Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75460
B.75.460 “TRIB. ORAL EN LO CRIM. N° 2 DE LOMAS DE ZAMORA EN AUTOS: "REC. DE HABEAS CORPUS EN FAVOR DE LOS DETENIDOS ALOJADOS EN LA SECC. 7MA. DE LOMAS DE ZAMORA" HC-3148”
La Plata, 20 de febrero de 2019.
El señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Kogan, dijeron:
I. El Defensor Oficial a cargo de la Defensoría de Ejecución Penal N°2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora interpuso habeas corpus colectivo a favor de veinticuatro personas alojadas en la Seccional 7ma. de la Comisaría de dicha localidad, cuyos calabozos se encontrarían clausurados por decisiones judiciales anteriores y no habrían sido rehabilitados a la fecha de promoción de la acción.
La presentación fue adjudicada al Tribunal en lo Criminal N°2 departamental, cuyo juez de trámite inmediatamente citó al responsable de dicha dependencia a una audiencia a fin de que informe acerca de la situación de los detenidos.
No satisfecho con las explicaciones y procedimientos adoptados, a fs. 66/67 el tribunal hizo lugar a la acción, disponiendo el traslado de la totalidad de los alcanzados por ella a la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense y prohibiendo el alojamiento de nuevos sujetos en dicha seccional policial de allí en adelante.
Frente al incumplimiento de lo ordenado, convocó a una nueva audiencia -esta vez, incluyendo a las máximas autoridades ministeriales- (fs. 90) y giró copia de todo lo actuado a la Fiscalía departamental en turno para que investigue la posible comisión de un delito de acción pública (fs. 99 y vta.). A partir de allí, el tribunal recibió sucesivas comunicaciones por parte de la Policía de la Provincia, dando cuenta de la progresiva reubicación de los detenidos a distintas alcaidías o unidades penitenciarias.
Así las cosas, si bien a fs. 174/175 el órgano judicial concluyó que una parte de la pretensión promovida por la defensa oficial se hallaba satisfecha, de todos modos decidió denunciar la existencia un conflicto de poderes frente al desconocimiento por parte del Ministerio de Seguridad de la prohibición de ingreso a los calabozos ubicados en la Seccional 7ma. de la Comisaría de Lomas de Zamora.
II. Previo a otro trámite y sin abrir juicio acerca de la admisibilidad de la vía intentada, este Tribunal, al advertir que los hechos que motivaron la presentación en tratamiento eran sustancialmente análogos a los que generaron la promoción de otros conflictos de poderes que involucraban a órganos jurisdiccionales con el Poder Ejecutivo (causas B 74.729, B 74.749 y B 74.750, todas del 21-VI-2017; B 75.076, del 20-XII-2017 y B 75.089, del 27-XII-2017) y que en esos casos se decidió comunicar a este último lo allí resuelto, ordenó librar oficios a la señora Gobernadora de la Provincia y al señor Ministro de Seguridad para que informen acerca de cuáles fueron las acciones adoptadas a los fines de mejorar las condiciones de detención de los alojados en la Seccional séptima de Lomas de Zamora -Villa Centenario- de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con posterioridad a que les fueran comunicadas las sentencias dictadas en aquéllos conflictos (fs. 176/177, 178 y 179).
Los oficios en cuestión, tal como surge de las constancias agregadas a fs. 180/190 y a fs. 191/196, no fueron respondidos satisfactoriamente.
III. Así las cosas, lo que esta Corte debe resolver es si, con su conducta, las autoridades provinciales han generado una situación tal que, por mandato constitucional, debe ser dirimida en esta sede.
El conflicto previsto en el art. 161 inc. 2 de la Constitución provincial tiene lugar cuando uno de los poderes del Estado denuncia la injerencia, el avasallamiento o desconocimiento de sus competencias por parte de otro (doctr. causas B. 53.062, "Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 de San Nicolás", res. de 14-III-2001; B. 62.269, "Fiscal de Estado", res. de 14-III-2001 y B. 67.954, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 25-II-2004, entre otras).
La existencia de una efectiva contienda entre dos poderes públicos provinciales que mande a este cuerpo a interceder como tribunal de conflictos presupone el agotamiento y la probada ineficacia de las atribuciones que a cada uno se les ha conferido para conservar e imponer sus decisiones, sorteando así sus desavenencias. La prioridad que cabe asignarle a estos canales institucionales marca, en consecuencia, el carácter excepcional de la intervención de la Corte en esta clase de asuntos (doctr. causa B. 71.987, “Juzgado de Ejecución Penal Nº2 de La Plata”, sent. de 15-V-2013).
III.1. Del examen de la causa no se revela aún la existencia de un conflicto entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, desde que restan por agotar varios de los resortes inherentes a la función estatal que la Constitución le confía al primero, de modo preeminente.
Como se ha sostenido en casos análogos, los jueces cuentan con la fuerza pública necesaria para el cumplimiento de sus decisiones (art. 163, Const. prov.) y la posibilidad de imponer a los funcionarios renuentes sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a la plena observancia de sus mandatos (arg. art. 37, CPCC). Además, les atañe denunciar penalmente a quienes incumplan tales determinaciones jurisdiccionales, una vez que se encontraren firmes o se hubiere configurado alguna situación de aquellas cuyo acatamiento la ley autoriza a instar antes de encontrarse en ese estado (art. 287 inc. 1, CPP; doctr. causa B. 68.935, “Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores”, sent. del 9-V-2007).
III.2. Pues bien, en un proceso de habeas corpus colectivo relativo a las condiciones de detención de los alojados en Seccional 7ma. de la Comisaría de Lomas de Zamora, el órgano que denuncia el conflicto dictó sentencia el 23 de febrero de 2018 haciendo lugar a la acción incoada. Como quedó expresado, ordenó trasladar a los detenidos al ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense -lo que finalmente fue cumplido- y prohibió el alojamiento de nuevas personas en sus calabozos -lo que no siguió igual suerte- (fs. 66/67). Así también, a fs. 99 vta. se giraron copias de las actuaciones a la fiscalía departamental en turno, para que investigue la posible comisión de delitos de acción pública.
Sobre la base de lo expuesto y sin perjuicio de lo anterior –cuyos efectos sobre la ejecución del fallo aún están por verse-, es plausible concluir que antes de tener por configurado un conflicto de poderes en los términos del art. 161 inc. 2 del texto fundamental, el órgano judicial debió procurar el cumplimiento de la medida mediante los instrumentos indicados más arriba (doctr. causas B. 74.729, "Riusech" y B. 74.749, "Juzgado de Garantías N°1 de Lomas de Zamora", ambas res. de 21-VI-2017).
Por tal motivo, cabe desestimar la denuncia elevada ante esta Corte por el Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora (arts. 161 inc. 2, Const. prov. y 689 y 690, CPCC).
III.3. Con todo, la gravedad de los hechos denunciados dejan en evidencia un incumplimiento por parte del Estado respecto a su obligación de garantizar la integridad y respetar la dignidad de esas personas, lo que eventualmente podría comprometer su responsabilidad internacional (arts. 1 inc. 1, 2 y 5 incs. 1, 2 y 6, CADH; 1 y 25, DADDH; 18, Const. Nac.; 30, Const. prov.; CSJN Fallos: 328:1146).
Cuadra ponderar que el Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en ejercicio de su jurisdicción, se halla en condiciones de adoptar las medidas que correspondan –las ya dispuestas u otras– a efectos de hacer efectiva la sentencia que dictara en relación a las condiciones de detención de las personas alojadas en las instalaciones de la Seccional 7ma. de la Comisaría de Lomas de Zamora. A tales efectos, ofíciese por Secretaría.
IV.1. Sentado lo principal, no está de más destacar que la problemática de las unidades de alojamiento de detenidos, muy particularmente, la de las diversas dependencias policiales, ha merecido la recurrente atención de esta Suprema Corte de Justicia.
Por referir los antecedentes más próximos, vale puntualizar que en la resolución 2840/15 del 2 de diciembre de 2015 (expte. SDH 167/12) se reconoció que el mandato orientado a asegurar las condiciones dignas de detención de las personas privadas de la libertad refiere a un vastísimo universo de situaciones en continua fluctuación, sin dejar de reparar en lo crónico y complejo de un asunto grave que trasciende a los órganos del sistema judicial, en tanto comprende actividades privativas de los restantes poderes públicos (doctr. causa P. 83.909, res. de 19-XII-2007). No obstante, se puso de manifiesto que aun cuando no concierne a los jueces discernir el diseño y aplicación de los pormenores de la política carcelaria, para no exorbitar la esfera de su jurisdicción, deben velar por el no agravamiento de las condiciones de detención de procesados y condenados.
A partir de los informes que se tuvieron a la vista en dicha oportunidad, a la luz de las visitas institucionales realizadas por los funcionarios del fuero penal en cumplimiento de las reglamentaciones dictadas por este Tribunal en vía gubernativa, y en lo que atañe al alojamiento en seccionales policiales, se resaltó que la cantidad de sujetos allí alojados se había duplicado entre diciembre de 2012 (931 personas) y diciembre de 2014 (2170), con situaciones de extrema gravedad para la dignidad humana.
Como consecuencia de tales observaciones, este cuerpo en aquel momento resolvió, en síntesis: (i) requerir al Poder Ejecutivo la pronta subsanación de los problemas señalados; (ii) recordar a los magistrados que se halla vigente la prohibición de permanencia de jóvenes y enfermos en el ámbito de las comisarías, como así también, la detención de las demás personas dentro de ellas; (iii) proponer y propiciar la conformación de mesas de trabajo en los departamentos judiciales más críticos; (iv) solicitar al Ministerio de Justicia un informe respecto de los avances relacionados con la temática de la salud penitenciaria y (v) concertar una audiencia con las autoridades involucradas a fin de que cada una, en el marco de sus competencias, ponga en conocimiento de este cuerpo las políticas, acciones y recursos destinados a la superación de las apuntadas contingencias.
IV.2. Con fecha 18 de abril de 2016 el Presidente del Tribunal dictó la resolución 111/16, requiriendo la información indicada supra ( iv) sin perjuicio de lo que resultaba de la sanción de la ley 14.806 en la cual se declaró, por el término de doce meses, la emergencia en materia de seguridad pública y de política y salud penitenciaria, comprensiva de un plan de obras que contemplare la creación y reparación de unidades carcelarias.
IV.3. Luego se reiteró la solicitud de los datos pertinentes, a través de las resoluciones 287/16 del 27 de septiembre de 2016 y 347/16 del 18 de noviembre de 2016. Tras lo cual, vista la situación planteada, esta Corte dictó la resolución 181/17 del 8 de marzo de 2017, a través de la que requirió un informe circunstanciado. En la audiencia llevada a cabo el día 16 de marzo de ese mismo año, los titulares de los ministerios de Justicia y de Seguridad, acompañados por el Secretario de Derechos Humanos de la Provincia, informaron las acciones desplegadas, en un contexto signado por la gravedad de la problemática en cuestión; el Ministro de Justicia hizo mención a la elaboración de un plan integral sobre la materia, en tanto que el funcionario a cargo de la cartera de Seguridad se refirió al cronograma de reparaciones de dependencias policiales donde se encuentran alojadas personas privadas de su libertad.
En seguimiento de esa audiencia, por resolución 1254/17 se mandó a pedir la información mencionada por los ministros citados, la que fue agregada al expediente SDH 167/12. Sin embargo, del informe labrado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad se extrae que tales reportes y planes no darían cuenta de soluciones efectivas al problema de la superpoblación carcelaria, en particular, en el ámbito de las seccionales policiales.
IV.4. A todo ello cabe agregar que el Tribunal, en fecha muy reciente, en el marco de actuaciones generadas por autoridades de la Provincia y organizaciones no gubernamentales, decidió hacer saber al Poder Ejecutivo su preocupación por la falta de establecimientos para contener el aumento de la población carcelaria y, muy en particular, por el alojamiento de detenidos en seccionales policiales carentes de las condiciones mínimas de habitabilidad, así como requerirle arbitre los medios necesarios para su pronta subsanación (ver Res. 2301, del 22-XI-2018).
IV.5. La denuncia que aquí motiva la intervención de esta Corte, claramente inscripta en la problemática apuntada en los considerandos anteriores, si bien debe ser desestimada por razones concernientes a la falta de configuración de los requisitos del conflicto de poderes (art. 161 inc. 2, Const. prov.), deja al desnudo la persistencia de acuciantes falencias. En la especie, y producto del habeas corpus promovido por el Ministerio Público de la Defensa, el problema se centra en la Seccional 7ma. de la Comisaría de Lomas de Zamora.
Atento a ello, más allá de las medidas que, para llevar adelante el efectivo cumplimiento de su sentencia, decidan los jueces que entienden en ese asunto, motivos de elemental prudencia institucional tornan pertinente poner en conocimiento del Poder Ejecutivo la situación evidenciada en autos ante el alojamiento de detenidos en seccionales policiales carentes de las condiciones mínimas de habitabilidad, así como requerirle arbitre los medios necesarios para su pronta subsanación.
En tal sentido, cabe también hacer saber que, a juicio de esta Corte, de acuerdo a lo que se le informara a raíz de los requerimientos formulados en la resolución dictada en estos autos a fs. 176/177, no se han adoptado medidas conducentes y efectivas a esos fines a pesar de las reiteradas exhortaciones formuladas en casos de configuración casi idéntica al presente.
A tal fin, líbrese por Secretaría oficio con copia de la resolución que aquí se dicta al Poder Ejecutivo, para que tome conocimiento de lo resuelto y adopte, a la mayor brevedad posible, medidas pertinentes y efectivas dentro de la esfera de su competencia.
V. Por todo lo expuesto, corresponde:
1. Rechazar la denuncia de conflicto de poderes formulada por el Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora (arts. 161 inc. 2, Const. Prov. y 689 y 690, CPCC);
2. Hacerle saber que, en ejercicio de su jurisdicción, se halla en condiciones de adoptar las medidas que correspondan a efectos de hacer efectiva la sentencia que dictara en relación a las condiciones de detención en las instalaciones de la Seccional 7ma. de la Comisaría de Lomas de Zamora (art. 163, Const. Prov.);
3. Poner en conocimiento del Poder Ejecutivo la situación evidenciada en autos a fin de que, en ejercicio de sus atribuciones adopte, a la mayor brevedad posible, medidas pertinentes y efectivas, dentro de la esfera de su competencia, para la pronta subsanación de la situación edilicia de la Seccional 7ma. de la Comisaría de Lomas de Zamora
Así lo votamos.
El señor Juez doctor Pettigiani, dijo:
I. Coincido con lo señalado por los ministros preopinantes, doctora Kogan y doctor Soria, en punto a que en el presente, y al menos hasta el momento, no se ha configurado una situación de conflicto de poderes aprehendida por los arts. 161 inc. 2 de la Constitución provincial y 689 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, cuya resolución corresponda originariamente a esta Suprema Corte de Justicia.
II. Este Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones que las causas de competencia entre los poderes públicos de la Provincia a las que alude el citado art. 161 inc. 2 de la Carta local tiene lugar cuando uno de los poderes del Estado denuncia la injerencia, el avasallamiento o el desconocimiento de sus competencias por parte de otro (doctr. causas B. 60.622, "Rossi", sent. de 3-XI-1999; B. 67.954, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 25-II-2004; B. 68.935, "Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores", sent. de 9-V-2007; B. 69.260, "Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás", res. de 20-II-2008 y B. 71.987, "Juzgado de Ejecución Penal N°2 de La Plata", sent. de 15-V-2013, entre otras).
Así, para su configuración, se requiere la existencia de una contienda entre los órganos involucrados con motivo o en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, circunstancias que se verifican cuando alguno de ellos aduce que el otro ha invadido o intenta invadir su esfera de competencias (doctr. causas B. 71.532, "Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata", sent. de 7-III-2012; B. 72.132, "Fiscal de Estado", res. de 19-IX-2012; B. 72.190, "Tribunal de Casación Penal", res. de 10-X-2012; B. 72.721, "Municipalidad de San Fernando", res. de 21-VIII-2013; B. 73.060, "Municipalidad de Pilar", res. de 19-III-2014 y B. 74.083, "Municipalidad de San Nicolás", res. de 27-IV-2016, entre otras).
En la especie, el Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora denunció la existencia de un posible conflicto de poderes y elevó a esta Suprema Corte copias certificadas de la causa de habeas corpus colectivo promovida por el titular de la Defensoría de Ejecución Penal N°2 departamental, vinculado a las condiciones de detención de los alojados en la Seccional 7ma. de la Comisaría de Lomas de Zamora. En ese marco resolvió favorablemente la acción deducida, ordenando el traslado de los allí detenidos a la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense y prohibiendo el ingreso de nuevas personas a sus calabozos. Asimismo, giró las actuaciones a la fiscalía departamental en turno para que investigue la posible comisión de un delito de acción pública.
En ese contexto, de acuerdo al modo en que se sucedieron los acontecimientos relevantes del proceso, y considerando las atribuciones con que cuenta el tribunal denunciante para el efectivo cumplimiento de sus cometidos -ambas cuestiones reseñadas detalladamente en el voto de los colegas preopinantes-, no se aprecia la configuración de una situación de disputa o intromisión institucional como la contemplada en el texto de la Constitución de la Provincia, representativa de una transgresión al esquema de prerrogativas y competencias del referido órgano judicial que conlleve su desconocimiento o la estricta imposibilidad de su ejercicio. Y ello a partir de la conducta asumida por la autoridad administrativa (conf. mis votos en causas B. 74.729, "Riusech"; B. 74.749, "Juzgado de Garantías n° 1 del Depto. Jud. de Lomas de Zamora"; B. 74.750, "Juzgado de Garantías n° 1 del Depto. Jud. de Lomas de Zamora", todas del 21-VI-2017; B 75.076, "Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Lomas de Zamora", res. del 20-XII-2017 y B 75.089, "Tribunal en lo Criminal N°2 de Lomas de Zamora -con asiento en Banfield-", res. del 27-XII-2018).
A lo que se suma -conforme lo apuntado en el voto que antecede- que los efectos de lo resuelto por el Tribunal en lo Criminal n° 2 de Lomas de Zamora en el proceso de habeas corpus colectivo antes mencionado no se encuentran definitivamente consumados. Lo cual denota la existencia de un previo trámite en curso cuyo objeto se superpone, en alguna medida, con el intentado en el sub lite; desvirtuando, también con ello, la posibilidad de configuración actual de una controversia de la índole de la denunciada (conf. mi voto en causa B. 74.729, cit).
III. No altera la conclusión antedicha lo decidido por este Tribunal en los precedentes B. 68.599, "Tribunal de Menores N°1 de Trenque Lauquen", sent. de 22-X-2008 y B. 68.954, "Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata", sent. de 18-II-2009, en tanto las particulares circunstancias constitutivas de a
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