Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74998
En la ciudad de La Plata, a 8 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Negri, Genoud, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.998, "Fiscalía de Estado - Prov. de Bs. As. contra Tribunal Fiscal. Pretensión Anulatoria (Coady. Cano Alfonso Jesús y Quiñones Miguel Ángel S.H.). Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata admitió la defensa previa articulada por los terceros coadyuvantes y declaró prescripta la acción del Fisco de la Provincia de Buenos Aires para reclamar los créditos cuya procedencia se discute en el proceso. Para así decidir, consideró que el caso se halla regido por las normas pertinentes del Código Civil (ley 340), y no por las del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 104/107 vta.).
Contra ese pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 114/128 vta.), el que fue concedido por el a quo (v. fs. 137/138).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 114) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso de inaplicabilidad de ley, el apoderado de la Fiscalía de Estado, luego de referirse a los requisitos de admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley, cuestiona la aplicación al caso de las normas del Código Civil (ley 340) decidida por la Cámara y sostiene la constitucionalidad de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, texto ordenado 2011 -al que se referirá en lo sucesivo- (v. fs. 115). Alega, además, que se aplicó erróneamente el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional y los arts. 3.956, 3.986 y 4.027 inc. 3 del Código Civil.
Con posterioridad relata los antecedentes del juicio, sintetizando que el objeto de su impugnación radica centralmente en demostrar que los arts. 159 y 161 del Código Fiscal son constitucionales.
Luego de ello plantea la "necesidad del abandono de la doctrina del caso Filcrosa" (fs. 116 vta.). En ese sentido detalla los datos salientes del citado precedente, explicando que tal doctrina desconocía su premisa argumentativa acerca del carácter local del derecho público (v. fs. 117).
Expresa que bajo estos parámetros se le otorgó el carácter de derecho "de fondo" a todas las instituciones vinculadas a las relaciones iuspublicistas (v. fs. 117), las que merced a ello no podían ser modificadas por las provincias. Ese razonamiento, según lo explica, es lo que motivó la "...declaración de inconstitucionalidad de variadas disposiciones dictadas por las provincias, alcanzando a las normas que regulaban la prescripción de las acciones para el cobro y repetición de impuestos, por considerarla un instituto general derecho y -por ello- comprendido dentro de la delegación efectuada a la Nación en el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional" (fs. 117 vta.).
Postula que la distribución de competencias contenida en el art. 75, inc. 12 de la Constitución nacional debe ser interpretada de una "...forma dinámica, a la luz de su contenido histórico y de las circunstancias actuales" (fs. 118).
En adición, explica que la Ley de Procedimiento Tributario Nacional n° 11.683 presenta identidad con los códigos fiscales provinciales y no ha recibido reproche constitucional alguno (v. fs. 117 vta.).
Agrega que fue el legislador nacional, quien a través del Código Civil y Comercial unificado ha dejado carente de fundamento al fallo "Filcrosa", toda vez que a través del art. 2.532 del citado cuerpo "...confirma expresamente la competencia de las legislaturas provinciales para regula la prescripción liberatoria en cuanto al plazo de los tributos. Respetando esa tesis, el art. 2560 que limita la aplicación del Código Civil y Comercial unificado a los supuestos no contemplados en las legislaciones locales" (fs. 120 vta.).
Explica que ello no es una delegación de competencias, sino antes bien responde a una interpretación dinámica del reparto constitucional previsto en los arts. 75 inc. 12 y 121 de la Constitución nacional.
En virtud de ello, sumado a que la declaración de inconstitucionalidad es la ultima ratio dentro del ordenamiento jurídico, propone una interpretación "...armónica que compatibilice las diferentes normativas en juego" (fs. 121).
Finalmente, precisa que su acción respecto de la deuda controvertida en las actuaciones no había prescripto al momento de la interposición de la demanda. Explica que, conforme los arts. 159 y 161 del Código Fiscal, el plazo de prescripción respecto del período más antiguo reclamado (enero de 2007) había comenzado a correr el 1 de enero de 2009; que fue suspendido a partir de la notificación de la disposición delegada GR 5.251/2010 (resolución determinativa de oficio); y que la demanda anulatoria se articuló con anterioridad a que expirara el término por el que el cómputo de la prescripción se había detenido.
II. El recurso debe prosperar.
II.1. En estas actuaciones se trae a conocimiento una cuestión sustancialmente análoga a la suscitada en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos SRL s/ apremio", sentencia de 16-V-2018. En efecto, en aquel caso como en este, el tribunal a quo había decidido que correspondía computar el término de la prescripción de las acciones del Fisco para reclamar la deuda discutida, desplazando la normativa del Código Fiscal bonaerense (en especial, en cuanto refería al modo en que debía calcularse su término) y aplicando a ese fin el Código Civil.
II.2. Para admitir la excepción de prescripción (v. fs. 104/107), los jueces a quo sostuvieron que el Código Civil y Comercial no es aplicable en la especie en razón de que el plazo de prescripción se había cumplido antes de que aquella norma entrara en vigencia. Por ese motivo, consideraron desplazada también la aplicación del art. 2.537 de ese cuerpo normativo (v. fs. 105 vta). Decidieron, en cambio, que correspondía dirimir el caso conforme las previsiones del Código Civil.
Aunque no efectuaron una expresa declaración de inconstitucionalidad de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal, justificaron la aplicación de las disposiciones de derecho común en lo dispuesto en el art. 75, inc. 12 de la Constitución nacional y citaron precedentes en los que esa Cámara había adoptado el mismo temperamento (v. fs. 106).
De tal modo, estimaron que el plazo de prescripción de los períodos fiscales objeto de controversia (cinco años, conf. art. 4.027 inc. 3, Cód. Civ.) se encontraba extinto al momento de la interposición de la demanda impugnativa pues: a) había comenzado a correr desde el título de la obligación (art. 3.956, Cód. Civ.), momento que fijaron en los días 1 de enero de 2008 y 1 de enero de 2009 para los períodos 2007 y 2008, respectivamente; y b) su curso se había visto suspendido durante un año desde la constitución en mora del contribuyente (art. 3.986, Cód. Civ.), circunstancia que consideraron verificada con la notificación de la resolución determinativa de oficio y sumarial que tuvo lugar el 13 de octubre de 2010. Sostuvieron también que a tal conclusión habría de arribarse aun considerando dispensado el curso de la prescripción por la circunstancia de haber tramitado un recurso ante el Tribunal Fiscal de Apelación, pues la Fiscalía de Estado había interpuesto la demanda vencidos los tres meses corridos desde la cesación del impedimento para ejercer su acción (art. 3.980, Cód. Civ.; fs. 106 vta.).
III. Disconforme con esa decisión, la representación fiscal interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 114/128 vta.). Allí, como quedó expuesto más arriba, esencialmente se reivindica la potestad local para regular todos los aspectos vinculados a la prescripción en materia tributaria.
IV. En atención a los antecedentes reseñados, corresponde reproducir aquí mi voto en el citado precedente "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos SRL s/ apremio" (cit.) en cuanto refiere al nudo de la cuestión controvertida. Adelanto entonces que, al igual que en aquellas actuaciones, corresponde aquí hacer lugar al recurso articulado por la Fiscalía de Estado.
Bajo las pautas que expuse en el voto referido, y dada la consecuente aplicación al sub lite de la normativa provincial referida al cómputo de la prescripción de créditos tributarios, las acciones del Fisco respecto de la deuda determinada mediante la disposición delegada GR 5.251/2010 (relativa al Impuesto sobre los Ingresos Brutos por los años 2007 y 2008) no se encontraban prescriptas al momento en que la Fiscalía de Estado interpuso la demanda que encabeza estas actuaciones.
En efecto, para el período más antiguo que se halla en discusión, el dies a quo de aquel término se registró el 1 de enero de 2009 (art. 159 párrafo primero, Cód. Fiscal); su curso se vio suspendido el día 13 de octubre de 2010 con la notificación al contribuyente del acto determinativo de oficio (v. fs. 589; art. 161 inc. "a", Cód. Fiscal); esa suspensión mantuvo sus efectos hasta noventa días después de notificada la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación (art. 161 inc. "a", Cód. Fiscal, texto anterior a la modificación introducida por la ley 14.333) -lo que tuvo lugar el 16 de julio de 2015 respecto de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires y de la representación fiscal (v. fs. 627/628 vta. del expediente administrativo n° 2.360-0116774-2009 agregado por cuerda)-; y la demanda que inicia estas actuaciones fue interpuesta el 14 de diciembre de 2015 (v. cargo de fs. 19 vta.).
IV.1. Retomando el hilo conductor de lo que he expresado al emitir mi voto in re: "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos SRL s/ apremio" (cit.), recuerdo que, en torno al modo en que se configuraba la cuestión controvertida, en esa oportunidad sostuve:
"Preside el debate de autos la cuestión acerca de la aplicabilidad del precedente emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, registrado en Fallos 326:3899 (causa: 'Recurso de hecho deducido por Abel Alexis Latendorf -Síndico- in re: Filcrosa SA s/ quiebra. Incidente de verificación de Municipalidad de Avellaneda', sent. de 30-IX-2003).
De mantenerse el criterio de ese fallo, habría que establecer por añadidura si la prevalencia de la legislación civil allí postulada remite sólo a la extensión o magnitud del plazo de prescripción o si, como alguna vez se ha dicho (CSJN, in re, P. 154.XLV, 'Provincia del Chaco c/ Rivero, Rodolfo Aníbal s/ Apremio', sent. de 1-XI-2011, por remisión al dictamen de la Procuradora Fiscal) se aplica también al cómputo de dicho plazo. A partir de allí cabría cotejar las soluciones provistas por la ley tributaria y por el art. 3.956 del Código Civil.
IV.2.b. Antes de expedirse la Corte nacional en el caso 'Filcrosa' mantuve un criterio diferente al que luego hubo de adoptarse en ese fallo, por entender que la legislación de los tributos provinciales (lo que incluye el diseño de la prescripción en esa órbita material) atañe al derecho público local, resorte de las provincias; que refiere a una materia no delegada por éstas a la Nación, ni por ende incluida en la esfera de competencias previstas en la cláusula de los códigos del citado art. 75 inc. 12 (v. gr. causa C. 82.405, sent. de 23-XII-2002). Las normas del derecho común sólo serían aplicables por analogía, vale decir, en defecto de previsiones del derecho tributario local previa adecuación a las peculiaridades de esta materia.
Una vez dictado y mantenido el criterio interpretativo de aquel pronunciamiento de la Corte federal, por razones de economía procesal, lo he seguido (v. gr. causa C. 84.976, sent. de 30-VII-2007, e.o.).
Más allá de lo relativo al término de la prescripción, esta Suprema Corte se pronunció en sentido favorable a la primacía del Código Civil en otros aspectos complementarios, como los relativos a la interrupción (v. e.o., la causa A. 69.899, 'Hijos de Juan Carlos Pérez', sent. de 26-XI-2012, en la que no me expedí sobre el fondo por valorar que los recursos articulados por el Fisco no habían alcanzado el umbral mínimo de suficiencia técnica).
IV.3. Ahora bien, en el tratamiento de estas cuestiones no puede prescindirse de considerar un dato institucional trascendente, cual es la toma de posición del Congreso sobre las competencias normativas en lo atinente a prescripción de tributos locales, puesta de manifiesto en preceptos del nuevo Código Civil y Comercial, aprobado por la ley 26.994. Veamos.
IV.3.a. En la sentencia 'Filcrosa' la Corte Suprema de Justicia de la Nación había descalificado a la ordenanza 10.607 del Municipio de Avellaneda en cuanto establecía un plazo de prescripción de diez años, el doble del quinquenal previsto por el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil en materia de obligaciones periódicas, esto es aquellas a '...pagarse por años, o plazos periódicos más cortos' (art. cit.). Lo dirimente para la solución del caso pudo -o debió, tal vez- haber transitado por la notable desemejanza en la extensión de los respectivos plazos prescriptivos que existía en los ordenamientos jurídicos local y nacional (configurado éste, más que por el Código Civil, por la ley 11.683, con sus reformas), para sobre esa base valorar la solución normativa objetada en términos de razonabilidad o proporcionalidad (art. 28, Const. nac.). No obstante, el alto Tribunal argumentó a partir de otro enfoque y sostuvo que lo referente a la prescripción encuadraba en el régimen general del derecho de las obligaciones diseñado en el Código Civil, en el que estaban incluidas las obligaciones tributarias (en rigor, las emergentes de tributos nacionales no lo estaban, ni lo están; v. infra apdo. IV.3.i.), y que, por consiguiente, una regla impositiva local que se apartara en esos aspectos de la ley común contrariaba el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional.
Esa jurisprudencia se reiteró en varios pronunciamientos (e.o., en la sentencia registrada en Fallos: 327:3187; 332:616, 2.250; M. 235. XLIX., 'Recurso de Hecho. Municipalidad de San Pedro c/ Monte Yaboti SA s/ejecución fiscal', sent. de 27-XI-2014).
IV.3.b. En algunos de ellos, como en los casos registrados en Fallos 332:616 y 2.250, el voto concurrente de la doctora Argibay puso de relieve un aspecto esencial.
Con mirada anticipatoria, en la descripción que hiciera del estado de cosas existente en el ordenamiento positivo la magistrada reparó en que el criterio acuñado en 'Filcrosa' no había '... merecido respuesta alguna del Congreso nacional, en el que están representados los estados provinciales y cuenta con la posibilidad de introducir precisiones en los textos legislativos para derribar así las interpretaciones judiciales de las leyes, si de alguna manera se hubiera otorgado a éstas un significado erróneo'; y que ello confería '... plausibilidad a la interpretación [...] que sirvió de fundamento a la decisión adoptada en dicho precedente, pese a las dificultades que encuentro para extraer del Código Civil, a partir de la argumentación utilizada en el fallo, el claro propósito legislativo de limitar el ejercicio de los poderes provinciales en el ámbito de sus materias reservadas' (cfr. voto de la Dra. Argibay en las sentencias citadas y también en la causa C.1.447.XXXVI. Originario. 'Carrefour Argentina SA c/ Buenos Aires, Provincia de s/ repetición de impuestos', sent. de 6-X-2009).
IV.3.c. En una especie de diálogo secuencial, la respuesta del Congreso llegó de la mano del propio Código Civil y Comercial -y de lo deliberado en el Senado de la Nación (v. infra IV.3.j.)-, en cuyo texto se explicita un criterio opuesto al sentado en 'Filcrosa', se evidencia el propósito de revertir esa línea de interpretación restrictiva del alcance de los poderes locales.
En línea con otras normas respetuosas del despliegue de las potestades legislativas locales en el campo del derecho público, que el Código también consagra (v.gr. arts. 240, 1.764 a 1.766, 1.970, Cód. Civ. y Com.), y en cuanto al punto que interesa en este proceso, la nueva legislación establece que '... las legislaciones locales podrán regular esta última [la prescripción liberatoria] en cuanto al plazo de tributos' (art. 2.532, in fine, Cód. Civ. y Com.). Paralelamente, bajo el acápite 'Plazo genérico', prescribe que '... el plazo de la prescripción es de cinco años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local' (art. 2.560, Cód. Civ. y Com.).
IV.3.d. Primer intérprete de sus propias competencias, el Congreso de la Nación ha valorado que normar el plazo de prescripción de los tributos provinciales es un asunto ajeno al derecho privado y a la cláusula de los códigos (art. 75 inc. 12, Const. nac.), inherente a los ordenamientos locales. Más que dar cuenta de un nuevo deslinde de competencias, ha efectuado un reconocimiento acerca de los límites de sus potestades y, por contraste, del alcance de las que conciernen a las provincias.
IV.3.e. De tal manera queda sin sostén la subsistencia del criterio sentado en el fallo 'Filcrosa'.
El codificador actual ha venido a asumir la problemática derivada de la jurisprudencia construida a partir de dicho pronunciamiento para discontinuarla y echar luz acerca de los límites legislativos del Congreso, en resguardo del principio federal que vertebra la organización del Estado (arts. 1, 121 a 123 y concs., Const. nac.).
Es cierto que el Código Civil y Comercial no regía al momento en que acontecieron los hechos del presente litigio; no lo es menos, sin embargo, que sus normas proporcionan un dato institucional de primer orden para discernir la validez constitucional de una cláusula legal incuestionablemente vigente entonces, de raigambre local por pertenecer al derecho público no delegado, como es el art. 133 del Código Fiscal (texto ordenado 2004).
Dado que la declaración de inconstitucionalidad supone la última ratio del ordenamiento jurídico (Fallos 260:153; 264:364; 288:325; 331:2068; 331:2799; 333:447, entre muchos otros), pronunciarla para dejar de aplicar el Código Fiscal importaría una medida infundada, ni bien se reparase en las directivas emanadas del Congreso de la Nación en lo relativo al orden de las competencias legislativas para fijar los plazos de prescripción de los tributos locales.
IV.3.f. No sobreabunda poner de relieve que la regla contenida en el citado art. 133 del Código Fiscal (texto ordenado 2004) ha regido en el caso ab initio y que no se está ante un cambio normativo, ni en presencia de conflicto alguno de leyes en el tiempo, a dirimirse con arreglo a los arts. 7, 2.537 y concordantes del Código Civil y Comercial.
La ley tributaria provincial fue y es la vigente en la especie. Como tal, reviste una directa aplicabilidad al supuesto de hecho bajo examen. Mal podría esgrimirse su invalidez constitucional; parecer que sólo tendría cabida como producto de una operación hermenéutica centrada en la impropia comparación entre aquella norma provincial y el art. 3.956 del Código de Vélez (semejante al art. 2.554 del nuevo Código), así como en la extensión de un criterio jurisprudencial -carente de justificación actual, por estar montado en semejante cotejo- cual fuera el establecido a partir del fallo 'Filcrosa'.
IV.3.g. En adición, si según se observa no corresponde aplicar las normas del derecho privado relativas a los plazos de prescripción para reclamar el cobro de los tributos locales, tampoco ellas podrían aprehender los aspectos meramente complementarios o instrumental
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.