Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74103
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289 último párr., CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la Municipalidad recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párr. y 289 in fine, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 24 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Genoud, Negri, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.103, "Mercedes Benz Argentina S.A. contra Municipalidad de General Pueyrredon. Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, hizo lugar a la pretensión promovida por Mercedes Benz Argentina S.A. y, en consecuencia, declaró la ilegitimidad parcial de la resolución dictada por el Juzgado Municipal de Faltas n° 4 del Partido de General Pueyrredon, mediante la cual se le impuso a la empresa accionante una multa, dada su condición de fabricante del rodado objeto del incumplido contrato celebrado entre el denunciante y la firma Arluni Auto S.R.L., por considerarla solidariamente responsable del daño causado al consumidor. Las costas de la instancia de apelación fueron impuestas a la accionada vencida -art. 51 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo, texto según ley 14.437- (v. fs. 246/256).
Disconforme con dicho pronunciamiento , la Municipalidad demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 264/276 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 278 y vta.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 287), agregada la memoria de la parte actora (v. fs. 290/295), oído el señor Subprocurador General (v. fs. 298/308 vta.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por el municipio demandado y confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la impugnación articulada por Mercedes Benz Argentina S.A. y, en consecuencia, declaró la ilegitimidad parcial de la resolución dictada el 29 de septiembre de 2011 por el Juzgado Municipal de Faltas n° 4 del Partido de General Pueyrredon en el marco del expediente administrativo 8.118/09, mediante la cual se le impuso a la empresa accionante una multa, en su condición de fabricante del rodado objeto del contrato celebrado entre el denunciante y la firma Arluni Auto S.R.L., por considerarla solidariamente responsable del daño causado al consumidor, en su condición de adquirente frustrado de un plan de un camión de la marca accionante.
Para así decidir -y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa- el Tribunal de Alzada efectuó una serie de consideraciones.
I.1. Por empezar, a su criterio es aplicable en el caso el Código Civil derogado, en tanto el acto dictado en sede administrativa -como así también la totalidad del proceso impugnatorio- se desarrolló antes de la entrada en vigencia de la ley 26.994.
I.2. Seguidamente, precisó que estaba firme en esa instancia el hecho de que para la compra de un camión marca Mercedes Benz, el señor Knatiuk celebró con Arluni Auto S.R.L. un contrato en el cual se establecieron las modalidades de pago y condiciones de entrega de la unidad; como así también, que la citada sociedad ofreció el referido producto a través de una página de internet; que el conflicto se suscitó en la etapa contractual, toda vez que habiendo el consumidor cumplido su parte del contrato, la citada sociedad modificó unilateralmente las condiciones; que Arluni Auto S.R.L. no es concesionaria oficial de Mercedes Benz Argentina S.A. y que no existe vínculo alguno entre las nombradas.
A continuación, con base en las actuaciones administrativas 8.118/09 , excluyó la responsabilidad solidaria de Mercedes Benz por los efectos derivados del frustrado contrato suscripto entre Arluni Auto S.R.L. y el consumidor del producto, aun cuando la oferta haya recaído sobre un bien fabricado por Mercedes Benz. Ello por cuanto, dado el contexto fáctico que presenta el sub examine , la acreditada ausencia de vínculo jurídico entre la empresa accionante y la firma oferente del rodado impedía se le extiendan los efectos de la frustración del reseñado contrato (v. fs. 251).
En aval de tal decisión, invocó la doctrina legal sentada por este Tribunal en las causas C. 93.038, "García", sentencia de 13-VI-2013; C. 105.173, "Bonacalza", sentencia de 2-V-2013 y C. 116.878, "Iarritu", sentencia de 18-VI-2014, en las que se estableció que la existencia de vínculo contractual entre los fabricantes de automotores y sus concesionarias no autoriza a condenar al concedente si no ha mediado una conducta antijurídica imputable a ella, por lo cual -entendió- menos aún cabría atribuir responsabilidad a quien no posee relación de naturaleza alguna con la empresa oferente del contrato, conforme ocurre en la especie.
Por aplicación de la doctrina sentada en la citada causa "García", descartó que la confianza que genera en el consumidor la invocación de la marca, pueda determinar como un hecho cierto que se entablara entre Mercedes Benz Argentina S.A. y el consumidor un vínculo, o que existiera entre ambos un ofrecimiento concreto en relación a la entrega del rodado, ya que no se probó que la publicidad haya sido encomendada o financiada por la aquí actora.
Concluyó, entonces, que extender a la accionante la responsabilidad por la conducta desplegada por Arluni Auto S.R.L. no es congruente con la correcta interpretación de los arts. 42 de la Constitución nacional y 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, invocados por la recurrente.
II. Contra dicho pronunciamiento la Municipalidad demandada interpuso el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 264/276 vta., en el que reitera argumentos ya vertidos en sus anteriores presentaciones y denuncia la errónea interpretación de la Ley de Defensa de Consumidor 24.240 -específicamente del art. 40-, del art. 42 de la Constitución nacional y la vulneración de la doctrina legal que cita.
II.1. En el recurso, a partir de su propia interpretación de los arts. 40 de la ley 24.240 y 42 de la Constitución nacional, la impugnante insiste en que resulta innecesario la existencia de vínculo alguno entre quienes integran la cadena de comercialización para hacer actuar la responsabilidad solidaria prevista en el citado art. 40, frente al consumidor. A su juicio, al exigir la Cámara dicho recaudo, incurre en una interpretación errónea de la citada normativa.
Sostiene, a la par, que el alcance de la responsabilidad solidaria debe ser abordado a partir del principio de la primacía de la realidad, en sintonía con los postulados emergentes del art. 42 de la Constitución nacional, al margen de la existencia o no de una relación contractual entre los integrantes de la cadena de comercialización. En su parecer, la concurrencia de tal recaudo no es requerida por la ley y su exigencia desnaturaliza la finalidad protectoria del régimen en la materia.
Señala que Mercedes Benz Argentina S.A. es proveedora en los términos del art. 2 de la ley 24.240 y, por ende, integra la cadena de comercialización y que, al ser titular de una marca de prestigio, debe evitar que sea usada indebidamente. Por ende, considera desacertado poner en cabeza del consumidor la carga de comprobar si se trata de empresas vinculadas o no, a los fines de hacer efectiva la responsabilidad solidaria emergente de los textos constitucionales y del art. 40 de la Ley de Defensa del Consumidor.
Alega además que con posterioridad a la doctrina legal invocada por el tribunal a quo , esta Suprema Corte se pronunció sobre el tema en la causa C. 115.486, "Capaccioni", en la que se responsabilizó a la empresa fabricante o importadora por desperfectos en automotores vendidos por sus concesionarios, variando de tal modo su anterior criterio.
II.2. Por otro lado, reprocha que el fallo deseche como factor atributivo de responsabilidad la confianza que otorga la marca en la relación de consumo.
Afirma que el art. 2 de la ley 24.240 menciona como proveedores a quienes conceden la marca, debiéndose entonces aplicar el mismo principio de responsabilidad por la confianza generada en el consumidor y que la imputación fundada en la apariencia jurídica está en la base de la responsabilidad de las cadenas de oferentes en el derecho de consumo (art. 40, LDC).
En consecuencia, solicita que Mercedes Benz Argentina S.A. sea declarada solidariamente responsable, en tanto resulta innecesaria la existencia de vínculo entre la firma accionante y la concesionaria, como así también en virtud de la confianza generada por la marca en el consumidor.
III. El recurso intentado por el municipio demandado no puede prosperar.
III.1. La facultad revisora de esta Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. De allí que el éxito de la postulación recursiva dependa de que se baste a sí misma para que, de su lectura, pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige, entonces, una crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo recurrido (conf. doctr. causas A. 72.601, "Mastrandrea", sent. de 29-VIII-2017 y A. 72.788, "Pla", sent. de 18-X-2017; e.o.), carga que el municipio no logra satisfacer de modo idóneo. Veamos.
Para confirmar el pronunciamiento de origen, la Cámara valoró que en el contexto fáctico del caso no correspondía extender a Mercedes Benz la responsabilidad por el incumplimiento contractual provocado por Arluni Auto S.R.L.
Frente a ello, la quejosa entiende que no hace falta exigir la existencia de un vínculo jurídico entre la fabricante y una concesionaria a los fines de hacer efectiva la solidaridad prevista en el art. 40 de la Ley de Defensa del Consumidor (v. fs. 268/273).
La argumentación de la recurrente no se hace cargo del contenido del pronunciamiento que cuestiona.
Cierto es que el art. 40 de la ley 24.240 no requiere la existencia de un vínculo o relación jurídica entre quienes integran la cadena de comercialización. La responsabilidad solidaria, que en el marco de la relación de consumo estatuye el citado precepto, opera respecto del productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. Con todo, no se advierte que dicha cuestión haya sido desconocida por el Tribunal de Alzada.
En rigor, el fundamento dado por la Cámara atiende al contexto fáctico que presenta el asunto debatido en autos en donde no están en juego los daños o consecuencias derivadas del "vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio", a los que alude el invocado art. 40.
En la causa C. 105.173, "Bonacalza", esta Corte señaló que la pretensión resarcitoria articulada con fundamento en lo normado por los arts. 11, 12 y 40 de la ley 24.240 "se vincula a los daños irrogados por vicios, defectos o riesgos de los bienes comercializados". Pues bien, la conducta que diera lugar a la sanción aquí impugnada no obedece a ninguna de estas causales, sino al incumplimiento del contrato celebrado a los fines de la adquisición de un bien, fabricado por Mercedes Benz, por parte de una sociedad que, para más, carece de vínculo jurídico con la actora.
En sentido análogo, en la causa C. 93.038, "García", este Tribunal descalificó la decisión que había extendido a la empresa concedente la responsabilidad por el incumplimiento del concesionario en la entrega de unidades, sin que mediara una conducta antijurídica imputable a la primera. Allí se reputó errónea su asimilación al supuesto de responsabilidad solidaria que le cabe al fabricante por la calidad de sus productos conforme establece el art. 40 de la ley 24.240. Esta postura fue reiterada más recientemente en la causa C. 116.878, "Iarritu", sentencia de 18-VI-2014.
No altera lo expuesto la invocación del precedente C. 115.486, "Capaccioni" (v. fs. 273). Sin perjuicio de señalar que en este punto la impugnante omite poner de relieve los aspectos fácticos que rodearon al caso donde se sentó la doctrina que se pretende aplicar y explicar fundadamente el motivo por el cual guarda analogía con el supuesto analizado en autos (conf. doctr. causas Ac. 84.617, "Carpignano", sent. de 5-V-2004 y C. 120.633, "Camplone", sent. de 7-VI-2017; e.o.), como la propia quejosa reconoce, en "Capaccioni" se responsabilizó solidariamente a la empresa fabricante, parte integrante de la cadena de comercialización, por los defectos del automotor vendido por su concesionario. Se trata de una circunstancia diversa a la debatida en el sub examine en la cual la sanción no se sustenta en tal causal, sino en un incumplimiento contractual provocado por un concesionario no oficial Arluni Auto S.R.L.
Por consiguiente, es de aplicación el reiterado criterio de este Tribunal que ha señalado que no resulta posible alegar la violación de doctrina elaborada sobre la base de hechos distintos a los verificados en el caso que se invoca (conf. doctr. causas A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012 y A. 71.831, "Muñoz", sent. de 10-XII-2014).
III.2. Los genéricos argumentos ensayados en derredor de la marca como factor atributivo de responsabilidad solidaria en la relación de consumo lucen insuficientes a fin de conmover el fallo.
En autos no se debate que la marca puede dar lugar a la responsabilidad por la confianza generada en el consumidor, lo cual -como afirma la propia recurrente- podría llevar al consumidor a presumir la originalidad y calidad del producto (v. fs. 274). Nótese que el precedente que se cita en tal parcela de la protesta (v. fs. 275 vta.) refiere un supuesto de responsabilidad del fabricante por el defecto y falla que presentó un producto y se fundó en el ya analizado art. 40 de la ley 24.240. Empero -reitero- aquí no se ha planteado una situación referida a la calidad o características del bien objeto del contrato.
De otra parte, el Tribunal de Alzada descartó que la confianza generada por la invocación de la marca, baste para determinar que medió intención alguna de la fabricante de colocarse en directa vinculación con el consumidor, ni de que existió un ofrecimiento concreto en relación a la entrega del rodado, ya que no se probó que la publicidad haya sido encomendada o financiada por la firma actora.
Frente a ello, la recurrente no aporta argumento alguno ni elemento probatorio que den respaldo a su afirmación respecto del uso de logotipos de la actora que pudieran haber llevado al consumidor a confiar legítimamente que estaba contratando directamente con el fabricante/importador, a saber, Mercedes Benz S.A. (v. fs. 275). Antes bien, de la documentación acompañada en el expediente administrativo por el señor Hnatink surge que tanto el instrumento de reserva como los recibos entregados fueron emitidos por "Arluni Auto S.R.L. Concesionario Agente de plan de ahorro. Usados de Selección. Consignaciones", sin logo ni alusión que pudiera vincularlo con la empresa actora (v. fs. 12/19 de las citadas actuaciones), siendo que se tuvo por demostrado que Arluni Auto S.R.L. no resulta concesionaria oficial de Mercedes Benz Argentina S.A. y no existe vínculo alguno entre las nombradas.
III.3. En suma, los fundamentos brindados por el tribunal a quo no merecieron una crítica idónea por parte del municipio quien -en esta instancia- insiste con similares planteos a los llevados ante la Cámara que, lejos de patentizar los yerros que se le imputan, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el resultado obtenido y a esbozar un punto de vista subjetivo y discrepante sobre cuál sería el alcance del régimen legal aplicable, sin hacerse cargo de impugnar concreta y eficazmente las razones medulares sobre los cuales se estructura el fallo (art. 279 su doctr., CPCC).
En tal sentido, tiene dicho esta Corte que es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley si la recurrente expone su propio criterio personal, distinto al del sentenciante, en orden a la interpretación de las disposiciones a las que se han subsumido los hechos, sin lograr demostrar que haya existido una errónea aplicación o interpretación del plexo normativo en cuyos términos se funda la sentencia, tal como lo exige el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. causas A. 70.891, "Mohando", sent. de 6-VIII-2014 y A. 70.232, "Benítez", sent. de 27-IV-2016).
Lo expuesto basta para su rechazo pues deviene ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea argumental de la decisión impugnada, y se dedica a criticarlo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (conf. doctr. causas C. 110.369, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 2-VII-2014; C. 96.091, "Guevara", sent. de 11-III-2009 y C. 116.677, "Andrada", sent. de 25-X-2017).
IV. Por los motivos consignados, no habiéndose demostrado las infracciones legales denunciadas, ni la violación de la doctrina legal (art. 279, CPCC), corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (art. 289 último párr., CPCC).
Voto por la negativa.
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen al municipio recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párr. y 289 in fine, CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero a la solución que propone el señor Juez doctor Soria sobre la base de las consideraciones que tuviera oportunidad de señalar en la causa C. 116.878, "Iarritu" (sent. de 18-VI-2014), a cuyos fundamentos remito en razón de brevedad.
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
Al igual que el colega que inicia el acuerdo, entiendo que el recurso en tratamiento no puede prosperar en tanto la impugnante no logra demostrar en esta instancia extraordinaria las infracciones normativas que le atribuye al pronunciamiento cuestionado, ni la violación de la doctrina legal que denuncia (conf. art. 279, CPCC).
Sin perjuicio de ello, he de dejar a salvo la opinión que brindara en el precedente C. 105.173, "Bonacalza", sentencia de 2-V-2013, citado en su exposición, en tanto las circunstancias analizadas en el sub lite difieren de las debatidas en la causa mencionada.
Con costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Subprocurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289 último párr., CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la Municipalidad recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párr. y 289 in fine, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia