Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74831
En la ciudad de La Plata, a 8 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, Genoud, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.831, "Fontana Rosa Azucena c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno-, declaró la inconstitucionalidad del art. 73 de la ley 6.716, hizo lugar a la pretensión de nulidad de la resolución dictada por el Directorio de la Caja de Previsión Social para Abogados y ordenó a esta última incorporar los años 1990 y 1991 a los fines del cómputo previsional de la doctora Rosa Azucena Fontana. Las costas de la instancia de apelación fueron impuestas a la demandada vencida -art. 51 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo, texto según ley 14.437- (v. fs. 169/177).
Disconforme con dicho pronunciamiento , la Caja accionada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 183/200 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 205 y vta.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 209) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Caja demandada y confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, hizo lugar a la demanda interpuesta por la doctora Rosa Azucena Fontana contra la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia: i) declaró la inconstitucionalidad del art. 73 de la ley 6.716; ii) anuló la resolución dictada por el Directorio de la Caja demandada con fecha 4 de diciembre del año 2014 y iii) ordenó a la accionada incorporar los años 1990 y 1991 a los fines del cómputo del beneficio previsional de la actora.
Para así decidir -y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa- el Tribunal de Alzada efectuó las siguientes consideraciones:
I.1.a. En primer lugar, estimó aplicable al sub lite la doctrina sentada en las causas "Torregrosa Lastra" y "Salonia", en la que esta Corte reputó que la solución brindada por el art. 73 de la ley 6.716, en cuanto otorga al silencio del afiliado la significación de una renuncia por los años de actividad profesional respecto de los cuales no se hubieran integrado el mínimo de aportes, contradice abiertamente el principio de irrenunciabilidad en materia previsional consagrado en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
A partir de allí, el a quo ponderó que la cuestión debatida en autos resultaba análoga a la abordada en los citados precedentes jurisprudenciales, en tanto la aplicación de la norma en crisis -al igual que en los casos mencionados- tenía sustancial incidencia en la consolidación del derecho al beneficio de la actora, en la medida que dejaba fuera de cálculo el cómputo de los años 1990 y 1991 a los efectos previsionales.
Destacó que, conforme lo señalara esta Corte en los antecedentes aludidos, a la luz del principio de irrenunciabilidad constitucionalmente consagrado, lo censurable del caso es que la norma infiera la renuncia de un derecho -cómputo de años de actividad profesional- que luego tendrá directa incidencia a la hora de perfeccionar el acceso al beneficio jubilatorio y ello, a causa de la falta de pago de los aportes cuando lo relevante a los fines de exhibir derecho a la jubilación, es que se demuestre el ejercicio efectivo de la actividad por el tiempo estipulado en la norma.
Por otro lado, observó que las críticas vertidas por la apelante resultaban similares a las que esta Corte desestimara en las causas citadas y meritó que -en la especie- no mediaron circunstancias que justifiquen un razonado y motivado apartamiento del criterio sentado en tales antecedentes.
Consecuentemente, por los argumentos vertidos por este Tribunal en los precedentes de mención y con base en la obligatoriedad de la doctrina legal, confirmó la invalidación del art. 73 de la ley 6.716.
I.1.b. Por otro lado, descartó la existencia de contradicción en el temperamento seguido por esta Corte en los precedentes "Torregrosa Lastra" y "Allegri de Domínguez", por resultar disímiles las circunstancias y pretensiones examinadas en los mismos.
I.1.c. Finalmente, desestimó las manifestaciones vinculadas con la violación del principio de división de poderes por la declaración de inconstitucionalidad de la norma, en tanto -sostuvo-, todos los jueces ordinarios tienen competencia para resolver las cuestiones que los justiciables planteen con base constitucional.
I.2. A su turno, el doctor Riccitelli, adhirió al voto del doctor Mora y adunó la necesidad de destacar: i) que la accionada consintió lo resuelto por esta Corte en el precedente "Torregrosa Lastra" y ii) que la inconstitucionalidad del art. 73 de la ley 6.716 allí declarada, era extensible a todo caso en que tal precepto pretenda ser aplicado respecto de la pérdida de años de ejercicio profesional en el cómputo exigido para el acceso al beneficio previsional por parte de los abogados.
II. Contra dicho pronunciamiento la Caja demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, obrante a fs. 183/200 vta., en el que reitera argumentos ya vertidos en sus anteriores presentaciones y denuncia: a) violación de los arts. 5, 17, 18, 28, 121, 122, 123, 125 y concordantes de la Constitución nacional; 15, 31 y 171 de la Constitución provincial y preámbulos de sendas cartas constitucionales; arts. 73, 77 y concordantes de la ley 6.716 (t.o. 1995); b) violación de la doctrina legal que cita y c) absurda valoración de la prueba.
II.1. Básicamente, cuestiona que la Cámara mantenga la declaración de inconstitucionalidad decretada en primera instancia respecto del art. 73 de la ley 6.716 y habilite el recupero de los años alcanzados por el desistimiento previsto en la norma, por aplicación del precedente "Torregrosa Lastra". Al respecto, reprocha al fallo en crisis las siguientes circunstancias:
II.1.a. Que aparezca como de esencial ponderación -en el voto de ambos magistrados- la falta de impugnación de la sentencia recaída en el citado antecedente. Refiere que la postura crítica de la Caja ante tal declaración, se ha mantenido invariable, encontrándose en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el recurso contra la sentencia dictada en la causa "Salonia".
II.1.b. Que se convaliden ciegamente los argumentos del citado precedente, con base en la obligatoriedad de las decisiones de este Tribunal, proceder que -según entiende- traduce un grado de subordinación moral inapropiado con un libre desempeño de la judicatura, al prescindir del análisis de las circunstancias particulares del caso.
Considera que ello torna absurda, ilegal y arbitraria la decisión, al aplicar fundamentos de un antecedente que tienen base en hechos que no solo no se dan en el caso, sino que se presentan de manera contrapuesta.
En este sentido, indica que -en la especie-, no se verifica un desconocimiento de los preceptos que contiene la norma impugnada (circunstancia que -sostiene- sobrevuela todo el fallo "Torregrosa Lastra" y es expreso al pretender la notificación personal), en razón de que la accionante hizo uso expreso de la opción prevista por el art. 73 al recuperar los períodos correspondientes a los años 1989 y 1992.
Denuncia que dichos antecedentes no fueron valorados por los sentenciantes, y por ello, considera que la tacha de inconstitucionalidad violenta la doctrina de los propios actos.
II.1.c. Sostiene que las circunstancias de la causa, dejan sin sustento el reproche formulado a su parte en el precedente "Torregrosa Lastra", referido a la falta de notificación a los afiliados del art. 73 de la ley 6.716.
Asimismo, postula absurda la consecuencia de requerir notificación personal sólo para el art. 73 de la ley citada y no así para el resto del articulado, siendo que todas sus normas inciden en mayor o menor medida sobre las expectativas jubilatorias.
Agrega que dicha exigencia resulta extra legem por no surgir de la normativa, y que su pretendida implementación acarrearía un verdadero caos en la gestión de la Caja, enumerando cuales serían tales inconvenientes.
II.2. Posteriormente, cuestiona el voto del doctor Riccitelli, en cuanto considera que la decisión adoptada por esta Corte en la causa "Torregrosa Lastra" constituye una "inconstitucionalidad patente" y, por tanto, extensible a todo caso en el que el art. 73 de la ley 6.716 pretenda ser aplicado respecto de la pérdida de años de ejercicio profesional a los fines jubilatorios.
Indica que tal postura importa una derogación judicial de la norma, lo que revela un desconocimiento del principio republicano de división de poderes, al arrogarse funciones legislativas que se encuentran prohibidas al Poder Judicial.
En suma, puntualiza que ningún juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma sino es en un caso concreto y que tal declaración solo tiene efecto inter partes.
II.3. Expresa, que resulta un absurdo predicar las bondades del art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial o los principios del art. 14 bis de la Carta magna nacional, prescindiendo de la disposición de los recursos económicos necesarios para cumplir los mismos. Sin recursos, concluye, no hay previsión social.
II.4. Expone, que esta Suprema Corte reconoció la validez del art. 73 de la ley 6.716, al tratar y convalidar su contenido en la causa "Allegri de Domínguez". Argumenta, que este precepto legal fue objeto de análisis en dicha causa, donde se lo aplicó sin ningún reparo a una eventual ilegalidad.
II.5. Agrega, por un lado, que el fallo en crisis no tuvo presente que el art. 73 no importa renunciar al derecho a jubilarse sino sólo la pérdida voluntaria de años por parte del afiliado y, por otro, que la irrenunciablidad que prevé el art. 14 bis de la Constitución nacional, no es absoluta, conforme doctrina de la Corte federal que cita.
II.6. A todo evento, y para el supuesto de confirmarse el recupero de los años en cuestión, sostiene que previamente deberán integrarse los aportes adeudados.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. En primer lugar, corresponde resaltar que la sentencia atacada se dictó conforme la doctrina legal sentada en la causa I. 2.175, "Torregrosa Lastra", sentencia de 15-XII-2010 -de cuya aplicación al caso se agravia la recurrente-, en la que esta Corte, en un supuesto análogo al presente, se pronunció respecto a la invalidez del art. 73 de la ley 6.716 por su contradicción con el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
Asimismo, es menester destacar que dicha doctrina fue reiterada en la causa A. 72.268, "Salonia", cuya sentencia de 23 de diciembre 2014 quedara confirmada en virtud de la inadmisibilidad de la queja declarada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 18 de septiembre de 2018, y que también ha sido citada en el fallo impugnado.
En los mencionados precedentes, la aplicación de la norma en crisis tenía sustancial incidencia en la consolidación del beneficio jubilatorio de los afiliados a la Caja de Previsión Social para Abogados provincial, en tanto -como acontece en la especie- dejaba fuera de cálculo los años de ejercicio profesional a los efectos previsionales.
De lo expuesto -y tal como lo resolvieran los jueces de las instancias de grado- surge claro que los hechos y circunstancias que rodearon a dichas causas, son idénticos a los aquí debatidos, donde la Caja demandada aplicó la norma en cuestión para tener a la actora por desistida del cómputo de los años 1990 y 1991 a los efectos previsionales, situación que hace plenamente aplicable la doctrina que de estos fallos emana.
Sentado ello, debo recordar que este Tribunal reiteradamente ha sostenido que el acatamiento que los órganos judiciales hacen a la doctrina legal de esta Corte responde al objetivo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, esto es, procurar y mantener la unidad en la jurisprudencia, y este propósito se frustraría si los tribunales de grado, apartándose del criterio de este Tribunal, insistieran en propugnar soluciones que irremisiblemente habrían de ser revocadas. Esto no significa propiciar un ciego seguimiento a los pronunciamientos de esta Corte, ni un menoscabo del deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia, pues les basta -llegado el caso- dejar a salvo sus opiniones personales (conf. causas A. 70.613, "Fortuna", sent. de 17-VIII-2011; A. 71.628, "Unzaga", sent. de 3-VII-2013; A. 72.268, "Salonia", sent. de 23-XII-2014; A. 71.973, "Dairo", sent. de 13-IV-2016; e.o.).
Bajo esta idea rectora, lo resuelto en las causas "Torregrosa Lastra" y "Salonia", constituye un óbice ineludible para el progreso de la protesta articulada por la demandada, como así también, al agravio vinculado con la supuesta subordinación moral de la Cámara por la aplicación que ésta ha realizado de tales precedentes.
III.2. Tampoco puede tener favorable acogida el agravio vinculado con la violación de la doctrina de los propios actos, que la recurrente funda en la falta de valoración de la conducta de la accionada, que daría cuenta del conocimiento que tendría de la norma en crisis al recuperar períodos en la forma prescripta por el art. 73 de la ley 6.716.
Pues bien, en esta parcela se advierte que los reproches reconducen a cuestiones de hecho y prueba que por regla general resultan ajenas a la competencia extraordinaria de esta Suprema Corte, salvedad hecha del supuesto excepcional de absurdo (conf. doctr. causa A. 74.407, "Andrade", sent. de 11-VII-2018). Y tal vicio se configura, según ha expresado esta Corte, sólo ante la presencia de un error grave y ostensible que se comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo con tergiversación de las reglas de la sana crítica, en violación de las normas procesales aplicables, de todo lo cual resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico formal e insostenible en la discriminación axiológica (conf. doctr. causa A. 72.375, "Mazza", sent. de 12-VII-2017).
Entiendo que, en la especie, la impugnante no logra demostrar un vicio de esas características que justifique revertir lo decidido por los jueces de grado.
En efecto, el a quo consideró aplicable la doctrina sentada en las causas "Torregrosa Lastra" y "Salonia" al ponderar que la situación planteada en autos era análoga a la verificada en dichos precedentes, en tanto la actuación del art. 73 de la ley 6.716 ocasionaba la pérdida de años computables a los fines previsionales de la actora.
Frente a ello, y desentendiéndose de tal base argumental, la recurrente insiste en propugnar su propio criterio interpretativo al afirmar que las circunstancias de la causa bajo examen, en cuanto evidencian el conocimiento de la accionada del derecho a opción previsto en la norma, deja sin sustento el reproche formulado a su parte en el precedente "Torregrosa Lastra" -respecto a la ausencia de notificación a sus afiliados- circunstancia que, a su entender, resulta suficiente para descartar su aplicación al caso.
Los argumentos traídos a esta instancia se apartan de la línea reflexiva que llevó a los juzgadores a arribar a las conclusiones adversas a sus intereses, luciendo como meras afirmaciones dogmáticas, pues no constituyen una crítica concreta a los fundamentos dados por el pronunciamiento impugnado.
Esta circunstancia resulta suficiente para su rechazo pues, como tiene dicho este Tribunal, debe desestimarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que ha elegido elaborar su impugnación sobre una serie de razonamientos que se desentienden de aquellos que dotan de contenido al fallo y se dedica a criticarlo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (conf. doctr. causa C. 121.938, "De Lóizaga", sent. de 7-XI-2018).
Tal déficit argumental no puede ser suplido por esta Corte.
III.3. Análoga solución corresponde brindar al planteo por el cual la recurrente insiste en sostener la existencia de contradicción en el temperamento seguido por esta Corte en los precedentes "Torregrosa Lastra" y "Allegri de Domínguez".
Sobre el particular, la Cámara señaló -siguiendo lo manifestado por esta Corte en la primera de las causas mencionadas-, que las circunstancias y pretensiones examinadas en tales antecedentes jurisprudenciales resultaban disímiles.
En este sentido, cabe recordar que al brindar mi voto en la causa citada en primer término, expuse los motivos por los cuales las conclusiones expuestas en la causa "Allegri de Domínguez" no eran aplicables en la especie.
Y ello así, por un lado, porque en tal precedente no se cuestionó la constitucionalidad de la norma analizada y, por otro, porque en aquella oportunidad se hallaba en juego el derecho a obtener una pensión, por lo que el interés de los beneficiarios no residía en computar mayores años de ejercicio profesional -innecesarios para consolidar el derecho pretendido- sino que se encontraba orientado a regularizar las obligaciones que el causante había dejado pendiente de cumplimiento frente a la Caja y que ésta había opuesto como condición para acceder al beneficio.
En aquel contexto -expuse en mi voto-, a diferencia del ásub lite , la pérdida de los años cuyas cotizaciones no habían sido ingresadas a la Caja, contribuyó a obtener la pensión. En la situación de la actora, la privación del cómputo de los años involucrados podría repercutir negativamente en la obtención de un beneficio jubilatorio, de ahí su interés en cuestionar la constitucionalidad del precepto en el entendimiento de que el mismo avanza sobre sus derechos fundamentales.
Los fundamentos señalados, no resultan conmovidos por las expresiones volcadas por la recurrente, quién -en esta instancia- insiste en reiterar similares planteos que ya fueron llevados -con suerte adversa- ante la Cámara, que lejos están de patentizar los yerros que se le imputan. Más bien se advierte que éstos se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el resultado obtenido y a esbozar un punto de vista subjetivo y discrepante, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos medulares sobre los cuales se estructura el fallo.
En este sentido, este Tribunal tiene dicho que es insuficiente -para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos y rechazados en la instancia anterior (conf. doctr. causa A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016).
III.4. Igual suerte adversa corresponde brindar a los reproches vinculados con la violación del principio de división de poderes por la declaración de inconstitucionalidad de la norma, que fueran planteados también en la apelación ordinaria y desestimados por el Tribunal de Alzada.
En este punto, conforme lo ha recordado el a quo , en el diseño constitucional local todos los jueces ordinarios tienen competencia para resolver las cuestiones que los justiciables planteen con base constitucional (arg. art. 57, Const. prov.; doctr. causa I. 68.403, "Aramburú", sent. de 5-X-2011) como así también, que este Tribunal tiene asignada esta compete
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