decreto 3.135/06 se lo excluyó del listado de registros llamados a concurso, en virtud de las medidas cautelares que decretaron la prohibición de innovar respecto de algunos registros. Finalmente, y en virtud de la revocación de la medida cautelar por parte de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de La Plata, se incluyó al registro 437 en el llamado a concurso (dec. 3.372/07).
IV. Tal como adelantara, la cuestión a resolver consiste en determinar si la antigüedad de cinco años requerida para acceder a la titularidad de un Registro Notarial debe reunirse con anterioridad a la situación de vacancia. A la luz de la normativa aplicable, la respuesta afirmativa se impone.
IV.1. El punto de inicio para el análisis que propone el sub lite es que en la economía del decreto ley 9.020/78 el principio rector en materia de titularización en el ejercicio notarial es el acceso a la función en base al procedimiento de selección por concurso (arts. 7 y 8, dec. ley 9.020/78). La excepción a dicho principio es la situación prevista en el art. 15 del régimen citado, que habilita a los notarios adscriptos, bajo condiciones a apreciarse con estrictez, a acceder a la titularización directa.
IV.2. Sentado ello, no puede aceptarse la interpretación del art. 15 del decreto 9.020/78 que propone la representación fiscal en su recurso extraordinario.
La norma posibilita el acceso directo (sin concurso) a la titularidad del registro declarado vacante al escribano adscripto del mismo que hubiere cumplido cinco años de adscripción contados a partir de la autorización de la primera escritura. El hito temporal está fijado "...al producirse por cualquier motivo la vacancia..." y la excepción legal opera sujeta a la condición de que "...el adscripto tenga cinco años de antigüedad ininterrumpida...". Esta conjunción permite afirmar que el lapso de adscripción debe estar cumplido al producirse la vacancia.
Es doctrina de este Tribunal que en principio toda interpretación de la ley debe comenzar por la ley misma, y que cuando el texto es claro y expreso, debe aplicársela en el sentido que resulta de sus propios términos (conf. doctr. causas A. 70.316, "Trejo", sent. de 9-V-2012; B. 64.162, "Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. y otros", sent. de 9-X-2013; A. 73.939, "Farmacity S.A.", sent. de 22-VI-2016; e.o.).
En tal sentido, el decreto 3.887/98 prevé que las condiciones establecidas por el precepto legal para acceder a la titularidad deben reunirse al momento de producirse la vacante (art. 9). Como puede advertirse, no hay exceso reglamentario en ello pues la disposición bajo examen se ajusta tanto a la interpretación razonable que cabe asignarle al texto de la norma legal, como al principio rector que gobierna la titularización de los escribanos públicos (conf. art. 144 inc. 2, Const. prov. y art. 28, Const. nac.).
Por lo demás este Tribunal ha dicho que el Poder Ejecutivo, en ejercicio de la potestad reglamentaria, puede desarrollar funcional
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