Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120078
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Negri, Pettigiani, Soria, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.078, "Bongiovanni, Mónica Estela contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente in itinere ".
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas al Fisco provincial por resultar vencido (v. fs. 671/687 vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 715/727 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar a la demanda promovida por la señora Mónica Estela Bongiovanni y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su condición de empleador autoasegurado- al pago de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen especial de reparación de infortunios laborales que juzgó aplicable al caso (leyes 24.557 y 26.773 y resolución general del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16).
Para así resolver, tuvo por acreditado que el día 29 de marzo de 2012 la actora sufrió un accidente de trabajo in itinere , oportunidad en la que al regresar caminando a su domicilio desde el establecimiento educativo en el cual impartía clases como profesora de teatro, tropezó y cayó al piso al impactar su pie con una baldosa que se encontraba sobresalida (v. vered. segunda cuestión, fs. 672 vta.).
Señaló que, a consecuencia del infortunio, la señora Bongiovanni sufrió traumatismo de miembro inferior derecho y en la rodilla, y fractura de maléolo peroné, padeciendo dolor en tobillo derecho con limitación funcional y dificultad para subir y/o bajar escaleras, bipedestación prolongada y para caminar largas distancias; todo lo cual le provoca una incapacidad permanente, parcial y definitiva del 22%, discriminadada de la siguiente manera: 12% por daño físico y 10% por daño psicológico (v. vered. segunda cuestión, fs. 672 vta./674).
Demostrada la existencia del accidente in itinere , sus secuelas incapacitantes, la relación de causalidad y la responsabilidad asegurativa en los términos de la Ley de Riesgos del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires -Dirección General de Cultura y Educación- como empleadora autoasegurada, juzgó que correspondía aplicar al caso las disposiciones contenidas en la ley 26.773, toda vez que si bien el infortunio había ocurrido con anterioridad a su entrada en vigencia, sus consecuencias se encontraban en curso, es decir, sus prestaciones se hallaban aún adeudadas (v. sent., fs. 678 vta. in fine y 679).
Explicó que, dicha solución encontraba respaldo en la jurisprudencia de las distintas Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde se resolvió que el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 delimita el ámbito temporal de aplicación de dicha normativa, en tanto dispone su obligatoriedad no sólo a partir de su publicación en el Boletín Oficial, sino también a las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente sucedidas durante la vigencia de la ley 24.557 y los decretos 1.278/00 y 1.694/09, sin sujeción a plazo alguno, por lo que corresponde su aplicación en la especie (v. fs. 679 vta.).
En igual sentido, señaló, se observa que la existencia de normas diferentes, apartados 5 y 6 del mentado art. 17, demuestra que, en lo que hace al ajuste por el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), la ley no sigue el criterio de su aplicación a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produjera luego de su publicación, sino que dispone su directa operatividad sobre las prestaciones adeudadas. De no ser así -explica- la distinción no tendría sentido práctico ni jurídico. El apartado 5 se refiere a las prestaciones de "esta ley", que son las que se aplican hacia el futuro, sin perjuicio de plantear su vigencia inmediata, y el apartado 6 remite a las prestaciones de la originaria ley 24.557 y las mejoras del decreto 1.694/09 (v. fs. 680).
Juzgó que, de conformidad con los parámetros incapacitantes establecidos y con la fórmula actuarial prevista por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo, la actora resultaría acreedora de la suma de $16.903,09 y de la de $3.380.62 en concepto de indemnización adicional del art. 3 de la ley 26.773, totalizando ambos rubros $20.283,71. A este último importe le aplicó el índice RIPTE (2,76638534), arribando así a un capital de $56.112,56 (v. fs. 682 vta. y 683).
A renglón seguido, y toda vez que el art. 17 del decreto 472/14 dispone que el indicado mecanismo de ajuste sólo debe ser aplicado sobre las compensaciones adicionales de pago único, incorporadas por el art. 11 de la ley 24.557, y sus modificatorias, y los pisos mínimos establecidos por el decreto 1.694/09, analizó la validez constitucional de dicho precepto (v. fs. 683).
En tales condiciones, precisó que la norma en cuestión incurre en un exceso reglamentario, violando con ello lo prescripto por el art. 99 de la Constitución nacional, al legislar más allá de la ley que debe reglamentar, alterando su espíritu y esencia en perjuicio de un sujeto de preferente tutela constitucional, como lo es el trabajador, no siendo obstáculo para ello la falta de planteo por la interesada al respecto (v. fs. 683 vta.).
Puntualizó, entonces, que el art. 17 del decreto 472/14 es inconstitucional por resultar violatorio de la protección del trabajo, el acceso a la seguridad social y el derecho de propiedad, como asimismo contrario al principio de progresividad -conforme arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 incs. 22 y 23 y 99 inc. 2 de la Constitución nacional y 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- (v. fs. 685).
Con todo, procedió a determinar el quantum indemnizatorio aplicando las pautas del decreto 472/14, que reglamenta la ley 26.773 y la resolución general del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16. Así, en virtud de lo prescripto en esta última disposición, multiplicó la suma de $943.119 por el porcentaje de incapacidad (22%) y arribó a un importe de $207.486,18 al que adicionó el porcentual del 20% consignado en el art. 3 de la ley 26.773 -$41.497,24- totalizando una cantidad de $248.893,42 (v. fs. 686).
Finalmente, dispuso que dicho capital de condena devengaría intereses desde la fecha del accidente (29 de marzo de 2012) y hasta su efectivo pago, a la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días en la variante denominada "digital" (v. fs. cit.).
II. Contra dicho pronunciamiento el letrado apoderado de la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 3, 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; leyes 23.928 y 25.561; arts. 1.068, 1.069, 1.078, 1.083 y 1.086 del Código Civil (ley 340); 730 del Código Civil y Comercial; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 165, 272, 384 y 456 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" de la ley 11.653; decretos 472/14 y 1.694/09 y de la doctrina legal que identifica.
En lo sustancial, se agravia de la definición de origen que declaró aplicable al caso las disposiciones de la ley 26.773.
Sobre el particular, refiere que, al aplicar las pautas indemnizatorias previstas en dicho régimen legal para indemnizar las consecuencias incapacitantes provocadas por un accidente ocurrido con anterioridad a su entrada en vigencia, el tribunal de origen transgredió el principio de irretroactividad de la ley consagrado por el art. 7 del Código Civil y Comercial.
Indica además que la sentencia en crisis se aparta de la doctrina legal elaborada por esta Suprema Corte en el precedente L. 116.513, "Orellana", sentencia de 26-III-2014, donde se determinó que la pretensión dirigida a incrementar -con fundamento en el decreto 1.694/09- el importe al que fue condenada a abonar la aseguradora de riesgos del trabajo en los límites del régimen especial de reparación de infortunios laborales, no podía tener favorable recepción, pues el accidente de trabajo por cuyas secuelas incapacitantes se reclamaba había acontecido el día 4 de febrero de 2005, esto es, años después de haber sido publicado el mentado reglamento (B.O., 6-XI-2009).
Destaca que tal postura se encuentra alineada con el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa L. 515.XLIII in re "Lucca de Hoz, Mirta Liliana c/ Taddei, Eduardo y otro s/ Accidente acción civil", sentencia de 17-VIII-2010.
Cita además en apoyo de su postura distintos fallos emanados de esta Suprema Corte, así como de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Tribunal Superior de la Provincia de Córdoba y de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, entre otros órganos jurisdiccionales.
En suma, concluye, si el siniestro ocurrió antes de que se sancionara la ley 26.773, ésta no resulta aplicable para resarcir sus secuelas incapacitantes.
Por otra parte, refiere que el a quo también desconoció las concretas disposiciones contenidas en el decreto 472/14, el cual prevé expresamente que sólo los pisos mínimos establecidos por el decreto 1.694/09, y eventualmente las prestaciones adicionales de pago único incorporadas por el art. 11 de la ley 24.557, constituyen los montos que deben actualizarse conforme el índice RIPTE, y no, tal como hubo de resolverlo erróneamente el tribunal en su pronunciamiento, el importe o resultado que arroja la fórmula prevista por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Aduce que la indemnización determinada en la instancia de grado desborda los límites de lo razonable, pues se ha otorgado por cada punto de incapacidad que porta la actora un valor aproximado a los $10.000, pauta esta que cuadriplica los montos resarcitorios vigentes de conformidad con la actual jurisprudencia.
Cuestiona asimismo la tasa de interés pasiva "digital" aplicada al capital de condena. Y ello, por considerar que tal definición se aparta de la doctrina que fluye -entre otras- de las causas Ac. 43.858, "Zgonc", sentencia de 21-V-1991; L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce", sentencias de 21-X-2009 y L. 102.736, "Boll", sentencia de 15-VII-2015.
Finalmente, denuncia que el tribunal de grado también transgredió la doctrina legal proveniente de la causa L. 77.859, "Acosta", sentencia de 27-VII-2005; habida cuenta que, al practicar la regulación de honorarios profesionales, superó el límite del 25% previsto por el art. 505 del Código Civil (ley 340).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. De manera liminar se impone destacar que el presente medio de impugnación ha sido bien concedido, pues la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, y su validez constitucional fue declarada -por mayoría- por esta Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014.
III.2. Luego, considero que el embate orientado a censurar la aplicación retroactiva de la ley 26.773 resulta procedente.
III.2.a. En la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, he dejado plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de dicho régimen legal, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, entiendo que la respuesta al agravio traído, de conformidad con lo que anticipé, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.2.b. Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7 de junio de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ Accidente -ley especial-", sentencia de 7-VI-2016, se pronunció al respecto determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
Ello aunque, como he expresado reiteradamente (ver mis votos en las causas C. 103.189, "Crudo", sent. de 18-XI-2009; C. 103.420, "Rozitchner", sent. de 14- IX-2011 y C. 112.791, "Langiano", sent. de 5-XII-2012; e.o.), soy partícipe de la tesis del sometimiento restringido (en el sentido usado por Sagüés, Néstor Pedro; "Eficacia vinculante o no vinculante de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", ED, Tomo 93, pág. 891; o por Ibarlucía, Emilio A.; "Fallos plenarios y doctrina de la Corte Suprema", LL, 2009-A-654) respecto de los pronunciamientos del Máximo Tribunal, de manera de entender que la fuerza vinculante que fluye de sus sentencias -siendo sin duda significativa- no se equipara a la obligatoriedad jurídica a la que quedamos supeditados por la legislación. En el tema convocante, sin embargo, considero que en contribución a la seguridad del tráfico jurídico y a la coherencia del sistema normativo, los lineamientos que emergen del mencionado precedente deben ser aplicados.
III.2.c. A tenor de lo señalado, y teniendo en cuenta que, a la fecha de ocurrencia del infortunio laboral, esto es el 29 de marzo de 2012, se encontraba vigente la ley 24.557 con las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso, en cuanto cuestiona que en el fallo se dispuso la aplicación del índice RIPTE previsto en la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012), cuya inaplicabilidad -en el caso- se declara.
III.3. Por los mismos motivos, tampoco procede la prestación establecida en el art. 3 de la citada ley.
III.4. En atención a lo resuelto en los apartados anteriores de este voto, donde propongo declarar inaplicable al caso la ley 26.773, no cabe abordar los agravios por los que se objeta la errónea aplicación del decreto 472/14 y la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 1/16, ni aquel por el que se denuncia la configuración del vicio de absurdo en la determinación del quantum indemnizatorio (v. rec., fs. 720/723 vta.). Ello, porque el tratamiento de cuestiones abstractas es impropio de la judicatura (causas Ac. 33.256, "Bottaro", sent. de 25-II-1986; Ac. 62.281, "Macchi", sent. de 4-VI-1996 y C. 98.851, "Macari", sent. de 13-VIII-2014).
III.5. También ha de tornase inoficioso el análisis del reproche vinculado a los honorarios profesionales determinados en la instancia de grado (v. rec., fs. 725 vta. in fine y 726), pues al decretarse la inaplicabilidad en la especie de la mentada ley 26.773, ello habrá de gravitar -modificando sus cuantías- tanto en orden al monto de condena, como al de los mencionados estipendios, estos últimos, cuya regulación encuentra su base en aquel.
III.6. Respecto del cuestionamiento referido a la tasa a la que deben ser calculados los intereses devengados, habré de manifestar que tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", como en C. 119.176, "Cabrera", sentencias de 15-VI-2016 (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse dichos accesorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días.
Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (ver causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015 y L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 279 y 289, CPCC).
Agrego que lo dicho no debe ser interpretado como una renuncia a mis convicciones sobre la forma en que debe ser tratado el tema o respecto de cuál es la tasa que debiera ser aplicada, sino como un acatamiento de principios esenciales previstos en materia recursiva en la codificación procesal local.
En todo caso, pongo de resalto que el recurso extraordinario previsto en la legislación procesal local tiene características muy especiales, heredadas -según es tradición afirmar- de la casación francesa. Más allá de que se trate de una forma bastarda (como decía Morello) del modelo francés, o que resulte legítimo heredero de anteriores y autóctonos recursos españoles (cfr. Hitters, Juan Carlos; Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación , 2ª Edición, pág. 42), lo cierto es que nuestro recurso de inaplicabilidad de ley presenta como nota particular no sólo la posibilidad de revisar la probable infracción a la ley o su errónea aplicación a un caso por parte de los jueces inferiores, sino que también faculta a este Tribunal a verificar y, en su caso, corregir la violación o incorrecta aplicación de la doctrina legal que él mismo ha establecido (art. 279, CPCC).
Dicha doctrina legal, según se ha expuesto inveteradamente, es aquella interpretación que la Suprema Corte hace de las disposiciones legales que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia (causas L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013; L. 113.584, "Rodríguez", sent. de 18-IX-2013 y A. 71.590, "Giusti", sent. de 27-XI-2013; e.o.), y no la que fluye de los votos en minoría de alguno de los magistrados que conforman el Tribunal (causas L. 44.643, "Kieffer", sent. de 20-XI-1990 y L. 116.824, "G., R. E.", sent. de 23-X-2013).
Tal definición, y en tanto se quiera reforzar la característica vinculante de la doctrina legal y alejar todo atisbo de fragilidad que pudiera afectar a nuestro clásico remedio impugnativo, no puede depender de la accidental constitución del Tribunal (por ejemplo, por ausencia temporal de uno de sus miembros). Por el contrario, a no dudarlo, debe ser entendida como la emanada del acuerdo logrado por los miembros ordinarios y naturales de la Suprema Corte, de manera tal que se eviten situaciones de desigualdad que podrían provenir de accidentales integraciones de la misma.
En función de lo dicho, y -reitero- dejando a salvo mi opinión personal, me atengo a la referida doctrina legal (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Se sigue de ello, que la decisión adoptada en el presente caso por el órgano a quo encuentra respaldo en la doctrina legal de este Tribunal, por lo que corresponde desestimar la réplica en este tramo.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuen
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