Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74649
En la ciudad de La Plata, a 22 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, Kogan, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.649, "Supercarne S.A. y ot. contra Tribunal Fiscal de Apelación. Pretensión Anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar parcialmente a la pretensión anulatoria deducida por Supercarne S.A. y el señor Mendiberri -en su calidad de presidente de la misma- y revocó la decisión del Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto había confirmado parcialmente la Disposición Delegada 9.847/09, emitida por la Gerencia de Operaciones, Área Interior, de la Agencia de Recaudación. Así, dejó sin efecto las diferencias a favor del Fisco desconociendo la calidad de la actora de responsable solidaria por las percepciones que omitió percibir en los períodos 4 a 10 del año 2004, y revocó la multa impuesta por dicha omisión. Confirmó -en lo restante- la decisión impugnada, esto es, la multa por infracción a los deberes formales, los recargos del sesenta por ciento sobre lo omitido (conf. art. 51 últ. Párr.., Cód. Fiscal), y la responsabilidad solidaria e ilimitada respecto de la multa confirmada del señor Mendiberri. Impuso las costas en el orden causado (conf. arts. 51 inc. 1 -texto según ley 14.437- y 77, CCA; 68 y 71, CPCC) (v. fs. 185/197).
Disconforme con dicho pronunciamiento, el Fisco interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 205/212), el que oportunamente fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 214/215).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 222), agregado el memorial de la actora (fs. 223/240) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar parcialmente a la pretensión anulatoria deducida por Supercarne S.A. y el señor Mendiberri -en su calidad de presidente de la misma- y revocó la decisión del Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto había confirmado parcialmente la Disposición Delegada 9.847/09, emitida por la Gerencia de Operaciones, Área Interior, de la Agencia de Recaudación. Así, dejó sin efecto las diferencias a favor del Fisco desconociendo la calidad de la actora de responsable solidaria por las percepciones que omitió percibir en los períodos 4 a 10 del año 2004, y revocó la multa impuesta por dicha omisión. Confirmó en lo restante la decisión impugnada, esto es, la multa por infracción a los deberes formales (por la falta de presentación de las declaraciones juradas mensuales), como los recargos del sesenta por ciento sobre lo omitido (conf. art. 51 últ. párr., Cód. Fiscal), y la responsabilidad solidaria e ilimitada respecto de la multa confirmada del señor Mendiberri. Impuso las costas en el orden causado (conf. arts. 51 inc. 1, texto según ley 14.437, y 77, CCA; 68 y 71, CPCC) (v. fs. 185/197).
I.1. El Tribunal de Alzada consideró que resultaban aplicables al caso los arts. 18 y 21 del Código Fiscal –Texto Ordenado 2004-, de acuerdo al texto vigente al momento en que la firma omitió efectuar las percepciones, esto es, con anterioridad a la reforma efectuada por la ley 13.930.
Para así decidir señaló, en primer lugar, que el art. 18 -en su redacción vigente al momento de los hechos-no preveía específicamente la extensión de responsabilidad solidaria a los agentes de recaudación que omitieran actuar en calidad de tales, sino que contemplaba situaciones distintas.
Consideró que por el inc. 3 de dicha norma se contemplaba a aquellas personas físicas o jurídicas que, por su función pública, oficio o profesión, formalicen actos, operaciones o situaciones gravadas, o que dan origen a obligaciones fiscales.
Recordó, para distinguir de la actividad recién descripta, que la función de los agentes (de percepción y retención) se vincula con el sistema de recaudación de los tributos en la misma fuente, en virtud de una disposición expresa que así lo establece y atendiendo a razones de conveniencia en la política tributaria. Agregó que éstos manejan, en cumplimiento de ese mandato legal, fondos que no les son propios sino que pertenecen a los contribuyentes a quienes les deben detraer el impuesto o se lo han de cobrar juntamente con el precio del bien o servicio que comercian.
Sostuvo así que la intervención del agente de recaudación no encuentra justificación en una función pública, en su oficio o profesión, sino que se debe a un mandato legal, en virtud de una disposición expresa que así lo establece, atendiendo a razones de conveniencia en la recaudación tributaria.
Asimismo indicó que tampoco el inc. 4 del art. 18 en su versión original (aplicable al caso) incluía a los agentes que hubieran omitido su deber, sino que únicamente contemplaba a aquellos que hayan efectuado las correspondientes percepciones o retenciones y no las ingresaron al Fisco. Agregó que recién con la modificación efectuada por la ley 13.390, se incorporó en dicho inciso el caso de omisión.
En esa parcela señaló que es doctrina de esta Suprema Corte que las leyes fiscales se rigen por el principio que establece que toda interpretación legal debe comenzar por la letra de la ley misma, debiendo aplicársela estrictamente y en el sentido que resulte de sus propios términos, cuando su texto es claro y expreso.
Advirtió que cualquier extensión analógica de los supuestos taxativamente previstos en la ley se opone al principio constitucional de legalidad del tributo, en cuanto ninguna carga impositiva puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales. Agregó que dicho principio comprende al aspecto subjetivo de la obligación tributaria, puesto que no se limita a que la norma contenga directivas generales de imposición, sino que debe contener los elementos básicos del tributo, a saber: configuración del hecho imponible; determinación del sujeto pasivo (contribuyente y obligado al pago); elementos necesarios para la fijación del quantum -base imponible y alícuota- (cita doctrina de esta Corte).
En ese orden de ideas sostuvo que no era aplicable al caso el inc. 4 del art. 18 -atento que las percepciones nunca fueron practicadas-, y que tampoco podía incluirse a la actora en el supuesto del inc. 3 del mismo artículo; concluyendo así que no resultaba responsable solidaria por los gravámenes que había omitido percibir, puesto que a dicha fecha no existía disposición legal que así lo establezca (cfr. arts. 18 -inc. 3 y 4- y 21, Cód. Fiscal -TO 2004-).
Por último, reseñó que la modificación operada por la ley 13.930 no tenía incidencia en el caso por ser posterior a los períodos reclamados.
I.2. Con relación a la multa por omisión confirmada por el Tribunal Fiscal, señaló que la conducta desarrollada por la empresa no se encontraba tipificada en el art. 53 del Código Fiscal según el texto vigente a esa fecha (TO 2004), puesto que no estaba prevista en esa norma la multa por "omisión de impuesto" para el caso de agentes que hubiesen omitido actuar como tales.
Indicó que dicho caso recién se vio incorporado con la sanción de la ley 13.930, que expresamente agregó, como segundo párrafo al art. 53 del Código Fiscal, el siguiente texto "Si el incumplimiento de la obligación fuese cometido por parte de un agente de recaudación, será pasible de una sanción de multa graduable entre el veinte por ciento (20%) y el ciento cincuenta por ciento (150%) del monto del impuesto omitido".
Con ello afirmó que, conforme el texto vigente al momento del hecho de autos, la actora no resultaba pasible de la multa por "omisión de impuesto", en tanto el caso de marras se ceñía a la omisión de un agente, circunstancia que no representaba el hecho típico objeto de sanción.
Señaló al respecto, que la Corte nacional sostuvo que resulta una exigencia constitucional que la conducta y la sanción se encuentren previstas con anterioridad al hecho, por una ley en sentido estricto (autos "Legumbres S.A. y otros", sent. de 19-X-1989; también en "Pupelis", sent. de 14-V-1991, Fallos 314:424).
Por lo demás, confirmó la multa por incumplimiento de los deberes formales (por la falta de presentación de las declaraciones juradas mensuales), y los recargos del sesenta por ciento de lo que se omitió recaudar. Para esto consideró que el art. 51 último párrafo del Código Fiscal (TO 2004), expresamente preveía su aplicación para el caso de agentes de retención que hubieran omitido actuar como tales.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el Fisco denuncia errónea aplicación de los arts. 18 inc. 3, 51 y 53 del Código Fiscal; y violación de la doctrina legal aplicable.
II.1. En primer lugar se queja de la errónea interpretación dada al art. 18 inc. 3 del Código Fiscal (TO 2004), por cuanto el Tribunal de Alzada consideró que el mismo no contemplaba a los agentes de recaudación.
En esa dirección, manifiesta que los agentes de retención y percepción, por mandato de ley, son sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria principal, obligados a título propio con el sujeto activo al pago de tributos de terceros, siendo una carga pública impuesta por la ley y la autoridad de aplicación, la que cuenta con atribuciones suficientes para proceder a su designación (conf. arts. 84, 176, 177 y 271, Código Fiscal, TO 2004; v. fs. 207 vta.).
Afirma que el Código Fiscal (TO 2004) en su art. 18 regula la figura del "responsable" entendida como el obligado al pago de los tributos en cumplimiento de la deuda de los contribuyentes, y que la obligación de los agentes de recaudación no es un mero deber formal, sino que ellos son sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria a título ajeno (conf. Villegas, Héctor B.; Los Agentes de Retención y Percepción en el Derecho Tributario , Ed. Depalma, Bs. As., 1976).
Señala con ello que se trata de un deber que, incumplido, deviene inexorablemente en sanción, dado que de lo contrario se desnaturalizaría la obligatoriedad del sistema.
Denuncia que, desde la óptica del Tribunal de Alzada, el agente que omitiera percibir el tributo estaría en mejor condición que aquel que lo percibiera y no lo depositara, puesto que su conducta no quedaría encuadrada en ningún supuesto contemplado por la ley, lo que no le acarrearía consecuencia alguna.
Advierte que, la posibilidad del Fisco de reclamar el pago del impuesto no recaudado al sujeto pasivo que omitió percibirlo o retenerlo, existía aun antes de la sanción de la ley 13.930, toda vez que la mentada reforma solo desagregó o diferenció los distintos supuestos que, en la actualidad, puede abarcar la especie "agentes de recaudación".
Manifiesta que por el art. 18 inc. 3 se atribuye responsabilidad a "los que participen por sus funciones o por su oficio o profesión, en la formalización de actos, operaciones o situaciones gravadas o que den nacimiento a otras obligaciones...".
Sostiene que tales personas, enunciadas dentro del concepto genérico de "responsables por deuda ajena", no son otras que aquellas que están obligadas a recaudar los gravámenes en virtud de las disposiciones dictadas por la autoridad de aplicación, resultando indudable que la indicada responsabilidad alcanza a los agentes de recaudación que han incumplido con su obligación primaria, consistente en recaudar el tributo.
Repara en que las únicas dos conductas posibles que puede ejercer un agente de recaudación, en el momento preciso de vincularse con el contribuyente, son: que cumpla o no con dicha obligación de hacer que legalmente tiene impuesta, y señala que:
i) Si cumple, haciéndose de los fondos, se estará frente al caso del inc. 4 del art. 18;
ii) Si no cumple, es decir, si no recauda, es donde adquiere sentido la norma del art. 21 cuando reenvía al inc. 3 del art. 18. Indica que ese art. 21, en su segundo párrafo, establece la dispensa de responsabilidad (solidaria e ilimitada), si se acredita haber exigido del contribuyente "los fondos necesarios para el pago y que éstos lo colocaron en imposibilidad de cumplimiento...", lo que denota que la norma está dirigida a quien no tiene los fondos en su poder por haber incumplido con la carga pública que le fue impuesta.
Concluye así que, la responsabilidad solidaria de todos los agentes de recaudación incursos en la figura omisiva en cuestión, se encuentra prevista en el ordenamiento provincial y surge del juego armónico de los mentados arts. 18 inc. 3 y 21 del Código Fiscal (TO 2004), vigentes al momento de verificarse el incumplimiento de las obligaciones impositivas de marras. Agrega que la modificación implementada posteriormente por la ley 13.930 no implica la incorporación como responsables de los agentes que omitieron actuar, sino que ella tan solo contempla cambios en el orden de su reglamentación, con el aumento de las penas para el supuesto de que se configure el tipo de omisión de tributo, que oscilan entre el veinte (20%) y el ciento cincuenta (150%) por ciento del monto del impuesto omitido.
Aduce asimismo que tal hermenéutica no resulta violatoria del principio de legalidad puesto que, si la calidad de agente de recaudación debe provenir de la ley, queda visto, entonces con todo lo expuesto, que el marco normativo vigente en la materia es el continente dentro del cual se contempla la figura omisiva que se reprocha.
II.2. A mayor abundamiento señala que, las incongruencias en el resolutorio en crisis son evidentes, en tanto el Tribunal de Alzada, si bien consideró que la firma Supercarne S.A. y su directivo no son responsables por la omisión de la percepción de los tributos en cuestión (dejando sin efecto la multa del art. 53, Cód. Fiscal), confirmó igualmente los recargos impuestos por la Agencia de Recaudación demandada.
Bajo tal entendimiento, indica que es ilógico condenar al agente al pago de recargos por la omisión de una obligación tributaria de la cual, en definitiva, no se lo ha declarado responsable solidario.
En ese sentido, destaca que cabal demostración de que la omisión del agente de recaudación se encuentra alcanzada por las consecuencias punitivas es precisamente la norma del art. 51 del Código Fiscal, por la que se establece que "Los recargos son aplicables también a los agentes de recaudación y de retención que no hubiesen percibido o retenido el tributo y la obligación de pagarlos por parte del agente subsiste aunque el gravamen sea ingresado por el contribuyente u otro responsable...".
Considera que ello evidencia que los agentes de recaudación son considerados como responsables solidarios por el legislador, atento que están sujetos a los recargos del artículo antes transcripto.
En virtud de lo expuesto, señala como más razonable pensar que son responsables por la pena principal, y no que se encuentran excluidos de dicha responsabilidad por presumirse legalmente que la porción del tributo cuya recaudación omitió percibir es ingresada al Fisco directamente por el contribuyente.
Sostiene que la imposición de recargos, que son accesorios, y tienen carácter punitivo -sancionatorio por retraso o mora-, evidencia la incongruencia de la sentencia recurrida, en tanto efectuó un tratamiento desmembrado de los artículos del Código Fiscal (TO 2004), al considerar que el agente que omitió percibir un tributo no es responsable por su pago ni pasible de multa, pero sí deberá abonar recargos por dicha conducta.
II.3. Asimismo, aduce errónea interpretación del art. 53 del Código Fiscal, al considerar la Cámara que la conducta desarrollada por un agente de recaudación no se encontraba tipificada en dicha norma.
Destaca que ya con anterioridad a la sanción de la ley 13.930, existía en el Código Fiscal la "multa por omisión", donde el artículo en cuestión establecía que: "El incumplimiento total o parcial del pago de las obligaciones fiscales a su vencimiento, constituirá omisión de tributo y será pasible de una sanción de multa graduable entre el cinco (5%) y el cincuenta (50%) del monto de impuesto dejado de abonar...".
Señala que, surge del texto transcripto, que la acción antijurídica solamente la podrán materializar aquellas personas que se encuentran obligadas a abonar los gravámenes, entre los que considera debe incluirse a los agentes de percepción que omitieron actuar como tales.
Pone de resalto que la incorporación del segundo párrafo del art. 53 -dispuesta por la ley 13.930-, no prevé un nuevo supuesto punible, sino que agrava la multa para quienes tienen una mayor responsabilidad frente al Fisco; distinguiendo así entre el incumplimiento del responsable directo, del de aquel que por su carácter de Agente de Recaudación participa en ciertas operaciones y debe, por tal motivo, retener o percibir determinadas sumas de terceros para depositarlas al Fisco.
Sostiene que, en el particular, la falta de ingreso del gravamen tiene por causa la omisión previa de percibir, y que la infracción se configura justamente como una consecuencia de dicha causa.
II.4. Por último, denuncia violación de la doctrina legal emanada de esta Suprema Corte, en materia de interpretación de leyes.
Para ello recuerda que las normas deben ser interpretadas de manera tal que cumplan con el propósito legal, con arreglo a los principios de una razonable y discreta interpretación (fallos 254:362; 256:277), en cuyo caso no resulta consistente entender que los agentes de recaudación hayan sido excluidos de la responsabilidad solidaria con sustento en que la ley presumiría que la porción del tributo cuya recaudación fue omitida, haya sido ingresada directamente por el contribuyente.
Agrega que tampoco resulta razonable interpretar que el legislador cree regímenes de recaudación, con el propósito de que el sujeto designado dé cumplimiento a las obligaciones que se le imponen, y que éstas se agoten con la sola inscripción como agente, ya que la omisión de actuar no le demanda mayores consecuencias al incumplidor.
Denuncia así que la Cámara recurrió a una interpretación que desvirtúa las normas involucradas, eliminando de sus disposiciones un supuesto contemplado expresamente por el legislador, lo que evidencia una clara violación de la doctrina legal reseñada, que se traduce en el dictado de una sentencia contraria a derecho.
III. El recurso no prospera.
III.1. Conforme surge de los antecedentes del caso, el tema central de debate se ciñe a establecer si, con arreglo al Código Fiscal (TO 2004), el agente de recaudación que omitió retener y/o percibir, resulta responsable solidario por el pago del tributo.
Al respecto, el Tribunal de Alzada consideró que la extensión de responsabilidad dada por el art. 18 (Cód. Fiscal -TO 2004-) no incluía el caso de agentes que dejen de percibir o retener, concluyendo que la interpretación propiciada en el acto administrativo por el Fisco y confirmada por el Tribunal Fiscal, no se ajustaba a derecho, pues la actora no se encontraba incluida en el art. 18 inc. 3 del Código Fiscal y -por ende- no le cabía la responsabilidad solidaria por el gravamen que omitió percibir (cfr. art. 21, Cód. Fiscal).
Estimó que para extender la responsabilidad ilimitada y solidaria a los agentes de recaudación por el gravamen cuya retención o percepción se hubiera omitido, se requería de una ley expresa que así lo establezca -por aplicación del principio de legalidad-, pues en virtud de ello se los incluiría como nuevos sujeto
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