Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73356
En la ciudad de La Plata, a 8 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Negri, de Lázzari, Genoud, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 73.356, "Mastellone Hnos. S.A. contra Tribunal Fiscal de Apelación. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar a la pretensión anulatoria promovida por la actora, dejó sin efecto la resolución dictada por la Sala I del Tribunal Fiscal de Apelación en cuanto había confirmado la disposición 3.038/10 -emanada de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)- y, en consecuencia, ordenó la devolución de los montos abonados por tal razón, con más intereses y costas (v. fs. 118/123).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 126/131), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 133/134).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 139) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. La firma Mastellone Hermanos S.A. promovió demanda contencioso administrativa con el objeto de que se declare la nulidad parcial de la resolución dictada el día 14 de junio de 2012 por la Sala I del Tribunal Fiscal de Apelación, en cuanto confirmó la disposición 3.038/10, emanada de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). Solicitó asimismo la devolución de las sumas abonadas a raíz de dichos actos, con más intereses y costas.
Señaló que recién con fecha 14 de octubre de 2009 la Administración cargó y empadronó entre sus datos catastrales las mejoras correspondientes a un inmueble de su propiedad que habían sido declaradas en forma oportuna el día 28 de enero de 2000. Sostuvo que a tenor de lo dispuesto por el art. 48 de la ley 13.003, el impuesto inmobiliario debía calcularse sobre la nueva base a partir del día 1 de enero de 2010, pero que ARBA reliquidó todos los períodos no prescriptos, esto es, desde el 1 de enero de 2004 en adelante. Concluyó que así se le cargaron las consecuencias negativas de un error que no le era imputable.
Destacó haber cumplido con el deber de denunciar las accesiones que afectaban la valuación del inmueble y haber pagado puntualmente todas las cuotas del impuesto inmobiliario exigidas por la autoridad tributaria. En razón de ello requirió la aplicación al caso de la doctrina sentada por este Tribunal en la causa A. 69.303, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Círculo Médico Lomas de Zamora", sentencia de 7-IV-2010.
II. La Cámara interviniente resolvió, en instancia originaria, hacer lugar a la pretensión anulatoria promovida por la actora, dejar sin efecto la resolución dictada por la Sala I del Tribunal Fiscal de Apelación en cuanto había confirmado la disposición 3.038/10 y -en consecuencia- ordenó la devolución de los montos abonados por tal razón, con más intereses y costas.
Para así decidir, remitió, en lo medular, a lo establecido por la mayoría de esta Corte en la ya citada causa A. 69.303, donde se determinó que no correspondía exigir el cobro retroactivo de los importes generados por diferencias producto de revalúo inmobiliario cuando ellas hubieran sido determinadas con relación a períodos durante los cuales el contribuyente abonó el impuesto respectivo, sin que la Administración objetase el pago, siempre que aquel hubiese denunciado las mejoras correspondientes en forma oportuna.
Explicó que el reclamo efectuado correspondía a los períodos 7/1999 y 2000 a 2010, que la firma actora había presentado los formularios de avalúo pertinentes el día 28 de enero de 2000 y que -a tenor de la doctrina referida- las circunstancias apuntadas descartaban su mala fe u obrar culposo.
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, la Fiscalía de Estado denunció errónea aplicación de la doctrina sentada en la causa A. 69.303, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Círculo Médico Lomas de Zamora", sentencia de 7-IV-2010 y de lo dispuesto por los arts. 137, 145, 148 y concordantes del Código Fiscal.
Adujo que la Cámara interviniente no consideró las diferencias fácticas existentes entre el precedente invocado y el caso que nos ocupa, relacionadas con el hecho de que en aquel se trataba de un contribuyente cuya buena fe pudo presumirse. Afirmó que, en cambio, aquí nos encontramos con una empresa comercial de gran porte, con recursos materiales y humanos suficientes e idóneos, que no podría haber ignorado que durante años pagó en concepto de impuesto inmobiliario un importe sustancialmente menor que el que le correspondía, dada la notoria disimilitud que media entre la superficie original y la total del bien empadronado, luego de las mejoras denunciadas.
Acusó a la decisión cuestionada de absurda y de violar principios elementales de la tributación, como el de igualdad ante las cargas públicas, el de contribuir conforme la capacidad económica objetivamente exteriorizada y el de aportar a los recursos de la comunidad según las reglas de la justicia distributiva.
Concluyó que los pagos fueron realizados por Mastellone Hnos. S.A. con mala fe o negligencia grave, que por ende carecen de efectos cancelatorios y que, además, no respetaron las normas aplicables. Al respecto, invocó lo sostenido en la causa A. 69.303, por el doctor Genoud (en minoría).
Destacó que -a su entender- los arts. 145, 147 y 148 del Código Fiscal (t.o. 2004) otorgan al Fisco la potestad de verificar la veracidad de las declaraciones de los contribuyentes y corregirlas retroactivamente.
Añadió que -en su visión- el art. 48 de la ley 13.003, según el cual "las correcciones efectuadas por la Dirección Provincial de Catastro Territorial [...] tendrán vigencia [...] respecto a la aplicación del impuesto inmobiliario, desde el 1° de enero del año siguiente de producida dicha corrección", regula una situación distinta de la planteada en autos, a saber, los casos en que el organismo catastral competente realiza de oficio correcciones por ausencia o deficiencias en los datos esenciales para determinar la valuación fiscal de los inmuebles.
Finalmente, aseveró que, al ordenar la devolución de los montos indebidamente abonados, el Tribunal de Alzada desconoció lo establecido por el art. 137 y concordantes del Código Fiscal, en cuanto exige que sea la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) la que, a través de los trámites pertinentes, determine y fije cuáles son las sumas que la demandante tenía que ingresar en concepto de impuesto inmobiliario, qué compensaciones correspondía practicar y a cuánto asciende el monto a restituir.
IV. Anticipo que el recurso no prospera.
IV.1. En la causa A. 69.303, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires. c/ Círculo Médico Lomas de Zamora", sentencia de 7-IV-2010, este Tribunal, por mayoría que integré, recordó que, para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el error de la autoridad administrativa en la tasación de un inmueble como base de un tributo no puede invocarse en contra del contribuyente después de exigido y satisfecho aquel pues, de lo contrario, la estabilidad de los negocios sería ilusoria y los contribuyentes no estarían nunca seguros en sus relaciones con el Fisco. Asimismo, se advirtió en esa oportunidad que, al decir del Máximo Tribunal federal, el error en cuanto a la corrección del ejercicio de sus propias y exclusivas atribuciones por parte de las autoridades receptoras de los impuestos, no perjudica al contribuyente, en tanto no haya mediado dolo o culpa grave equiparable por parte de éste (CSJN Fallos: 258:208 y 321:2933).
Dicho criterio fue entonces aplicado al caso juzgado, en el que la Administración había demorado casi tres años en fijar la base imponible sobre la cual debía liquidarse el impuesto inmobiliario, pese a que la contribuyente había declarado las mejoras correspondientes en la oportunidad debida. Se interpretó allí que tales circunstancias descartaban la mala fe o el obrar culposo de la recurrente.
IV.2. En la especie, la Fiscalía de Estado denunció que la Cámara interviniente aplicó en forma errónea la doctrina emanada del precedente aludido, básicamente por entender que la accionante obró con mala fe o culpa grave y que esto torna inaplicable lo decidido en aquella oportunidad.
Al respecto, ante todo corresponde advertir que establecer la existencia o no de buena fe en un caso dado, es una cuestión de hecho privativa de los jueces de la instancia ordinaria e irrevisable, en principio, en casación, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo (conf. causas L. 37.732, "Fernández", sent. de 16-II-1988; L. 67.974, "Esparraguera", sent. de 8-VI-1999; L. 93.414, "Pini", sent. de 11-VI-2008; L. 94.033, "Brites", sent. de 16-III-2011; C. 114.476, "Defranco", sent. de 11-III-2013; e.o.), vicio que la impugnante no ha acreditado en autos.
Para tener por configurado el absurdo es necesario demostrar la concreta desinterpretación de la prueba, de modo que las razones de los juzgadores aparezcan como un dislate, no siendo suficiente para abrir la vía extraordinaria la exteriorización de un punto de vista discrepante con el del sentenciante y acorde con el personal enfoque del material probatorio efectuado por el recurrente (conf. causa A. 71.095, "Urbanizaciones Los Altos", sent. de 9-V-2012; e.o.). No basta con disentir, sino que es menester poner de relieve el error palmario y fundamental que autoriza la apertura de esta sede para el examen de tales cuestiones fáctico probatorias. Es necesario demostrar que lo concluido por el a quo es el producto de un error grave y ostensible que ha derivado en afirmaciones incongruentes o contradictorias con las constancias de la causa o con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas o procesales vigentes (conf. causas C. 96.946, "Labaronnie", sent. de 4-XI-2009 y A. 71.890, "Lanusse", sent. de 28-XII-2016).
Pues bien, ninguna de las reflexiones de la recurrente sobre el conocimiento que del verdadero alcance de su deuda impositiva la firma actora debería haber tenido alcanzan para demostrar la concurrencia del vicio indicado. Antes, al contrario, la línea argumental desplegada y la cita expresa del voto de la minoría en la tantas veces citada causa A. 69.303, parecieran revelar que, en rigor, lo que la Fiscalía de Estado no comparte son los fundamentos brindados por la mayoría en dicha ocasión.
Baste recordar que allí esta Corte entendió que es el Fisco quien dispone de los medios adecuados que le concede la ley para fijar con exactitud el valor de los inmuebles sin dependencia de la voluntad del propietario, a quien sólo le corresponde -respecto a la cuestión en tratamiento- denunciar las mejoras efectuadas en el inmueble (conf. arts. 81 y 81 bis, ley 10.707 y modif.), lo que en este caso fue concretado por la accionante en el año 2000.
Más precisamente, se explicó en el precedente mencionado que la determinación de la suma a abonar en concepto de impuesto inmobiliario está a cargo de la Dirección General de Rentas en su relación funcional con la Dirección de Catastro y que queda librado al organismo recaudador establecer la manera de valorar los inmuebles y la forma de calcular la base del impuesto a aplicar, así como también le compete la facultad de determinar la magnitud de la obligación tributaria conforme lo dispone la ley (doctr. causa B. 51.946, "Fiscal de Estado", publicada en "Acuerdos y Sentencias", 1992-II-729 y sigs.), pero que la aludida tarea debe ser efectuada en un tiempo razonable, pues de lo contrario podrían lesionarse derechos del contribuyente, en especial si se admitiera que el Fisco exigiese el pago retroactivo de diferencias por revalúo a quien abonó, en tiempo y forma, el impuesto inmobiliario correspondiente a los períodos reclamados, sin que la Administración objetara el pago, tal como sucede también en autos.
Asimismo, se puntualizó en el pronunciamiento referido que ninguna culpa le cabe al contribuyente por la demora en liquidar el gravamen en cuestión teniendo en cuenta las mejoras que han sido oportunamente denunciadas. Sobre el punto, se destacó que no es función ni obligación de los particulares fiscalizar, controlar o apercibir al Estado por el descuido o ineficacia de los encargados de organizar la buena percepción de la renta cuando ello no afecta a sus derechos (v. causa A. 69.303, cit.; CSJN Fallos: 210:611, 627; 321:2933/2941 y 2941/2947).
A la luz de lo que antecede, con facilidad se aprecia que las alegaciones de la impugnante sobre la mala fe o culpa grave de la firma actora no constituyen argumentos idóneos para conmover la decisión atacada, en cuanto aplicó al pleito que nos ocupa la doctrina reseñada.
IV.3. Idéntica solución corresponde adoptar con relación a la denuncia de violación de los arts. 145, 147 y 148 del Código Fiscal (t.o. 2004).
Es que también en la causa A. 69.303, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires. c/ Círculo Médico Lomas de Zamora", sentencia de 7-IV-2010, la mayoría interpretó que el art. 133 del Código Fiscal (t.o. 1999; norma correlativa del citado art. 147) no permitía la persecución del cobro retroactivo de las diferencias por revalúo reclamadas.
Para más, se añadió allí que el pago de un gravamen con arreglo al monto y forma exigidos por la oficina encargada de su percepción, produce la liberación del contribuyente, que incorpora así a su patrimonio un derecho adquirido amparado por la garantía constitucional de la propiedad (CSJN Fallos: 220:5) y -en otras palabras- que el efecto liberatorio del pago es un derecho patrimonial adquirido respecto del impuesto que no puede ser desconocido sin contrariar el principio entonces contenido en el art. 3 del Código Civil, el que, en tales casos, se confunde con la inviolabilidad de la propiedad asegurada por el art. 17 de la Constitución nacional, aunque las autoridades fiscales hayan incurrido en omisión en la liquidación del impuesto en base a la nueva valuación al efectuar las operaciones tendientes a determinar el monto del gravamen (doctr. causa B. 51.946, cit.; CSJN Fallos: 321:2941 y 2933, cit.).
Por esa razón se consideró, en definitiva, que al estimar que el art. 147 del Código Fiscal (t.o. 2004) admitía el cobro retroactivo procurado, la Cámara interviniente soslayó la debida ponderación de ciertas circunstancias, tales como el hecho de que la Administración había omitido la correcta liquidación del gravamen con las mejoras incorporadas y que durante un extenso lapso había liquidado y percibido sin reservas el impuesto inmobiliario correspondiente.
Lo dicho importa sostener que, por hallarse en juego la garantía constitucional de la inviolabilidad de la propiedad (conf. arts. 17, Const. nac. y 31, Const. prov.), ningún precepto de carácter legal puede imponer el pago de una obligación ya extinguida, tal como el impuesto inmobiliario que ha sido abonado sobre la base de la menor liquidación que la autoridad administrativa practicó debido a un error que le es imputable, cuando la contribuyente denunció las mejoras incorporadas en forma oportuna. Esto resulta aplicable a los arts. 145, 147 y 148 del Código Fiscal (t.o. 2004), cualquiera fuera el alcance que correspondiera asignarles.
IV.4. En cuanto a la denuncia de violación del art. 137 del Código Fiscal (t.o. 2011, aunque por error la recurrente se refiere al de 2004), debe advertirse que dicha norma resulta aplicable a los casos de demandas administrativas de repetición, por lo que resulta ajena al sub lite , donde ARBA dictó una disposición a través de la cual determinó la valuación parcelaria de un determinado bien inmueble; contra ésta se interpuso recurso de apelación por ante el Tribunal Fiscal y finalmente se atacó la resolución emitida por dicho órgano mediante pretensión anulatoria, solicitándose en la demanda articulada de manera expresa, asimismo, la devolución de las sumas abonadas a raíz de dichos actos, para lo cual se acompañaron comprobantes de pago, liquidaciones y un aviso de deuda (v. fs. 59/60 y 134/139, expte. adm. 2.360-196645/09, obrante en copia y 1/65, de esta causa).
La pretensión de que lo atinente a la devolución de las sumas pagadas sea puntualmente decidido por la autoridad tributaria obliga a recordar, además, que siendo el proceso contencioso administrativo un juicio de pleno conocimiento, una instancia judicial ordinaria donde las partes tienen a su disposición un ámbito de juzgamiento con amplias posibilidades de alegar y probar (cfr. art. 166 quinto párr., Const. prov.), no existen mayores reparos para abocarse en él a la cuestión de fondo y decidir acerca de la pretensión actora (conf. causas B. 63.686, "Severo Frers", sent. de 7-IX-2011 y B. 63.986, "Johnson", sent. de 26-X-2016).
V. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley deducido (conf. arts. 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Negri , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero al voto del doctor Pettigiani en el mismo sentido y por sujeción a la doctrina legal emanada del precedente A. 69.303, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Círculo Médico Lomas de Zamora", sentencia de 7-IV-2010.
En el caso mencionado en que este Tribunal ha fijado doctrina legal, la postura que sustentara adhiriendo al voto de mi colega el doctor Genoud ha resultado minoritaria. Ante ello, puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es procurar la unidad en la jurisprudencia, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 (y dejando a salvo mi opinión al respecto), corresponde rechazar el recurso interpuesto.
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El representante del Fiscal de Estado en su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ha denunciado que el tribunal anterior aplicó incorrectamente las directivas de la causa A. 69.303, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Círculo Médico Lomas de Zamora", sentencia de 7-IV-2010, en tanto, en este caso, la actora habría obrado como mala fe o culpa grave, derivando de ello la postulada inaplicabilidad de la doctrina que emana de aquel precedente.
En tal sentido, comparto la opinión del señor Juez doctor Pettigiani en cuanto a que el establecimiento de la existencia o no de buena fe, en un supuesto específico, comporta una cuestión de índole fáctica, de hecho, privativa de los jueces de la instancia ordinaria y por ello -en principio- es irrevisable, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo, detalle que la impugnante no ha acreditado en autos.
II. Sin perjuicio de ello, que basta para dar respuesta adversa a la suerte del recurso, habré de destacar que en el mentado antecedente -a cuya lectura habré de remitir en razón de la brevedad- he señalado que el pago sobre la base de una anterior determinación tributaria carece de efecto cancelatorio debido a que, por un lado, la ley 10.397 autoriza el reclamo de la diferencia, en tanto que, por el restante, dicha erogación no cumple con los requisitos exigidos por el Código Civil y Comercial, toda vez que responde a un concepto que di
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