Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122588
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, atento a que ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos, revocándose, en consecuencia, la sentencia impugnada en cuanto determinó el importe de la prestación dineraria con arreglo a las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara, y también en lo relativo a la tasa que juzgó aplicable para el cálculo de los intereses, los que deberán liquidarse, exclusivamente sobre el capital, acudiendo a la alícuota más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto, con costas (art. 289, CPCC).
MOLINA ADRIANA BEATRIZ C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL.
La Plata, 22 de mayo de 2019.
El señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda incoada por Adriana Beatriz Molina contra la Provincia de Buenos Aires (en su carácter de autoasegurada), a quien condenó a abonar a la trabajadora la suma que especificó en concepto de prestación dineraria por incapacidad parcial permanente en los términos del art. 14 de la ley 24.557 modificada por el decreto 1.694/09 y la ley 26.773. A dicho monto ordenó adicionarle intereses a la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires, conforme lo previsto en el art. 622 del Código Civil y 48 de la ley 11.653, texto según ley 14.399 (v. fs. 160/167 vta.).
Para así decidir, y en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, consideró que correspondía aplicar sobre la fórmula establecida en el art. 14 de la ley 24.557 el índice RIPTE previsto en la ley 26.773.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 173/180 vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 181.
En su presentación se agravia, en primer lugar, de la aplicación al caso de autos de la ley 26.773 en forma retroactiva, en violación de lo establecido por el art. 3 del Código Civil.
Por otro lado, denuncia transgredida la doctrina de esta Corte en lo que atañe a la tasa de interés moratorio aplicada, planteando la inconstitucionalidad de la ley 14.399.
III. El recurso prospera.
III.1. Corresponde acoger el primer agravio traído, toda vez que la definición plasmada por el órgano judicial de grado, en lo relativo a la aplicación de la ley 26.773 en forma retroactiva, es contraria a la doctrina que actualmente esta Corte sostiene.
En efecto, debe señalarse que esta Suprema Corte -por mayoría- en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), ha precisado su doctrina sobre la temática abordada, la que aun sobreviniente a la interposición del recurso deducido, no corresponde dejar de atender (causas L. 116.959, "Navarro", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.272, "Gómez González", sent. de 24-VI-2015 y L. 118.566, "Mauri", sent. de 26-X-2016). Allí se estableció que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decretos 1.278/00, B.O. de 3-I-2000 y 1.694/09, B.O. de 6-XI-2009), por lo que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. Tal criterio fue reiterado con posterioridad en otros precedentes (causas L. 117.871, "Spinali", sent. de 28-IX-2016; L. 119.715, "Plenazzio", sent. de 13-X-2016; L. 118.459, "Caviglia", sent. de 14-XII-2016; L. 118.202, "B. T., E. y o.", sent. de 8-II-2017 y L. 122.009, "Correa", resol. de 20-III-2019).
Asimismo, cabe señalar que el criterio expuesto ha sido adoptado por la Corte federal en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ Accidente - ley especial", sent. de 7-VI-2016.
En consecuencia, teniendo en cuenta que la a fecha en que se consideró exigible el crédito, esto es, el 14 de septiembre de 2010, se encontraba vigente la ley 24.557 con las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09, corresponde declarar la inaplicabilidad en el caso del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773.
III.2. También le asiste razón a la recurrente en cuanto cuestiona la tasa de interés adicionada al crédito laboral de autos.
En efecto, respecto de dicha temática, esta Suprema Corte -por mayoría- reiteradamente ha declarado que debe asumir su labor uniformadora de la jurisprudencia fijando una doctrina legal (arts. 161 apdo. 3 inc. "a", Const. prov.; 279, CPCC y 55, ley 11.653), desde que dicha determinación reviste un innegable valor expansivo que justifica la intervención del tribunal (ver, entre miríada de precedentes, causa L. 94.446, "Ginossi", sent. de 21-X-2009).
En la citada causa "Ginossi" este Tribunal -por mayoría- ratificó la doctrina legal que venía sosteniendo en materia de tasa de interés desde la fecha de entrada en vigencia de la ley 23.928 y con ulterioridad a la desarticulación del sistema de convertibilidad (ley 25.561), ya que éste no implicó la necesidad de modificarla.
Luego, la convalidación de la indicada doctrina -manteniendo invariable su contenido- se produjo con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 14.399 (B.O., 21-XII-2012), en cuanto modificó la norma del art. 48 de la ley 11.653, toda vez que en las causas L. 90.768, "Vitkauskas"; L. 102.210, "Campana"; L. 108.142, "Díaz"; L. 108.164, "Abraham" y L. 110.487, "Ojer" (sents. de 13-XI-2013) esta Suprema Corte -por mayoría- declaró la inconstitucionalidad de la citada ley local por juzgarla en pugna con la Constitución nacional.
Ahora bien, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación dispone en su art. 768 inc. "c", de modo subsidiario, la aplicación de las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central.
En este contexto, atendiendo la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se hallan determinadas en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial (art. 768 inc. "c", Cód. cit.), esta Suprema Corte en las causas C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sents. de 15-VI-2016), ha precisado -por mayoría- la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento, determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquéllos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Código Civil de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini", sent. de 26-X-2016; L. 119.905, "Galván", resol. de 26-X-2016 y L. 119.422, "Clemente", sent. de 31-X-2016; entre muchos.
III.3. En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar el pronunciamiento de grado en lo que concierne a la aplicación del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773 y a la tasa que declaró aplicable para calcular los intereses adeudados; con costas (art. 289, CPCC).
El señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por el doctor Soria y la doctora Kogan, y respecto de lo resuelto en el punto III.2. remito -en honor a la brevedad- a los argumentos que he dejado expuestos en las causas L. 119.316, "Melgarejo" y L. 119.422, "Clemente", sents. de 31-X-2016 -entre otras-, pues habiéndose consolidado la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v.gr. L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín" (sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia en cuanto determina que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
El señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Adhiero a las consideraciones vertidas por mis colegas preopinantes, y respecto de lo indicado en el punto III.1., dejando a salvo mi opinión plasmada en el precedente L. 118.695, "Staroni", sent. de 24-V-2016, habré de plegarme a la doctrina legal sobre el tópico (art. 31, ley 5.827, y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que, con fecha 7-VI-2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció en ese mismo sentido.
II. También acompaño la propuesta vertida respecto de la tasa de interés, y sólo habré de señalar que tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", como en la causa C. 119.176, "Cabrera", sent. de 15-VI-2016 (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días.
Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (causas L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015; L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; L. 118.604, "Gómez" y L. 118.366, "Del Negro", sents. de 26-X-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a la que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827, y modif.; y 279 y 289, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, atento a que ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos, revocándose, en consecuencia, la sentencia impugnada en cuanto determinó el importe de la prestación dineraria con arreglo a las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara, y también en lo relativo a la tasa que juzgó aplicable para el cálculo de los intereses, los que deberán liquidarse, exclusivamente sobre el capital, acudiendo a la alícuota más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia