Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120056
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Negri, Pettigiani, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.096, "Benítez, Víctor Hugo contra Federación Patronal Seguros S.A. Accidente de trabajo-Acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar parcialmente a la acción promovida, con costas del modo que especificó (v. fs. 636/647 vta.).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 691/697 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado admitió la demanda deducida por el señor Víctor Hugo Benítez y condenó a la demandada al pago de la suma que estableció en concepto de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y del adicional contemplado en el art. 3 de la ley 26.773. Dispuso que al monto resultante se apliquen intereses conforme la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a treinta días (v. fs. 636/647 vta.).
Para así resolver, juzgó acreditado que el actor padece una limitación funcional en el dedo índice de la mano derecha con cicatriz de siete centímetros lineal y una reacción vivencial anormal neurótica (estrés postraumático con manifestación hipocondríaca) RVAN Hipocoindríaca en Grado II, que le provoca una incapacidad física y psicológica parcial, permanente y definitiva del 13,76% del índice de la total obrera, adquirida en el período laborado para su empleador y como consecuencia del infortunio laboral que sufriera el día 11 de febrero de 2010 (v. vered., fs. 637 y vta. y sent., fs. 641).
Asimismo, tras juzgar verificado que la aseguradora brindó cobertura al trabajador, otorgando las prestaciones en especie y dineraria por incapacidad laboral temporaria, consideró probado que el accionante no conoció de su minusvalía sino hasta que la demandada "...no se aviniera al pago de las prestaciones dinerarias por incapacidad parcial y definitiva el día 9/4/10 [...], pese a haberlo reconocido como portador de una incapacidad del 6,01% T.O." (v. vered., fs. 637 vta.).
En ese marco, señaló que al demandante le correspondía percibir la prestación contenida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la citada ley 24.557, según el decreto 1.694/09 vigente a la fecha de toma de conocimiento, la que ascendía a la cantidad de $42.926,48 (v. sent., fs. 641 y vta.).
Luego, consideró que resultaba de aplicación en autos la ley 26.773, a tenor de lo previsto en su art. 17 apartado 6, ya que las prestaciones dinerarias se encontraban pendientes de cumplimiento a la fecha de su sanción. En ese orden, reajustó el importe de la reparación a la cantidad de $192.958,09 conforme el índice RIPTE publicado al mes de mayo del año 2015 por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a dicho importe, adicionó el 20% que fija el art. 3 de la citada ley, arribando a un total de $231.549,70 (v. sent., fs. 641 vta. y 642).
Sostuvo que en el ámbito de lo regulado por el art. 3 del Código Civil y el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, el ajuste del tope mínimo por medio del índice RIPTE resultaba de aplicación a los casos en que -como en la especie- se hallaban pendientes de pago las prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo y sus modificatorias y actualización mediante decreto 1.694/09, atendiendo a razones de equidad y justicia en la solución de la contienda (v. sent., fs. 642).
Seguidamente, rechazó la demanda entablada contra la aseguradora de riesgos de trabajo en los términos del derecho común y declaró abstracto el tratamiento del planteo formulado sobre la validez constitucional del art. 39 de la ley 24.557. En cambio, condenó a la accionada al pago de la suma que estableció en concepto de prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (conf. dec. 1.694/09 y ley 26.773) y adicional del art. 3 de la ley 26.773 (v. sent., fs. 642/643).
Además, en virtud de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial y de la doctrina establecida por este Tribunal en la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), en cuanto se declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.399, el a quo entendió que ante la imposibilidad de aplicar al caso la ley especial y dada la naturaleza alimentaria de los créditos nacidos del contrato de trabajo, cabía aplicar los intereses a la tasa activa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a treinta días (conf. arts. 552 y 768, Cod. Civ. y Com.). Agregó que tal definición hallaba también sustento en la conducta temeraria y maliciosa de la accionada ponderada a la luz de lo normado por el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., fs. 643/645).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada denuncia la violación de los arts. 3 del Código Civil; de la ley 24.557, 26.773 y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 691/697 vta.).
Plantea los siguientes agravios:
II.1. Cuestiona la decisión del tribunal de origen en cuanto dispuso la aplicación al caso de la ley 26.773.
Aduce que toda vez que al momento del hecho que originó la incapacidad que padece el actor (11 de febrero de 2010) e incluso a la fecha de interposición de la demanda (30 de diciembre de 2010) todavía no había comenzado a regir la ley 26.773, lo resuelto en el fallo de grado transgrede el principio de irretroactividad previsto en el art. 3 del Código Civil y afecta el debido proceso y su derecho de defensa en juicio.
Alega que el juzgador debió resolver la controversia conforme las normas que regían en el momento en que ocurrió el evento dañoso. En ese orden, con apoyo en los precedentes de este Tribunal que cita y en el fallo dictado por la Corte Suprema nacional en los autos "Lucca de hoz", postula que las normas aplicables a un hecho o situación jurídica son las vigentes al momento de su acaecimiento, deviniendo inaplicables las leyes posteriores.
Sostiene además que no pudo válidamente el tribunal actualizar del modo en que lo hizo el importe de la prestación conforme el índice RIPTE sin declarar la inconstitucionalidad del decreto 472/14. Postula que aún de considerarse el mecanismo de ajuste previsto en la ley 26.773 éste debe ser aplicado a las compensaciones de pago único incorporadas al art. 11 de la ley 24.557 y a los pisos mínimos establecidos en el decreto 1.694/09.
II.2. Objeta también el cálculo de la reparación correspondiente al actor, por cuanto considera que al determinar el quantum el tribunal se apartó de la fórmula establecida en la ley 24.557.
Refiere que su parte desconoció el salario y el ingreso base mensual denunciado en la demanda. Postula puntualmente que el a quo cuantificó la indemnización con un ingreso base mensual que no resultó probado. En este sentido, con cita de doctrina de este Tribunal vinculada con la anulación de oficio y el principio de congruencia, alega que debe revocarse este aspecto del fallo y practicarse nuevamente la liquidación en los términos plasmados por su parte y en concordancia con lo dispuesto por la ley 24.557 (dec. 1.694/09).
II.3. Cuestiona la tasa de interés aplicada por el sentenciante sobre el capital de condena, pues afirma que se ha violado la doctrina legal emanada -entre otras- del precedente L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009).
II.4. Finalmente, cuestiona por absurdo lo resuelto por el órgano jurisdiccional de grado en cuanto encontró configurada en el caso la conducta sancionada en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Merece favorable recepción el agravio que trae el interesado contra lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto cuantificó la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773.
III.1.a. El pronunciamiento no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C.G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
III.1.b. Siendo ello así, siguiendo la línea de razonamiento trazada por esta Suprema Corte -en su opinión mayoritaria- en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de la instancia de grado juzgó el caso, entiendo que -como adelanté- le asiste razón al recurrente.
III.1.b.i. La ley 26.773 ("Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", B.O., 26-X-2012), dispone en su art. 17 apartado 5: "Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
Es indudable que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de las disposiciones pertinentes, la reforma de la ley 26.773 ha mantenido el criterio adoptado por las normas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, 410/01 y 1.694/09), relativo a que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito). Luego, también deben reputarse aplicables al referido cuerpo legal, en principio, y salvo que la nueva legislación haya establecido alguna excepción puntual a dicha regla- los criterios interpretativos mediante los cuales esta Suprema Corte ha zanjado los debates relativos a la aplicación en el tiempo de sus antecesoras (decs. 1.278/00 y 1.694/09, cits.; causa L. 109.850, "A., M.C." sent. de 12-VI-2013; e.o.).
III.1.b.ii. Definido lo anterior, cabe analizar si el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, en cuanto regula el mecanismo de "ajuste" de las prestaciones por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, consagra una excepción a la aludida regla general establecida en el art. 17 apartado 5 del mismo texto legal, resultando eventualmente aplicable incluso a las contingencias acaecidas con anterioridad a su sanción.
El referido art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 prescribe: "Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1.694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010".
A su vez, a los fines de contextualizar el mecanismo al que hace referencia el citado art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 es indispensable tener presente el art. 8 del mismo cuerpo legal, en cuanto dispone que: "Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia".
Más allá de las deficiencias que podrían endilgarse a la técnica legislativa utilizada por la ley 26.773 para regular estos aspectos, en mi opinión la interpretación sistemática de los preceptos legales aludidos lleva a concluir que el art. 17 apartado 6 del referido texto normativo no establece una excepción a la regla general establecida en su art. 17 apartado 5.
En primer lugar, esa supuesta excepción no fue plasmada expresamente en el texto de la ley.
Ese dato (que surge de la simple lectura de la norma) puede ser corroborado si se repara en la circunstancia de que, cuando la nueva normativa quiso excepcionar aquella regla general, lo hizo de manera expresa y categórica. Así, al disponer en el art. 17 apartado 7 que: "Las disposiciones atinentes al importe y actualización de las prestaciones adicionales por Gran Invalidez entrarán en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la presente, con independencia de la fecha de determinación de esa condición", la ley 26.773 ha excepcionado expresamente -sólo para el caso de las prestaciones por gran invalidez, hipótesis ajena al caso de autos- la regla general relativa a que las mejoras prestacionales y los mecanismos de actualización contemplados en la nueva legislación sólo se aplican a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se haya producido con posterioridad a su publicación, disponiendo (exclusivamente para ese tipo de incapacidades) la aplicación inmediata de la reforma incluso a contingencias ocurridas con anterioridad a su sanción.
En ese contexto, y en tanto no corresponde suponer imprevisión o inconsecuencia en la tarea legislativa (causa B. 63.568, "García", sent. de 10-VIII-2011; e.o.), no cabe sino concluir en que, para todos los supuestos no excepcionados expresamente, rige sin ambages la regla general establecida en el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773.
Por otra parte, como ya fue anticipado, la disposición del art. 17 apartado 6 -en cuanto establece que las prestaciones dinerarias " se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010"- no puede interpretarse aislada de la norma del art. 8 del mismo cuerpo legal, que es la que dispone -plasmando una de las innovaciones principales de la ley 26.773 sobre el sistema de la LRT- que las mentadas prestaciones dinerarias por incapacidad permanente se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del referido índice, a cuyos efectos la Secretaría de Seguridad Social "dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia".
De la interpretación conjunta del sistema de normas en juego, se desprende que la ley 26.773 establece que el monto de las prestaciones por incapacidad correspondientes a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia (art. 17 apdo. 5) deben actualizarse semestralmente mediante el índice RIPTE (art. 8), precisando que, para cuantificar inicialmente (esto es, hasta que se implemente definitivamente el mecanismo de ajuste periódico de frecuencia semestral que la ley ordena realizar a la Secretaría de Seguridad Social) esa actualización, debe tomarse en cuenta la evolución del módulo escogido (RIPTE) desde el mes de enero de 2010 en adelante (art. 17 apdo. 6).
Como se observa, ninguna aplicación retroactiva o inmediata de las modificaciones legislativas incorporadas por la reforma surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del caso de las prestaciones por gran invalidez (art. 17 apdo. 7), hipótesis extraña al presente caso.
Por lo demás, refuerza la hermenéutica aludida la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 34/13 (B.O., 24-XII-2013).
En la citada resolución se establece -en cumplimiento de la atribución competencial efectuada por los arts. 8 y 17 apdo. 6 de la ley 26.773- el importe actualizado (por la evolución del índice RIPTE desde el mes de enero del año 2010) de las prestaciones adicionales de pago único (art. 11 apdo. 4, LRT), de los "pisos" indemnizatorios de las prestaciones por incapacidades permanentes o muerte (arts. 14 y 15, ley cit.), y de la compensación adicional por daños no reparados para el caso de muerte o incapacidad total (art. 3 seg. párr., ley 26.773) y, en todos esos casos, la actualización se realiza en períodos a partir del día 26 de octubre de 2012 (conf. arts. 1, 4 inc. "a", 5 inc. "a" y 6 inc. "a", resol. cit.), fecha de entrada en vigencia de la ley 26.773.
Ello demuestra, que el órgano administrativo al cual el Poder Legislativo le delegó expresamente la labor de actualizar periódicamente el importe de las prestaciones dinerarias ha interpretado -en línea con lo señalado en el apartado anterior- que a las prestaciones correspondientes a contingencias cuya primera manifestación invalidante hubiese ocurrido con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva ley no les resulta aplicable el mecanismo de actualización reglado por los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 27.663.
Finalmente, cabe señalar que el criterio expuesto, concuerda con el adoptado por la Corte federal en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ Accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
III.1.b.iii. Teniendo en cuenta que al día 9 de abril del año 2010 -en tanto ello resultó determinante a juicio del tribunal (v. fs. 637 vta.)- la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012) no se encontraba vigente, asiste razón a la recurrente en cuanto postula que sus disposiciones no resultan aplicables al caso, por lo que cabe revocar la sentencia en cuanto dispuso incrementar y computar, con apoyo en esa ley, el importe de las prestaciones dinerarias que fueron objeto de la condena.
III.2. A partir de lo resuelto, y en tanto no corresponde aplicar en la especie el mecanismo previsto en los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, no cabe abordar el planteo vinculado con el modo en que fue implementado, así como tampoco el análisis referido a la validez constitucional del decreto 472/14.
III.3. Sentado ello, cabe también señalar que luce insuficiente lo alegado por la recurrente en relación con la suma que el a quo determinó como ingreso base mensual ($3.712,80) para el cómputo de la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557. En este aspecto no denuncia la eventual configuración del vicio de absurdo en el razonamiento que condujo al sentenciante a tener por no desconocido por las partes el importe que tuvo por cierto y -así sostuvo- ello ante la falta de prueba al respecto y el desconocimiento por las partes de los recibos de haberes agregados a fs. 3 y 114/116 (v. vered., fs. 636 vta.).
Luego, afirmado en la cita de precedentes de esta Corte que no se encarga debidamente de vincular con su concreta objeción, el embate traído resulta en este tramo ineficaz, en tanto no cumple la carga de una adecuada fundamentación, pues no se basta a sí mismo para que de su lectura
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.