Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120942
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios traídos; con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, de Lázzari, Soria, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.942, "Artero, José María contra Ashira S.A. Accidente de trabajo - Acción especial".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por Prevención ART S.A., imponiendo las costas a la parte actora por resultar vencida (v. fs. 1.153/1.165).
Se interpusieron, por esta última, recursos extraordinarios de nulidad (v. fs. 1.202/1.207 vta.) e inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.181/1.201 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 1.263/1.264 vta.), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de grado declaró prescripta la acción y, en consecuencia, rechazó la demanda que el señor José María Artero promovió contra Ashira S.A., en cuanto le había reclamado -con sustento en disposiciones del derecho común- el pago de una indemnización integral con motivo de la incapacidad que contrajera a consecuencia del accidente de trabajo sufrido el día 8 de marzo de 2001 (v. fs. 1.153/1.165).
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo interpone recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.202/1.207 vta. y 1.181/1.201 vta.),
En el primero de los remedios procesales citados denuncia que el sentenciante transgredió los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
En ese orden, afirma que "la alegada interrupción/suspensión del término prescriptivo, mediante los actos relatados, reveladores de incapacidad, no fueron tratados, siquiera mencionados, ni resueltos explícita o implícitamente por el juzgador, cuando ambas partes los reconocieron y acreditaron" (fs. 1.206).
Refiere que la cuestión omitida deviene trascendente porque, aun aceptándose como válida la definición del a quo que determinó el comienzo del cómputo del plazo de prescripción el día 8 de marzo de 2001, éste se interrumpió en el mes de mayo de 2002 mediante el primer acto médico revelador de una minusvalía para el actor (el alta médica), o bien, con los dictámenes de la Comisión Médica local (de fecha 12 de junio de 2002) y de la Comisión Médica Central (del 30 de diciembre de 2002). Con lo cual, concluye, según el criterio vigente en relación a la aptitud de las actuaciones administrativas para interrumpir el curso de la prescripción, la acción no se encontraba prescripta.
III. Comparto la solución que propicia el señor Procurador General en su dictamen (v. fs. 1.263 vta. in fine /1.264), en cuanto a que el recurso no puede prosperar.
III.1. No se advierte que el tribunal de grado haya preterido el tratamiento de una cuestión esencial para la suerte del litigio, pues al brindar respuesta al interrogante planteado en la tercera cuestión del veredicto, dicho órgano jurisdiccional sostuvo que Artero padeció el accidente de trabajo el día 8 de marzo de 2001 y que la demanda había sido interpuesta en fecha 7 de mayo de 2004, no existiendo "acto suspensivo o interruptivo de la prescripción" (fs. 1.155 in fine y vta.).
Asimismo, en la sentencia, hubo de consignar que "...en el supuesto de autos, el accionante ha incoado la presente acción, vencido el plazo prescriptivo (dos años), no ha interrumpido válidamente, ni suspendido por ningún acto dicho plazo, por lo que propugno el acogimiento de la excepción de prescripción opuesta..." (fs. 1.162).
Con lo cual, juzgo que en el caso no se encuentra configurada la infracción al art. 168 de la Constitución provincial, toda vez que la cuestión que se invoca preterida fue tratada expresamente por los jueces de grado, sin que importe aquí el grado de acierto que pudiera adjudicársele a esa decisión, ya que el análisis de un eventual error in iudicando es ajeno al ámbito del remedio procesal bajo examen (causas L. 104.325, "Roldán", sent. de 22-VIII-2012; L. 117.273, "Delias", sent. de 24-IX-2014 y L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017).
En este sentido, tiene dicho esta Corte que el recurso extraordinario de nulidad es improcedente si la cuestión que denuncia como preterida ha sido examinada y resuelta por el órgano jurisdiccional de origen, aunque en sentido adverso a las pretensiones de la recurrente, sin que importe a los fines del citado remedio procesal el acierto o mérito de la decisión (causas L. 111.216, "López", sent. de 18-IX-2013; L. 109.926, "Mouriño", sent. de 27-VIII-2014 y L. 118.182, "Posteraro", sent. de 21-X-2015).
III.2. En otro orden, y pese a la denuncia inicial, no se advierte el desarrollo de agravios vinculados a una eventual falta de fundamentación legal del pronunciamiento (art. 171, Const. prov.), siendo dable destacar -por lo demás- que en éste se exhibe suficientemente explicitado el sustento jurídico de la decisión cuestionada.
III.3. Por último, se impone destacar que el veredicto carece de fecha y de la indicación del lugar en que se dictó (incumpliendo así las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47, ley 11.653), como así también de firma del actuario -que sólo suscribió la copia de la "planilla Augusta de circulación de expedientes" y la constancia de registro de la sentencia. Aunque el defecto apuntado constituye una falencia de forma que no conduce por sí sola a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasa inadvertido en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse, y así se lo hace saber.
IV. Por lo expuesto, debe rechazarse el recurso extraordinario de nulidad deducido; con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces, doctores de Lázzari , Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la parte actora denuncia la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 10, 11 y 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica.
Refiere que el tribunal de grado incurrió en absurdo al determinar como fecha de toma de conocimiento de la incapacidad el día 8 de marzo de 2001 -coincidente con el momento en que el actor sufrió el accidente de trabajo-, porque el único elemento probatorio que analizó para arribar a esa definición fue la pericia médica, sin tener en consideración que luego de acaecido el infortunio Artero tuvo que transitar un largo y complejo tratamiento de cura y rehabilitación, que incluyó diversos estudios médicos y la iniciación de dos expedientes administrativos por ante la Comisión Médica local.
Explica que con las constancias obrantes en tales actuaciones quedó demostrado que en el mes de febrero de 2002 la aseguradora de riesgos del trabajo otorgó al actor el primer alta médica sin incapacidad; para luego determinar la Comisión Médica jurisdiccional, en fecha 12 de junio de 2002, que éste era portador de un 9,81% de minusvalía; siendo por último modificado dicho porcentual por la Comisión Médica Central, el día 30 de diciembre de 2002, reconociéndole un 12% y efectivizando Prevención ART S.A. el pago de la prestación dineraria en el mes de febrero de 2003.
De tal manera, afirma, el tribunal de trabajo no concedió valor probatorio alguno al tiempo insumido por las diversas prestaciones en especie que le fueron brindadas al trabajador, por lo que resultó absurdo colegir que este último, con escasa sapiencia médica científica, podía o debía conocer desde el momento mismo del accidente, que dicha contingencia le acarrearía una minusvalía psicofísica y, mucho menos, su cuantía; máxime cuando recibió un prolongado tratamiento médico para recuperar su aptitud laboral plena.
Añade que el sentenciante se apartó de la doctrina legal de esta Corte, a la vez que aplicó erróneamente aquella en la que hubo de fundar el pronunciamiento, porque en ninguno de los precedentes que citó mediaron circunstancias coincidentes, siquiera asimilables, a las verificadas en la presente causa. Luego, invoca distinta jurisprudencia de este Tribunal para sustentar su postura de que el inicio del trámite administrativo previo opera como causal de interrupción del curso de la prescripción.
Finalmente, alega que al contestar la demanda la aseguradora de riesgos del trabajo señaló como fecha de comienzo del plazo prescriptivo el día 11 de febrero de 2003, es decir, cuando abonó al accionante la prestación dineraria. De allí que, al escoger en la sentencia una fecha que no fue invocada, alegada, ni introducida en el proceso por la parte interesada excepcionante, el a quo transgredió el principio de congruencia.
II. El recurso no prospera.
II.1. De modo preliminar, he de señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el importe reclamado en la demanda (v. liquidación de fs. 242 vta./244 y 284 vta./286)- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141; B.O., 15-VII-2010; Ac. 3867/17), de modo que la admisibilidad del recurso únicamente podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Por consiguiente, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 98.133, "Vallejos", sent. de 26-X-2011; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015; L. 117.723, "Sarmiento", sent. de 15-VII-2015; L. 119.077, "B., C. A.", sent. de 14-XII-2016; L. 118.332, "Messina", sent. de 29-XI-2017 y L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; e.o.).
II.2. Acotado de tal modo el marco de análisis de la impugnación, los planteos que despliega el interesado con la finalidad de desvirtuar lo resuelto por el a quo devienen inatendibles.
II.2.a. Ello así, pues el supuesto de violación de doctrina legal no se configura cuando la propuesta impugnatoria se ocupa de censurar -como en la especie- aspectos de índole fáctica, probatoria o meramente circunstancial.
Ciertamente, en su afán de descalificar el pronunciamiento de origen el recurrente acude a una técnica recursiva inapropiada e ineficaz, pues intenta someter a revisión en esta sede extraordinaria habilitada por conducto del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, típicas cuestiones de hecho como son la fecha en que el trabajador adquiere conocimiento de su disminución laborativa (causas L. 94.234, "Andino de Moreno", sent. de 26-VIII-2009 y L. 100.898, "Olazar", sent. de 3-III-2010), y el punto de partida para el cómputo del curso de la prescripción y su eventual interrupción o suspensión (causas L. 85.861, "Tellechea", sent. de 18-IV-2007 y 110.993, "González", sent. de 5-VI-2013; e.o.).
II.2.b. Tampoco se observa la concurrencia de los presupuestos que habiliten el tratamiento del agravio en el excepcional marco de conocimiento examinado, la denuncia de violación de la doctrina que se refiere al vicio de absurdo (causas L. 113.266, "Fernández", resol. de 28-XII-2010 y L. 116.842, "Ferreyra Sotelo", resol. de 24-X-2012; e.o.) y al principio de congruencia (causas L. 99.949, "Avendaño", sent. de 13-X-2010; L. 105.969, "González", sent. de 13-VI-2012 y L. 117.526, "Rivarola", sent. de 1-VII-2015; e.o.).
II.2.c. Por otra parte, cabe señalar que el sumario que se individualiza a fs. 1.188 vta. (perteneciente a la causa L. 89.992, "C., D. A.", sent. de 4-VII-2007), deriva de la opinión plasmada en el voto del magistrado que no concitó la adhesión de los restantes integrantes de la Suprema Corte y que, por ende, quedó en minoría y, por lo tanto, no conforma doctrina legal (causas L. 100.723, "Fernández", sent. de 9-XII-2010 y L. 116.906, "Romero", sent. de 3-VI-2015; e.o.).
II.2.d. Por lo demás, la plataforma fáctica de los profusos precedentes jurisprudenciales cuya doctrina legal se alega infringida, difiere -en esencia- de la que exhibe el sub lite.
III. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces, doctores de Lázzari , Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General respecto del de nulidad, se rechazan los recursos extraordinarios traídos; con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia