Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 121424
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Genoud, de Lázzari, Negri , Kogan, Pettigiani, Natiello, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 121.424, "Colo, Juan D. y Radini, María L. y otros contra Correa, José Luis. Daños y perjuicios".
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín confirmó el rechazo de la excepción de falta de legitimación activa y la estimación de la pretensión resarcitoria reconocida en la instancia liminar, modificando los respectivos importes de condena (v. fs. 272/281 vta.).
Se interpuso, por el demandado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 289/297 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Se ventila en autos un reclamo de daños y perjuicios incoado por Juan Domingo Colo, María Luisa Radini, Sandra Viviana Colo, María Soledad Colo y Marcelo Gastón Colo contra José Luis Correa, derivado del fallecimiento de Claudia Silvina Colo, hija y hermana de los accionantes (v. fs. 36/40).
En su momento, la señora magistrada de la fase liminar rechazó la excepción de falta de legitimación activa de los hermanos Colo opuesta por el demandado y, en razón de lo resuelto por sentencia penal firme dictada el 17 de septiembre de 2001 por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 1 departamental en la causa n° 1386 ("Correa, José Luis s/Homicidio agravado, robo calificado y tenencia de arma de uso civil"), tuvo por acreditado el hecho dañoso alegado en la base del reclamo. Consecuentemente, condenó al accionado a abonar a los actores diversos importes indemnizatorios por "valor vida y lucro cesante" -en grado de "chances" futuras- y "daño moral" (v. fs. 208/214).
II. Apelada la decisión por ambas partes, la Cámara de Apelación departamental la confirmó en lo sustancial decidido, modificando el importe de condena (v. fs. 272/281 vta.).
En lo que aquí interesa poner de resalto a tenor de la impugnación extraordinaria bajo examen, consideró que al acotar a los herederos forzosos el elenco de legitimados para reclamar por daño moral en caso de fallecimiento de la víctima -excluyendo, por tanto, a los hermanos que no revisten dicho carácter-, el art. 1.078 del Código Civil -aplicable en la especie según la fecha de comisión del delito y en razón de lo preceptuado por el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación- no resultaba en principio, y en abstracto, incompatible con la Constitución nacional, máxime que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye siempre la "última ratio" (v. fs. 275 y vta.).
Sin perjuicio de ello, ponderó que en ciertos casos la particular relación entre el reclamante y la persona fallecida, en cuanto excediese el normal apego del vínculo en abstracto, habilitaría la remoción del referido obstáculo normativo (v. fs. 276).
Razonó finalmente que si bien el vínculo entre hermanos, por sí solo, no resultaba suficiente para conferir la aludida legitimación, sin embargo, en la hipótesis de autos, la existencia de tan especial vinculación afectiva entre los mismos -extremo emergente de los testimonios rendidos- ameritaba la casuística declaración de inconstitucionalidad oficiosa del mentado precepto y la condigna procedencia del rubro resarcitorio. Adunó en tal contexto, en abono del criterio, que sería injusto no reparar la grave y disvaliosa alteración espiritual provocada por tan grave y aberrante crimen (v. fs. 276 vta. y 277).
III. Contra este último pronunciamiento se alza el vencido mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación de doctrina legal de esta Corte dimanada de la causa Ac. 82.245, "A., J. A" (sent. de 1-IV-2004), errónea aplicación del art. 1.078 del Código Civil y violación del art. 16 de la Constitución nacional. Alega, asimismo, arbitrariedad y absurdo en la apreciación probatoria. Formula reserva del caso federal (v. fs. 289/297 vta.).
En síntesis, se queja por el rechazo de la excepción de falta de legitimación activa opuesta por su parte en relación a los hermanos Colo -Marcelo Gastón, María Soledad y Sandra Viviana- (v. fs. 293/294 vta.) y por haberse reconocido en concepto de daño moral importes iguales a los padres y a los hermanos, sin distinción alguna entre los damnificados (v. fs. 294 vta./296).
Asimismo, critica la errónea aplicación (interpretación) del art. 1.078 del Código Civil y la declaración oficiosa de su inconstitucionalidad (v. fs. 296 vta. y 297).
IV. La impugnación prospera parcialmente.
Liminarmente, y tratándose de un delito doloso perpetrado el 15 de enero de 2000, anticipo que el juzgamiento de las respectivas consecuencias dañosas aquí ventiladas ha quedado atrapado en el marco normativo vigente al tiempo de dicho acaecimiento (conf. art. 7, CPCCN).
IV.1. Sentado lo anterior, estimo que asiste razón al recurrente en cuanto denuncia vulneración de la doctrina legal dimanada del precedente Ac. 82.245, "A., J. A", sentencia de 1-IV-2004, en materia de legitimación para reclamar por daño moral (v. fs. 293/294 vta.).
En efecto, en el supuesto ventilado en dicha causa cuya facticidad resulta sustancialmente análoga al presente, esta Corte resolvió que en su carácter de medio hermana del difunto la reclamante carecía de aptitud, en los términos del art. 1.078 del Código Civil, para requerir la reparación del daño extrapatrimonial, ya que al revestir la calidad de pariente colateral la misma no figuraba en el elenco de los herederos forzosos comprendidos en el art. 3.592 del Código Civil. Tratándose -en consecuencia- de una heredera legítima, no legitimaria, no estaba investida del derecho a peticionar por daño moral ante la muerte de su medio hermano (v. causa. cit.).
Concordantemente, y más acá en el tiempo, he tenido oportunidad de precisar, en la causa C. 106.017, "Clérici", sentencia de 3-VI-2015, que el art. 1.078 del Código Civil sienta como regla que la acción indemnizatoria por daño moral sólo compete al damnificado directo, esto es, a la víctima inmediata del hecho ilícito. Ahora bien, seguidamente dispone que "...si del hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, únicamente tendrán acción los herederos forzosos".
De tal modo, el legislador restringió el número de legitimados activos habilitados para reclamar el resarcimiento del padecimiento moral, confiriendo acción únicamente a los herederos forzosos, locución esta última a la cual se ha asignado una interpretación amplia comprensiva de todos aquellos que actual o eventualmente revistan tal carácter (conf. Ac. 82.356, "Ojeda", sent. de 1-IV-2004; v. asimismo: CSJN, in re "Badín c/Pcia. de Bs. As.", sent. de 7-VIII-1997, Fallos: 318:2002; causa F.115.XXIX, in re "Fabro c/Río Negro Pcia.", sent. de 9-XI-2000, Fallos: 323:3564).
Esta solución dispensada por el legislador ha sido objeto de críticas por parte de la doctrina, por entender que debe abrirse el espectro de los legitimados activos a todos aquellos que acrediten un daño moral jurídico cierto, ya que el campo de los herederos forzosos es demasiado estrecho (v. en este sentido, recomendación suscripta por los doctores Bueres, Pizarro, Zavala de González, Chiapero de Bas, Junyent de Sandoval, Lloveras de Resk y Stiglitz en las II Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil, 1984, tema VI sobre daño moral, en donde se aconsejó "ampliar en una futura reforma del Código Civil el ámbito de damnificados indirectos legitimados para reclamar la reparación del daño moral"; entre otras).
Tal criterio predicable de lege ferenda , no era por cierto el vigente en la materia de acuerdo al señalado marco normativo de aplicación a los hechos del sub lite . Tal sistema no admitía la inclusión de otros legitimados indirectos para reclamar la indemnización por causa de muerte que no fueran los herederos forzosos del fallecido, solución que -reitero- establecía el art. 1.078 del Código Civil.
En síntesis, para ejercer la pretensión bajo estudio resultaba en el caso exigible la calidad de heredero forzoso, de la cual no participan los hermanos de la víctima fallecida, toda vez que un pariente colateral nunca puede tener, ni aún por vía de eventualidad, la calidad de heredero forzoso, ya que no figura en la enumeración del art. 3.592 del Código Civil, siendo que los colaterales son herederos legítimos, mas no legitimarios (conf. Ac. 73.726, "Roccatti", sent. de 15-XII-1999 y Ac. 82.245, "A., J. A.", sent. de 1-IV-2004).
IV.2. Por otro lado, cabe señalar que el art. 1.078 del Código Civil no fue tachado de inconstitucional por los interesados en oportunidad de demandar (v. fs. 36/40) ni al contestar la excepción de falta de legitimación activa opuesta por el accionado (v. fs. 89 y vta.), ni tampoco se hizo mención alguna al contestar el respectivo memorial de agravios (v. fs. 257/259).
Ante esta ausencia postulatoria, y entre otros argumentos, la Cámara adunó, en abono de su oficiosa declaración de inconstitucionalidad del precepto, la respectiva facultad de los jueces señalada por esta Corte en la causa C. 100.285, "R., A. H." (sent. de 14-IX-2011) (v. fs. 277).
Por su parte, el recurrente cuestiona asimismo ese abordaje (v. fs. 294 y vta.; fs. 297).
Pues bien, al respecto cabe decir que incluso en el marco del criterio favorable al control oficioso de constitucionalidad postulado por la Corte nacional, bien que respecto de las normas federales, en la causa R.401.XLIII "Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" (sent. de 27-XI-2012) se ha recordado que la descalificación de un precepto legal por repugnante a la Constitución se halla vinculada con la actividad probatoria de los contendientes así como sus planteos argumentales, los que deben poner de manifiesto la cuestión constitucional (v. cons. 13), situación que, según se viene apreciando, no se presenta en la especie.
No altera la solución propuesta la doctrina sentada por esta Corte en las causas Ac. 85.129, "C., L. A. y otra" (sent. de 16-V-2007) y C. 100.285, "R., A. H." (sent. de 14-IX-2011).
En el precedente Ac. 85.129 -por mayoría- se declaró la inconstitucionalidad del segundo párrafo, primera parte del art. 1.078 del Código Civil, en cuanto restringe la legitimación para reclamar la reparación del daño moral a los damnificados directos.
Claramente, no corresponde aplicar al caso la doctrina legal sentada en dicha causa, por cuanto, insisto, en ella se abordó la inconstitucionalidad de la primera parte del segundo párrafo del art. 1.078 del Código Civil en cuanto restringe la legitimación activa para reclamar el daño moral ante el evento lesivo que no produce la muerte de la víctima (en que sólo se confiere aptitud para reclamar ese rubro indemnizatorio al damnificado directo), situación diversa de la aquí debatida.
Por otro lado, en la causa C. 100.285 -citada por la Cámara-, este Tribunal declaró la inconstitucionalidad del segundo párrafo, última parte del citado art. 1.078, en cuanto priva del derecho a reclamar el daño moral a la pareja conviviente de la víctima fallecida.
En dicha oportunidad se sostuvo -por mayoría- que si bien la restricción por grado de parentesco (herederos forzosos) constituye una de las opciones posibles en la búsqueda de parámetros adecuados a la finalidad del legislador de contener la litigiosidad excesiva, en determinadas circunstancias dicha selección se torna arbitraria al consagrar una distinción indebida en detrimento de personas que se encuentran en idéntica posición que aquellos a los que el ordenamiento les otorgó el derecho exclusivo de ser resarcidos por el padecimiento espiritual derivado de un ilícito (v. cons. III.3.2. apdo. "d" del voto del doctor Hitters).
Así, se juzgó que el tratamiento desparejo a personas que a los efectos de la distinción (cualificación de la intensidad de la aflicción por razones objetivas) se encuentran en equivalente situación resulta una discriminación inaceptable (art. 16, Const. nac.) que, como tal, deriva en una alteración indebida del derecho a acceder a la justicia para obtener de ella remedios eficaces contra la afectación de prerrogativas legítimamente ejercidas en el campo de la autonomía individual (arts. 18 y 19, Const. nac.). En este sentido, se puntualizó que en lo que atañe a la pareja conviviente de la víctima, se está en presencia de razones objetivas, receptadas con distinta finalidad en diversos ámbitos de nuestro ordenamiento (v.gr. previsional, asistencial, etc.), que imponen reconocer y tutelar la legítima aflicción que produce la pérdida súbita de la persona unida al accionante por vínculos sentimentales continuos y estables (estado conyugal aparente o de hecho), como el que en dicho caso resultó truncado por el hecho ilícito que motivó dichas actuaciones (v. cons. III.3.2. apdo. "d" del voto del doctor Hitters).
Por mi parte, añadí que la protección que el ordenamiento jurídico dispensa a la "vida familiar" no distingue entre las familias generadas a raíz del matrimonio civil y las conformadas por quienes no cuentan con ese vínculo formal (arts. 5 y 6, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 12, Declaración Universal de Derechos Humanos; 17, Convención Americana sobre Derechos Humanos; 17, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Por consiguiente, carecía de fundamento actual el discordante trato legislativo que privaba de acceso al resarcimiento de padecimientos extrapatrimoniales sufridos por quien fuera pareja o compañero de vida del fallecido, únicamente por no contar con aquel vínculo matrimonial. Soluciones tan opuestas frente a situaciones sustancialmente afines, dan cuenta de una discriminación inconstitucional (art. 16, Const. nac.).
La reseña efectuada evidencia que la situación analizada en el expediente C. 100.285 es diferente y no homologable a la hipótesis aquí debatida.
En tal sentido, esta Corte reiteradamente ha expresado que resulta inapropiada la mención de doctrina legal cuando las circunstancias de la causa difieren de las del precedente invocado (conf. causas C. 116.871, "Mirassou", sent. de 3-IV-2014; C. 116.930, "Padín", sent. de 10-VIII-2016 y C. 120.633, "Camplone", sent. de 7-VI-2017).
IV.3. Despejada la improcedencia del reclamo por daño moral en relación a los hermanos Colo, corresponde decir que no merece estimación la restante protesta esbozada por absurdo en función de la igualdad de los importes reconocidos en la sentencia por daño moral a ambos progenitores (v. fs. 294 vta./296).
En efecto, en orden a abonar la crítica poco aporta la argumentación que se agota en transcribir doctrina judicial referida al daño resarcible, afirmar que el tema no fue abordado por la Cámara y acusar de absurda la respectiva decisión que fijó valores sin discriminar individualmente la afectación espiritual de los damnificados (v. fs. cit.).
Pues bien, la bosquejada idea de que no estaría demostrado el efectivo daño resarcible sufrido individualmente por los reclamantes y que, por tanto, la fijación de un importe por el respectivo renglón resultó absurda y carente de sustento no constituye más que un dogmático enunciado que ineficazmente se contrapone a la valoración efectuada puntualmente por el sentenciante, en el sentido de que "...la forma trágica y aberrante en la que murió Claudia, lleva al convencimiento de que tanto los padres [...] han soportado una perturbación anímica generadora de daño moral..." (fs. 277 vta.).
Para más, no resulta ocioso recordar que el reconocimiento y resarcimiento del daño moral depende -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa - y es al responsable del hecho dañoso a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño moral (conf. Ac. 59.834, "Zeballos", sent. de 12-V-1998; Ac. 82.369, "Moyano", sent. de 23-IV-2003; C. 117.314, "O., A. M. y otros", sent. de 12-XI-2014; e.o.), no advirtiéndose, a la luz del despliegue argumental esgrimido, que el a quo haya incurrido en una cuantificación teñida por el absurdo.
Cabe, por último, agregar que la alegada preterición de los tópicos traídos a debate en esta parcela de la impugnación constituiría, en todo caso, sustancia recursiva propia de la vía extraordinaria de nulidad (art. 296 y concs., CPCC), ajena -por tanto- al presente carril impugnatorio. Con todo, vale remarcar que la temática concerniente a la procedencia y cuantía del respectivo rubro indemnizatorio fue, más allá de la conclusión adversa al interesado, inequívocamente abordada y resuelta por el juzgador.
IV.4. Advirtiéndose en este acto el fallecimiento de la litisconsorte Sandra Viviana Colo el 16 de agosto de 2012, a tenor de lo denunciado por la parte actora (v. certificado de defunción y presentación a fs. 224/225), circunstancia puesta a su vez de manifiesto por la Cámara (v. fs. 277 vta.), reitérase aquí que una vez devueltas las presentes actuaciones a la instancia, deberá procurarse la presentación de sus herederos en las actuaciones a tenor de lo preceptuado por los arts. 3.410 y concordantes del Código Civil y 43 del Código Procesal Civil y Comercial.
V. Por lo expuesto, que considero suficiente para dar respuesta a la cuestión sometida a escrutinio, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario y revocar la sentencia impugnada únicamente en cuanto al rechazo de la excepción de falta de legitimación activa de los hermanos Colo opuesta por el accionado, la que por este acto se estima procedente, rechazándose -en consecuencia- la acción entablada por los mismos. De acuerdo a ello, las costas correspondientes a ambas instancias de grado por la falta de acción se imponen a los vencidos Sandra Viviana Colo, Marcelo Gastón Colo y María Soledad Colo. Asimismo, las devengadas ante esta instancia extraordinaria se imponen en un 25% a los nombrados y en un 75% al recurrente (conf. arts. 68, 71, 274 y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
El recurso es insuficiente (art. 279, CPCC).
I. En materia de daño moral de los hermanos de la víctima, la sentencia declaró la inconstitucionalidad del art. 1.078 del Código Civil (anterior), considerando que su aplicación al caso de autos infringe la garantía de la razonabilidad (v. fs. 276 vta. y 277). Para arribar a esa conclusión tuvo en cuenta un conjunto de datos que surgían de la causa, a saber, la estrecha relación de afecto existente así como un dato al que atribuyó particular relevancia: "...no puede soslayarse el modo en que falleció Claudia, que fue víctima de un homicidio doloso de singulares características, por la violencia de la acción del aquí demandado, tal como surge de la causa penal. Esta circunstancia extrema también conduce a la declaración de inconstitucionalidad del art. 1078 del C.C., ya que demuestra con marcada nitidez que la solución prevista legalmente conduce a una notoria injusticia, porque quedaría sin reparación la grave alteración disvaliosa del espíritu padecida por los hermanos de la víctima, por el aberrante homicidio de la misma" (fs. 277).
En su recurso extraordinario, la recurrente formula desarrollos de tipo genérico s
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