Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120583
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Pettigiani, Negri, Soria, Genoud, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.583, "Zwenger, Julio César contra Raúl y Milko Centoz S.A. y otro. Enfermedad accidente".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la codemandada La Segunda ART S.A. en su condición de vencida (v. fs. 618/639 vta.).
Se interpuso, por ésta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 657/693 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Julio César Zwenger y condenó a La Segunda ART S.A. al pago de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen especial de reparación de infortunios laborales que juzgó aplicable al caso (leyes 24.557 y 26.773, dec. 472/14 y resol. general del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16). La rechazó, en cambio, en cuanto pretendía una indemnización integral con sustento en el derecho común (v. fs. 618/639 vta.).
Para así resolver, tuvo por acreditado que el día 27 de septiembre de 2008 el actor sufrió un accidente de trabajo mientras desempeñaba tareas rurales a órdenes de Raúl y Milko Centoz S.A., que le provocó una incapacidad -imputable al trabajo- del 22% del índice de la total obrera (v. vered., segunda cuestión, fs. 619/621 vta.).
En la sentencia, halló configurados los presupuestos de atribución de responsabilidad objetiva de la empleadora en los términos del art. 1.113 del Código Civil -ley 340- (v. fs. 628 y vta.).
A renglón seguido, efectuó el control de constitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557, al eximir dicha norma de toda responsabilidad civil al empleador frente a sus trabajadores y a sus derechohabientes, así como del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, en cuanto establece que las disposiciones allí contempladas sólo resultan aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produjera con posterioridad a su entrada en vigencia (v. fs. 630 y sigs.).
En este último aspecto, remitiendo a lo ya expresado por el propio tribunal en causas anteriores -y con cita de diversos autores-, destacó que la problemática vinculada a la aplicación inmediata de la nueva ley no resultaba inédita ni novedosa, ya que en nuestra materia existen antecedentes donde hubo de plantearse la cuestión en torno a la aplicación del decreto 1.278/00, habiéndose sostenido que el propio Poder Ejecutivo nacional había reconocido, en los considerandos del citado reglamento, la clara mezquindad del régimen de prestaciones patrimoniales previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 630 vta.).
Añadió que los efectos no producidos de las relaciones jurídicas deben quedar regidos siempre por la nueva ley, por lo que no puede considerarse retroactiva -ni violatoria del derecho de propiedad- la aplicación de una normativa que gobierna los efectos futuros de una situación preexistente. Luego, puntualizó, en tanto la consecuencia no consumada del hecho dañoso es el pago de la indemnización, solo éste puede quitar virtualidad a la norma que rige al momento de determinar la cuantía de aquélla (v. fs. 630 vta. in fine y 631).
Explicó que dicha solución se encuentra respaldada tanto por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fallos "Camusso" y "Gómez de Vélez") -donde se resolvió que el criterio para dilucidar la aplicación de la nueva legislación es discriminar según que el deudor haya cumplido o no con la obligación debida-, cuanto por la doctrina legal de esta Corte (causa Ac. 50.610, "Quiroga Moss", sent. de 25-II-1997), por imperio de la cual no debe confundirse el concepto de aplicación inmediata de la ley con el de su aplicación retroactiva (v. fs. 631 y vta.).
Sostuvo que la aplicación de las reformas de la ley 24.557 a los infortunios ocurridos con anterioridad pero no cancelados a la fecha de la vigencia de la nueva normativa no afecta el derecho de propiedad de las aseguradoras de riesgos del trabajo, sino que protege a los trabajadores que no han visto satisfechos sus créditos oportunamente y han debido recorrer un proceso judicial, durante cuyo transcurso cambiaron las circunstancias económicas, reconociendo la nueva legislación la exigüidad del régimen original, por lo que no cabe castigar a los obreros otorgándoles una prestación depreciada al momento de percibirla, conclusión que halla respaldo en el principio de progresividad consagrado en el art. 75 -incs. 22 y 23- de la Constitución nacional y los tratados internacionales, máxime cuando dichas aseguradoras cobran sus alícuotas sobre la base de salarios actualizados, pagando prestaciones desvalorizadas (v. fs. 631 vta. y 632).
Expuso que la nueva ley 26.773 debe aplicarse a las contingencias acaecidas -aun con anterioridad- que a la fecha del decisorio se encuentran, como ocurre en el caso, incumplidas e impagas (v. últ. fs. cit.).
En consecuencia, declaró -de oficio- la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la citada ley, toda vez que -adujo- esa decisión era la que se adaptaba con mayor justicia, equidad y precisión al caso particular, sin que se vean afectados los principios de congruencia y debido proceso, toda vez que la aseguradora de riesgos del trabajo codemandada ejerció sin restricciones su derecho de defensa, articuló todas las excepciones o defensas que estimó convenientes, sin que el pronunciamiento la coloque en una situación de responsabilidad extra sistémica, ni la obligue mas allá de las prestaciones previstas por la ley 24.557 y sus modificatorias actualmente vigentes en la materia y a las cuales contractual y expresamente se comprometió a cumplimentar (v. fs. 632 y vta.).
Precisó que correspondía aplicar el indicado mecanismo de ajuste desde el momento en que ocurrió el infortunio (27 de septiembre de 2008), y no desde la fecha consignada en el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 (1 de enero de 2010), por resultar este último hito temporal contradictorio con lo normado por el art. 2 del mismo régimen legal, en cuanto determina que "...la reparación dineraria se computará, mas allá del momento en que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación causal adecuada con la enfermedad profesional" (v. fs. 632 vta. in fine ).
Juzgó que de conformidad con los parámetros incapacitantes establecidos y a la fórmula actuarial prevista por la Ley de Riesgos del Trabajo, el actor resultaría acreedor a la suma de $40.143,19 (conf. art. 14 apdo. 2 inc. "a", LRT). Pero, continuó, por aplicación del decreto 472/14, que reglamenta la ley 26.773 y la resolución general del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16, actualmente vigente y de aplicación al caso, la indemnización indicada nunca podrá ser inferior al monto que resulte de multiplicar $943.119 por el porcentaje de incapacidad (22%), arribando en consecuencia a un importe de $207.486,18. A este último le adicionó el porcentual del 20% consignado en el art. 3 de la ley 26.773 -$41.497,23-, totalizando entonces una cantidad de $248.893,41 (v. fs. 633).
Finalmente, dispuso que el resultado obtenido debía actualizarse conforme el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) vigente entre la fecha del evento dañoso (septiembre de 2008), que ascendía a 295,51, y el último publicado (marzo de 2016), que representaba 1.940,55; arribando así a un coeficiente de 6,56 y a un capital de $1.633.331,16 en concepto de prestación dineraria adeudada por la incapacidad laboral determinada como consecuencia del accidente de trabajo (v. últ. fs. cit.).
Por otra parte, también fijó la indemnización a la que hubiera accedido el promotor del pleito por aplicación de las pautas del derecho común, estableciéndola en $173.491,71 -comprensiva de los daños materiales y morales sufridos- (v. fs. 633 y vta.).
Con todo, y habida cuenta que las prestaciones dinerarias legalmente previstas en la normativa especial sistémica resultaban superiores a la reparación civil integral objetiva, juzgó que en el específico supuesto de autos el art. 39 de la ley 24.557 no lesionaba los derechos de raigambre constitucional del actor contenidos en los arts. 14 bis, 16, 17, 19, 23, 28 y 43 de la Constitución nacional y condenó a La Segunda ART S.A. al pago del resarcimiento que había determinado de conformidad con el régimen especial y tarifado contemplado por la ley 24.557 y su modificatoria, la ley 26.773 (v. fs. 634 vta. in fine y 635).
Expresó asimismo el sentenciante, que atento el particular modo de concluir, y bajo un nuevo y profundo análisis del tema, correspondía aplicar intereses sobre el capital de condena a partir de la fecha de la sentencia y hasta su efectivo pago, a la tasa que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 635).
Finalmente, y toda vez que la solución adoptada es contraria a la doctrina legal que esta Suprema Corte sentara en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), expuso las razones que entendió justificaban su apartamiento, toda vez que -afirmó- la misma no es de obligatorio acatamiento al no resultar uniforme y concordante (v. fs. 635 in fine /637).
II. Contra dicho pronunciamiento el letrado apoderado de La Segunda ART S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 7 del Código Civil y Comercial de la Nación; 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; 17 del decreto 472/14 y de la doctrina legal que identifica.
En lo sustancial, se agravia de la definición de origen que declaró aplicable al caso las disposiciones de la ley 26.773.
Sobre el particular, refiere que al aplicar las pautas indemnizatorias previstas en dicho régimen legal para indemnizar las consecuencias incapacitantes provocadas por un accidente ocurrido con anterioridad a su entrada en vigencia, descalificando la validez de su art. 17 apartado 5, el tribunal de origen transgredió el principio de congruencia.
Sostiene que dicho órgano jurisdiccional se apartó del objeto del pleito, el cual se encontraba inequívocamente definido por un reclamo vinculado a una reparación integral de daños y perjuicios sustentada en las normas del derecho común.
Explica que en el escrito de promoción de la demanda el actor no peticionó -siquiera en subsidio- la aplicación de la ley 24.557 ni, menos aún, de la ley 26.773, sino que su pretensión estuvo dirigida a obtener una condena de su empleador por considerarlo civilmente responsable en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil, así como de la aseguradora de riesgos del trabajo, por haber incumplido ésta los deberes de prevención y control, encuadrando la situación de esta última en las prescripciones del art. 1.074 del mencionado digesto.
En tales condiciones, afirma, toda vez que el a quo incorporó sorpresivamente una cuestión -indemnización sistémica- que jamás fue planteada por la parte actora, y que provoca un grave e irreparable perjuicio y vulnera sus derechos de propiedad, igualdad, y defensa en juicio, corresponde revocar el pronunciamiento por haber incurrido en una manifiesta extralimitación (sentencia "extra petita" ) que lo torna nulo.
En otro orden, argumenta que la declaración de invalidez constitucional es la ultima ratio del ordenamiento jurídico, y una norma padecerá el vicio de inconstitucionalidad si ha traspasado el límite de opciones posibles que la Constitución nacional presenta al legislador, no siendo éste el caso, en el cual únicamente se ha descalificado al art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 en aras de facilitar la aplicación de dicho régimen especial retroactivamente.
Manifiesta que el principio de irretroactividad de la ley sólo reconoce una excepción, que se configura cuando aquella está establecida por la propia ley con el límite de no afectar garantías constitucionales. Tal presupuesto -alega- no se configura en la especie, pues la ley 26.773 no prevé su aplicación retroactiva.
Indica, además, que la sentencia en crisis se encuentra en franca contradicción con la doctrina legal elaborada por esta Suprema Corte a partir del precedente L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, donde específicamente estableció que la modificación del sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo implementada por la ley 26.773 ha mantenido la regla general establecida en las reformas previas, relativa a que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito). Ello es así, porque la normativa no consagra excepción puntual a ese principio. Además, la interpretación sistemática de la ley 26.773, más allá de las deficiencias que podrían endilgarse a la técnica legislativa utilizada, lleva a concluir que el art. 17 apartado 6 del referido cuerpo normativo tampoco establece una excepción a la regla general establecida en el art. 17 apartado 5.
Destaca que tal postura se encuentra alineada con el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
Cita además en apoyo de su postura distintos precedentes emanados de esta Suprema Corte, así como de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Tribunal Superior de la Provincia de Córdoba y de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, entre otros órganos jurisdiccionales.
Por otra parte, aduce que al determinar el valor mensual del ingreso base el tribunal de grado se apartó de las pautas que taxativamente fija el art. 12 de la ley 24.557, omitiendo su aplicación al caso de autos sin haber declarado previamente su invalidez constitucional, viéndose compelida a cumplir una condena cuyo monto es desmesurado.
Argumenta que el a quo también desconoció las concretas disposiciones contenidas en el decreto 472/14, el cual prevé expresamente que sólo los pisos mínimos, y eventualmente las prestaciones adicionales, constituyen los montos que deben actualizarse conforme el índice RIPTE.
Finalmente, manifiesta que el procedimiento de liquidación y cálculo de la indemnización sistémica llevado a cabo en la instancia ordinaria traduce un inequitativo criterio de interpretación de la legislación vigente en materia de infortunios laborales, causando un gravísimo perjuicio económico, obligando a la aseguradora de riesgos del trabajo a depositar una suma millonaria para poder acceder a la instancia revisora por ante la Suprema Corte.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. De inicio se impone destacar que el veredicto de fs. 618/622 vta. carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47 de la ley 11.653. Asimismo, se observa que la secretaria del tribunal de origen no rubricó el mentado veredicto (v. fs. 622 vta.) ni la sentencia (v. fs. 624/639 vta.), limitándose a suscribir la constancia de registro del resolutorio (v. fs. 639 vta.).
Al respecto cabe precisar que, aunque los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solas a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. Adentrándome en el análisis de los agravios que porta el recurso, habré de señalar que no luce conducente la crítica estructurada en torno a la invocada transgresión del principio de congruencia.
Ello así porque, de un lado, si a juicio del interesado -y así parece insinuarlo a lo largo de toda la postulación recursiva, pero más específicamente a fs. 663 vta.- el a quo omitió tratar la cuestión vinculada a la responsabilidad civil extracontractual que le fuera endilgada a la aseguradora de riesgos del trabajo en los términos del art. 1.074 del Código Civil, tal incorrección debió haber sido denunciada por el medio de impugnación pertinente: el recurso extraordinario de nulidad (causas L. 111.692, "Tersiese", sent. de 6-III-2013; L. 112.590, "Escudero", sent. de 9-IV-2014 y L. 118.589, "Sosa", sent. de 6-IV-2016).
Del otro, porque la condena impuesta a la aseguradora de riesgos del trabajo halló basamento en el marco del control de constitucionalidad que de la norma del art. 39 de la ley 24.557 llevara a cabo el tribunal de grado en su pronunciamiento, y ante la circunstancia verificada en el caso de resultar el sistema especial de reparación de infortunios laborales más beneficioso para el trabajador que el contemplado en la legislación común, aunque, por lo que seguidamente expondré, deba modificarse el aspecto del decisorio en cuanto, para arribar al resultado numérico que definió la suerte del cotejo o comparación entre los regímenes legales en pugna, declaró aplicable la ley 26.773.
III.3. En efecto, debe revocarse -en primer lugar- la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el tribunal de la instancia ordinaria.
III.3.a. En el pronunciamiento de grado, so pretexto de contradecir ciertos preceptos de la Constitución nacional, se margina del caso la operatividad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, declarándose su invalidez material. Ello pretende encontrar fundamento en que la nueva ley es aplicable de conformidad con lo previsto en el art. 3 del Código Civil y el art. 7 del Código Civil y Comercial vigente, por sobre las normas especiales que contiene el régimen de infortunios laborales.
Al respecto, es doctrina de esta Corte que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.).
De allí que la atribución de pronunciarse en tales términos sobre un precepto legal sólo ha de tener cabida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad normativa inconciliable (causa L. 74.814, "Sánchez", sent. de 29-IX-2004).
La fundamentación intentada en la sentencia no cumple con tales previsiones, ni se evidencia que, para la determinación de su entrada en vigencia, la ley haya escogido un criterio falto de razonabilidad (todo ello más allá de mi personal opinión respecto de la extensión del ámbito de aplicación del precepto).
III.3.b. Por otro lado, tampoco la genérica alusión al "principio de progresividad" que el tribunal sitúa -por conducto del art. 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional- en los tratados internacionales allí mencionados, justifica la decisión adoptada; sobre todo cuando
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.