Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74060
En la ciudad de La Plata, a 24 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, de Lázzari, Kogan se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.060, "Abal María Cristina y otros contra Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA). Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación deducido por la parte actora, y en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- desestimó la demanda contencioso administrativa deducida contra Aguas Bonaerenses S.A., tendiente a obtener la indemnización del daño moral, como así también, la aplicación de la multa civil prevista en el art. 52 bis de la Ley de Defensa al Consumidor. Impuso las costas en el orden causado (conf. arts. 51 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 14.437; 53 in fine , ley 24.240 y 25, ley 13.133; v. fs. 436/440).
Disconforme con dicho pronunciamiento, los actores interpusieron recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 448/464 vta.), los que oportunamente fueron concedidos por la Cámara interviniente (v. fs. 473/474).
Oída la señora Procuradora General (v. fs. 479/482 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 483) y agregado el memorial de la demanda a fs. 486/494, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación deducido por la parte actora, y en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- desestimó la demanda contencioso administrativa deducida contra Aguas Bonaerenses S.A., tendiente a obtener la indemnización del daño moral, como así también, la aplicación de la multa civil prevista en el art. 52 bis de la Ley de Defensa al Consumidor.
II. Contra dicho pronunciamiento, mediante recurso extraordinario de nulidad, la parte actora denuncia que el Tribunal de Alzada no cumplió con las formas establecidas en el art. 168 de la Constitución provincial.
Acusa que incurrió en errores " in procedendo ", y que omitió tratar cuestiones esenciales, tales como analizar que se trata de una demanda "colectiva" y considerar que son tres las pretensiones deducidas: una tendiente a que ABSA se abstenga de intimar a los vecinos del barrio "La Rotonda"; otra indemnizatoria del "daño moral padecido"; y la última enderezada a que se multe a la demandada por su práctica abusiva y vejatoria (conf. ley 24.240).
Alega que no existió una decisión expresa, positiva y precisa sobre la cuestión colectiva debatida en el sub lite ; y que se omitió determinar si las intimaciones y avisos de corte enviados por ABSA a los vecinos del barrio, resultaban "vejatorios e intimidatorios" (en los términos del art. 8 bis de la ley 24.240), para en tal caso ordenarle a la empresa cese en su comportamiento.
III. El recurso no prospera.
IV. Conforme dictaminara la Procuradora General de esta Suprema Corte, la omisión denunciada no se evidencia en autos, por cuanto, el Tribunal de Alzada al rechazar el recurso intentado señaló que había sido insuficientemente fundado. Con ello desplazó implícitamente las cuestiones que se denuncian omitidas, quedando subsumidas en el rechazo total de la pieza recursiva.
Al respecto esta Suprema Corte tiene dicho que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que genera la nulidad del fallo, no es aquélla en la que la materia aparece desplazada o tratada implícitamente, pues lo que sanciona con nulidad el art. 168 de la Constitución provincial es la falta de tratamiento de una cuestión esencial por descuido o inadvertencia del tribunal, y no la forma en que ésta fue resuelta (conf. doctr. causas A. 75.279, "Odisa Obras de Ingeniería S.A.", sent. de 27-VI-2018; A. 71.939, "Edea S.A.", sent. de 05-VII-2017; A. 71.962, "Viviani Rossi, Nilda Elena", sent. de 04-VII-2012; e.o.).
En efecto, si bien la Cámara no abordó en forma expresa el carácter colectivo de la pretensión, dispuso que se confirmaba la sentencia de grado, en todo cuanto fuera materia de agravio, entre los que cabe incluir la dimensión colectiva del conflicto.
Específicamente el Tribunal de Alzada consideró decisivo el desarrollo consignado por el juez de primera instancia al estimar que fueron los actores quienes se pusieron en la situación de deudores remisos al no abonar las facturas correspondientes, sin causa jurídica alguna que los habilite; confirmando que ABSA no incurrió en ninguna conducta abusiva, y en tanto concluye que: "... corresponde desestimar la pretensión de daño moral y multa civil interpuesta por los habitantes del Barrio 'La Rotonda', representados por María Cristina Abal, Lino Godoy, Norma Beatriz Lezcano y María Idelba Mendoza, contra Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (arts. 12 inc. 3, 77 inc. 1º y concs., C.C.A; 375, 384 y concs. CPCC; 8 bis, ley 24.240; 1.111 y concs. Código Civil; 59, 60, 61 y concs. decreto 878/03 conv. ley 13.154). Atento la naturaleza de cuestión controvertida y el carácter colectivo de la representación asumida por los actores, el beneficio de gratuidad determinado en los artículos 53, in fine, de la ley 24.240 y 25 de la ley 13.133, a la par de lo que éste dispone respecto de la proporcionalidad de las costas con la capacidad económica; ... se deben distribuir las costas procesales en el orden causado (art. 51, inc.1°, segunda parte, CCA., texto según ley 14.437)." (fs. 393 vta.).
En lo expuesto evidencio que la falta de tratamiento expreso de la pretensión como colectiva, que denunciara la recurrente, no se configuró.
En ese sentido, esta Suprema Corte tiene dicho que resulta improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que se denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, por omisión de tratamiento de una cuestión esencial, pues aunque el a quo no haya respondido directamente cada uno de los argumentos de la parte, si el análisis valorativo conlleva un implícito rechazo del planteo, no se configura la indebida preterición que da lugar al recurso de nulidad (conf. doctr. causa P. 126.886, "Rodríguez, Carlos Dalmacio Jesús", sent. de 06-VI-2018; e.o.).
En esas condiciones, no se configura la nulidad del pronunciamiento a la luz de lo prescripto por el art. 168 de la Constitución provincial, dado que la falta de tratamiento del agravio en cuestión no se debió al descuido o inadvertencia del sentenciante sino que quedó desplazado por los argumentos utilizados por el Tribunal de Alzada que, expresamente, confirmó el criterio de primera instancia.
V. Por las razones brindadas, no habiéndose verificado en la decisión impugnada la alegada infracción al art. 168 de la Constitución de la Provincia, corresponde desestimar el recurso extraordinario de nulidad interpuesto.
Voto por la negativa .
Las costas se imponen en el orden causado (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101, 68 in fine, del CPCC; y 25, ley 13.133).
Los señores Jueces doctores Negri, de Lázzari, y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación deducido por la parte actora, y en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- desestimó la demanda contencioso administrativa deducida contra Aguas Bonaerenses S.A., tendiente a obtener la indemnización del daño moral, como así también, la aplicación de la multa civil prevista en el art. 52 bis de la Ley de Defensa al Consumidor.
I.1. Para así decidir, señaló que la apelante construyó su pretensión sobre la base de una medida preventiva dictada por un juez de faltas, que ordenaría a ABSA abstenerse de cursar notificaciones a los vecinos del barrio "La Rotonda"; solicitando se le aplique la multa civil prevista en la ley 24.240, más la correspondiente indemnización para resarcir el daño moral causado, en tanto, contrariamente a lo allí ordenado, ésta cursó intimaciones prejudiciales y avisos de corte.
Consideró que, como afirmara la jueza de primera instancia, la parte recurrente no había acreditado el dictado de esa medida aludida que diera basamento a la pretensión, ni de cuáles serían los alcances que derivarían de ella.
Indicó que, en autos, no se pudo acceder a dicha resolución por cuanto la Municipalidad de La Plata -en oportunidad de contestar los oficios que le fueran diligenciados- no remitió las actuaciones administrativas requeridas, y ello no mereció reparos de la actora, quien consintió sin más, al solicitar que se certifique la prueba producida y se dispongan los autos para alegar (v. fs. 352).
Agregó que tampoco el ofrecimiento probatorio en cuestión fue motivo de petición alguna en el escrito de apelación, en los términos del art. 57 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo.
Concluyó así que no se logró demostrar las circunstancias invocadas en la demanda, lo que resultaba un presupuesto imprescindible para analizar la procedencia de la pretensión, siendo por tanto insuficiente el recurso.
I.2. Por otra parte, consideró que la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás (por la cual se ordenó la provisión de agua potable a los vecinos del barrio "La Rotonda", utilizada también como fundamento en la demanda), debía ser analizada a la luz del fallo por ella misma emitido en la causa "Choque" n° 12.401, por el que se había dejado sin efecto el deber de provisión de agua y la multa aplicada a ABSA, sobre la base de la pericia bioquímica realizada en dichas actuaciones, cuya copia se encuentra agregada a fs. 361/362.
Desde esta perspectiva, entendió decisivo el desarrollo consignado a fs. 393 vta. del pronunciamiento de primera instancia, donde se estimó que los actores mal pueden considerar abusiva la conducta de la prestadora cuando fueron ellos mismos quienes se pusieron en la situación de deudores remisos, al no abonar las facturas correspondientes sin causa jurídica alguna habilitante; indicando, asimismo, que subyace a la postura actoral el creerse con derecho a resistirse al pago, mientras están discutiendo en otro proceso la calidad del servicio prestado, no obstante no existir una orden, sea judicial o administrativa, en ese sentido.
I.3. Finalmente destacó que la orfandad probatoria señalada precedentemente, importó que la parte actora tampoco pudiera demostrar la existencia de un perjuicio personal que justifique una reparación en concepto de daño moral, y menos aún, una multa civil como la pretendida.
En esas condiciones estimó que la impugnación, tal como había sido propuesta, no podía ser acogida favorablemente pues resultaba insuficiente a fin de refutar las razones y constancias reseñadas por la jueza de primera instancia, en armónica consideración con la totalidad de la prueba producida e íntegra plataforma fáctica, sobre la base de las cuales se estructuran las conclusiones del pronunciamiento recurrido, que confirmó.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo en la apreciación de las constancias de la causa, errónea aplicación de lo normado por los arts. 384, 375 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 27, 37, 46 y concordantes del Código Contencioso Administrativo; 8 bis, 10 bis, 30 bis, 52 bis y concordantes de la Ley de Defensa del Consumidor; 522, 1.078 y concordantes del Código Civil. Acusa también violación de la doctrina legal.
II.1.a. En primer lugar, señala que la sentencia interpretó absurdamente el escrito de demanda, en infracción de los arts. 330, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 27 y concordantes del Código Contencioso Administrativo, al sostener que se estructuró sobre la base de la medida preventiva dictada por el juez de faltas municipal, y que censuró así toda posibilidad de valorar el daño moral y la aplicación de multa civil.
Alega que se ignoró la contestación de demanda, donde ABSA sostuvo que dicha medida de fecha 10 de junio de 2011, fue suspendida por la interposición de una pretensión anulatoria ante la justicia contencioso administrativa de lo que, afirma, surgiría su reconocimiento expreso.
Asimismo señala que, de la mesa de entradas virtual del poder judicial, emerge que el señor juez a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 3 de La Plata, en el trámite de esa pretensión anulatoria (denunciada por la demandada), rechazó la medida cautelar solicitada y ordenó mantener la medida preventiva.
Denuncia, por lo expuesto, que no resulta un hecho controvertido por la demandada, y que exigirle que cargue con la prueba de un hecho reconocido, resulta violatoria de los arts. 375, 384, 354 del Código Procesal Civil y Comercial y 37 del Código Contencioso Administrativo.
II.1.b. Alega que el Tribunal de Alzada renunció a averiguar la verdad material de los hechos, en abierta infracción a los arts. 46 y concordantes del Código Contencioso Administrativo; 384 y concordantes del Código Civil y Comercial; menoscabándose el derecho de defensa, a una tutela judicial efectiva y al debido proceso (conf. arts. 17 y 18, Const. nac. y 15, Const. prov.).
Indica, asimismo, que la Municipalidad de La Plata en oportunidad de contestar el oficio que le fuera cursado, informó que el expediente administrativo tramitaba por ante la subsecretaría municipal de servicios públicos y relaciones de consumo, y que según surgía del sistema, se encontraba en etapa de imputación.
Señala con ello que, si no estaba discutida la existencia del expediente en el que se habría dictado la medida preventiva, el Tribunal de Alzada debió solicitar una medida para mejor proveer -a fin de formar convicción al respecto-, en vez de considerar que se incurrió en deficiencia probatoria; o en su defecto, tenerla por acreditada en tanto -insiste- surgía su existencia de la contestación de demanda.
Afirma también que la sentencia exhibe un excesivo rigor formal (al aplicar mecánicamente la regla de la carga de la prueba); circunstancia por la que consagró una solución que veda el acceso a la verdad objetiva e importa una renuncia consciente a su logro, colocando a los actores en una grave situación de indefensión.
II.2. No obstante lo expuesto, insiste con que la demanda no se construyó sobre la base de la medida preventiva ni sobre la sentencia de la Cámara de San Nicolás.
Aduce que por el contrario, la pretensión se asentó sobre el comportamiento abusivo e ilegítimo denunciado (envío de intimaciones en infracción de los arts. 8 bis y 30 bis de la 24.240) circunstancia que, según dice, luce manifiesta.
Insiste con que la documentación agregada a autos evidencia el incumplimiento de la medida preventiva, siendo ello manifiesto en la resolución del 24 de junio de 2011, por la que el mismo juez de faltas municipal ordenó el pase de las actuaciones a la justicia penal, para que se indague si corresponde encuadrar el comportamiento de la demandada dentro de la órbita del art. 239 del Código Penal.
II.3. Por último, denuncia que el absurdo se manifiesta en la apreciación efectuada por el Tribunal de Alzada, que restó importancia a la sentencia de la Cámara de San Nicolás, so color de su propio pronunciamiento del 18 de junio de 2013, por el que dejó sin efecto el deber de provisión de agua y la multa aplicada a la empresa ABSA.
Señala que pasaron más de dos años entre ambos pronunciamientos, período en que se mantuvo la situación de incumplimiento (no proveer agua potable según decisión firme y consentida de la Cámara de San Nicolás) y que igualmente se intimó masivamente a los usuarios, del modo abusivo denunciado.
III. El recurso no puede prosperar, atento a su insuficiencia técnica (art. 279, CPCC).
III.1. El Tribunal de Alzada rechazó el recurso de apelación al tener por no acreditado en autos el dictado de la medida preventiva que ordenara el cese de las intimaciones cursadas a los vecinos del barrio "La Rotonda", e indicó que la frustración de la prueba informativa -a dicho fin- no sólo no había merecido reparos de la actora, quien consintió al solicitar que se certifique la prueba producida y se dispongan los autos para alegar, sino que tampoco había sido motivo de petición alguna en el recurso de apelación en los términos del art. 57 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo, por lo que consideró insuficiente la impugnación tendiente a refutar las razones brindadas por el juez de primera instancia para rechazar la demanda.
La recurrente, por su parte, sostiene en esta instancia extraordinaria que debió dictarse una medida para mejor proveer a dicho efecto, y que, no obstante, no resultaba un hecho controvertido, por cuanto surgía su reconocimiento de la contestación de demanda.
Sostuvo que la sentencia veda, de ese modo, el acceso a la verdad objetiva y genera una situación grave de indefensión, denunciando así el absurdo al considerar acreditado en autos que las intimaciones prejudiciales y los avisos de cortes violan lo normado por los arts. 8 bis y 30 bis de la ley 24.240.
III.2. En primer lugar, cabe señalar que esta Suprema Corte ha sostenido en reiteradas oportunidades que la apreciación de la suficiencia del escrito de expresión de agravios constituye una típica cuestión de hecho ajena, en principio, a su conocimiento y sólo susceptible de ser revisada mediante denuncia y demostración de absurdo (conf. Causas A. 69.344, sent. de 4-VI-2008; A. 70.136, sent. de 21-IV-2010; A. 71.558, sent. de 4-VIII-2016; e.o.).
Si la Cámara, en ejercicio de facultades que le son propias, concluyó que el recurso de la actora no podía prosperar en tanto no articulaba una réplica suficiente que demostrara su disconformidad contra la motivación o resolución atacada, idónea para acreditar el perjuicio que aquella le pudiese ocasionar a la demandante, resulta ineficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, como en la especie, no logra evidenciar que esa conclusión del a quo sea producto de un razonamiento absurdo (conf. doctr. Causas A. 83.536, sent. de 16-IV-2004; C. 103.216, sent. de 26-VIII-2009; A. 70.136, sent. de 21-IV-2010 y A. 70.791, sent. de 31-VIII-2011; entre muchas otras). Vicio que se configura mediante un error palmario, grave y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (conf. Causas A. 69.076, "M., L.L.", sent. de 29-VI-2011; A. 72.442, sent. de 6-XI-2012; C. 116.205, sent. de 11-IX-2013; A. 71.351, "Latorre", sent. de 25-II-2015) lo que no se demostró en el sub lite .
En efecto, pese a que la misión del impugnante consistía en demostrar el desvío lógico en la decisión de la Alzada y la suficiencia del recurso ordinario que había interpuesto, se limitó a expresar ante esta Suprema Corte argumentos similares a los brindados al formular su apelación, omitiendo atacar de manera eficaz el razonamiento actuado por la Cámara interviniente.
III.3. A ello cabe agregar que la cita genérica de que se habrían quebrantado preceptos constitucionales no tiene eficacia si no se expresa claramente de qué manera el Tribunal incurrió en tal supuesta violación, lo que tampoco
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