Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 118559
En la ciudad de La Plata, a 24 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, de Lázzari, Pettigiani, Soria, Kogan, Kohan, Natiello se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 118.559, "Posedente, Gabriel Alejandro contra Provincia ART S.A. y otros. Accidente de trabajo".
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas al Fisco de la Provincia de Buenos Aires por resultar vencido (v. fs. 384/398 vta.).
Se interpuso, por éste último, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 419/431 vta.).
Dictada la providencia de autos, conferidos los traslados a las partes respecto de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 465) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Ha sido bien concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Es fundado el mismo?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. La reforma del art. 56 de la ley 11.653 introducida por el art. 86 de la ley 14.552, en cuanto exime al Fisco provincial de realizar el depósito previo de capital, intereses y costas de condena como requisito de admisibilidad de los recursos extraordinarios, es inconstitucional.
Esta Corte ha expresado en reiteradas oportunidades que la carga pecuniaria establecida en el citado art. 56, sin ser un pago anticipado de la sentencia (causas L. 105.908, "Bernardello", sent. de 30-IX-2009; L. 93.978, "Battini", sent. de 22-IX-2010 y L. 101.237, "Mulleady", sent. de 2-VII-2014; e.o.), tiene por finalidad asegurar la posibilidad de hacer efectivo sin dilaciones el crédito del trabajador, del que el pronunciamiento recurrido constituye fuerte presunción favorable (causas Ac. 37.218, "Avena Mora", resol. de 30-IX-1986; Ac. 102.960, "Aparicio", resol. de 8-VIII-2008 y L. 117.394, "Báez", resol. de 12-VI-2013; e.o.).
En su versión anterior a la reforma que se analiza, el depósito previo no admitía otras excepciones (además, claro está, de la relativa al trabajador dado el beneficio de gratuidad previsto en el art. 22 de la ley 11.653) que no fueran las derivadas de la "quiebra o concurso civil del demandado declarados judicialmente", es decir, las provenientes de casos de desapoderamiento patrimonial o de la demostración de imposibilidad de afrontar el pago de la condena. Se admitió también, por vía jurisprudencial, que en caso de que el recurrente alegue una desproporcionada magnitud del monto a depositar y su capacidad económica y la falta de medios para cumplir el depósito previo previsto en la norma procesal laboral, el a quo deberá sustanciar un incidente a fin de que se produzca la prueba tendiente a demostrar esos extremos (causas L. 113.578, "Leiva", resol. de 22-XII-2010; L. 113.681, "Gómez de Saravia", resol. de 1-VI-2011; L. 117.370, "Abalone", resol. de 16-X-2013 y L. 118.053 "Acosta", resol. de 16-VII-2014; e.o.).
Como puede verse, el resto de los condenados solventes -incluido el Fisco provincial- debía hacer frente a esa carga procesal pecuniaria.
Al respecto este Tribunal declaró invariablemente que el Fisco provincial no estaba eximido del cumplimiento del depósito previo (causas L. 232, sent. de 4-VI-1957, Acuerdos y Sentencias 1957-III-53; Ac. 34.564, "Ferrara", resol. de 19-III-1985 y Ac. 50.406, "Goldín", resol. de 14-IV-1992; e.o.), y precisó, incluso, que no correspondía eximirlo atendiendo a su solvencia dado que esa exigencia procesal procuraba que el trabajador cobrara de forma inmediata su crédito, del cual la sentencia recurrida que lo acogía constituía fuerte presunción (Ac. 36.873, "Liporace", resol. de 12-VIII-1986).
Coincidente con esa finalidad de facilitar la materialización de los créditos laborales, en este proceso, como regla, los arts. 294 y 295 del Código Procesal Civil y Comercial -relativos a la pérdida del depósito previo- no se aplican al condenado recurrente cuando el resultado del recurso no le fuera favorable o la Corte lo declarara bien denegado; tampoco existe un dispositivo legal de contenido similar en el ordenamiento especial.
La norma, en su versión anterior a la reforma introducida por la ley 14.552, se correspondía conceptualmente con los mandatos constitucionales de protección del trabajador -sujeto de preferente tutela constitucional- y de igualdad (arts. 14 bis y 16, Const. nac.). La reforma, por el contrario, colisiona con esos derechos.
La presunta solvencia del Estado provincial, antes que justificar exención del depósito previo, es el dato relevante que lo coloca en igualdad de situación con el resto de los empleadores del sector privado cuya quiebra o concurso no fueron declarados o que no demostraron la desproporcionada magnitud del monto con relación a su capacidad económica y la falta comprobada e inculpable de los medios para afrontar dichas erogaciones (causa L. 117.977, "Yungblut", resol. de 16-VII-2014). Si el Estado es solvente ¿cuál es el motivo para, a diferencia de los otros recurrentes condenados, dejar de hacer el depósito previo que las sucesivas leyes procesales laborales han impuesto desde el año 1947? Ninguna pista da la ley 14.552 de Gastos y Recursos de la Administración Provincial (B.O. de 23 y 24-XII-2013), por lo que no encuentro otro motivo que no sea el de concederle una ventaja exclusiva, sin causa que justifique, que daña la igualdad entre empleadores a la vez que atenta contra la indemnidad del trabajador.
Si bien es cierto que la concesión de los recursos extraordinarios está sujeta a la reglamentación legislativa a través de las leyes de procedimiento, esa facultad de reglar los recaudos procesales de admisión de las impugnaciones extraordinarias no puede desentenderse de los principios sustanciales que necesariamente se proyectan al ámbito adjetivo y de que el proceso es un instrumento realizador del derecho de fondo.
Ese derecho de fondo que además de procurar la seguridad física del trabajador se ha prolongado naturalmente en la idea de su seguridad económica.
Y no otra finalidad tuvo la disposición que imponía la carga del depósito previo de capital, intereses y costas de la condena, en cuanto a la regulación puesta al servicio de hacer operativas las garantías de percepción íntegra, oportuna y cómoda de las indemnizaciones y otros créditos laborales.
Por ello, una reforma legislativa como la que se analiza es claramente incompatible con el principio de progresividad y no regresividad consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, art. 2.1), en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH, art. 26) y en el Protocolo Adicional a esta última o Protocolo de San Salvador (art. 1). Y el Estado provincial no ha justificado esa regresividad, es decir, no se ha ocupado de intentar explicar, siquiera, que pese a implicar un retroceso en un derecho, la norma ha importado un avance teniendo en cuenta la totalidad de los derechos previstos en el Pacto.
Por ello, y en razón de todo lo demás expuesto, la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al art. 56 de la ley 11.653 debe ser declarada inconstitucional en la medida que resulta violatoria de los arts. 14 bis y 16 de la Constitución nacional, 2.1. del PIDESC, 26 de la CADH y 1 del Protocolo de San Salvador (art. 75 inc. 22, Const. nac.).
II. Atento el modo como se resuelve, corresponde intimar al recurrente para que en el plazo de cinco días integre el depósito del art. 56 de la ley 11.653, bajo apercibimiento de denegar el recurso interpuesto.
Así lo voto.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Con fundamento en la doctrina establecida por esta Corte ante casos sustancialmente análogos (causas L. 118.131, "Vaccaro", resol. de 3-XII-2014; L. 118.403, "Bruch"; L. 118.045, "Chocobar"; L. 118.193, "Liporace", resols. de 1-IV-2015; L. 118.390, "González" y L. 118.168, "Grismau", resols. de 26-III-2015; e.o.), corresponde responder afirmativamente el interrogante aquí planteado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
En efecto, desde lo resuelto en la citada causa L. 118.131, este Tribunal declara que la mentada incorporación de la excepción a la carga prevista en el art. 56 de la ley 11.653 constituye una manifestación legislativa del ejercicio de la facultad constitucional de reglar los recaudos procesales de admisión de los recursos extraordinarios locales, con arreglo a la cual se sustrae a la Provincia de Buenos Aires del cumplimiento de esa erogación económica en caso de sentencia de condena.
Desde esta perspectiva, hubo de concluirse que la indicada exención no se exhibe reñida con el propósito legal, ni se vislumbra irrazonable o arbitraria, toda vez que no aparece comprometida la finalidad tuitiva del precepto, en tanto y en cuanto se torna operativa la presunción de solvencia que ampara a los Estados provinciales (CSJN causa L.118.XXII "La Plata Remolques S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa", sent. de 13-IX-1988; Fallos: 311:1835; U.19.XXII "Universidad Nacional de Tucumán c/ Catamarca, Provincia de s/ acción meramente declarativa", sent. de 6-X-1988; A.667.XXII "Asistencia Médica Privada SAC c/ Chaco Provincia del s/ cobro de pesos", sent. de 12-VI-1990; C.378.XXII "Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente c/ Chaco, Provincia del s/ Ejecución fiscal", sent. de 30-V-1995), aun en situaciones de emergencia (CSJN causa S.2960.XXXVIII "Salta, Provincia de c/ Estado Nacional s/ ejecutivo", sent. de 1-IX-2003; Fallos: 316:107; 318:1084 y sus citas; 324:1784; e.o.).
II. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial y, en consecuencia, bien concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Soria , la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Kohan y Natiello , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. De conformidad con el resultado obtenido en la anterior cuestión, donde se decidió -por mayoría- declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial y, por su conducto, bien concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, corresponde me expida sobre la presente.
II. En lo que interesa, el tribunal de grado declaró procedente la demanda que el señor Gabriel Alejandro Posedente promovió contra la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual le había reclamado -con fundamento en disposiciones del derecho civil- el pago de una indemnización integral por los daños y perjuicios derivados del infortunio que sufrió mientras prestaba servicios como oficial de policía.
Para así resolver, tuvo por acreditado que el día 25 de septiembre de 2009 el actor protagonizó un accidente de trabajo cuando, en oportunidad de prestar sus tareas normales y habituales bajo dependencia de la accionada, participó de un enfrentamiento armado con delincuentes; así como las consecuencias que derivaron del evento: limitación funcional post esguince del dedo índice de la mano izquierda y reacción vivencial anormal neurótica grado III. También halló probado que tales afecciones le provocaron una incapacidad laboral del 24% del índice de la total obrera (v. vered., primera y segunda cuestión, fs. 385/386).
Juzgó configurados los presupuestos de atribución de responsabilidad objetiva de la Provincia de Buenos Aires en los términos del art. 1.113 del Código Civil (v. vered., cuarta cuestión fs. 386 vta. in fine /388 y sent., fs. 391 vta./392 vta.).
Consideró que la actividad policial constituye una cosa riesgosa encuadrable conceptualmente en dicha normativa y descartó que, en el caso, se hubiera configurado la eximente de responsabilidad que aquel precepto preveía en la parte final de su segundo párrafo (v. fs. 387/388).
Verificada la responsabilidad civil del empleador por el accidente de trabajo sufrido, el tribunal de mérito declaró -por mayoría- la inconstitucionalidad del art. 39 apartado 1 de la ley 24.557 y condenó a la Provincia de Buenos Aires a pagarle a Gabriel Alejandro Posedente la suma que específicamente determinó en concepto de reparación integral (v. sent., fs. 391 vta./395).
Finalmente, dispuso que -desde la fecha de exigibilidad del crédito (25 de septiembre de 2009) y hasta la del efectivo pago- el capital de condena devengaría intereses a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema de "Banca Internet Provincia", vigente en los distintos períodos de aplicación (v. sent., fs. 395).
III. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires denuncia absurdo y violación de los arts. 901 y 906 del Código Civil (ley 340); 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 419/431 vta.).
Los siguientes agravios estructuran su crítica:
III.1. Cuestiona en primer término que el tribunal de grado le atribuyera responsabilidad civil objetiva por el daño sufrido en la salud del actor.
III.1.a. En ese orden, sostiene que la doctrina del precedente L. 80.406, "Ferreyra", sentencia de 29-IX-2004, no puede ser aplicada en autos, toda vez que allí se contempló el supuesto de atribución de responsabilidad por la actividad riesgosa en razón de las anómalas circunstancias en que se realizaban las tareas, requisito ausente en el caso, desde que no se probó que la función policial haya sido desplegada por el actor en condiciones que agravaran su riesgo habitual.
Indica que los argumentos explicitados por este Tribunal al fallar en la causa de referencia no resultan válidos para avalar la conclusión relativa a que el art. 1.113 del Código Civil contemplaba a la actividad riesgosa como un factor de atribución objetivo de responsabilidad, lo que impide la aplicación de esa doctrina al caso bajo examen.
Transcribe además algunos pasajes del voto emitido por el señor Juez doctor Domínguez en la causa L. 116.328 "S., A. A.", sentencia de 2-VII-2014, en especial, en cuanto allí sostuvo que "el personal policial asume un riesgo que de suyo forma parte de su labor profesional, y que por ello la normativa aplicable prevé todo un régimen de licencias, compensaciones económicas e inclusive indemnizaciones en previsión de las contingencias del servicio"; constituyendo "las consecuencias adversas de la persecución del delito un elemento propio de la función que contrasta absolutamente con el régimen de responsabilidad objetiva aplicable al ciudadano común".
Asimismo, cita jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, proveniente de la causa L.377.XLI "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía Federal Argentina s/ Daños y Perjuicios" (sent. de 18-XII-2007), donde el Alto Tribunal hubo de manifestar que "...a diferencia de los casos en que la lesión reconoce un origen típicamente accidental, las normas del derecho común no resultan aplicables cuando la lesión es el resultado de una acción bélica, esto es, una mera consecuencia del cumplimiento de misiones específicas de las fuerzas armadas o de seguridad, características del servicio público de defensa" .
Señala que idéntico criterio ha sido plasmado por la Corte federal en las causas "Mengual", sentencia de 19-X-1995 (Fallos: 318:1959, 1965); "Román", sentencia de 20-VI-1989 (Fallos: 312:989); A.1372.XXXVIII "Aragón"; A.349.XLI "Álvarez" y A.774.XLII "Andrada", sentencias de 18-XII-2007.
III.1.b. Refiere también que es absurda la decisión de responsabilizar objetivamente a su parte, toda vez que la "actividad" que el tribunal de trabajo calificó de riesgosa por su naturaleza se identifica con el concepto de "servicio de seguridad" que presta el Estado provincial. De allí que, continúa, si se invoca que por el desempeño de la función de policía se ha provocado un daño a un sujeto, el fundamento de la responsabilidad estatal debió buscarse en el art. 1.112 del Código Civil, esto es, por haberse incurrido en una "falta de servicio" y no -tal como erróneamente hubo de determinarlo el a quo - en el art. 1.113 de aquel ordenamiento legal.
En definitiva, sostiene que al no haberse denunciado ni probado en estas actuaciones falla alguna en la prestación del servicio estatal de seguridad, no existe obligación alguna del Fisco provincial de reparar los daños y perjuicios reclamados al amparo del art. 1.113 del Código Civil (ley 340).
III.1.c. Por otra parte, controvierte que se tuviera por comprobada en la instancia de grado la existencia de causalidad adecuada entre el daño sufrido por el accionante y la tarea que erróneamente fuera identificada como cosa riesgosa, por cuanto surge evidente que dicho nexo se vio interrumpido por la acción de terceros por quienes no debía responder.
Denuncia que la mayoría de esta Suprema Corte al fallar en la causa L. 81.930, "D., M. N.", sentencia de 25-II-2009, estableció que "...la acción del asaltante (tercero por quien la demandada no debe responder) provocó la ruptura del nexo causal entre el daño provocado por la cosa riesgosa (actividad que prestaba el causante como policía) y la responsabilidad de la empleadora en su carácter de ‘dueño’ o ‘guardián’ de la misma".
Dice, en ese sentido, que la circunstancia liberatoria prevista en la norma mencionada resultó ampliamente comprobada en la causa, pues las consecuencias dañosas solo pueden ser atribuidas, conforme el curso normal y ordinario de las cosas, a la acción de los delincuentes, que son terceros respecto de la demandada. Añade que resulta "completamente absurdo" el razonamiento plasmado por el a quo en torno a que el accionar delictivo integra el riesgo que presentaba la tarea desempeñada por el actor, lo que implicaría tanto como sostener que el Estado debe responder por los delitos ajenos.
III.2. En otro orden, manifiesta que la definición del tribunal interviniente relativa al porcentaje de incapacidad psicológica que padece el actor es fruto de una absurda valoración de la prueba.
En este aspecto, señala que el juzgador la fijó arbitrariamente basándose en las conclusiones plasmadas por el perito psicólogo en su informe, oportunamente impugnadas por su parte, ya que para arribar a ese porcentual dicho profesional había considerado también a secuelas derivadas de enfrentamientos armados anteriores en los que el señor Posedente había participado.
En tales condiciones, concluye, siendo que en la especie se debaten las consecuencias dañosas de un accidente de trabajo y no de una enfermedad profesional, resulta por demás elocuente que las minusvalías vinculadas a tales hechos no pueden ser valoradas ni tenidas en cuenta en este juicio.
III.3. Finalmente, controvierte la tasa de interés que el tribunal declaró aplicable. En este aspecto, denuncia que la sentencia transgrede la doctrina legal que emana de la causa L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009), en la que se resolvió que tales accesorios deben ser liquidados con arreglo a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires e
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.