Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74453
En la ciudad de La Plata, a 8 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Genoud, Kogan, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.453, "Beccacece Hnos. S.A. y otros contra ARBA. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín revocó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la pretensión anulatoria articulada, anuló el acto impugnado por falta de proporcionalidad de la multa impuesta y ordenó que mediante el dictado de uno nuevo se fijase la sanción en un menor porcentaje (v. fs. 246/257 y 297/315).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 319/326), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 329).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 196), glosado el memorial de la Fiscalía de Estado (v. fs. 356/363) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El juez de primera instancia hizo lugar a la pretensión de anulación de la disposición sancionatoria 45/09, emitida por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), y de la resolución 2.004/10 -dictada por la sala III del Tribunal Fiscal de Apelación-.
Para así decidir, observó que ya desde la disposición de inicio del procedimiento sumarial la Administración estimó prima facie configurada la infracción de defraudación fiscal prevista por el art. 54 inc. "b" del Código Fiscal (t.o. 2004), en el entendimiento de que la firma de autos había incumplido con el ingreso de percepciones practicadas en su calidad de agente de recaudación, pero no consideró la compensación prevista por el art. 392 de la disposición normativa "B" 1/04. Advirtió que ello implicaba utilizar las declaraciones juradas de la sociedad para extraer de allí las percepciones reconocidas, pero apartarse de lo consignado en éstas en lo atinente a la compensación alegada.
Relató que, ante la intimación, la empresa no prestó colaboración y guardó silencio y que sólo ante el Tribunal Fiscal de Apelación ensayó tibiamente su defensa, sin adjuntar documentación que respaldase su accionar, aunque sí puso a disposición la que obraba en sus oficinas. Sin perjuicio de lo expuesto, entendió que, en el caso, la falta de una explicación pormenorizada del por qué del reclamo no alcanzaba para sustentar un acto sancionatorio que pudiera presumirse legítimo; que el rechazo formal del recurso administrativo de apelación por falta de prueba había vulnerado el debido proceso adjetivo; y que no podía dejar de tenerse en cuenta los principios de verdad material y primacía de la realidad.
Añadió que en autos -ya con patrocinio letrado- la actora desplegó una serie de pruebas que, examinadas en el marco de este proceso contencioso administrativo, demostraban que tenía razón en cuanto al deber de practicar la "compensación automática" y que los montos que la Administración tuvo por no ingresados no eran tales. Ponderó, en este sentido, la información brindada por Cervecería Quilmes y Banco Galicia y el informe pericial ampliatorio obrante a fs. 210/227, del que destacó que había rectificado un error cometido con anterioridad.
A mayor abundamiento, señaló que en una causa similar a la presente donde sí ingresó al fondo de las cuestiones debatidas, el Tribunal Fiscal de Apelación consideró que, al compensar las percepciones sufridas con las practicadas a terceros, la firma del caso obró conforme a derecho, razón por la cual la resolución sancionatoria dictada fue en esa oportunidad anulada (conf. TFABA, Sala III, "Pestarino", sent. de 19-VIII-2008).
Con respecto a las costas, sostuvo que correspondía distribuirlas por su orden, en los términos del art. 51 inc. 1 segunda parte del Código Contencioso Administrativo -texto según ley 14.437-, ya que en el procedimiento administrativo la actora no había prestado la colaboración necesaria ni aportado pruebas, de manera tal que arribar a esta sede judicial fue también producto de su inactividad.
II. En lo que al recurso bajo tratamiento interesa, el Tribunal de Alzada revocó el fallo de grado, excepto en lo atinente a las costas.
En apoyo de su decisión, sostuvo que la actuación de la Administración se encontraba lejos de la ilegitimidad endilgada por el juez de primera instancia y que, por el contrario, era la conducta de la actora la que se observaba en violación de la normativa tributaria, ya que, conforme lo establece el art. 30 del Código Fiscal (t.o. 2004), es un deber del contribuyente contestar cualquier pedido de informes y aclaraciones con respecto a sus declaraciones juradas. Destacó que, en instancia administrativa, la firma no acompañó ninguna documentación para acreditar la alegada "compensación automática".
Agregó que -a su entender- la falta de pruebas producidas en este proceso contencioso administrativo terminaba de sellar la suerte adversa del reclamo de la actora. Concretamente, entendió que la pericia contable practicada no resultaba contundente para acreditar la compensación discutida, debido a la notoria diferencia existente entre el informe acompañado a fs. 196/199 y la contestación de la impugnación obrante a fs. 226/227. Adujo que la forma potencial utilizada para rebatir los argumentos dados al presentar el primer informe disuadían de reconocerle a la pericia un valor probatorio concluyente. Recordó que es el demandante quien debe aportar elementos de convicción que permitan tener por acreditados los hechos que invoca y consideró que en el caso dicha carga no fue satisfecha.
III. Mediante el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, la actora se agravia de que el tribunal a quo haya estimado configurada la infracción de defraudación fiscal por presunta falta de ingreso de retenciones (sic) practicadas, pese al reconocimiento de que por aplicación del art. 392 de la disposición normativa "B" 1/04, aquellas debían ser compensadas con las que a la firma le cobraron sus proveedores.
Niega que su silencio frente a ciertas intimaciones en sede administrativa pueda llevar a la conclusión de que incumplió los deberes a su cargo, cuando en sus propias declaraciones juradas constaban las compensaciones computadas y -afirma- ARBA contaba con la posibilidad de corroborarlas. Refuta asimismo que el verbo potencial utilizado por la perito contadora en una parte de su informe autorice a restarle a éste valor probatorio o a interpretar que existen dudas sobre el deber de compensar prescripto por el art. 392 de la disposición normativa "B" 1/04.
En su apoyo, cita la opinión de autores y fallos sobre la cuestión, en particular lo decidido por esta Corte en la causa B. 63.340, "Renault Argentina", sentencia de 27-V-2015, destacando que allí se dejaron a salvo los casos de imposibilidad por fuerza mayor o disposición legal, judicial o administrativa. Más adelante tacha a la sentencia recurrida de arbitraria e incongruente.
A todo evento, invoca la reforma introducida por la ley 14.333 al art. 62 del Código Fiscal (t.o. 2011), en el entendimiento de que, por discutirse una sanción, resulta aplicable el principio de ley penal más benigna. Asimismo, cuestiona la responsabilidad solidaria endilgada a los directores de la sociedad de autos, planteando la inconstitucionalidad de los arts. 18 y 21 del Código Fiscal y asegurando que en el caso ellos no llevaron a cabo ninguna conducta antijurídica.
IV. El recurso prospera.
IV.1. Se debate en autos la legitimidad de la disposición a través de la cual la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) impuso a la firma Beccacece Hnos. S.A., en los términos del art. 54 inc. "b" del Código Fiscal (t.o. 2004), una multa por defraudación fiscal, así como también la de la resolución emitida por el Tribunal Fiscal de Apelación, que por razones formales confirmó dicho acto.
La norma citada dispone: "Incurrirán en defraudación fiscal y serán pasibles de una multa graduable entre un cincuenta (50%) y un trescientos por ciento (300%) del monto del gravamen defraudado al Fisco: [...] Los agentes de percepción o de retención que mantengan en su poder impuestos percibidos o retenidos, después de haber vencido los plazos en que debieron ingresarlos al Fisco".
La actora reconoce no haber depositado los montos reclamados por la autoridad tributaria, pero sostiene que procedió como lo hizo en virtud de lo establecido por el art. 392 de la disposición normativa "B" 1/04, que regulaba la llamada "compensación automática" para agentes de percepción del régimen especial de venta de cervezas y otras bebidas (conf. art. 383 y sigs., disp. norm. cit.). Dicho precepto ordenaba: "En el supuesto de que un agente de percepción resulte, a su vez, pasible de percepciones de conformidad a lo dispuesto en el presente régimen, debe compensar el monto de éstas con las efectuadas a sus compradores, conforme el siguiente procedimiento: 1) Si el monto de las percepciones practicadas en el mes resultara inferior al de las que se le hubiese efectuado en el mismo período, computará la diferencia en la declaración jurada según lo establecido en el artículo 328. 2) En el supuesto de que de las percepciones practicadas resultara un monto superior al de las que se le hubiese efectuado, deberá ingresar la diferencia resultante...".
Es decir que, en cumplimiento de lo previsto por la norma recién transcripta, los agentes de percepción del régimen especial de venta de cervezas y otras bebidas debían compensar las percepciones practicadas a terceros en el carácter indicado con las abonadas como contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos a otros agentes de percepción del mismo régimen e ingresar únicamente la diferencia resultante en aquellos casos en que las primeras fuesen superiores a las segundas.
En la especie, no se encuentra discutido que la actora se desempeñaba como "...Agente de Recaudación del Régimen Especial de Percepción 'Cervezas y Bebidas Alcohólicas, jarabes y Concentrados' del Impuesto sobre los Ingresos Brutos..." (conf. disp. sancionatoria a fs. 81 vta., expte. adm. 2306-318.077/07) y por esa razón es indudable que resultaba aplicable a su situación lo prescripto por el art. 392 de la disposición normativa "B" 1/04. Si de esta norma se seguía que los agentes de dicho régimen sólo debían abonar la diferencia resultante en aquellos supuestos en que las percepciones practicadas fueran superiores a las sufridas, no puede en los casos inversos reputarse configurada la infracción de defraudación fiscal, pues ésta se verifica cuando, luego de los plazos establecidos para el depósito, se conservan aquellos importes que "debieron" ingresarse (conf. art. 54 inc. "b", Cód. Fiscal, antes transcripto) y no los que, por disposición legal, debían ser imputados de otro modo.
Para más, asiste razón a la recurrente cuando recuerda que, en la causa B. 63.340, "Renault Argentina", sentencia de 27-V-2015, esta Corte advirtió -en lo que aquí interesa- que la figura de defraudación fiscal debatida apunta a una ilicitud consistente en el mantenimiento en su poder de impuestos retenidos (o percibidos) por los agentes de recaudación, después de haber vencido los plazos en que debieron hacerlos ingresar al Fisco, salvo imposibilidad por fuerza mayor o disposición legal, judicial o administrativa.
Y si bien es cierto que en anteriores precedentes este Tribunal observó que, en realidad, las causales de justificación originalmente previstas en el art. 38 inc. "b" del decreto ley 9.204/78 ("...salvo que prueben la imposibilidad de efectuarlos por fuerza mayor o disposición legal, judicial o administrativa") fueron posteriormente derogadas (conf. ley 11.796, B.O. 1996; causas B. 62.652 y B. 62.648, "Banco de la Pampa", sents. de 30-IX-2009; B. 63.519, "Safontas de Schmidt", sent. de 18-V-2011), ello no puede llevar a omitir en la presente la incidencia del ya citado art. 392 de la disposición normativa "B" 1/04.
IV.2. Más allá de lo indicado, la Cámara consideró que la orfandad probatoria de la actora en el proceso terminaba de sellar la suerte adversa de su reclamo y -en concreto- que la pericia contable producida en autos no era "...determinante para tener por acreditada la compensación automática" invocada (v. cons. 9° de la sentencia atacada, a fs. 311/312).
Sabido es que, por vía de principio, los jueces de grado son soberanos en la fijación de los hechos y la valoración de la prueba, por lo que el control casatorio queda por regla excluido, salvo, claro está, en los supuestos en que los magistrados incurran en absurdo o arbitrariedad (conf. causas A. 70.673, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 71.405, "Lencina", sent. de 29-VI-2016; e.o.).
En el mismo sentido, esta Corte ha entendido que la evaluación de la prueba pericial no escapa a las reglas generales sobre la procedencia del recurso extraordinario cuando se cuestiona la tarea axiológica de los tribunales. De ahí que el pronunciamiento sobre el mérito y fundamento de la experticia contable, así como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, constituyen el ejercicio de una atribución privativa del juzgador de grado, insusceptible de revisión en casación, salvo absurdo que debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca (conf. causa A. 72.517, "Asoc. Civ. de Jub. y Pens. de Ingeniería de Mar del Plata", sent. de 16-VIII-2017; e.o.).
Sin perjuicio de lo expuesto, el Tribunal ha señalado, asimismo, que, en atención a la especificidad técnica sobre la que versa por lo general la prueba pericial, el rechazo por el juez del dictamen de los expertos debe basarse en razones serias con sustento en un análisis crítico tanto de los fundamentos como de las conclusiones de la tarea desempeñada por el auxiliar y de su conjugación con las demás pruebas reunidas sobre los mismos hechos (conf. causa A. 72.680, "Rojas", sent. de 23-XI-2016 y sus citas).
En la especie, no es esto lo que ha sucedido, sino que, tal como lo denuncia la recurrente, la Cámara negó todo valor probatorio a los informes periciales presentados, por el sólo hecho de que, en el último de ellos, la contadora interviniente reconoció no ser especialista en el régimen específico involucrado y utilizó una forma verbal potencial al concluir que "...parecería que para los cerveceros e intermediarios (arts. 383 y 384 de la DN 'B' 1/04) está prevista la excepción de la compensación automática (art. 392 de la DN 'B' 1/04)" y que "...entonces estaría correcta la compensación automática y la forma en que se tomaron las percepciones en las DDJJ como Agentes de Percepción y posteriormente en las DDJJ mensuales de Ingresos Brutos", razón por la cual la profesional rectificó "en principio" su respuesta inicial a uno de los puntos de pericia (v. contestación de impugnación a fs. 226/227).
En rigor, la vigencia y aplicabilidad al caso del art. 392 de la disposición normativa "B" 1/04 constituía una cuestión jurídica que el a quo debía resolver con independencia de las dudas expresadas al respecto por la perito. Por ende, era desde esa certeza que debían analizarse las conclusiones de la experta en torno a las cuestiones de hecho necesarias para resolver el caso. La completa desestimación, por las razones apuntadas, de un elemento técnico tan importante como la pericia producida y la falta de consideración de otros como las respuestas brindadas por Cervecería y Maltería Quilmes (v. fs. 181) revelan, en las condiciones descriptas, una tergiversación de las reglas de la sana crítica y una absurda apreciación de la prueba que autorizan a revocar el pronunciamiento atacado.
Adviértase, por otra parte, que de acuerdo con lo establecido por el art. 392 de la disposición normativa "B" 1/04, las percepciones practicadas por la actora en su calidad de agente de percepción del régimen especial en cuestión no debían en el caso ser depositadas al Fisco si resultaban inferiores a las sufridas por ella en su carácter de contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos (me remito en tal sentido a lo expuesto en el punto IV.1. de este voto) y que del cotejo de los elementos omitidos por el Tribunal de Alzada surgía que, en los períodos objeto de autos (1 a 6 de 2007), las últimas resultaron siempre superiores a las primeras (cfr. detalle de importes percibidos según la disposición de inicio, consultas de declaraciones juradas y disposición sancionatoria, por un total de $303.189,95, a fs. 33, 68/73 y 81/86, expte. adm. 2306-318.077/07; detalle de percepciones realizadas a la actora según informe pericial, elaborado sobre la base de facturas de compra y libro IVA Compras, por un total de $672.705,61, a fs. 196 vta.; y detalle de percepciones practicadas a la actora por Cervecería y Maltería Quilmes, según su respuesta a un oficio, por un total de $676.116,10, en CD adjunto a la presente).
A la luz de lo previamente señalado, entiendo, en coincidencia con lo concluido por el juez de primera instancia, que corresponde tener por acreditado lo alegado por la actora en cuanto a la falta de configuración de la infracción de defraudación fiscal endilgada y -en consecuencia- acoger íntegramente la pretensión anulatoria entablada.
IV.3. No altera la solución propiciada la consabida doctrina de esta Corte citada en la sentencia atacada a fs. 310 vta. y 311, según la cual la figura de defraudación fiscal del agente de recaudación, prevista en el art. 37 del Código Fiscal sancionado por el decreto ley 9.204/78 (de similar redacción al art. 54 de la ley 10.397, t.o. 2004) se configura con el mantenimiento del dinero retenido en concepto de impuesto en su poder luego del vencimiento del plazo fijado para su depósito, sin que se requieran las circunstancias ardidosas que se mencionan en el inciso "a" con relación a los contribuyentes, responsables o terceros (conf. causas B. 62.652 y B. 62.648, cits.; e.o.).
Tal como lo apunta la recurrente, la referencia a la falta de necesidad de ardid para la configuración de la infracción no atañe al presente caso, donde lo que se discute es si el agente de percepción mantuvo en su poder importes que debía ingresar o si en realidad no estaba obligado a ello, cuestión que se relaciona con el llamado elemento objetivo de la figura endilgada y no con el subjetivo.
Tampoco modifica el temperamento adoptado la escasez de pruebas aportadas por los interesados en sede administrativa, pues tiene dicho esta Corte que siendo el proceso contencioso administrativo un juicio de pleno conocimiento, una instancia judicial ordinaria donde las partes tienen a su disposición un ámbito de juzgamiento con amplias posibilidades de alegar y probar (cfr. art. 166, quinto párr., Const. prov.), no existen mayores reparos para abocarse en él a la cuestión de fondo y decidir acerca de la pretensión actora (conf. causas B. 64.398, "Ferreyra", sent. de 30-V-2007; B. 63.686, "Severo Frers", sent. de 7-IX-2011 y B. 63.986, "Johnson", sent. de 26-X-2016).
V. Por los fundamentos expuestos, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto y revocar la sentencia atacada, con el consiguiente restablecimiento de lo decidido por el juez de primera instancia (conf. art. 289, CPCC).
Costas a la demandada vencida (arts. 60 inc. 1, CCA, texto según ley 13.101 y 68, CPCC).
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Genoud , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor de Lázzari , por los mismos fund
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.