Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122668
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
ORTEGA SILVANA CAROLINA C/ FUENTES OVANDO EUGENIA Y OTROS S/ DESPIDO.
La Plata, 15 de mayo de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, Genoud y Pettigiani dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Matanza decretó la caducidad de la instancia en la causa que Silvana Carolina Ortega promoviera contra Eugenia Fuentes Ovando, Paulina Fuentes, Aldo Fabián Sandoval Ovando y Ariel Fabián Sandoval en la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido (v. fs. 220/222 vta.).
Para así decidir, consideró transcurrido el plazo de inactividad previsto en los arts. 12 de la ley 11.653 y 310 del Código Procesal Civil y Comercial. Ello, pues -tras la intimación que se le cursó a la accionante (v. fs. 192)- juzgó que la última actuación idónea para impulsar el procedimiento había sido la ampliación de la demanda el día 12 de abril de 2016 (v. fs. 199/201), transcurriendo desde tal presentación un nuevo plazo superior a los seis meses sin que la interesada activase nuevamente la causa.
II. Frente a tal pronunciamiento, la legitimada activa dedujo, mediante presentación electrónica, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por el a quo a fs. 226/227 vta.
En su presentación, relata los antecedentes de la causa. En sustancia, denuncia conculcados los derechos de propiedad y debido proceso, arts. 17, 18 y concs. de la Constitución nacional y 15, 27, 31 y concs. de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; como así también los arts. 11, 12 y concs. de la ley 11653 y de la doctrina legal que cita.
Argumenta que es clara la inactividad del tribunal y la omisión del impulso de oficio de la causa.
Además, considera que el a quo realizó una valoración parcializada de las constancias de autos y de la actividad procesal que su parte realizara.
Entiende que el tribunal no cumplió con la intimación previa requerida, lo cual lesiona el derecho de defensa en juicio, toda vez que la perención de la instancia en materia laboral constituye una medida excepcional con una aplicación e interpretación restrictiva, debiéndose estar por la solución más favorable a la subsistencia de la acción.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado (v. fs. 226/227 vta.), la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 113.436, "Nuñez", resol. de 16-III-2011; L. 113.743, "Pérez", resol. de 17-VIII-2011; L. 117.035, "Abregu", resol. de 25-IX-2013 y L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.474, "Martín", resol. de 8-VIII-2012 y L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015).
En razón de lo expuesto, no se observa en el caso la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, toda vez que las doctrinas contenidas en el escrito recursivo -además de haber sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos disimiles- remiten a cuestiones estrictamente procesales -como lo es la referida al instituto de la caducidad de instancia- y, como tales, detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 115.015, "Acevedo", resol. de 10-VII-2013; L. 118.307, "Flores", resol. de 26-III-2015; L. 118.654, "Ministerio de Trabajo", resol. de 3-VI-2015; L. 118.996, "Cabaña", resol. de 28-X-2015 y L. 120.507, "Mereles", resol. de 7-VI-2017).
III.2. Finalmente, cabe recordar que los pronunciamientos de otros tribunales de justicia no constituyen "doctrina legal" a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 116.842, "Ferreyra Sotelo", resol. de 24-X-2012; L. 117.691, "Giberti", resol. de 5-III-2014 y L. 118.113, "Salgado", resol. de 20-XI-2014).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia