Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74289
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 51 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 14.437-; 68; 279 y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 24 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Negri, Genoud, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.289, "G., F. A. contra Municipalidad de Morón sobre Daños y Perjuicios".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en General San Martín hizo lugar parcialmente a los recursos de apelación articulados por la parte actora y la Municipalidad de Morón. En consecuencia, elevó la suma indemnizatoria reconocida en concepto de daño moral y modificó la tasa de interés fijada en el fallo de primera instancia (v. fs. 465/496).
Contra dicho pronunciamiento la Municipalidad de Morón interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 500/516), que fue concedido por la Cámara actuante mediante decisorio de fs. 518/519.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 632) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que al recurso interesa, la señora F. G. interpuso demanda contra los doctores Martín Andrés Carbone, Andrea Donata Benefico y la Municipalidad de Morón (Hospital de Morón), solicitando la reparación de los daños y perjuicios sufridos por la mala praxis atribuida a los accionados, y falta de atención médica adecuada, que derivó en la realización de una histerectomía subtotal que produjo la esterilidad permanente de la actora. Tal circunstancia se dio en el marco del nacimiento por cesárea de su primer hijo, ocurrido el día 2 de enero de 2006, una posterior consulta con un cuadro de ginecorragia en la Guardia del Hospital, el día 24 de enero de 2006, que finalmente derivó en la internación y cirugía de urgencia el 13 de febrero de 2006, en la que se le extrajo el útero a fin de salvaguardar su vida.
A fs. 109 la actora desiste de la demanda entablada contra los médicos, declarándose extinguido el proceso contra los nombrados a fs. 110.
II. La magistrada de primera instancia hizo parcialmente lugar a la pretensión indemnizatoria deducida, condenando al municipio de Morón a pagar a la actora la suma de trescientos mil pesos ($300.000) en concepto de reparación de daño físico y psicológico, la suma de catorce mil cuatrocientos pesos ($14.400) para gastos de tratamiento terapéutico y la suma de sesenta mil pesos ($60.000) por daño moral. Rechazó el rubro daño futuro y fijó que los intereses debían computarse desde la fecha de la sentencia de grado hasta su efectivo pago, aplicando la tasa de interés digital que pague el Banco Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días.
Las costas las impuso a la demandada vencida.
III. A su turno, el día 26 de abril de 2016, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín dictó sentencia e hizo lugar parcialmente a los recursos de apelación articulados por la parte actora y la Municipalidad de Morón, modificándola respecto de la suma indemnizatoria reconocida en concepto de daño moral, elevándola a cien mil pesos ($100.000) y reemplazando la tasa de interés pasiva digital por su variante "tradicional o común", tal como planteó la demandada. Asimismo, estableció que los intereses debían liquidarse desde la fecha del hecho que fijó en el 24 de enero de 2006 hasta su efectivo pago, con excepción de la suma otorgada por tratamiento psicológico, respecto de la que se debían calcular a partir de la notificación de la sentencia de Cámara. Las costas las impuso a la demandada por ser sustancialmente vencida (v. fs. 465/497).
Para así resolver consideró que:
a) Las pruebas colectadas en autos resultaron suficientes -conforme art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial- para corroborar lo expresado por la jueza de grado, en cuanto atribuyó responsabilidad, por falta de atención médica adecuada, a la comuna demandada (conf. fundamentos vertidos en los cons. 6, 7 y 8 del voto de la doctora Bezzi). Para ello tuvo principalmente en cuenta el contenido de la pericia médica y la falta de impugnación de la demandada. En tal sentido (v. fs. 485 y vta.), transcribió parte sustancial de las conclusiones de la pericia médica producida en la causa, lo que permitió establecer una adecuada y razonable conexión causal entre la falta de atención apropiada en la consulta del día 24 de enero de 2006 y el posterior desenlace -ablación uterina subtotal-.
b) En base a ello, la Cámara desestimó la crítica de la comuna en torno a la errónea valoración de la pericia médica formulada por la sentenciante de primera instancia, recordando que en materia de prueba el juzgador tiene amplio margen de apreciación, pudiendo inclinarse hacia unas, descartando otras, en concordancia con los demás elementos de mérito que puedan obrar en el expediente, siendo en definitiva una facultad privativa del magistrado, en tanto se apegue a las reglas de la sana crítica.
Sostuvo que el dictamen médico del caso se basó en la historia clínica y en constancias médicas de la causa, como asimismo en la propia experiencia del perito informante, citando precedentes de esta Corte, sobre el valor que adquiere un dictamen pericial cuando cuenta con elementos convincentes para su aceptación (v. fs. 486/487).
c) Confirmada la responsabilidad atribuida a la Municipalidad de Morón, el tribunal a quo , ingresó al estudio de los rubros indemnizatorios, acogió el agravio de la actora relativo al daño moral elevándolo a la suma de cien mil pesos y el de la Municipalidad demandada, respecto al tipo de tasa de interés aplicable.
Las costas, las impuso a la demandada vencida.
IV. Contra este pronunciamiento se alza la Municipalidad demandada, mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley planteando que la sentencia impugnada viola las normas y la doctrina legal aplicable, generando un pronunciamiento absurdo y antijurídico por no hallarse probada la responsabilidad endilgada al municipio.
IV.1. Sostiene que el fallo de Cámara ha incurrido en un grave y manifiesto error -absurdo- en la apreciación de las pruebas producidas, con quebrantamiento de las reglas que gobiernan la materia, arribando a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa.
Considera que la Cámara lesionó arbitrariamente los intereses del municipio al desconocer lo actuado en la historia clínica donde, según dice, se consignó la realización de estudios a la actora el día 24 de enero de 2006, fecha que el tribunal y la jueza de grado tomaron como " el hito fundamental " para endilgarle responsabilidad a su mandante, al "tomar al pie de la letra las manifestaciones realizadas por la Perita médica", que transcribe : "postoperatorio de la cesárea, con un cuadro de Ginecorragia (hemorragia genital), no se consignan en la oportunidad que se hubieran realizado exámenes complementarios de diagnóstico para establecer su causa o se hubiere efectuado o indicado algún tratamiento a la paciente" (fs. 514).
Afirma que, en el caso, el principio de la carga dinámica de la prueba generó un razonamiento contradictorio, desde que no se probó un accionar imprudente o negligente de su mandante.
Entiende equívoco afirmar que hubo error de diagnóstico o falta de atención brindada a la actora el día 24 de enero de 2006, toda vez que se dejó constancia que la paciente cursaba un cuadro de ginecorragia, normal luego del "alumbramiento", y no una metrorragia puerperal post cesárea. En tal línea de razonamiento expresa que no existe una definición específica de hemorragia postparto, que la pérdida de sangre tras un parto vaginal o por cesárea es de 500 y 1.000 mililitros respectivamente, para deducir de ello, como una evidencia que el alta que se le dio a la señora G. el día 24 de enero de 2006 obedeció a que su cuadro no se correspondía con el de hemorragia puerperal.
Aduce que el tribunal a quo no tuvo en cuenta que el legrado evacuador o histerectomía que se le practicó a la actora el 13 de febrero de 2006, frente al cuadro de metrorragia postcesárea, fue el apropiado a fin de preservarle la vida. Que en consecuencia el tratamiento médico fue oportuno, por lo que los agentes municipales han obrado conforme a derecho y a las normas y protocolos del buen arte de curar, con plena responsabilidad y eficiencia, empero como sus obligaciones son de medios y no de resultado, las mismas no pueden ser malinterpretadas por las consecuencias negativas del hecho (pérdida de la capacidad de procrear), sino valoradas conforme a aquellas consecuencias más gravosas que se han podido evitar, esto es, la muerte de la paciente (v. fs. 515 vta.).
V. Preliminarmente he de advertir que las disposiciones del derogado Código Civil (ley 340) son las aplicables al caso, por estar vigentes al momento en que se configuró el hecho que ocasionó los daños cuya reparación reclama la parte actora (conf. doctr. art. 7, Cód. Civ. y Com., ley 26.994).
Sentado ello, opino que el recurso extraordinario interpuesto no puede prosperar.
V.1. La Cámara consideró que la sentencia de grado lució ajustada a derecho en cuanto condenó a la Municipalidad de Morón, por falta de atención médica adecuada ante la consulta de la actora del día 24 de enero de 2006, y la lamentable consecuencia acaecida el 13 de febrero de 2006 -ablación uterina subtotal- que consiste en la extirpación del cuerpo uterino con conservación del cuello uterino y los ovarios, e importa una incapacidad para anidar el producto de la concepción.
Para ello ponderó que la prueba producida (conf. art. 384, CPCC) corrobora el temperamento resolutivo de la a quo en la existencia de responsabilidad por mala praxis atribuida a los galenos dependientes de la comuna demandada. Consideró principalmente el dictamen pericial (v. fs. 487 vta.), en el que señaló conforme surge de la historia clínica confeccionada en el hospital, el día 24 de enero de 2006, la actora se presentó en la guardia del hospital con un cuadro de hemorragia posterior a la cesárea, más precisamente 22 días después de ésta, sin que se le ordenaran exámenes complementarios de diagnóstico o se le indicara tratamiento alguno para ello.
Concluyó que, sobre la base de la doctrina de la relación de causalidad adecuada, la ablación posterior sufrida por la actora (histerectomía subtotal) se debió, en un alto grado de probabilidad, a la falta de atención apropiada recibida en la consulta de ese día 24 de enero de 2006, en la Guardia del Hospital.
La sentencia del Tribunal de Alzada meritó que si bien en la pericia no se estableció con exactitud cuál fue la causa determinante de la histerectomía subtotal, una correcta interpretación de la misma permite establecer una razonable conexión causal entre la causa médica y jurídica -falta de atención adecuada en la consulta del día 24 de enero de 2006 y el triste resultado acontecido el 13 de febrero de 2006 (ablación uterina subtotal)- (v. arts. 901, 902, 903 y 904, Cód. Civ., ley 340).
Destacó que, tratándose del ejercicio de la medicina, donde lo que está en juego es la integridad física o la vida del paciente, toda omisión de los medios que imponen la ciencia y la práctica médica en su estado actual, entran en el concepto de causalidad adecuada (v. arts. 901, 902, 903 y 904, Cód. Civ., ley 340), pues exigir la certeza absoluta entre tal omisión como causa y pérdida de esos bienes como efecto, dejaría en la irresponsabilidad todo acto de "mala praxis", ante la imposibilidad material de llegar a la comprobación de esa certeza total.
V.2. Ahora bien, contra dichos fundamentos la recurrente plantea básicamente absurdo en la valoración de las constancias de la causa insistiendo en la falta de prueba respecto de la deficiente atención médica.
No obstante esta alegación, la accionada no logra demostrar que la decisión de la Cámara se encuentre afectada del vicio que denuncia, de modo que permita a esta Corte acceder a la revisión de las circunstancias fácticas. Y es que los reproches que esgrime denotan solo su disconformidad con el resultado obtenido, limitándose a criticar y a expresar su parecer discrepante en orden a la valoración de la prueba pericial efectuada por el tribunal, y a exponer su propia opinión, acerca de la entidad o relevancia de la hemorragia que presentaba la actora en la consulta del día 24 de enero de 2006, pero sin poder demostrar que la atención dispensada a la señora G. haya sido la adecuada a la patología padecida, en tanto no se le indicó estudios complementarios de diagnóstico ni se le prescribió tratamiento alguno, actitud que deviene insuficiente en orden a lograr la modificación pretendida.
En ese sentido, tiene dicho esta Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se agota en oponer la propia interpretación que pueda exhibir el interesado en orden a los medios probatorios considerados y conclusiones arribadas, porque importa la indebida pretensión de sustituir la opinión de los sentenciantes. Ello no basta para acreditar el error grave, palmario y fundamental, configurativo de absurdo y susceptible de invalidar el pronunciamiento (conf. causas A. 71.518, "Boada", sent. de 19-X-2016; A. 73.283, "Troncoso", sent. de 13-XII-2017; A. 74.228, "Lacaze", sent. de 4-VII-2018; C. 99.517, "O., O. H.", sent. de 29-IV-2009; C. 116.561, "D.L., A.E.", sent. de 22-V-2013; e.o.).
En el caso, se observa una razonable apreciación del material probatorio, circunstancia que resulta de la confrontación de los razonamientos efectuados por el a quo con el dictamen del perito médico obrante a fs. 322/332 -no impugnado en su oportunidad por la demandada- (v. fs. 489 y vta.).
Las expresiones breves y escasas que contiene el escrito recursivo se desentienden de los concretos motivos brindados por el tribunal de la instancia previa a fin de tener por acreditada la relación de causalidad entre la falta de indicación terapéutica en presencia de un cuadro de hemorragia (v. fs. 487/488) y el lamentable desenlace -histerectomía- posterior. Más aún, ni siquiera esboza los motivos por los cuales considera que el fallo de la Cámara incurre en el yerro ponderativo extremo y en la infracción normativa que le endilga.
En los casos en que se juzga la responsabilidad profesional del médico o la falta de atención médica adecuada en un hospital, por tratarse de situaciones extremas de muy difícil comprobación, cobra fundamental importancia el concepto de carga dinámica de la prueba, o prueba compartida, que hace recaer en quien se halla en mejor situación de aportar los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva, el deber de hacerlo (conf. causas Ac. 94.212, "G., A.B.", sent. de 26-IX-2007; C. 98.767, "Manzano", sent. de 21-V-2008; C. 101.543, "Avalos", sent. de 24-VI-2009; C. 111.814, "M.J., R.", sent. de 27-VI-2012; C. 121.010, "García", sent. de 21-III-2018; e.o.). En consecuencia, resulta inatendible el razonamiento contradictorio que la impugnante achaca al fallo del Tribunal de Alzada, sobre la base de la carga dinámica de la prueba.
La recurrente no se hace cargo de los fundamentos expuestos sobre la relevancia que cobra la historia clínica, que ilustra la ausencia de indicación terapéutica, en la atención médica brindada el día 24 de enero de 2006, extremo que, por lo acontecido posteriormente, habilita a presumir que el tratamiento cuya realización reclamaba la situación de la actora no fue dispensado. Configurándose de tal modo la carencia del servicio apropiado requerido por la accionante, que derivó en la internación de urgencia y en la histerectomía -extracción del útero- el día 13 de febrero de 2006.
En definitiva, la demandada no ataca los fundamentos del tribunal y omite demostrar que el procedimiento lógico jurídico empleado por el juzgador ha devenido irrazonable y contradictorio con las circunstancias de la causa, aun cuando a lo largo del recurso se queja de la valoración de las probanzas que se hizo en primera instancia y que fue confirmada por la Cámara.
V.3. Del mismo modo, invoca la recurrente que el tribunal a quo incurre en absurdo al elevar el monto otorgado en concepto de daño moral, admitiendo así el recurso de la actora.
Ha resuelto este Tribunal que la fijación de los montos de indemnización constituye una típica cuestión de hecho y prueba que incumbe a los jueces de grado y sólo puede ser revisada en sede extraordinaria en el supuesto de absurdo (cfr. causas A. 72.293, "Gómez", sent. de 6-V-2015; A. 71.160, "Martire de Abeijón", sent. de 19-X-2016; A. 74.228, "Lacaze", sent. de 4-VII-2018; e.o.), extremo que la recurrente sólo se ha limitado a invocar sin intentar acreditarlo.
V.4. Finalmente alega la demandada en el recurso traído (v. fs. 513 vta.) que la sentencia recurrida vulnera garantías fundamentales consagradas por la Constitución nacional en sus arts. 16, 17 y 18 y por la Constitución provincial en sus arts. 11, 15 y 31, violando la doctrina legal, con la errónea aplicación de los arts. 512, 513, 514 y 1.078 del entonces Código Civil; 354 inc. 1, 375, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial.
La denuncia formulada en relación a la violación de los preceptos constitucionales citados también es infundada. Este Tribunal tiene reiteradamente decidido que la generalizada denuncia de violación de normas constitucionales cuando ésta queda subordinada a una no probada violación de normas de derecho común sin que se haya acreditado la errónea aplicación de éstas, no sirve para fundamentar un recurso, porque no basta decir que se cercena una garantía para dar base a un reclamo atendible, sino que es preciso señalar de qué manera es transgredida (conf. causas A. 70.503, "García", sent. de 10-VII-2013; A. 71.802, "Emma", sent. de 22-X-2014; A. 72.315, "C., D.V.", sent. de 13-IV-2016; A. 73.760, "Aros", sent. 11-VII-2018; e.o.), carga incumplida en la especie que lleva al rechazo de la protesta quedando así sellada la suerte adversa de la impugnación (art. 279, CPCC).
V.5. Igual suerte debe correr la invocación genérica de la denunciada vulneración de la doctrina legal, siendo necesario, primeramente, que se la individualice, luego se exponga su similitud con el caso bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. causas A. 73.480, "Rivarola", sent. de 6-VI-2016; A. 73.268, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 73.760, cit.; e.o.), actividades soslayadas por la impugnante, que ha ceñido su actividad en lo que a esta crítica se refiere, a la mera denuncia de "violación de la doctrina legal", lo que impone desestimar también este embate.
VI. En consecuencia, frente a la falta de demostración del supuesto de absurdo invocado y las transgresiones denunciadas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 51 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 14.437-; 68; 279 y 289, CPCC).
VII. Con el alcance indicado, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Negri, Genoud y Soria, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 51 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 14.437-; 68; 279 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia