Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74508
En la ciudad de La Plata, a 8 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, de Lázzari, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.508, "Beriay Gustavo Oscar contra Provincia de Buenos Aires. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, revocó lo decidido por el juez de primera instancia que, a su turno, había admitido la demanda promovida por Gustavo Oscar Beriay contra la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 342/348).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 352/354).
Dictada la providencia de autos, agregado el memorial de la demandada (v. fs. 358/361) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1. El señor Gustavo Oscar Beriay promovió demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires pretendiendo la anulación de la disposición 1.018/09, del Director Provincial del Registro de las Personas y de la resolución 209/11, del Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros, por medio de las cuales se rechazó su solicitud tendiente a percibir la bonificación remunerativa y no bonificable establecida por el decreto 3.321/08.
Solicitó que se le reconozca el derecho al porcentaje previsto en el art. 2 del decreto antes citado desde la fecha en la cual realizó el reclamo administrativo, más la tasa de interés activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
I.2. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 3 de La Plata (v. fs. 310/315) hizo lugar a la demanda promovida y declaró la nulidad de la disposición 1.018/09.
En consecuencia, reconoció el derecho del agente Beriay al cobro de la bonificación establecida por el art. 2 del decreto 3.321/08 a partir del 1 de agosto de 2008 y hasta que dicha suma sea incluida de manera definitiva al salario mensual, debiendo descontarse -de corresponder- lo percibido en concepto de Unidades Retributivas por Productividad y Eficiencia (URPES) conforme la liquidación que al efecto se practique. Ello, más los intereses que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a 30 días, vigente en los distintos períodos de aplicación y hasta el efectivo pago (arts. 7 y 10, ley 23.928, texto según ley 25.561).
Impuso las costas a la demandada vencida (art. 51, CCA, texto según ley 14.437).
I.3. Apelado el fallo por ambas partes (a fs. 318/319, luce el recurso de la actora y, a fs. 324/326, el deducido por la Fiscalía de Estado), la Cámara interviniente -por mayoría- desestimó el recurso interpuesto por el accionante e hizo lugar al de la accionada.
En consecuencia, revocó la sentencia dictada por el juez de primera instancia y rechazó la demanda (v. fs. 342/348).
Para así decidir, el doctor Spacarotel quien intervino en primer término y a cuyo voto adhirió la doctora Milanta hizo referencia -en forma preliminar- a la situación de revista del actor, a quien se lo designó para que desempeñe funciones como Delegado Interino de la Delegación del Servicio Penitenciario y Patronato a partir del 1 de agosto de 2006 (v. fs. 124).
Puso de relieve que el decreto 2.888/05 regula la figura de los Delegados del Registro Provincial de las Personas y en él se contempla específicamente el régimen salarial correspondiente a dicho cargo.
En efecto, señaló que en el mismo se establece un monto adicional remunerativo por la función que tienen los Delegados del Registro y, asimismo, y atendiendo a las diferencias sustanciales que existen entre las diversas Delegaciones que integran la Dirección Provincial del Registro de las Personas, se estimó conveniente crear una bonificación adicional no remunerativa en razón de una categorización que responda a criterios objetivos, mientras se encuentren ejerciendo tal función (v. considerandos del decreto 2.888/05).
En otro orden, refirió que el decreto 3.321/08 -cuya aplicación peticiona el recurrente-, fue dictado teniendo en miras el régimen remunerativo del Personal del Patronato de Liberados.
Precisó que la citada norma delimita el ámbito subjetivo de aplicación en su art. 1, el cual establece que sus disposiciones se aplicarán al personal enmarcado en el régimen de la ley 10.430 (t.o. por dec. 1.869/96 y su dec. reg. 4.161/96), que preste servicios en el Patronato de Liberados, a partir del 1 de agosto de 2008 inclusive.
Afirmó que la bonificación remunerativa y no bonificable creada por el decreto 3.321/08 fue contemplada en beneficio de los agentes que se desempeñan bajo la órbita del Servicio Penitenciario y del Patronato de Liberados, prestando servicios en sede de este último.
En efecto, señaló que la norma establece diferentes porcentuales según la mayor o menor frecuencia del trato que los agentes tengan, en el marco de sus funciones, con las personas bajo tutela del Patronato de Liberados, previendo inclusive una bonificación del 10% para el personal que, prestando servicios en dicho organismo, no tenga trato obligatorio con las personas bajo tutela del mismo (arts. 2, 3 y 4, dec. 3.321/08).
Indicó que la normativa prevé que el porcentaje al que ascienda la bonificación en cada caso, debe calcularse a partir del salario básico de la categoría del agente, esto es, a tenor de su situación de revista dentro de la estructura del referido Patronato de Liberados.
Consideró que no resulta viable equiparar la estructura salarial del personal del Patronato de Liberados y trasladarlo sin más a la escala salarial atinente a la función de Delegado del Registro Provincial de las Personas en esa jurisdicción; pues la garantía de igual remuneración por igual tarea consagrada en el art. 14 bis de la Constitución nacional no puede extenderse hasta la forzada interpretación de procurar igualar a todos los agentes, sin considerar las particularidades de cada régimen.
Señaló que tal distinción es elemental, desde que la remuneración de todo agente público debe ir necesariamente en proporción a las tareas asignadas, no exhibiéndose en el obrar administrativo un trato discriminatorio sino una distinción que obedece a situaciones objetivamente desiguales.
Indicó que la garantía constitucional de la igualdad cae frente a la pretensión de equiparar diferentes regímenes de empleo público, en el caso, agentes del Patronato de Liberados y un agente dependiente del Registro Provincial de las Personas.
Expresó que la hermenéutica adoptada por el juez de grado evidencia un error de juzgamiento, extendiendo por analogía situaciones jurídicas que han sido discernidas por el legislador y el poder ejecutivo, sobre la base de criterios extra jurídicos. En efecto, indicó que no puede reconocerse un beneficio otorgado a un régimen de empleo ajeno al que tiene el actor, cuya aplicación implicaría sustituir al propio legislador, invadiendo la zona de reserva de los otros poderes del Estado (cfr. arts. 103 y 144, Const. prov.).
Impuso las costas de ambas instancias en el orden causado (arts. 51 inc. 2, 77 inc. 1 y concs., CCA, texto según ley 14.437; y 274, CPCC).
II. Contra dicho decisorio la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 352/354) en el que denuncia la violación del decreto 3.321/08, de los arts. 39 incs. 1 y 3 de la Constitución provincial y 14 bis de la Constitución nacional.
Asimismo, acusa vulneración de la doctrina legal sentada por este Tribunal en las causas L. 88.364, "Gallo", sentencia de 3-X-2012; L. 87.983, "Olivera", sentencia de 26-XII-2012; B. 65.355, "Acosta", sentencia de 25-II-2015; B. 61.330, "Espindola", sentencia de 24-V-2016 y A. 71.971, "Ciccone", sentencia de 22-VI-2016.
Sostiene que el a quo realizó una interpretación restrictiva al negarle el derecho a percibir la bonificación con fundamento en que la misma está destinada exclusivamente a los agentes que se desempeñan en el Servicio Penitenciario y Patronato de Liberados que prestan servicios en sede de este último, excluyéndolo en tanto su condición de Delegado del Registro Provincial de las Personas de la Delegación Servicio Penitenciario y Patronato.
Específicamente afirma que la norma no establece para acceder a la bonificación pretendida el requisito de que el agente reviste en los cuadros del Servicio Penitenciario, como condición complementaria al de prestar servicios en el Patronato de Liberados (art. 1, dec. 3.321/08).
Considera que el fallo cuestionado incurrió en una discriminación que no surge de la norma.
Señala que el art. 1 del decreto 3.321/08 establece dos condiciones para percibir la bonificación, a saber: a) que el agente este comprendido en el Estatuto y Escalafón para el Personal de la Administración Pública regido por la ley 10.430 y, b) que preste servicios en el Patronato de Liberados al 1 de agosto de 2008; las cuales se encuentran reunidas en su persona y debidamente acreditadas en autos.
Plantea que la interpretación realizada por la mayoría del Tribunal de Alzada resulta violatoria de los arts. 39 incs. 1 y 3 de la Constitución provincial y 14 bis de la Constitución nacional, invocando a esos fines precedentes relacionados con la hermenéutica que ha de seguirse en materia de protección a los trabajadores.
Por último, denuncia que la sentencia impugnada transgrede el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea, pues todos los agentes encuadrados en la ley 10.430 que prestan servicios en el Patronato de Liberados perciben el suplemento salarial pretendido.
III. El recurso prospera.
III.1. El señor Gustavo Oscar Beriay solicitó la anulación de la disposición 1.018/09 del Director Provincial del Registro de las Personas y de la resolución 209/11 del Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros por medio de las cuales se rechazó su pretensión tendiente a percibir la bonificación establecida por el decreto 3.321/08.
La citada norma establece una bonificación remunerativa y no bonificable para el personal que presta servicios en el Patronato de Liberados y que tenga trato con las personas bajo su tutela en diferente porcentaje según la periodicidad del contacto.
En el caso, la cuestión a dilucidar consiste en determinar si al actor le corresponde percibir la bonificación prevista en el decreto 3.321/08, en su condición de Delegado del Registro Provincial de las Personas de la Delegación del Servicio Penitenciario y Patronato de Liberados.
III.2. Acierta el recurrente al alegar que el Tribunal de Alzada interpretó erróneamente la normativa actuada y que, en consecuencia, el pronunciamiento atacado transgrede el principio de igualdad.
En efecto, encuentro que en la resolución del presente caso se halla en juego la inteligencia del principio consagrado en el art. 16 de la Constitución nacional y el derecho que del mismo se desprende, en cuanto determina que "...Todos sus habitantes son iguales ante la ley", cuyo correlato local está plasmado en el art. 11 de la Constitución provincial.
El citado precepto prescribe que "la provincia no admite distinciones, discriminaciones ni privilegios por razones de sexo, raza, religión, nacionalidad, lengua, ideología, opinión, enfermedades de riesgo, características físicas o cualquier otra condición amparada por las normas constitucionales".
"Es deber de la Provincia promover el desarrollo integral de las personas garantizando la igualdad de oportunidades y la efectiva participación de todos en la organización política, económica y social".
Tal como lo señalé en la causa A. 71.529, "Asociación Judicial Bonaerense", sentencia de 3-V-2018, la norma transcripta consagra el mentado principio desde un doble aspecto: la igualdad ante la ley, obligando al creador de la norma, así como a los órganos encargados de aplicarla a no efectuar discriminaciones arbitrarias o irrazonables y la igualdad de hecho, procurando del Estado la realización de acciones positivas tendientes a remover los obstáculos que impidan a los ciudadanos de la Provincia un ejercicio real y efectivo de sus derechos.
En esa línea se han ubicado, a su vez, los tratados internacionales que recogen a la igualdad como valor digno de tutela (arts. 2, DADDH; 2 y 7, DUDH; 2 y 26, PIDCP; y 2.2, PIDESC).
Cabe recordar que el principio de igualdad contemplado por el ordenamiento constitucional (arts. 16, Const. nac. y 11, Const. prov.) y los tratados internacionales que tienen su misma jerarquía (arts. 1.1. y 24, CADH; y 31, Const. nac.), no implica, en todos los casos, un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica.
Tal como ha resuelto reiteradamente este Tribunal, el principio constitucional de igualdad importa el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en igualdad de circunstancias (causas I. 1.248, "Sancho", "Acuerdos y Sentencias", 1990-II-180; I. 1.440 "Boese", "Acuerdos y Sentencias", 1995-II-270; I. 2.022, "Bárcena", "D.J.B.A.", 159:211; B. 62.142, "Catalfamo", sent. de 31-VIII-2005; B. 66.569, "Esteinberg", sent. de 14-VIII-2013; e.o.).
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación al derecho a la no discriminación en función del principio de igualdad ante la ley consagrados en los arts. 1.1. y 24 del Pacto de San José de Costa Rica, que prohíbe todo tratamiento discriminatorio de origen legal, ha destacado que "no puede afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado, una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden apartase de la justicia o de la razón, vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera, repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana..." (CIDH, Ser A, OC-4/84).
III.3. Sentado ello, cabe ponderar que la bonificación implementada por el decreto 3.321/08 -a partir del 1 de agosto de 2008- resulta aplicable para los agentes que prestan servicios en el Patronato de Liberados y que el accionante cumple tal recaudo por cuanto fue designado para desempeñar funciones como Delegado Interino de la Delegación del Servicio Penitenciario y Patronato en esa jurisdicción a partir del 1 de agosto de 2006 (ver disposición 753 agregada a fs. 124).
Da cuenta de ello la información brindada por la Jefa del Departamento Zonal VI del Registro Provincial de las Personas quien afirma que las tareas encomendadas al actor deben realizarse personalmente y en contacto directo con los internos (v. fs. 129).
Entiendo, en consecuencia, que lo decidido por el a quo avala una discriminación entre agentes estatales que cumplen funciones ante situaciones fácticas similares, sin que se advierta una causa objetiva y razonable que sustente el desigual tratamiento, resultando el decisorio contrario a la doctrina legal de esta Corte elaborada en torno a la garantía de igualdad ante la ley.
En ese contexto, no reconocer la bonificación pretendida excluyendo al actor del goce del beneficio, se torna una decisión irrazonable por no guardar relación con el fin que el adicional tiende a resguardar y contraría los arts. 16 de la Constitución nacional y 11 de la Constitución provincial, correlacionados con el art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional, máxime cuando los derechos que se debaten en la especie cuentan, en nuestra Carta local, con especial protección en los términos del art. 39 inc. 3.
Bajo tales lineamientos, la crítica de la recurrente es eficaz a los fines de evidenciar la existencia de una desinterpretación de la normativa actuada y de la doctrina legal de esta Corte ya mencionada.
IV. Por todo lo expuesto cabe hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (art. 289 inc. 2, CPCC) y revocar la sentencia impugnada.
En consecuencia, corresponde anular la disposición 1.018/09 del Director Provincial del Registro de las Personas y, reconocer al señor Beriay el derecho a percibir la bonificación prevista en el art. 2 del decreto 3.321/08 desde el 1 de agosto de 2008 y hasta que dicha suma sea incluida de manera definitiva al salario mensual, debiendo descontarse -de corresponder- lo percibido en concepto de Unidades Retributivas por Productividad y Eficiencia (URPES) conforme la liquidación que al efecto se practique (arts. 12 incs. 1, 2 y concs., CCA, ley 12.008, texto según ley 13.101; 16 y concs., Const. nac.; 11, Const. prov.; II, DADDH; 2.1 y 7, DUDH; 2 y 26, PIDCP; y 2.2., PIDESC).
Al importe reconocido deberá adicionarse el correspondiente a los intereses que deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.; y conf. doct. de la mayoría en la causa B.62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016).
La ejecución de lo resuelto en esta sentencia quedará a cargo del tribunal de origen.
Las costas se imponen a la demandada vencida (arts. 51, ley 12.008 -texto según ley 14.437- y 60 inc. 1, ley 12.008; 68 y 289 in fine , CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Por los fundamentos expresados en el punto III.3. párrafos primero, segundo y quinto, del voto del ponente, que estimo suficientes en tanto demuestran la errónea aplicación que efectuó el a quo del decreto 3.321/08, adhiero a la solución que propone.
Con este alcance doy mi voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Por los fundamentos expresados en el punto III.3. del voto que abre este Acuerdo, adhiero a la solución que propone, conforme ha quedado demostrada la errónea aplicación que efectuó el a quo del decreto 3.321/08.
Voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (art. 289 inc. 2, CPCC) y se revoca la sentencia impugnada. Por consecuencia, corresponde anular la disposición 1.018/09 del Director Provincial del Registro de las Personas y reconocer al señor Beriay el derecho a percibir la bonificación prevista en el art. 2 del decreto 3.321/08, desde el 1 de agosto de 2008 y hasta que dicha suma sea incluida de manera definitiva al salario mensual, debiendo descontarse -de corresponder- lo percibido en concepto de Unidades Retributivas por Productividad y Eficiencia (URPES) conforme la liquidación que al efecto se practique (arts. 12 incs. 1, 2 y concs., CCA, ley 12.008, texto según ley 13.101; 16 y concs., Const. nac.; 11, Const. prov.; II, DADDH; 2.1 y 7, DUDH; 2 y 26, PIDCP; y 2.2., PIDESC).
Al importe reconocido deberá adicionarse el correspondiente a lo
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