Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120327
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Negri, Genoud, de Lázzari, Soria, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.327, "López, Alcides Ramón contra Provincia ART S.A. Accidente in itinere ".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 291/302).
Se interpuso, por la demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 327/342).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de origen admitió la demanda promovida por el señor Alcides Ramón López contra Provincia ART S.A., mediante la cual había reclamado el pago de la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Resolvió de ese modo porque juzgó probado en el veredicto que el día 20 de octubre de 2011, a raíz del infortunio padecido mientras se dirigía a su lugar de trabajo - in itinere -, el actor padece secuelas de traumatismo nasal, pérdida de pieza dentaria y reacción vivencial anormal neurótica grado II que, incluidos los factores de ponderación, lo incapacitan en un 13,52% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 292 vta./294).
En la sentencia, tras declarar de oficio -por mayoría- la inconstitucionalidad de los arts. 17 apartado 5 de la ley 26.773 y 17 del decreto 472/14, efectuó el cálculo de la prestación reclamada, a la que añadió el 20% adicional establecido en el art. 3 de la ley citada (v. sent., fs. 296 vta./300).
Luego, a la suma resultante, le adicionó el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) desde la fecha del infortunio laboral -por los fundamentos que expresó- hasta el último valor publicado de diciembre 2015 (v. sent., fs. 300 in fine y vta.).
A ello le agregó la suma de $3.600 en concepto de prestaciones en especie (atención psicológica; v. sent., fs. 300 vta.).
Finalmente, estableció que al monto de condena se aplicaran intereses, desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago, a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia", vigente en los distintos períodos de aplicación (v. sent., fs. 301 vta.).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la demandada plantea los siguientes agravios.
II.1. En primer lugar, cuestiona la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso de la ley 26.773.
Sostiene, en lo esencial, que toda vez que el infortunio que originó la incapacidad del trabajador acaeció con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773 -es decir, mientras era aplicable el decreto 1.694/09-, lo resuelto transgrede el principio de irretroactividad de las leyes previsto en el art. 3 del Código Civil (actual art. 7, Cód. Civ. y Com.) y afecta los derechos de defensa y propiedad consagrados en los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional.
II.2. Por otro lado, se agravia de la aplicación al caso del art. 3 de la ley 26.773, en tanto, sostiene, no corresponde su aplicación a los accidentes in itinere .
II.3. También impugna la declaración de inconstitucionalidad del decreto 472/14.
Manifiesta que de su texto surge claro que el RIPTE se aplica sobre los pisos mínimos y las prestaciones adicionales de pago único.
Sostiene que el modo en que aplicó el tribunal de grado dicho índice contraría toda normativa vigente, incluso el art. 4 de la ley 25.561, que prohíbe la actualización de los créditos.
II.4. Finalmente, objeta que la fecha de inicio del cómputo de los acrecidos sea la del evento dañoso.
Por un lado, en cuanto se trataría de una doble actualización, en tanto a las prestaciones ya les aplicó el índice RIPTE.
Por otro -argumenta- en virtud de lo que prescribe el art. 2 de resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo 414/99 (modif. por resol. 287/01), la mora en el cumplimiento de la obligación de otorgar las prestaciones dinerarias se produce transcurridos treinta días corridos desde la fecha en que la prestación debió ser abonada.
De ello se colige, en su criterio, que la tasa de interés aludida solo resulta aplicable desde que adquiere firmeza la sentencia de grado.
III. El recurso ha de prosperar parcialmente.
III.1. De manera liminar, se impone señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria, representado por la diferencia entre el modo de cálculo de las prestaciones efectuado por el tribunal de grado y el que pretende la impugnante, no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (cfr. art. 1, ley 14.141, B.O. de 15-VII-2010 y Ac. 3803/16), de modo que la admisibilidad del remedio procesal deducido, en principio, solo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Ahora bien, toda vez que el tribunal de origen declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, a los fines de disponer su aplicación al caso, considero que el tratamiento del agravio vinculado con su actuación involucra el análisis de una cuestión federal que autoriza su examen sin las restricciones derivadas de la normativa procesal.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490, in re "Strada"; Fallos: 311:2.478, in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
III.2. Sentado ello, merece favorable recepción el agravio dirigido a objetar la aplicación al caso de las previsiones de la ley 26.773.
III.2.a. En primer lugar, debe revocarse la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia, de conformidad con la doctrina sentada por esta Corte a partir de la causa L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018).
Sobre el particular, así como lo hice en la causa L. 118.252, "Garro" (sent. de 12-IV-2017), habré de insistir en que en lo atingente al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, la referida ley 26.773 -como ya lo dijo esta Corte- ha reiterado aquella regla general contenida en normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación solo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia.
En este marco, es dable recordar que si bien el principio de no retroactividad de la ley carece de jerarquía constitucional, tiene un límite claro, configurado por la interdicción de todo menoscabo sustancial a situaciones subjetivas consolidadas al amparo de un régimen jurídico válido anterior (art. 17, Const. nac.; causa L. 96.278, "Mussio", sent. de 11-III-2013), como sucede en la especie.
Desde este enfoque, es mi convicción que cabe revocar la descalificación de dicho precepto, toda vez que no lo advierto, en el caso, en pugna con derechos y garantías de jerarquía constitucional.
III.2.b. En lo que concierne al fondo del cuestionamiento, el agravio también debe prosperar conforme los fundamentos expuestos por este Tribunal, por mayoría, en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016).
Allí se estableció que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O. de 3-I-2000 y 1.694/09, B.O. de 6-XI-2009), por lo que las mejoras introducidas en la nueva legislación solo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. Tal criterio fue reiterado con posterioridad en otros precedentes (causas L. 117.871, "Spinali", sent. de 28-IX-2016; L. 119.715, "Plenazzio", sent. de 13-X-2016; L. 118.459, "Caviglia", sent. de 14-XII-2016 y L. 118.202, "B. T., E. y otros", sent. de 8-II-2017; e.o.).
III.2.c. En consecuencia, teniendo en consideración que a la fecha de ocurrencia del accidente laboral, esto es el día 20 de octubre de 2011, la ley 24.557 se encontraba vigente con las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso, en cuanto cuestiona que en el fallo se dispuso la aplicación del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara. Asimismo, por tal motivo, cabe revocar el monto adicional establecido en base al art. 3 de la ley en cuestión.
III.3. En función de lo resuelto precedentemente, donde se propuso revocar la aplicación al caso de la ley 26.773, ha perdido virtualidad expedirse sobre si corresponde o no el adicional establecido en el art. 3 de dicha normativa a un accidente in itinere , así como la constitucionalidad del decreto 472/14.
Ello así, en tanto el tratamiento de cuestiones abstractas es impropio de la judicatura (causas Ac. 62.281, "Macchi", sent. de 4-VI-1996; C. 98.851, "Macari", sent. de 13-VIII-2014 y L. 118.252, cit.).
III.4. Finalmente, en el marco en que transita el recurso, no puede ser atendido el agravio mediante el cual se cuestiona la aplicación de intereses, por cuanto la recurrente no acredita la configuración del supuesto de excepción (art. 55, ley 11.653), toda vez que omite citar e individualizar doctrina legal de esta Corte en apoyo de su postura (causas L. 94.298, "Lescar", sent. de 5-XI-2008; L. 101.390, "Gómez", sent. de 16-III-2011 y L. 118.013, "Osorio", sent. de 15-VII-2015).
IV. Por lo expuesto, debe hacerse lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y revocar la sentencia de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 y dispuso la aplicación del índice RIPTE allí previsto, cuya constitucionalidad e inaplicabilidad al caso se declara.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que practique la liquidación que corresponda, de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas se imponen por su orden, en atención a la recepción parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. En la especie, el valor de lo cuestionado ante la instancia no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O. de 17-VII-2010; Ac. 3803/16, SCBA), por lo que esta Corte sólo debe verificar si lo resuelto por el tribunal de grado contradice la doctrina legal vigente.
Sin embargo, las interdicciones vinculadas a la summa gravaminis , que resultan del régimen procesal local, no se aplican cuando, como en el caso, los temas involucran cuestiones federales tales como la constitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 y del decreto 472/14, correspondiendo en este supuesto darle curso a la impugnación por ante esta instancia extraordinaria, a fin que la recurrente pueda eventualmente acceder al remedio federal (art. 14 inc. 1, ley 48; CSJN Fallos: 308:490; 311:2.478; causas L. 90.223, "Collado", sent. de 28-V-2010; L. 103.103, "Lazarte", sent. de 11-V-2011; L. 100.635, "Berón", sent. de 30-II-2011 y L. 97.703, "Vega", sent. de 22-VI-2011; e.o.).
I.2. Sentado ello, debo destacar que discrepo con la solución dada en torno al agravio dirigido a cuestionar la aplicación al caso de la ley 26.773.
I.2.a. En lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de las disposiciones de la ley 26.773, que fuera solicitada por la parte actora a fs. 129/136 vta., he de volcar aquí lo expresado al votar en la causa L.118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, en cuanto a que dicha ley ha reiterado como regla general el criterio adoptado por normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema prestacional de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación solo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En ese sentido he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal que surge del precedente L. 94.904, "Bertino" (sent. de 22-X-2008) y los que le siguieron con motivo de las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00.
Entonces, por establecer el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 una regla general similar a la contenida en normas anteriores, tal doctrina les resulta aplicable, y corresponde dejar sin efecto su descalificación constitucional.
I.2.b. Sin embargo, ese acierto inicial de la recurrente no alcanza a acoger la totalidad de su planteo pues, en mi opinión, la solución de grado debe ser confirmada aunque por distintos fundamentos.
A fin de dar solución a este conflicto debo recordar, una vez más, como lo he expresado a lo largo de los años en las causas L. 51.220, "Lorenzi", sentencia de 10-VIII-1993; L. 51.550, "Vivas", sentencia de 22-II-1994; L. 53.740, "Schmidt", sentencia de 27-II-1996 y L. 83.781, "Zaniratto", sentencia de 22-XII-2004, entre muchas otras, que la declaración de oficio de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan pues el tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes.
Luego, considero que las prestaciones por incapacidad parcial y permanente calculadas conforme la norma vigente al momento del accidente, dada la insuficiencia reparatoria que -en la especie- las mismas importan, resultan ser una indemnización inadecuada y, por ende, una clara vulneración del derecho constitucional a obtener una reparación razonable y equitativa de los daños en el presente caso.
La insuficiencia de tales prestaciones aún no satisfechas, fue expresamente asumida por el Poder Ejecutivo nacional al expresar en el mensaje elevado al Honorable Congreso de la Nación acompañando el proyecto de ley relativo al "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales" (hoy ley 26.773) al reconocer que pese a que con el decreto 1.694/09 se dispuso la mejora de las prestaciones dinerarias del sistema a la vez que el establecimiento de medidas concretas para perfeccionar sus aristas de gestión, la imperfección estructural de la ley 24.557 y sus modificatorias como instrumentos de protección social no fue saneada y que el régimen vigente en materia de riesgos del trabajo "...ha profundizado el impacto en la sociedad de sus aspectos más negativos, llegando a distorsionar y comprometer el funcionamiento de la totalidad del sistema", concluyendo que con las reformas impulsadas (hoy concretadas en la ley 26.773) se pretendió avanzar "...en una respuesta legal que supere los factores más controvertidos del sistema presente, con el fin de instalar un régimen reparatorio que brinde prestaciones plenas, accesibles y automáticas...".
Si se toma en cuenta que el trabajador se accidentó en octubre de 2011 y que, a más de siete años, aún permanece insatisfecho su derecho a una reparación razonable del daño que padece como consecuencia de ese infortunio, la indemnización prevista en la ley 24.557 calculada -como pretende la demandada- de acuerdo a pautas tarifarias fijadas en el año 2009 por el decreto 1.694, por insuficiente, es inconstitucional y así debe ser declarado.
En ese contexto, estimo apropiado a fin de establecer el importe indemnizatorio -como lo ha hecho el tribunal de origen- acudir a las pautas tarifarias contenidas en la ley 26.773, por considerar que dicha norma (pese a no ser aplicable atento la fecha en que ocurrió la contingencia que dio lugar a estos autos) provee -en este caso- pautas para el cálculo de una reparación razonable y equitativa.
I.2.c. Como derivación de lo anterior, juzgo que corresponde revocar la parcela del pronunciamiento que dispuso el pago de la indemnización adicional de pago único a la que alude el art. 3 de la ley 26.773, toda vez que tal resarcimiento ha sido incorporado como compensación por un régimen legal que, conforme lo expuse, resulta aplicable a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En el caso, solo corresponde ajustar, por los motivos que desarrollé anteriormente, la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva (art. 14 apdo. 2 inc. "a", LRT), a cuya percepción tenía derecho el actor al momento de sufrir el infortunio.
I.3. Luego, ha de prosperar el agravio por el que se cuestiona la declaración de inconstitucionalidad del decreto 472/14 y el modo de aplicación del índice RIPTE.
I.3.a. Para brindar respuesta al tópico, considero suficiente reproducir la parte pertinente del voto emitido por el colega doctor Soria al sufragar en la causa L. 119.002, "Carabajal" (sent. de 25-IV-2018), en la que se pronunció sobre la validez constitucional de referido decreto.
Sostuvo allí, dicho magistrado, que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708 y 324:920; e.o.), doctrina que, incluso, ha sido reiterada por la Corte federal en R.401.XLIII, "Rodríguez Pereyra", sentencia de 27-XI-2012.
En ese marco, entendió mi colega que los términos empleados por el legislador permiten avizorar que la norma reglamentaria no posee ese vicio.
Ello así, pues el art. 8 de la ley 26.773 establece que: "Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia".
Por su parte, el art. 17 apartado 6
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.