Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120325
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de nulidad traído; con costas (art. 298, CPCC).
Asimismo, se hace lugar al de inaplicabilidad de ley deducido y se revoca la sentencia impugnada en cuanto declaró la incompetencia del órgano para intervenir en la causa y dispuso su archivo. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, renueve los actos procesales necesarios y dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas se imponen por su orden, atento el contenido de la presente decisión (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri , de Lázzari , Genoud , Soria , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.325, "Pérez, Juan Ramón contra Federación Patronal Seguros S.A. Enfermedad profesional".
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás admitió la excepción de incompetencia opuesta por la accionada y dispuso el archivo de las actuaciones (v. fs. 94/96 vta.).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 99/106).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 115/117 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente admitió la excepción de incompetencia opuesta por la demandada y dispuso el archivo de las actuaciones promovidas por el señor Juan Ramón Pérez contra Federación Patronal Seguros S.A., en las que reclamaba el pago de los rubros indemnizatorios que especificó (v. fs. 94/96 vta.).
Para así decidir, concluyó que no se verificaban en el caso las condiciones que, con arreglo a la triple opción consagrada en el art. 3 de la ley 11.653, le atribuían competencia al órgano en que había sido radicada la acción.
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 99/100).
Esencialmente, alega que, en el marco de la excepción de incompetencia opuesta por la demandada, la parte actora ofreció prueba testimonial para demostrar que la elección de la jurisdicción encuadraba en uno de los supuestos previstos por el art. 3 de la ley 11.653 -lugar de celebración del contrato de trabajo- y que el tribunal para resolver adecuadamente la controversia debió ordenar que se produjera la prueba ofrecida.
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, el recurso no puede prosperar.
De la simple lectura del lacónico escrito recursivo se desprende que el recurrente no ha introducido ningún reproche susceptible de ser abordado en el marco del recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 99 vta.).
Ello así, en tanto los agravios que lo sustentan, lejos de vincularse con alguno de los supuestos contemplados en los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial -únicos que delimitan el campo de actuación del remedio procesal bajo análisis- se dirigen a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el planteo, en rigor, a la imputación de presuntos errores in iudicando, cuyo tratamiento resulta extraño al ámbito del medio intentado, siendo materia propia del recurso de inaplicabilidad de ley (causas L. 104.325, "Roldán", sent. de 22-VIII-2012; L. 119.066, "H.M. Azul S.A.", sent. de 6-IV-2016 y L. 114.451, "Fate S.A.I.C.I.", sent. de 20-XII-2017).
IV. Por lo expuesto, propongo rechazar el recurso extraordinario de nulidad traído, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Genoud y Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1.a. En lo que interesa, Juan Ramón Pérez promovió demanda contra Federación Patronal de Seguros S.A., en procura del cobro de prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557, ante los tribunales de trabajo del Departamento Judicial de San Nicolás.
Con el objeto de justificar la competencia territorial, señaló que el contrato de trabajo que lo unía con Novobra S.A. había sido celebrado en las oficinas que la empresa posee en la localidad de San Nicolás y agregó que, en principio, iba a prestar servicios dentro de la planta General Savio. Sin embargo, luego, la patronal decidió que lo haría en la planta de Acindar S.A. y así ocurrió a lo largo de todo el vínculo de trabajo (v. dem., fs. 39 vta.).
I.1.b. La accionada opuso excepción de incompetencia en razón del territorio. Expresó que en el caso ninguna de las opciones que el art. 3 de la ley 11.653 ofrece para entablar la demanda se ubican en el ámbito del Departamento Judicial de San Nicolás.
Así, indicó que su domicilio se sitúa en la ciudad de La Plata, que el trabajo fue prestado en la ciudad de Villa Constitución, Provincia de Santa Fe y, además, negó que el accionante hubiera sido contratado en San Nicolás (v. fs. 73 y vta.).
I.1.c. En oportunidad de responder el traslado previsto en el art. 29 de la ley 11.653, el actor insistió en afirmar que el contrato había sido celebrado en esa ciudad bonaerense y, a los fines de demostrar tal extremo y justificar la competencia territorial del tribunal actuante, ofreció prueba (v. fs. 87 y vta.).
I.2. Pasados los autos al acuerdo, el órgano jurisdiccional interviniente acogió la excepción, se declaró incompetente y dispuso el archivo de las actuaciones (arts. 3 y 63, ley 11.653 y 352 inc. 1, CPCC; v. fs. 94/96 vta.).
En lo esencial, para resolver de ese modo, señaló que del análisis de las constancias de la causa, no resultaba controvertido que el domicilio del demandado se encontrara en la ciudad de La Plata y que las tareas se hubieran desarrollado en Villa Constitución, Provincia de Santa Fe (art. 3 incs. "a" y "b", ley 11.653; v. fs. 94 vta.).
Luego, al evaluar si en autos se configuraba la situación prevista en el último inciso del mencionado art. 3 invocada por el demandante, destacó que se presume que los contratos de trabajo se celebran en el lugar donde se efectúa la prestación, por lo que correspondía al actor acreditar su lugar de celebración, en tanto alegó que éste no coincidía con el admitido respecto de su ejecución; solución ésta derivada del principio general sobre la carga de la prueba establecido por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 95).
Concluyó que el demandante no cumplió dicha carga. Al respecto, puntualizó que en el escrito introductorio, el reclamante había expresado sucintamente que el contrato había sido celebrado en San Nicolás y que no realizó una explicación circunstanciada del contexto de la contratación de la cual surgiera con claridad tal aseveración. En este esquema, el a quo consideró insuficiente lo manifestado posteriormente en la réplica y el ofrecimiento de testigos a los efectos de acreditar cuál había sido el lugar de celebración del contrato y, en consecuencia, admitió la excepción de incompetencia opuesta (v. fs. 95 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación de los arts. 3, 44 inc. "d" y 63 de la ley 11.653; 34 inc. 4, 349 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial y 9 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 99/106).
En sustancia, alega que el pronunciamiento atacado es arbitrario toda vez que el sentenciante se declaró incompetente sin siquiera ordenar la producción de la prueba ofrecida por el accionante tendiente a demostrar que el contrato de trabajo había sido celebrado en la ciudad de San Nicolás.
De ese modo, sostiene, la decisión vulnera el derecho de defensa y la garantía del debido proceso al negarle la posibilidad a su parte de acreditar sus afirmaciones a través de los medios probatorios aportados.
III. El recurso prospera.
III.1. De modo liminar, cabe aclarar que la resolución atacada debe considerarse definitiva en los términos del art. 278 tercer párrafo del Código Procesal Civil y Comercial.
En efecto, en el caso se controvierte la aptitud jurisdiccional de la justicia provincial para entender en el pleito, y hallándose en juego -conforme resulta de los antecedentes expuestos- la posible atribución de competencia a un juez extraprovincial, la decisión que admite la excepción de incompetencia debe considerarse como asimilable a definitiva (causas L. 118.493, "Criado" y L. 118.524, "Ramos", sents. de 14-X-2015 y L. 119.178, "Avila", sent. de 2-III-2016).
III.2. Luego, acierta el recurrente cuando impugna las conclusiones a las que arribó el tribunal de la instancia ordinaria.
III.2.a. Cabe recordar, ante todo, que el art. 3 de la ley 11.653 reconoce al trabajador el denominado "derecho a una triple opción", esto es, la posibilidad de entablar su demanda ante: 1) el tribunal del domicilio del demandado; 2) el del lugar donde se prestó el trabajo y 3) el del lugar de celebración del contrato.
Sabido es que dicha norma, destinada a solucionar las cuestiones de competencia que se susciten en las causas entre empleadores y trabajadores, resulta inspirada por el propósito evidente de proteger a estos últimos (causas L. 115.653, "Torres", sent. de 6-III-2013; L. 117.767, "Kreitzer", sent. de 10-XII-2014 y L. 118.650, "L., M. N. y otra", sent. de 23-XI-2016).
III.2.b. En el caso, el trabajador optó por la jurisdicción provincial -Departamento Judicial de San Nicolás-, pues afirmó que el contrato de trabajo se había celebrado en esa ciudad y ofreció prueba en apoyo de tal alegación (v. presentaciones de fs. 39/64 y 87 vta.).
Como surge de la reseña de antecedentes, el a quo al resolver la excepción de incompetencia planteada, expresó que se presume que los contratos de trabajo se celebran donde se efectúa la prestación y, toda vez que el actor denunció un lugar distinto al de su ejecución, pesaba sobre él la carga de demostrarlo. El juzgador entendió incumplida esta exigencia señalando que las manifestaciones vertidas por el reclamante y el ofrecimiento de prueba testimonial resultaba insuficiente a los fines propuestos (v. resol., fs. 95).
Tal definición que condujo a los magistrados a declarar, sin más, la incompetencia del órgano para intervenir en estas actuaciones, prescindiendo de sustanciar la prueba ofrecida por el accionante sobre el extremo fáctico controvertido, esto es, el lugar de celebración del contrato de trabajo, sin brindarle la posibilidad de acreditar sus afirmaciones, no exhibe fundamento alguno que la justifique, resultando ser el fruto del mero arbitrio del juzgador y, por esa razón -tal como acertadamente lo señala el recurrente- descalificable (causas L. 34.346, "Paredes Wilson", sent. de 30-IV-1985; L. 66.489, "Pedrozo", sent. de 22-IX-1998 y L. 109.287, "De Campos", sent. de 22-X-2014).
En este contexto, se advierte que el razonamiento desplegado por el tribunal para declarar su incompetencia no guarda armonía con la finalidad tuitiva que inspiró la previsión del art. 3 de la ley 11.653.
Al respecto, no es ocioso recordar que ha declarado esta Corte que los fines de la legislación laboral responden a un principio protectorio en beneficio del trabajador, que encuentra fundamento constitucional en el art. 14 bis de la Constitución nacional y que ha sido receptado en la Ley de Contrato de Trabajo y en el ordenamiento procesal laboral local: la ley 11.653 (causas L. 109.402, "Cuellar", sent. de 4-V-2011; L. 115.653 y L. 117.767, cits.).
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y revocar el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la incompetencia del órgano para intervenir en la causa y dispuso su archivo.
En consecuencia, los autos deberán volver al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, renueve los actos procesales necesarios y dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.
Las costas se imponen por su orden, atento el contenido de la presente decisión (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Genoud y Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron la segunda cuestión también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad traído; con costas (art. 298, CPCC).
Asimismo, se hace lugar al de inaplicabilidad de ley deducido y se revoca la sentencia impugnada en cuanto declaró la incompetencia del órgano para intervenir en la causa y dispuso su archivo. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, renueve los actos procesales necesarios y dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas se imponen por su orden, atento el contenido de la presente decisión (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia