Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74284
En la ciudad de La Plata, a 8 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Genoud, Soria, Negri, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.284, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra De Fabio Rubén Omar. Apremio Provincial. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmó la sentencia de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad de los arts. 159 y 161 inc. "a" del Código Fiscal –texto ordenado 2011-, haciendo lugar a la excepción de prescripción interpuesta por el demandado en relación de los períodos reclamados 01 a 06 de 2002 y 01 a 04 y 06 de 2003, del impuesto sobre los ingresos brutos (conf. arts. 9 inc. "e", ley 13.406; 3.956, 3.986, 4.027 inc. 3 y concs., Cód. Civ.). Impuso las costas al recurrente vencido (conf. arts. 68 y 556, CPCC y 25, ley 13.406) (v. fs. 83/90 vta.).
Contra tal pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 94/110), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 111 y vta.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 116 y 127) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmó la sentencia de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad de los arts. 159 y 161 inc. "a" del Código Fiscal –texto ordenado 2011-, haciendo lugar a la excepción de prescripción interpuesta por el demandado en relación de los períodos reclamados 01 a 06 de 2002 y 01 a 04 y 06 de 2003, del impuesto sobre los ingresos brutos (conf. arts. 9 inc. "e", ley 13.406 y 3.956, 3.986, 4.027 inc. 3 y concs., Cód. Civ.).
I.1. Para así decidir, señaló que en la causa "Filcrosa S.A." (Fallos: 326:3899) la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció que en virtud de lo normado por el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional es potestad del legislador nacional -facultado a dictar los códigos de fondo- regular los aspectos sustanciales del régimen general de las obligaciones y -en consecuencia- sus modos de extinción, estando vedado a las jurisdicciones locales dictar reglas incompatibles con las consagradas en aquellos códigos. Agregó que dicho criterio fue ratificado por la Corte al dictar sentencia en las causas C.2374.L.XLII "Casa Casmma S.R.L. s. Concurso Preventivo s. Incidente de Verificación Tardía (promovido por la Municipalidad de La Matanza) s. Recurso de Hecho" (Fallos: 332:616); M.377.XXXVII "Municipalidad de Resistencia c/Lubricom S.R.L. s/ejecución fiscal" (Fallos: 332:2108) y B.879.XXXVI "Bruno, Juan Carlos c/Buenos Aires, Provincia de s/acción declarativa" (Fallos: 332:2250), fallos en los cuales fueron reiterados los fundamentos dados en el precedente "Filcrosa", siendo ésta, por lo tanto, la última opinión jurisdiccional en la materia que merece deferencia.
Indicó que el citado temperamento fue también propiciado por esta Suprema Corte bonaerense en la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta" (sent. de 30-V-2007), habiendo explicitado más tarde, en la causa C. 99.094, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c. Fadra S.R.L., López Osvaldo y Locato Emilio Tomás s. Apremio" (sent. de 14-VII-2010), que los argumentos vertidos en el primero de los mencionados precedentes para sostener que resulta potestad exclusiva del legislador nacional regular el régimen de las obligaciones, alcanzaban a todo lo relativo al instituto de la prescripción.
Sostuvo entonces que es el Estado nacional quien ostenta la potestad de regular lo concerniente al vínculo obligacional entre acreedores y deudores (art. 75 inc. 12, Const. nac.), siendo la fijación del plazo de prescripción de las obligaciones, el modo de computarlo y las causales de suspensión e interrupción -entre otros aspectos- facetas diversas de aquella misma facultad, por lo que, conforme la regla de jerarquía normativa establecida en el art. 31 de la Constitución nacional, los Estados provinciales deben adecuar su regulación a las pautas establecidas en el Código Civil.
Estimó acertado el criterio del a quo , en cuanto pregonó que correspondía examinar la defensa de prescripción a la luz de las normas del Código Civil, en la medida que se demuestre que los preceptos del Código Fiscal bonaerense, resultan incompatibles con las directrices emanadas de la ley de fondo y -claro está- siempre que su aplicación perjudique a la defensa del apremiado.
Indicó que no empecen lo expuesto las alegaciones efectuadas por el apelante en cuanto a que con la entrada en vigor del nuevo Código Civil y Comercial (ley 26.994 y su modif. ley 27.077), el legislador provincial cuenta expresamente con la facultad de regular todos aquellos aspectos atinentes a la prescripción liberatoria de los tributos locales, circunstancia que -en su visión- autorizaría a dejar de aplicar la doctrina acuñada por el Superior Tribunal de la Nación en la causa "Filcrosa" e impondría juzgar la defensa en estudio a la luz de las directrices que emanan del Código Fiscal bonaerense.
Consideró, a ese respecto, que las razones aportadas para variar ese criterio, no merecería auspicio, en tanto el Fisco pretendía desbaratar la doctrina sentada por el Superior Tribunal federal en la denominada causa "Filcrosa", echando mano a la novel regulación civil y comercial que, si bien vigente en la actualidad, no está llamada a regir la relación jurídica a que este juicio se refiere, nacida, desarrollada -por ende, constituida- y extinguida al amparo de la legislación civil anterior que, por ello, escapa a la vigencia de la ley actual (cfr. art. 7, ley 26.994).
I.2. Sentado lo anterior y a fin de corroborar si los preceptos del Código Fiscal bonaerense cuya invalidación cuestiona el recurrente se adecuan -o no- a los lineamientos que en materia de prescripción establece el ordenamiento civil de fondo (entonces vigente), puso de relieve que éste establecía en el art. 3.956 que "La prescripción de las acciones personales, lleven o no intereses, comienza a correr desde la fecha del título de la obligación".
Por su parte, indicó que el art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011), prevé que "Los términos de prescripción de las acciones y poderes de la Autoridad de Aplicación, para determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales regidas por este Código, comenzarán a correr desde el 1° de enero siguiente al año al cual se refieren las obligaciones, excepto para las obligaciones cuya determinación se produzca sobre la base de declaraciones juradas de periodo fiscal anual, en cuyo caso tales términos de prescripción comenzarán a correr desde el 1° de enero siguiente al año que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingresos del gravamen".
Contrapuestas ambas normas, consideró que el legislador provincial amplió indebidamente -a través de la fijación del punto de inicio del cómputo- el plazo prescriptivo de cada ejercicio fiscal al menos en un año, si se considera que las declaraciones juradas anuales se realizan en el año calendario siguiente al del ejercicio gravado.
Agregó que no otra conclusión podría extraerse, si idéntica contraposición se efectuaba respecto del precepto fiscal que regula el pago de anticipos con la normativa civil, siendo que, cada anticipo del impuesto sobre los ingresos brutos -mensual o bimestral de acuerdo a la categoría del contribuyente- resulta exigible individualmente al mes siguiente de su vencimiento (conf. art. 210, Cód. Fiscal -t.o. 2011-), por lo que el cómputo de la prescripción de cada uno de ellos debe comenzar a regir a partir del momento de su exigibilidad (art. 3.956, Cód. Civ., entonces vigente).
Concluyó, entonces, que el a quo acertó en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011), razón por la cual rechazó el agravio en tratamiento y confirmó en dicha parcela el fallo atacado.
I.3. Señaló que tampoco prosperaba la crítica a través de la cual el Fisco pregonaba que el plazo prescriptivo quinquenal aplicable al caso habría comenzado a correr a partir de la notificación al ejecutado del acto determinativo del tributo reclamado.
Sostuvo que del art. 210 del Código Fiscal bonaerense (t.o. 2011) surgía que los anticipos -mensuales o bimestrales de acuerdo a la categoría del contribuyente- del impuesto sobre los ingresos brutos se vuelven exigibles individualmente al mes siguiente de su vencimiento.
En ese andar, destacó -además- que el temperamento propugnado por el Fisco resultaba contradictorio con el propio texto del título ejecutivo, dado que en él se consignan los distintos días de vencimiento individual de cada uno de los anticipos requeridos (v. columna rotulada "FECHA SALDO"), calculándose a partir de tales hitos -y no de otros- los intereses derivados de la falta de pago del tributo (v. campo titulado "COEFICIENTE LIQUIDACION"), proceder que consideró revela que el propio Ente Recaudador reputó al confeccionar el título, que la mora en el cumplimiento de los distintos períodos reclamados -y, por ende, su exigibilidad judicial- operó a partir del vencimiento de cada uno de éstos; y así rechazó el agravio.
II. Contra el mentado pronunciamiento el Fisco de la Provincia de Buenos Aires interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por el que alega violación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal provincial (t.o. 2011); 5, 121 y 123 de la Constitución nacional; errónea aplicación de los arts. 75 inc. 12 de la Constitución nacional; 3.956, 3.986 y 4.027 inc. 3 del Código Civil. Por último, denuncia absurdo en la valoración de los hechos y las pruebas de autos.
II.1. En primer lugar denuncia la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, que modifica sustancialmente el plexo normativo sobre cuya base se construyó la doctrina utilizada por el Tribunal de Alzada para fundar su sentencia.
Sostiene que es el propio legislador nacional quien se encargó de demostrar la falsedad de las premisas de las cuales han partido los postulados de la doctrina "Filcrosa", quedando confirmado que siempre fue, es y será una facultad provincial regular los plazos de prescripción de sus tributos.
Cita un fallo de un juzgado de primera instancia en lo civil de Córdoba, donde se sostuvo la tesis ius publicista , al considerar que la controversia doctrinal se encuentra zanjada con la reforma del Código; donde se consideró que si las provincias podían fijar el plazo de prescripción, podían también legislar sobre el inicio del cómputo del mismo y sobre las causales de suspensión e interrupción; siendo las nuevas normas del Código Civil y Comercial aplicables de manera directa a todas las situaciones jurídicas, incluso las preexistentes.
Señala que la reforma del Código Civil, como reconocimiento de la competencia en la legislación local, no genera un conflicto de leyes conforme lo dispuesto por el art. 7 de dicho cuerpo normativo. Considera que los arts. 2.532 y 2.560 no reglan una situación que venía siendo regida por otras normas del Código Civil, sino que se incorpora una solución antes inexistente, por lo que no puede válidamente sostenerse que se modifica o deroga una anterior. Con ello afirma que resulta aplicable al caso el régimen tributario local y no el sistema del Código Civil.
Agrega que las provincias deben asegurar su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria (conf. exigen los arts. 5 y 123, Const. nac.). A esos fines les resulta primordial contar con la autonomía financiera necesaria, materializada a través de la prerrogativa de imponer contribuciones y percibirlas sin intervención de autoridad extraña (fallos: 7:373; 105:273; e.o.). En ese orden, acusa que aplicar las normas del Código Civil a las potestades impositivas provinciales conduce a sentencias que perjudican la renta pública local, atentando contra la autonomía, afectando la conservación y vigorización del federalismo. Alega que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció, durante la casi totalidad de su historia que la creación de impuestos, elección de objetos imponibles y formalidades de percepción constituían la garantía directa de la autonomía de las provincias.
Sostiene que éstas, como entidades públicas preexistentes al Estado nacional, han conservado todo el poder no delegado expresamente al gobierno federal mediante la Constitución nacional (arts. 121 y 75 inc. 12) y que el derecho tributario resulta una rema integrante del derecho público local, cuya regulación las provincias mantuvieron dentro de las facultades conservadas (conf. arts. 121, 122 y 126, Const. nac.). Denuncia que una interpretación que excluya estas normas viola el sistema federal impuesto por el art. 1 de la Constitución nacional.
Con todo ello aduce que la entrada en vigencia del nuevo Código, viene a despejar las dudas expuestas por la doctora Argibay en su voto en el caso "Filcrosa", demostrando que esa doctrina no fue más que una errónea interpretación jurisprudencial; y que de la interpretación conjunta de los nuevos arts. 2.532 y 2.560 del Código Civil y Comercial surge que no se trata de una delegación legislativa de Nación a las provincias, sino de una necesaria precisión, que las provincias introdujeron a la norma, que había sido mal interpretada por la doctrina "Filcrosa". A idéntico fin trascribe fragmentos del debate parlamentario que adunan su postura.
II.2. En cuanto al alcance de la potestad local para regular la prescripción sostuvo que si bien el art. 2.535 establece que las provincias podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos, considera que ello abarca todas las cuestiones atinentes a la prescripción, y no sólo el tiempo del plazo prescriptivo. Ello en tanto si el legislador hubiera querido limitar la potestad a la definición del lapso de prescripción, hubiera bastado con el plazo genérico dispuesto por el art. 2.560 que en su parte final establece: "...excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local", y que sin embargo también lo contempla en el Capítulo 1 referido a las "Disposiciones comunes a la prescripción liberatoria y adquisitiva".
Alega que quien tiene facultad de crear la obligación tributaria también está habilitado para regular la forma de su extinción.
II.3. En esa inteligencia denuncia violación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (aplicable al caso) que regulan el inicio del plazo prescriptivo y las causales de suspensión. En consecuencia sostiene que la acción entablada por el Fisco, en las presentes actuaciones, se encontraba vigente al tiempo de su ejercicio.
Aduce que el plazo de prescripción del período más antiguo reclamado (2002) comenzó su curso el 1 de enero de 2004, viéndose válidamente suspendido por la intimación de pago que involucra la notificación de la resolución determinativa y sancionatoria 1.937/07 (6 de diciembre de 2007), suspensión que debió considerarse extendida, pues así lo dispone la normativa local en el art. 161 inc. "a" del Código Fiscal, hasta noventa días corridos posteriores a que la resolución de dicho recurso administrativo haya quedado firme o consentida (esto es el día 24 de octubre de 2012, en que se notifica el rechazo del recurso presentado contra la resol. 1.936/07).
Agrega que tratándose de una suspensión, resta computar luego de producirse su causal el plazo restante, con lo cual concluye que a la fecha del inicio del apremio, no había operado la prescripción.
II.4. Subsidiariamente sostiene la absurda valoración de las pruebas obrantes en el expediente. Señala que la demanda ejecutiva fue presentada el 27 de diciembre de 2012 y no el 28 de ese mismo mes y año (como señala la sentencia recurrida). Agrega que la disposición delegada 52/2012 fue notificada al contribuyente con fecha 24 de octubre de 2012 conforme cédula obrante a fs. 703/704 del expediente administrativo, y que la notificación de fs. 655/658 y 679 -considerada por la sentencia recurrida-, de fecha 8 de junio de 2012, fue efectuada en un domicilio que no pertenece al contribuyente, habiendo sido recibida por persona distinta (Moledus).
Con ello alega que desde esa fecha se inició el cómputo de los noventa días previstos en la normativa involucrada y que, en consecuencia, la demanda de apremio fue interpuesta dentro de los noventa días, correspondiendo el rechazo de la excepción intentada.
II.5. Sostiene que esta corte en la causa C. 99.854, "Fisco C/ Haras San Pablo Club de Campo S.A. s/ Apremio", sentencia de 7-X-2009, dispuso que "...no existiendo dudas acerca de las facultades de la autoridad legislativa local para crear obligaciones tributarias, tampoco la debe haber respecto de la potestad para determinar su extinción"; lo que implica la defensa de las potestades legislativas en materia tributaria y puntualmente en materia de extinción de las obligaciones como lo es la prescripción. Con ello solicita se tenga presente el error que incurre el Tribunal de Alzada al fundar su decisión en el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional.
III. El recurso no prospera.
III.1. Tal como han quedado expuestos los antecedentes del caso, la cuestión se ciñe a dilucidar si la derogación del Código Civil (ley 340) y la implementación de los nuevos arts. 2.535 y 2.560 del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), implica un reconocimiento de la preminencia de las normas locales tributarias en materia de prescripción, o si por el contrario, la sentencia recurrida se ajusta a derecho.
Así planteados los términos de la controversia, se advierte que el tema en debate ha sido resuelto por este Tribunal en un caso sustancialmente análogo al sub lite , lo que resulta suficiente para dar respuesta al presente (art. 31 bis, ley 5.827, modificada por ley 13.812).
En efecto, en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Recuperación de Créditos SRL. Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", sentencia de 16-V-2018, esta Suprema Corte entendió aplicable la doctrina legal de esta Corte emergente de la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, en lo atinente a los aspectos complementarios del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias provinciales. En virtud de ello aplicó las normas del Código Civil -vigente a la época de los hechos debatidos- y no lo dispuesto por el Código Fiscal local.
III.2. Ahora bien, respecto de la denuncia de violación de la doctrina de otras jurisdicciones, como también de esta Corte, considero que tampoco puede prosperar.
En efecto, y contrariamente a lo denunciado por la recurrente, la sentencia recurrida se fundó en la doctrina legal de esta corte emergente de la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, que como se indicara supra, fue confirmada recientemente en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Recuperación de Créditos SRL. Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", sentencia de 16-V-2018.
IV. Por todo lo expuesto, y en virtud de los argumentos brindados en los precedentes citados, cabe rechazar el recurso extraordinar
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