Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74009
En la ciudad de La Plata, a 8 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, de Lázzari, Negri, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.009, "Paduani, Emilia M. contra Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, revocó la sentencia de primera instancia y declaró la nulidad de las resoluciones cuestionadas, reconociendo el derecho de la actora a la percepción del 100% del haber de pensión (v. fs. 714/721).
Disconforme con ese pronunciamiento, el tercero coadyuvante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 725/733), el que fue concedido por la Cámara actuante a fs. 735/736.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 742) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. La actora promovió demanda contencioso administrativa contra la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, solicitando la anulación de las resoluciones 57.546 -Acta 1.701- y 70.360 -Acta 1.727-, dictadas por el Directorio de la entidad demandada, mediante las que se dispuso rechazar el pedido de otorgamiento del cien por ciento (100%) del haber pensionario. Reclamó asimismo la suma de cuarenta mil pesos ($40.000) en concepto de daño moral, con más los intereses hasta la fecha de su efectivo pago.
Relató que el día 31 de octubre de 1996 contrajo matrimonio civil con quien en vida fuera el señor Luis German Terrer, unión que perduró hasta su fallecimiento en el mes de enero de 2006.
Explicó que la entidad demandada le reconoció el derecho a pensión, en su carácter de cónyuge supérstite, sólo en un 50% del haber pensionario por coparticiparla con otra beneficiaria, la señora Dominga Arias, ex esposa del causante, separada de hecho en el año 1972 y divorciada vincularmente por sentencia de 1-IV-1993. Agregó que la señora Dominga Arias fue demandada por el causante a causa de injurias graves, siendo decretado el divorcio vincular por su exclusiva culpa.
Planteó la invalidez de los actos impugnados en tanto desconocieron la aplicación -en el caso de la ex esposa- de lo previsto por el art. 47 de la ley 13.236, que excluye del derecho a pensión "al cónyuge del afiliado que estuviera divorciado por su culpa o por culpa de ambos, excepto cuando tiene reserva de alimentos judicialmente reconocida".
Entendió que la reserva de alimentos prevista en la norma funcionaba sólo para el caso en que se hubieran divorciado por culpa de ambos. A ello añadió que de interpretarse aplicable a ambos supuestos, dejaba planteada la inconstitucionalidad del citado art. 47, por contrariar al art. 31 de la Constitución nacional, en atención a los términos del art. 218 del Código Civil -actualmente derogado-, en cuanto disponía que "La prestación alimentaria y el derecho de asistencia previsto en los artículos 207, 208 y 209 cesarán en los supuestos en que el beneficiario contrajere nuevas nupcias, viviere en concubinato o incurriese en injurias graves contra el otro cónyuge".
I.2. El juez en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata resolvió desestimar la pretensión deducida (v. fs. 677/682).
Para así decidir destacó que en el caso de autos la accionante pretendía el reconocimiento de su derecho a percibir la pensión móvil en un cien por ciento (100%), derivada del fallecimiento de su esposo, y no, como resolvió el organismo demandado, coparticipándola -por partes iguales- con la señora Dominga Arias, quien fuera la ex esposa divorciada vincularmente con el causante.
Señaló que de acuerdo con lo previsto en el art. 47 inc. "a" de la ley 13.236, el régimen previsional de los policías de la provincia de Buenos Aires deja a salvo los derechos del cónyuge que tuviere reserva de alimentos judicialmente reconocida.
Consideró que en el caso correspondía hacer valer el derecho previsional de la coadyuvante, sustitutivo de los alimentos que percibía hasta el momento de acaecer la contingencia que la pensión procuraba paliar.
Explicó que en las actuaciones administrativas -agregadas a la causa- se había logrado acreditar que la señora Arias percibía la prestación alimentaria por parte del señor Terrer hasta el momento de su fallecimiento, de conformidad con el informe de la Dirección de Administración del Ministerio de Seguridad (v. fs. 166 vta.), el acuerdo de alimentos homologado por el juez en lo Civil y Comercial n° 1 del Departamento Judicial de Junín (con copia agregada a fs. 169/170) y las constancias de percepción (obrantes a fs. 171/178), situación que la actora no había procurado enervar mediante prueba en contrario.
Hizo hincapié en la finalidad tuitiva del art. 47 inc. "a" de la ley 13.236, en tanto procuraba prevenir que quien se encontraba percibiendo alimentos por parte de un afiliado a la Caja de Retiros, una vez ocurrido el fallecimiento, sea el propio organismo quien asumiera la cobertura de la necesidad resultante; y que si bien la última parte del art. 47 sólo dejaba a salvo -en caso de nuevas nupcias- al "cónyuge inocente", la hermenéutica que proponía sugería que la norma protegía a todo aquel cónyuge que se encontrara percibiendo alimentos, con independencia de la culpa decretada en la sentencia de divorcio.
Agregó que tampoco compartía el cuestionamiento constitucional que la actora le atribuía al citado art. 47, toda vez que, además del carácter local del derecho previsional, éste regula efectos diversos de aquellos previstos para el matrimonio civil.
De todos modos, coincidió con la interpretación que la demandada efectuaba del art. 218 del Código Civil -actualmente derogado-, en cuanto a que las injurias graves susceptibles de revocar los alimentos judicialmente acordados, sólo eran aquellas que ocurrían con posterioridad a dicho acuerdo y era únicamente el alimentante quien se encontraba legitimado para promover la respectiva acción, pues sólo él era quien podía sentirse agraviado, situación que no había ocurrido en el presente caso.
Concluyó que la actora no había logrado conmover el temperamento seguido por la demandada, quien había ajustado su proceder a los principios que rigen la seguridad social, consagrados en los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
I.3. Contra esa sentencia la actora dedujo recurso de apelación (v. fs. 687/694).
I.4. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, revocó la sentencia de primera instancia y resolvió hacer lugar a la pretensión articulada, declarando la nulidad de las resoluciones 57.546/06 y 70.360/07, reconociendo el derecho de la actora al 100% del haber de pensión por el lapso allí establecido (v. fs. 714/721).
I.4.a. Para así resolver, la mayoría de fundamentos que conformó la sentencia de la Cámara, sostuvo que el art. 43 de la ley 13.236 no admite en su enumeración de beneficiarios a la cónyuge divorciada del causante por su culpa, sin que la consigna del art. 47 del mismo cuerpo legal tuviera una impronta bastante para valorar esa inclusión.
Consideró que el citado art. 43 es taxativo, pues de otro modo las variables de beneficio resultarían indeterminadas y sujetas a criterios de integración que resisten a las bases mismas del sistema previsional, que es contributivo, ligado a contingencias relativas al afiliado y a su grupo conviviente y a una exégesis extraña a entendimientos extensivos de sus destinatarios. Advirtió entonces una enumeración que se limitaba al viudo o la viuda (inc. "a"), al o la conviviente (inc. "b") y a otros familiares directos (incs. "c", "d" y "e"), pero sin incluir a los esposos en situación de divorcio vincular.
Sentada esa primera regla dispositiva, aclaró que era el art. 44 primer párrafo de la ley citada el que llamaba al cónyuge divorciado por culpa del afiliado y con sentencia firme a concurrir con el conviviente (art. 43 inc. "b" en el beneficio de pensión del causante fallecido).
No obstante, indicó que ello no alcanzaba la situación en relación con la señora Dominga Marina Esmil Arias, quien no era viuda del causante ni divorciada sin culpa.
Sostuvo que, más allá que por todo fundamento la resolución 57.546/06 sólo reenvía a las disposiciones de los arts. 25 inc. "d", 42, 43 inc. "a", 44 y 46 de la ley 13.236, y nada dice acerca del indicado art. 47, no cabía considerar extendida la enumeración de beneficiarios contenida en el sistema legal (arts. 43 y 44, ley 13.236) al supuesto del art. 47 inc. "a" de la ley en tratamiento (13.236), pues en ese caso no se explicaba el tratamiento diferencial brindado al cónyuge divorciado por su culpa o culpa de ambos, con reserva de alimentos, cuando le bastaba al legislador incluirlo en la nómina anterior.á
Precisó que no sólo no lo hizo, sino que se limitó a calificar su condición como excepción a la exclusión de la vocación pensionaria.
Afirmó que tal situación mostraba un tratamiento distinto que no podía confundirse con las hipótesis de concurrencia en el beneficio, sólo reservada al cónyuge inocente en el divorcio y con el conviviente, ni siquiera con el viudo, pues este último no reconocía variable legal de concurrencia.
Señaló que estando ausente la condición de conviviente para la cónyuge divorciada y reunida la de supérstite para la actora, sea por la ruta de la ley 13.236 o por la prevista en el régimen general del decreto ley 9.650/80, esta última excluía del beneficio a toda otra variable posible pues nada autorizaba en los textos legales a perfilar su derecho en concurrencia con quien carecía de vocación pensionaria en la enumeración del art. 43 de la ley 13.236, según su art. 44.
Agregó que por lo demás, podría discutirse la extensión de la disposición del art. 47 inc. "a" de la ley 13.236, desde un alcance relativo a una vocación pensionaria residual, vale decir, para el caso que no existieran los beneficiarios del art. 43, pues quedaba en claro que no podía participar de ella con éstos.
Concluyó entonces en la nulidad de los actos administrativos cuestionados.
I.4.b. Respecto del daño moral alegado, consideró que más allá de la declaración de invalidez de las resoluciones impugnadas, no podía presumirse lesión espiritual inmediata para una consecuencia que sólo impactaba en el alcance de un derecho que no le había sido negado a la actora sino mermado en su apreciación económica. En tal sentido señaló que la prueba del daño alegado era de rigor (conf. arts. 375, CPCC y 77, ley 12.008, texto según ley 13.101).
Juzgó entonces que la extensión del pronunciamiento favorable a la pretensión debía limitarse a declarar la proclamada nulidad y el reconocimiento del derecho de la actora al 100% del haber pensionario por la muerte de su causante, hasta el fallecimiento que acreditaba el certificado de defunción de fs. 635, sin comprender derivación patrimonial alguna en la medida en que, más allá del resarcimiento por daños desestimado, no fue incluida en los términos de demanda, petición relativa a las derivaciones que cabe imputar a la declaración de nulidad (conf. arts. 1.050 y concs., Cód. Civ., ley 340 y, actualmente, 390 y concs., ley 26.994).
I.5. Contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelación, el tercero coadyuvante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 725/733).
Comenzó por denunciar la errónea interpretación del alcance de la ley 13.236 en sus arts. 42, 43, 44, 46 y 47, en concordancia con lo previsto en los arts. 209, 217 y 218 del Código Civil.
Alegó que la finalidad de la ley fue contemplar los alimentos pactados más allá de la culpa incurrida. Precisó que, si bien la última parte del art. 47 rescata al cónyuge inocente, lo que propone es que se proteja a todo aquel cónyuge que se encuentre percibiendo alimentos con independencia de la culpa decretada en la sentencia de divorcio.
Señaló que al momento del fallecimiento del afiliado las circunstancias fácticas eran que el señor Terrer contribuía con la cuota alimentaria a la cónyuge divorciada, sin que mediara ningún supuesto que la hiciera incurrir en el art. 46 de dicha ley.
Por último, citó doctrina de esta Suprema Corte de Justicia que consideró aplicable al caso y solicitó la aplicación subsidiaria del Código Civil y Comercial de la Nación (arts. 439 y sigs., ley 26.994).
II. Por los fundamentos que seguidamente expondré el recurso extraordinario interpuesto debe prosperar.
II.1. En forma preliminar debo señalar que tal como se fuera puesto de relieve en las instancias de grado, no se encuentra controvertida la calidad de viuda de la accionante (la señora Emilia Paduani), así como tampoco la de la persona citada como coadyuvante (Dominga Arias), ex esposa del causante, divorciada por su culpa y con reserva de alimentos reconocida judicialmente (v. constancias de fs. 12, 67, 74 vta., 75 vta., 76, 129, 166 vta. y 170).
Sentado ello, en autos la accionante pretende el reconocimiento de su derecho a percibir la pensión en un cien por ciento (100%) derivada del fallecimiento de su esposo, solicitando a esos fines la nulidad de la resolución del organismo demandado que resolvió coparticiparla -por partes iguales- con la señora Dominga Arias.
II.1.a. Con el objeto de enmarcar adecuadamente el caso considero oportuno detener el examen de la cuestión en el fundamento y alcance de la finalidad tuitiva tenida en mira por el constituyente al consagrar los beneficios de la seguridad social y por el legislador, más concretamente, al regular el derecho a pensión.
El art. 43 de la ley 13.236, en lo que al caso interesa, dispone "El derecho a pedir pensión móvil corresponderá desde el día inmediato posterior al fallecimiento del afiliado y se otorgará en el siguiente orden y concurrencia, con las exclusiones que expresamente se mencionan: a) A la viuda o al viudo ...".
Dicho precepto se completa con el art. 47 que regula las causales de exclusión aludidas en la norma trascripta, al señalar que: "No tendrán derecho a pensión las siguientes personas: a) El cónyuge del afiliado que estuviere divorciado por su culpa o por culpa de ambos, excepto cuando tiene reserva de alimentos judicialmente reconocida. b) El cónyuge del afiliado que, al momento del fallecimiento, estuviere separado legalmente sin voluntad de unirse, siempre que no percibiere cuota alimentaria debidamente documentada. c) El cónyuge del afiliado que, al momento del fallecimiento estuviere separado de hecho, sin voluntad de unirse, siempre que no percibiere del afiliado cuota alimentaria judicialmente reconocida. d) Los restantes derecho-habientes en caso de indignidad para suceder.
En caso de que el afiliado contraiga nuevas nupcias, el derecho emergente se trasladará al nuevo cónyuge, sin perjuicio de los derechos del cónyuge inocente en caso de divorcio".
II.1.b. Sentado el marco normativo aplicable al caso, aprecio un error de juzgamiento en la decisión de la Cámara en la medida en que al momento de decidir no debió soslayar que, tanto en la interpretación como en la aplicación de las leyes previsionales, se requiere un máximo de prudencia especialmente en supuestos en los que su inteligencia o ejecución pueda acarrear la pérdida del derecho de quienes dichas normas han querido proteger, debiendo primar, en principio, los fines tuitivos propios de la materia, optándose por las soluciones que mejor los resguardan y no por aquéllas que dificultan su consecución (causas B. 65.686, "Arenas", sent. de 2-XI-2011 y A. 70.904, "Fernández", sent. de 20-VIII-2014).
En efecto, considero que en el caso el derecho a pensión debe ser reconocido por el carácter sustituto que asume en relación al deber alimentario, debiendo meritarse que el causante ha contribuido ininterrumpidamente y en forma periódica a la asistencia de su ex cónyuge hasta la fecha de su fallecimiento conforme el acuerdo oportunamente homologado (v. fs. 75 vta., 76 y 166 vta.).
En este sentido, este Tribunal sostuvo que el carácter sustitutivo de la pensión respecto del deber de pasar alimentos que gravita sobre el titular de una jubilación, ha sido reconocido por las leyes previsionales bonaerenses que se ocuparon expresamente de la subsistencia del derecho del cónyuge separado pero asistido alimentariamente (causa B. 51.820, "Ferreyra de Vadone", sent. de 2-VI-1992).
Ello por cuanto, si se admite como legítimo el derecho de los cónyuges de reclamar alimentos, no obstante la sentencia de divorcio vincular, resulta contrario a justicia que fallecido el alimentante se le niegue al alimentado la prestación correspondiente a la pensión que suple lo que antes tenía derecho a percibir (conf. doctr. causas B. 53.931, "Palermo", sent. de 16-VIII-1994; B. 56.664, "Sabbatini", sent. de 21-VI-2000 y B. 56.689, "Cañedo", sent. de 8-XI-2000).
En este marco considero que le asiste razón a la recurrente cuando afirma que el a quo ha efectuado una errónea interpretación de la norma aplicable al caso, teniendo en cuenta los principios rectores de la materia y las pautas hermenéuticas del art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial. Ello por cuanto en la interpretación de las normas previsionales debe primar el fin tuitivo que las anima, de tal modo que el sentido que a aquellas se asigne no conduzca a desnaturalizarlas o a la pérdida o desconocimiento de los beneficios por ellas reconocidos (doctr. causa A. 71.314, "Teplizky Jutoran", sent. de 11-II-2016).
De acuerdo a tales principios considero que el cónyuge del afiliado tiene derecho a percibir la pensión, aun cuando estuviere divorciado por su culpa, si posee reserva de alimentos judicialmente reconocida (art. 47 inc. "a", ley 13.236).
En efecto, siendo que dicha norma deja a salvo los derechos del cónyuge que tuviera reserva de alimentos, tal como sucede en el caso, no puede oponerse a ello lo dispuesto en el último párrafo del mismo artículo -que contempla la hipótesis del afiliado que contrae nuevas nupcias, rescatando los derechos del cónyuge inocente en caso de divorcio-.
En ese sentido esta Corte ha sostenido que la salvedad alimentaria resguarda una obligación cuya subsistencia no es alcanzada por la culpa, razón por la cual el derecho a pensión debe ser reconocido por el carácter sustitutivo que asumen las pensiones en relación al deber alimentario (conf. causas B. 53.487, "Galleta", sent. de 13-IX-1994 y B. 56.689, "Cañedo", sent. de 8-XI-2000).
De allí que pueda afirmarse que los efectos de la culpa en la disolución matrimonial se detienen frente al orden alimentario expresamente dejado a salvo.
Por último, cabe destacar que las causales de exclusión de la vocación pensionaria deben evaluarse al tiempo del fallecimiento del causante, pues en ese momento se produce la contingencia que el beneficio procura paliar (doctr. causa B. 55.643, "Aubert", sent. de 21-VI-2000; e.o.). En tal sentido tampoco advierto que se configure un perjuicio patrimonial para los restantes derechohabientes reconocidos, puesto que de los ingresos que el causante percibía en vida, debía sustraer los importes correspondientes al pago de las cuotas alimentarias. Entonces, por el carácter sustitutivo de las prestaciones previsionales, mantener el derecho pensionario de la cónyuge divorciada que percibía alimentos, pone al resto de los derechoha
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