Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122133
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
ALLEMAN JUAN CARLOSC/ MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PCIA. DE BS. AS. Y OTRO/A S/ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL.
La Plata, 29 de mayo de 2019.
Los señores Jueces doctores Negri y Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Mercedes, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción promovida por Juan Carlos Alleman contra la Provincia de Buenos Aires mediante la cual procuraba la reparación integral por incapacidad parcial y permanente derivada del accidente de trabajo denunciado (v. fs. 428/436).
Para así decidir -en lo que interesa destacar-, señaló que el actor no había acreditado que padeciera una incapacidad física superior a la dictaminada por la comisión médica. Respecto de la psicológica, valorando los distintos elementos probatorios adunados a la causa, juzgó que no presentaba grado alguno de minusvalía.
Por otro lado, en lo que refiere a la responsabilidad de la empleadora, entendió que el obrar culposo del actor la eximía de responder en los términos del derecho común, toda vez que el siniestro tuvo lugar mientras el trabajador realizaba una tarea que no era de su dominio técnico ni propia de su función, y sin que mediara una orden de un superior.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 13-VIII-2018), el que fue concedido por el a quo a fs. 463 y vta.
En su presentación denuncia la violación a las normas y la doctrina legal que cita. Alega que el sentenciante de grado omitió valorar la totalidad de la prueba y realizó una interpretación absurda de la misma.
Se agravia, en primer lugar, de que no tuviera por acreditada la responsabilidad de la demandada, por cuanto ella misma reconoció el siniestro al abonar las prestaciones médicas y dinerarias.
En ese sentido, cuestiona que no tuviera por demostrada la actividad riesgosa al juzgar que el arreglo de la unidad no era una tarea específica del actor.
Por otro lado, objeta que también le rechazara la demanda por considerar no probado que tuviera un porcentaje de incapacidad mayor al otorgado por la comisión médica.
Finalmente, refuta la conclusión de grado en cuanto le rechazó la incapacidad psicológica, en tanto el perito designado en autos le otorgó un 10%, incurriendo nuevamente en absurdo en la apreciación de las pruebas.
III. El recurso ha sido insuficientemente fundado.
III.1.a. En primer lugar, cabe destacar que esta Corte tiene dicho que determinar si se configuraron o no los presupuestos de responsabilidad que eventualmente tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos del derecho común, corresponde al ámbito de las facultades privativas de los jueces de mérito, salvo que se invoque y se demuestre eficazmente la existencia de absurdo (causas L. 107.246, "A., P.", sent. de 5-IX-2012; L. 113.462, "Irigoyen", sent. de 13-XI-2013 y L. 116.978, "Dalfonso", sent. de 8-IV-2015).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 111.199, "Baltar", sent. de 14-VIII- 2013; L. 113.610, "Agustinelli", sent. de 5-III-2014 y L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo (causas L. 112.200, "R., V.E.", sent. de 5-VI-2013; L. 109.926, "Mouriño", sent. de 27-VIII- 2014 y L. 121.001, "Ledesma", resol. de 7-III-2018).
III.1.b. En el caso, el tribunal de grado sustentó su decisión en que, si bien el daño había sido reconocido por la demandada, quien abonó las prestaciones en base a una incapacidad del 7,35% del índice de la total obrera, en los términos de la ley 24.557, no se probó en autos que el actor sea portador de una minusvalía mayor.
Luego, juzgó que no había quedado probado que el daño que el trabajador dijo padecer hubiera sido causado por una deficiencia en las prestaciones recibidas.
Asimismo, entendió que tampoco se acreditó la actividad riesgosa, por cuanto el arreglo del automóvil que tenía asignado no era tarea específica del actor, ni que dicho elemento móvil fuera de imperiosa necesidad para cumplir funciones, en tanto el propio actor había declarado que lo utilizaba para su propia movilidad, y menos que la asistencia mecánica hubiera sido efectuada en cumplimiento de una orden o autorización.
Finalmente, concluyó que la responsabilidad prevista en el segundo párrafo del art. 1.113 del anterior Código Civil quedaba eximida por el obrar culposo del accionante.
III.1.c. En ese marco, se advierte que el impugnante no logra descalificar las esenciales motivaciones del fallo recurrido, por conducto de una crítica que transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar la prueba aportada al proceso, soslayando que el aludido absurdo sólo queda configurado si media cabal demostración de su existencia. Resulta evidente, pues, que no basta con invocarlo, sino que es menester probarlo acabadamente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al sentenciante el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 113.536, "Salgado", resol. de 16-III-2011 y L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013).
III.2. Tampoco prosperan los agravios por los cuales se objeta el porcentaje de incapacidad física otorgado, así como el rechazo de la psicológica.
III.2.a. Al respecto, esta Corte ha señalado que determinar el grado de incapacidad que afecta al trabajador constituye el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de origen, no susceptible de revisión en esta sede salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 115.753, "Silva", resol. de 30-V-2012; L. 116.862, "Rojas", sent. de 5-III-2014 y L. 107.471, "López", sent. de 30-XI-2014).
III.2.b. En el caso, el a quo al momento de establecer la incapacidad del trabajador respecto de las dolencias vinculadas al accidente ocurrido, y al encontrar inconsistencias en las pericias practicadas, dispuso, como medida para mejor proveer (v. fs. 399), la realización de experticias a través de la Asesoría Pericial departamental, tras lo cual concluyó que el nuevo informe dado por el perito oficial respecto de la dolencia física da cuenta de un porcentaje de incapacidad menor al otorgado por la comisión médica. En cuanto a la restante minusvalía, señaló que no habiendo el accionante concurrido a la entrevista con el experto, ni justificado su inasistencia, correspondía valorar las diversas constancias de la causa y, en ese contexto, tuvo por no demostrada la dolencia psíquica denunciada.
III.2.c. Tales conclusiones no logran ser descalificadas por el recurrente, en tanto apartándose de la línea argumental del pronunciamiento -desatendiendo así de su verdadero contenido y alcance-, y siguiendo el hilo de su propio razonamiento, sólo exhibe su disconformidad con la decisión impugnada (causas L. 96.681, "Desteffaniz", sent. de 18-VIII-2010 y L. 101.312, "Escobar", sent. de 28-XII-2011).
III.2.d. En particular, es del caso recordar que en la tarea de valorar las pericias médicas y asignarles entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte salvo absurdo (causas L. 102.928, "Mansilla", sent. de 21-XII-2011; L. 105.461, "Bertón", sent. de 22-VIII-2012; L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 117.155, "Roselli", sent. de 22-X-2014 y L. 119.519, "Salas", resol. de 1-VI-2016), el cual -como se dijo- no ha sido demostrado.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia