Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120251
En la ciudad de La Plata, a 24 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri , Genoud , de Lázzari , Soria , Kogan , Pettigiani , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.251, "Fernández, Noemí Beatriz contra Francisco Oscar Gómez S.A. y otro/a. Despido".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Matanza declaró parcialmente procedente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 829/845).
Se interpuso, por QBE Argentina ART S.A. -continuadora de CNA Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.-, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 871/890).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la acción promovida por la señora Noemí Beatriz Fernández, condenando a QBE Argentina ART S.A. al pago de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen especial de reparación de infortunios laborales que juzgó aplicable al caso (arts. 14 apdo. 2 inc. "a", ley 24.557 y 17 apdo. 6, ley 26.773). Rechazó, en cambio, la pretensión articulada contra Francisco Oscar Gómez S.A. por el pago de una indemnización integral sustentada en las normas del derecho común (v. fs. 829/845).
Para así decidir, tuvo por acreditado que como consecuencia de las tareas de limpieza que desarrolló en el establecimiento que la accionada explotaba con el nombre de fantasía "Hotel Oeste", la actora padece lumbociatalgia crónica con contractura muscular dolorosa persistente, reducción del rango de movilidad de la columna con discopatía localizada L4-L5 S1, radiculopatía nivel L5 bilateral y S1 izquierda y reacción vivencial anormal neurótica con manifestación depresiva grado II de evolución crónica, que le provocan una incapacidad parcial y permanente del 20% del índice de la total obrera; habiéndose consolidado el daño en fecha 12 de febrero de 2009, coincidente con el momento en que fuera despedida (v. vered., fs. 829 vta./831 vta.).
En la sentencia, y previo a realizar el test de constitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557, calculó el importe de la prestación dineraria a la que resultaría acreedora Fernández de acuerdo a la fórmula matemática contenida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de dicha ley, estableciéndolo en la suma de $107.641,58 (v. fs. 838 vta./839 vta.).
Luego, y toda vez que la actora había peticionado la aplicación al caso del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto por la ley 26.773, juzgó que, si la regla general es la que surge del apartado 5 del art. 17 para los nuevos siniestros, resultaba razonable considerar que lo dispuesto en su apartado 6 abarque a los siniestros anteriores cuya cancelación se encuentre pendiente de pago (v. fs. 839 vta. y 840).
Sostuvo que esa interpretación era la correcta, y que debía declararse en la especie la inconstitucionalidad del decreto 472/14 por incurrir el Poder Ejecutivo en un exceso reglamentario, brindando así favorable acogida a la pretensión de la accionante de aplicar al valor histórico del capital el citado mecanismo de ajuste (v. fs. 839 vta. in fine y 840).
Sobre la base de tales premisas, ajustó el resultado obtenido de la fórmula polinómica del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 por el índice RIPTE vigente entre el mes de enero de 2010 (344,73) y el último publicado (febrero de 2016: 1.888,34); arribando así a un coeficiente de 5,477 y a un capital de $588.799.44 (v. fs. 840).
Por otra parte, halló verificados los presupuestos de atribución de responsabilidad de la empleadora en los términos de los arts. 1.724, 1.757 y 1.758 del Código Civil y Comercial de la Nación; y los de la aseguradora de riesgos del trabajo conforme el art. 1.749 de ese mismo digesto, por haber omitido cumplimentar dicha entidad los deberes de prevención y control que la ley había puesto a su cargo (v. fs. 840 vta. y 841).
En ese orden, fijó la indemnización total según las pautas del derecho común en la suma de $276.388,74, comprensiva de los daños materiales y morales sufridos (v. fs. 841/842).
Con todo, y habida cuenta que las prestaciones dinerarias legalmente previstas en la normativa especial sistémica resultaban superiores a la reparación civil integral, juzgó que en el específico supuesto de autos el art. 39 de la ley 24.557 sorteaba en forma exitosa el test de constitucionalidad, y condenó a QBE Argentina ART S.A. -continuadora de CNA Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.- al pago del resarcimiento que había determinado de conformidad con el régimen de reparación legal que consideró aplicable (arts. 6 apdo. 1, 14 apdo. 2 inc. "a", ley 24.557 y 17 apdo. 6, ley 26.773; v. fs. 842).
Finalmente dispuso aplicar intereses sobre el capital de condena desde el día 13 de febrero de 2009 conforme la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 842 in fine y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento el letrado apoderado de QBE Argentina ART S.A. interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; la errónea aplicación de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 y la transgresión de la doctrina legal que identifica.
Alega que la decisión del tribunal a quo de juzgar aplicable un régimen legal que no se encontraba vigente a la fecha que determinó como de consolidación jurídica del daño transgrede los principios de irretroactividad de la ley, legalidad, debido proceso y congruencia.
Cita en apoyo de su postura algunos pasajes del fallo emitido por la Corte Suprema nacional en la causa "Lucca de Hoz", y a pronunciamientos emitidos por el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, así como otros órganos jurisdiccionales, donde se resolvió la cuestión relativa a la aplicabilidad de la ley 26.773 en el sentido que propugna. También identifica vulnerada la doctrina de esta Corte emanada -entre otros- del precedente L. 108.699, "Kluppel Melo" (sent. de 20-VIII-2014), en el que se estableció que el accionante sólo tenía derecho a percibir las prestaciones contempladas por la Ley de Riesgos del Trabajo vigente al momento en que se produjo el evento dañoso.
En definitiva, manifiesta que el importe de la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva ha sido determinado con base en parámetros establecidos en una normativa que no se encontraba vigente al momento de los hechos aquí debatidos, debiéndose en consecuencia calcular el resarcimiento conforme las pautas que brinda la ley 24.557 con las modificaciones que a dicho cuerpo legal introdujo el decreto 1.278/00.
Por otra parte, se agravia de la declaración de inconstitucionalidad del decreto 472/14 y del modo en que el tribunal cuantificó la prestación dineraria reconocida en la sentencia.
Argumenta que de conformidad con lo prescripto por el citado reglamento sólo corresponde actualizar los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones, de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2 de la Ley de Riesgos del Trabajo y las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4 de la misma ley; resultando por ende equívoca y arbitraria la decisión del a quo de aplicar el índice RIPTE sobre el resultado de la fórmula polinómica prevista por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Expresa que la decisión del juzgador genera una doble potenciación de créditos al disponer, por un lado, la actualización de las prestaciones dinerarias de la ley 24.557 conforme el índice RIPTE y, por el otro, ajustar dicho capital con intereses desde la fecha que estableció como de consolidación jurídica del daño.
Por último, y a todo evento, indica que la decisión de grado no puede conducir al equívoco de atribuir responsabilidad civil a QBE Argentina ART S.A., ya que su actuación se encuentra limitada al otorgamiento de las prestaciones previstas en el régimen especial de la ley 24.557 y sólo la demostración -no verificada en el caso- de omisiones respecto de los deberes de prevención y control que dicha ley le impone puede generar responsabilidad civil extracontractual, ello siempre en la medida que exista adecuado nexo causal entre tales incumplimientos y el perjuicio ocasionado, lo que tampoco acontece en autos.
Peticiona además que, de juzgarse procedente la acción civil intentada en su contra, ésta se haga extensiva al empleador codemandado en función de la responsabilidad concurrente que por derecho le pudiere corresponder.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. De inicio se impone destacar que el veredicto de fs. 829/833 vta. carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47 de la ley 11.653. Asimismo, se observa que la secretaria del tribunal de origen no rubricó el mentado veredicto, ni la sentencia, limitándose a suscribir solamente la constancia de registro respectiva (v. fs. 845 vta.).
Los defectos apuntados constituyen una falencia de forma y no conducen por sí solos a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), pero tampoco pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. Aclarado ello, y en lo que respecta al agravio medular que define el contenido de la impugnación habré de manifestar que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de las disposiciones de la ley 26.773, he de volcar aquí lo expresado al sufragar en la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, en cuanto a que dicha ley ha reiterado como regla general el criterio adoptado por normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema prestacional de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En ese sentido he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal que surge del precedente L. 94.904, "Bertino", sentencia de 22-X-2008 y los que siguieron, con motivo de las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00.
Entonces, por establecer el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 una regla general similar a la contenida en normas anteriores, tal doctrina le resulta aplicable.
Sobre este punto debo decir que, sin perjuicio de que soy de la opinión que por regla los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son vinculantes, pues sus alcances se encuentran limitados a los casos en los que se dictan, su contenido puede, no obstante, ser receptado en orden a su validez conceptual. Tal lo que acontece -en la especie- en relación a la sentencia dictada por ese Tribunal en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial", sentencia de 7-VI-2016, en cuyo considerando 8° se definió lo relativo a la vigencia temporal de la ley 26.773.
III.3. Sin embargo, en mi opinión, la decisión de grado debe ser confirmada, aunque por distintos fundamentos.
A fin de dar solución a este conflicto debo recordar una vez más, como lo he expresado a lo largo de los años en las causas L. 51.220, "Lorenzi", sentencia de 10-VIII-1993; L. 51.550, "Vivas", sentencia de 22-II-1994; L. 53.740, "Schmidt", sentencia de 27-II-1996; L. 83.781, "Zaniratto", sentencia de 22-XII-2004; entre muchas otras, que la declaración de oficio de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan, pues el tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes. En ese esquema, considero que las prestaciones por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva, calculadas como pretende la demandada, es decir, con las modificaciones introducidas a la ley 24.557 por el decreto 1.278/00, vigente a la fecha en que el tribunal estableció como de consolidación jurídica del daño (12 de febrero de 2009; v. vered., fs. 831 vta.), importan una insuficiencia reparatoria que la torna una indemnización inadecuada y, por ende, pese a que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional, una clara vulneración del derecho -también constitucional- a obtener una reparación razonable y equitativa de los daños en el presente caso.
El Poder Ejecutivo nacional en el mensaje remitido al Honorable Congreso de la Nación acompañando el proyecto de ley relativo al "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales" (hoy ley 26.773) reconoce que, pese a que con el decreto 1.694/09 se dispuso la mejora de las prestaciones dinerarias del sistema a la vez que el establecimiento de medidas concretas para perfeccionar sus aristas de gestión, la imperfección estructural de la ley 24.557 y sus modificatorias como instrumentos de protección social no fue saneada y que el régimen vigente en materia de riesgos del trabajo "...ha profundizado el impacto en la sociedad de sus aspectos más negativos, llegando a distorsionar y comprometer el funcionamiento de la totalidad del sistema", concluyendo que, con las reformas impulsadas (hoy concretadas en la ley 26.773), se pretendió avanzar "...en una respuesta legal que supere los factores más controvertidos del sistema presente, con el fin de instalar un régimen reparatorio que brinde prestaciones plenas, accesibles y automáticas...".
Si se toma en cuenta que la fecha de consolidación del daño de las afecciones que porta la actora fue establecida por el tribunal de grado el día 12 de febrero de 2009 -coincidente con la de extinción de la relación laboral-, y que a más de diez años todavía permanece insatisfecho el derecho a una reparación razonable como consecuencia de tales dolencias, la indemnización prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, calculada de acuerdo a las pautas tarifarias fijadas en el año 2000 por el decreto 1.278, por exigua, es inconstitucional y así debe ser declarado.
En ese contexto, estimo apropiado a fin de establecer el importe indemnizatorio acudir a las pautas tarifarias contenidas en la ley 26.773, por considerar que dicha norma (pese a no ser aplicable atento la fecha en que ocurrió la contingencia que dio lugar a estos autos) provee -en este caso- pautas para el cálculo de una reparación razonable y equitativa en la medida que se las aplique como se explica en los párrafos siguientes.
III.4. En efecto, continuando con el análisis de los agravios que definen la impugnación extraordinaria, cabe apuntar que le asiste razón a la recurrente al cuestionar el modo en que se dispuso la aplicación del mencionado índice RIPTE en la instancia ordinaria.
Si bien no se me escapa que el tópico ha suscitado un arduo debate en los ámbitos de la doctrina especializada y jurisprudencia, pues no son pocos los puntos oscuros y las dificultades interpretativas generadas por la ley 26.773; esta Corte se ha expedido al respecto en la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), por lo que habré de reiterar aquí las conclusiones allí expuestas.
Se señaló en aquella oportunidad -en la que hube de acompañar el sufragio del doctor Pettigiani- que los conceptos sobre los que opera la aplicación del índice RIPTE previsto por la ley 26.773, a partir de una razonable lectura de los preceptos en juego, son los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2 de la ley 24.557; las compensaciones adicionales de pago único previstas en su art. 11 apartado 4 y los "pisos" fijados para la reparación adicional del art. 3 establecida en la primera de las leyes citadas (arts. 8 y 17 apdo. 6, ley 26.773; resols. de la Secretaría de Seguridad Social 34/13 y 37/14 -y las que siguieron su línea- y el dec. 472/14).
Siendo ello así, resulta nítido que quedan excluidas del ámbito de aplicación del índice RIPTE las reparaciones obtenidas a partir del uso de ecuaciones o fórmulas polinómicas previstas en la ley 24.557.
A tenor de lo dicho, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, dejar sin efecto la descalificación constitucional del decreto 472/14 efectuada por el a quo y revocar la sentencia de grado en lo relativo al método de aplicación del índice RIPTE previsto en la ley 26.773, el que deberá calcularse conforme lo expuesto, debiendo los autos volver al tribunal de origen a esos fines.
III.5. En otro orden, debe desestimarse el embate que se sustenta en la presunta doble potenciación de créditos por actualizarse las prestaciones dinerarias de la ley 24.557 conforme el índice RIPTE y, a su vez, ajustarse dicho resultado con los intereses que dispuso aplicar el juzgador de grado (v. rec., fs. 886).
Es que la crítica carece de una adecuada fundamentación, pues omite la recurrente denunciar las normas o doctrina legal que considera infringidas en el tópico, no observando así la carga que sobre ella pesa en los términos de lo dispuesto en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
Sobre el particular, cabe recordar aquí que es insuficiente el agravio que no se vincula con la mención de la o las normas, ni de la doctrina legal que el fallo habría infringido o aplicado erróneamente (art. 279, CPCC), no pudiendo esta Suprema Corte suplir, por vía de inferencias o interpretación, la denuncia que incumbía formular a la parte interesada (causas L. 98.168, "G., B. I. y otro", sent. de 1-XII-2010 y L. 107.837, "Pennacchi", sent. de 26-IX-2012).
Por lo demás, tampoco reviste idoneidad la denuncia de quebranto de cláusulas constitucionales (en el caso, del art. 17, Const. nac.) que sería eventualmente consecuencia de la violación de preceptos legales (causa L. 92.091, "Polzinetti", sent. de 24-V-2011), cuya omisa invocación -como dije- define la suerte de este tramo del embate.
III.6. Resta indicar que la solución que propongo, de confirmar la sentencia de grado en cuanto juzgó aplicable las disposiciones de la ley 26.773 (no obstante revocarla respecto del modo en que hubo de aplicar el índice RIPTE allí contemplado, esto es, sobre la fórmula polinómica prevista por el art. 14 apdo. 2 inc. "a", ley 24.557), torna inoficiosa cualquier definición que pudiera formularse en relación a la crítica que a todo evento esgrime la recurrente a fs. 886/888, mediante la cual pone de manifiesto la imposibilidad de que la aseguradora de riesgos del trabajo sea condenada en los términos del derecho común; así como respecto de la petición que formula de extender una supuesta condena en tales términos al empleador demandado (v. fs. 888).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y casar la sentencia impugnada en lo que se refiere a la manera de aplicar el índice RIPTE previsto en la ley 26.773.
Los autos deberán volver al tribunal de grado a fin que practique nueva liquidación de las prestaciones debidas a la actora de conformidad con lo aquí dispuesto.
Las costas se imponen por su orden, en atención a la recepción parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcanc
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