Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119377
En la ciudad de La Plata, a 24 de abril de 2019, habiéndose establecido de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari , Soria , Pettigiani , Negri , Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.377, "Castronuovo, Néstor Delfor contra Asociart ART S.A. Accidente de trabajo-acción especial".
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Campana, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, hizo lugar a la pretensión deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 255/271 vta. y aclaratoria de fs. 272/273).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 291/296).
Conferidos los traslados a las partes respecto de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 320), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de grado declaró procedente la demanda que el señor Néstor Delfor Castronuovo promovió contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, mediante la cual le había reclamado el pago del resarcimiento tarifado previsto en el régimen especial de reparación de infortunios laborales con motivo de la incapacidad derivada del accidente de trabajo que protagonizó el día 1 de marzo de 2012, así como de las enfermedades que denunció haber contraído durante la relación laboral que mantuvo con su empleadora.
Para así resolver, juzgó acreditadas las tareas que desarrollaba -chofer de camiones cisternas- así como las condiciones en que éstas eran prestadas, y que implicaban la realización de un considerable esfuerzo físico al manipular mangueras pesadas de carga y descarga de combustible, agacharse, inclinarse, subir y bajar escaleras de 6 escalones y estar expuesto a ruidos, golpes y vibraciones que impactaban en su columna cervical y lumbar (v. fs. 255 vta./256 vta.).
Tuvo por verificado también que dichas labores generaban tensiones psíquicas por el riesgo del material transportado y por circular con unidades de largo porte, sumado a las extensas jornadas de trabajo (v. fs. 257).
Asimismo, halló comprobada la existencia del infortunio invocado en la demanda, el que -indicó- aconteció el día 1 de marzo de 2012 cuando, realizando su tarea habitual, sufrió el vuelco del camión que conducía por la presencia de agua y gasoil sobre el pavimento. Precisó que tal evento le provocó traumatismos en el hombro derecho y en ambas rodillas (v. últ., fs. cit.).
Ponderó que luego de dicho suceso recibió asistencia médica, habiéndosele practicado tratamiento kinésico en ambas articulaciones e intervenido quirúrgicamente del hombro derecho en fecha 18 de abril de 2012. Destacó además que el alta médica le fue otorgada el día 10 de octubre de 2012, no regresando más a sus labores habituales (v. últ., fs. cit.).
Evaluó además que la Comisión Médica n° 31 de Zárate había dictaminado (el día 29 de enero de 2013) que Castronuovo sufrió un accidente de trabajo que le provocó una lesión en el hombro derecho generadora de una minusvalía del 6,3% por ser miembro superior hábil, y que sumados los factores de ponderación ascendía al 8% y que la aseguradora de riesgos del trabajo le abonó la suma de $43.694,91 en fecha 21 de marzo de 2013 (v. últ., fs. cit.).
Con sustento en las experticias médica y psicológica, arribó a la conclusión de que el promotor del pleito padece cervicalgia con trastornos clínicos y radiográficos, con movilidad pasiva disminuida, signos de espondilo-uncoartrosis, disminución de los espacios intervertebrales C5 y C6 y pequeñas calcificaciones en partes blandas en la región del cuello, lumbalgia con compromiso clínico, radiográfico y neurológico, signos de espondilosis con osteofitosis marginal a predominio de cuerpos vertebrales L5 VTSL y disminución de espacios articular L5 VTSL y VTSL S 1, electromiograma con evidencia de signos de irritación radicular crónica L4 L5 severo a derecha, signos meniscales en ambas rodillas a predominio derecha, secuelas en hombro derecho operado con actuales trastornos clínicos y radiológicos, con limitación de los movimientos para la abdo-elevación, aducción, elevación anterior, posterior y rotación externa e interna, hipoacusia perceptiva bilateral inducida por ruido y un cuadro de neurosis traumática por eficacia orgánica -reacción vivencial anormal neurótica, grado III- (v. fs. 257 vta./258 y 259 vta.).
Sostuvo que el accidente de trabajo afectó el hombro derecho del actor en un 13% del índice de la total obrera, sin que las demás afecciones tengan relación de causalidad con dicho evento, a excepción de la patología psíquica, la cual lo incapacita en un 20% sobre la total obrera (v. fs. 259 vta. y 260).
Dado el criterio médico del perito, el que -destacó- no mereció cuestionamiento en su procedencia, consintiendo las partes el método de estimación de la incapacidad global, aplicó el criterio de la capacidad restante y, en atención al baremo del decreto 659/96, determinó que el referido infortunio generó una minusvalía del 30,4% (v. fs. 260).
Luego, estableció que el actor padece en relación directa con las tareas desarrolladas (excluidos factores personales, genéticos y ajenos al trabajo) los siguientes grados de incapacidad sobre el índice de la total obrera: por cervical 9%, lumbar 15%, rodilla derecha 6%, limitación funcional rodilla izquierda 3,6% e hipoacusia perceptiva bilateral 15,37%. A ello agregó los factores de ponderación: dificultad para realizar tareas intermedias 15%, recalificación 0% y edad 1% (v. fs. 260 vta.).
A renglón seguido, aplicó nuevamente el método de la capacidad restante para determinar el grado de incapacidad derivado de dichas afecciones, para concluir que el total de la minusvalía indemnizable -vinculada al accidente y a las tareas prestadas- alcanzaba el 65% (v. fs. 261).
Sobre la base de estas premisas, en la etapa de sentencia fijó el monto del resarcimiento en los términos de la normativa aplicable (arts. 14 apdo. 2 inc. "b", 11 apdo. 4 inc. "a" de la ley 24.557, texto según dec. 1.694/09 y 17 apdo. 1, ley 26.773), deduciendo de dicho importe lo abonado oportunamente por la aseguradora de riesgos del trabajo en sede administrativa (v. fs. 265 vta./268).
Finalmente, y con sustento en la doctrina legal emanada de los distintos precedentes que identificó, en donde esta Suprema Corte hubo de declarar la inconstitucionalidad de la ley 14.399, dispuso aplicar intereses sobre el capital de condena a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 268 in fine/ 269).
II. Contra dicho pronunciamiento la legitimada pasiva interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 163 inc. 5 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 16, 17, 18, 75 inc. 22 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita.
Controvierte la definición de grado por la cual se estableció que a consecuencia del accidente de trabajo el actor es portador de una incapacidad del 30,4%.
Refiere que dicho guarismo fue estimado por el tribunal de origen por conducto de una absurda interpretación de los peritajes médico y psicológico.
Afirma que al momento de impugnar el informe pericial médico, en el cual se había relatado que el actor se encontraba trabajando hasta la actualidad, su parte sostuvo que era inaceptable el porcentaje de incapacidad que pondera en una persona laboralmente activa, habiendo el órgano jurisdiccional soslayado dicho cuestionamiento, al igual que aquella otra objeción por la cual se había puesto de manifiesto que no resultaba lógico sostener, por un lado, que Castronuovo no podía realizar tareas laborales y hogareñas y, por el otro, trabajar como chofer de vehículos pesados.
Refiere que en el informe psicológico, elaborado el día 30 de septiembre de 2013, se determinó el grado de minusvalía sobre la base de considerar también que el accionante "actualmente trabaja en el transporte de carga peligrosa", siendo que -como quedara probado en el veredicto- a partir del alta médica definitiva que le fuera otorgada el día 10 de octubre de 2012 aquél no volvió a prestar tareas para su empleador.
Agrega que "prosigue el yerro de este Tribunal al referir las incapacidades de Castronuovo, sosteniendo un 13% respecto de limitación del hombro cuando el perito en su dictamen sólo menciona un 11,55% y por rodilla un 3,6% cuando el perito dictaminó un 2,63%" (sic. fs. 293 in fine y vta.).
Aduce que el error del sentenciante afecta directamente la base sobre la cual debe efectuarse el cálculo de las prestaciones dinerarias previstas por la Ley de Riesgos del Trabajo.
Indica además que en su razonamiento el juzgador también soslayó toda referencia a las condiciones personales del actor (sobrepeso e inconvenientes de su abdomen con el volante del camión por no ser ajustable en profundidad) que le impedían ejecutar normalmente su actividad, las cuales fueron puestas de manifiesto por los testigos que declararon en la audiencia de vista de la causa.
Concluye expresando que la apreciación de la prueba llevada a cabo por el tribunal de trabajo ha colocado a su parte en un estado de indefensión, dejando de lado las condiciones y antecedentes personales del actor, las circunstancias de tiempo y lugar, el que hubiese continuado con la actividad y las objeciones planteadas al informe pericial médico, todo lo cual configura el vicio de absurdo que autoriza a descalificar al fallo como acto jurisdiccional válido.
Se agravia también de los intereses aplicados al capital de condena, por considerar que al resolver sobre el tópico, los jueces de la instancia ordinaria no ejercieron la necesaria prudencia y razonabilidad que debe imperar en todo pronunciamiento judicial, ya que -afirmó- la tasa utilizada para el cálculo de tales accesorios no solo es cuasi equiparada a la activa, siendo esta última totalmente desaconsejada por nuestro más Alto Tribunal, sino que, además, genera situaciones no contempladas por las aseguradoras de riesgos del trabajo al efectuar las cotizaciones a sus asegurados, generando así incertidumbre e inseguridad jurídica.
III. El recurso no prospera.
III.1. Tiene dicho esta Suprema Corte que la determinación del grado o porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador como consecuencia de un accidente o enfermedad del trabajo constituye una cuestión reservada a la apreciación de los jueces de grado, y que sus conclusiones no pueden ser revisadas en la instancia extraordinaria, salvo efectiva demostración de absurdo (causas L. 113.301, "O., V. A.", sent. de 3-VII-2013; L. 97.343, "Z., D. A.", sent. de 20-XI-2014; L. 117.526, "Rivarola", sent. de 1-VII-2015; L. 118.683, "Moreno", sent. de 23-XI-2016; e.o.).
Ahora bien, para que proceda la casación de la sentencia con relación a cuestiones fácticas o probatorias -como las que aquí se ventilan-, dicho vicio invalidante no sólo debe ser invocado sino también cabalmente demostrado (causa L. 81.219, "Zupanc", sent. de 10-V-2006; e.o.), carga que en la especie no logra sortear la impugnante, pues sus argumentos son notoriamente insuficientes para lograr tal cometido y, por lo tanto, ineficaces para conmover lo decidido en la instancia ordinaria.
III.1.a. Esto, en primer lugar, porque a través de la reiteración de las objeciones formuladas en sus impugnaciones a la peritación médica y partiendo de su propia opinión en orden a la eficacia probatoria que correspondía asignarle a la referida experticia, como así también al informe elaborado por el perito psicólogo, no consigue el compareciente desvirtuar la validez conferida a dichos medios de prueba ni descalificar la decisión respecto al grado de incapacidad otorgado.
La crítica así expuesta se limita a exteriorizar la pretensión de disputarle al juez de grado el ejercicio de las facultades que -por regla- le resultan privativas y trasunta -en definitiva- el propósito de llevar a cabo un nuevo análisis de los hechos y constancias probatorias según el propio y personal criterio valorativo del compareciente, sistema que resulta ineficaz para el logro de los fines pretendidos de conformidad con conocida doctrina de esta Suprema Corte (causas L. 111.319, "Dimotta", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.347, "Pini", sent. de 23-XII-2014; L. 117.069, "Tango", sent. de 26-VIII-2015; L. 118.441, "Alonso", sent. de 14-X-2015; e.o.).
En ese sentido, se ha señalado que no basta la exhibición de una opinión contraria a la esgrimida por el tribunal a quo , sino que es necesaria la demostración de una valoración desacertada, insostenible o inconciliable con las constancias objetivas que resultan de la causa, porque la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente demostración del error sentencial, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador la facultad privativa que tiene en la selección, jerarquización y meritación de la prueba, en aras de la determinación de las circunstancias fácticas del caso (causas L. 117.384, "Rosas", sent. de 8-VII-2014; L. 116.979, "Azcurrain", sent. de 26-III-2015; e.o.).
III.1.b. Luego, porque lo expuesto por la interesada al alegar que el tribunal de trabajo determinó en su pronunciamiento "un 13% respecto de limitación del hombro cuando el perito en su dictamen solo menciona un 11,55% y por rodilla un 3,6% cuando el perito dictaminó un 2,63%" (sic. fs. 293 in fine y vta.), contrasta y se aparta ostensiblemente de la conclusión a la que arribó el galeno a fs. 202 vta., y de la cual el a quo hizo mérito para resolver la contienda, lo cual me exime de brindar mayores precisiones para solventar el rechazo de este tramo de la impugnación.
III.1.c. Por otra parte, resulta inoperante lo alegado en relación a que el sentenciante "omite en su razonamiento dar tratamiento y dejar de lado lo declarado por ambos testigos en cuanto al sobrepeso del Sr. Castronuovo y los inconvenientes de su abdomen con el volante por no ser ajustable en profundidad como para efectuar las diversas tareas..." (v. rec., fs. 293), habida cuenta que la estructura del proceso laboral -eminentemente oral- determina que en el acta de vista de la causa no se plasmen las declaraciones de los testigos, salvo el uso de la facultad que contempla la última parte del art. 46 de la ley 11.653 -supuesto que no aconteció en la especie- circunstancia que impide a la Suprema Corte pronunciarse sobre una versión del contenido de las mismas que colisione con la apreciación en conciencia que sobre el particular ha efectuado el tribunal de grado (causa L. 112.843, "De Renzo", sent. de 29-V-2013; e.o.).
Sin perjuicio de lo expuesto, se impone igualmente señalar que en el decisorio en crisis hubo de ponderarse la circunstancia de que la obesidad del actor jugó un papel preponderante sobre las afecciones de rodillas, teniendo incidencia concausal junto con otros factores genéticos (v. vered., cuarta cuestión, fs. 259).
III.1.d. De todo lo expuesto se sigue que la recurrente fracasa en su intento de demostrar que la solución alcanzada en la instancia ordinaria esté viciada por absurdo, ya que las argumentaciones traídas en la impugnación transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, sin concretar una réplica eficaz para descalificar el decisorio. Resulta de aplicación al caso la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 88.158, "Bejarano", sent. de 17-XII-2008; L. 107.520, "Russo", sent. de 21-VI-2012; L. 116.806, "S., J. P.", sent. de 12-XI-2014 y L. 118.084, "A., M. A.", sent. de 7-X-2015).
III.2. Respecto del cuestionamiento referido a la tasa a la que deben ser calculados los intereses devengados, habré de manifestar que tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", como en la causa C. 119.176, "Cabrera", sentencias de 15-VI-2016 (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días. Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (ver causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015; L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 279 y 289, CPCC).
Agrego que lo dicho no debe ser interpretado como una renuncia a mis convicciones sobre la forma en que debe ser tratado el tema o respecto de cuál es la tasa que debiera ser aplicada, sino como un acatamiento de principios esenciales previstos en materia recursiva en la codificación procesal local.
Como siempre, pongo de resalto que el recurso extraordinario previsto en la legislación local tiene características muy especiales, heredadas -según es tradición afirmar- de la casación francesa. Más allá de que se trate de una forma bastarda (como decía Morello) del modelo francés, o que resulte legítimo heredero de anteriores y autóctonos recursos españoles (conf. Hitters, Juan Carlos; Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, 2ª Edición, pág. 42), lo cierto es que nuestro recurso de inaplicabilidad de ley presenta como nota particular no sólo la posibilidad de revisar la probable infracción a la ley o su errónea aplicación a un caso por parte de los jueces inferiores, sino que también faculta a este Tribunal a verificar y, en su caso, corregir la violación o incorrecta aplicación de la doctrina legal que él mismo ha establecido (art. 279, CPCC).
Dicha doctrina legal, según se ha expuesto inveteradamente, es aquella interpretación que la Suprema Corte hace de las disposiciones legales que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia (causas L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013; L. 113.584, "Rodríguez", sent. de 18-IX-2013; A. 71.590, "Giusti", sent. de 27-XI-2013; e.o.), y no la que fluye de los votos en minoría de alguno de los magistrados que conforman el Tribunal (causas L. 44.643, "Kieffer", sent. de 20-XI-1990 y L. 116.824, "G., R. E.", sent. de 23-X-2013).
Tal definición, y en tanto se quiera reforzar la característica vinculante de la doctrina legal y alejar todo atisbo de fragilidad que pudiera afectar a nuestro clásico remedio impugnativo, no puede depender de la accidental constitución del Tribunal (por ejemplo, por ausencia temporal de uno de sus miembros). Por el contrario, a no dudarlo, debe ser entendida como la emanada del acuerdo logrado por los miembros ordinarios y naturales de la Suprema Corte, de manera tal que se eviten situaciones de desigualdad que podrían provenir de accidentales integraciones de la misma.
En función de lo dicho, y -reitero- dejando a salvo mi opinión personal, me atengo a la referida doctrina legal, sentada en las citadas causas y propongo el consecuente rechazo t
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