Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120372
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, de Lázzari, Negri, Genoud, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.372, "Antico, Gladys Haydee contra Federación Patronal Seguros S.A. Accidente de trabajo. Acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 244/256 vta.).
Se dedujo, por la parte demandada Federación Patronal Seguros S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 272/275 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la acción deducida por la señora Gladys Haydee Antico y condenó a Federación Patronal Seguros S.A. a abonarle las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557 (con las modificaciones introducidas por el dec. 1.694/09), reajustadas por el índice RIPTE previsto por la ley 26.773, más los intereses calculados a la tasa que estableció (v. fs. 244/256 vta.).
Para así decidir tuvo por acreditado, con sustento en la aceptación formulada por la demandada de las consecuencias inmediatas y mediatas derivadas de la contingencia que protagonizó la trabajadora y el informe pericial médico de fs. 240/242, que como consecuencia de las tareas prestadas para el Instituto Gabriela Mistral (clases de guitarra) la actora padece una severa artrosis en la articulación trapecio metacarpiana de ambos pulgares (rizartrosis del pulgar) con mayor afectación en la mano izquierda, que la incapacita de manera parcial y permanente en un 31,90% del índice de la total obrera (v. fs. 246 y vta.).
Estableció como fecha de toma de conocimiento de la afección incapacitante el día de ocurrencia del infortunio, esto es, el 27 de julio del año 2011 (v. vered., fs. 247 in fine ).
Ya en la sentencia, determinó la prestación dineraria que le correspondía percibir al accionante con arreglo a las disposiciones del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -modificada por el decreto 1.694/09-, cuantificándola en $57.420 (v. fs. 250 vta.).
Seguidamente, dispuso que a dicha suma debía aplicarse el mecanismo de ajuste previsto en la ley 26.773 (art. 17 apdo. 6). Puntualizó el a quo que tal normativa se refiere a las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral permanente sucedidas durante la vigencia de la ley 24.557 y los decretos 1.278/00 y 1.694/09, al disponer que éstas se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la ley conforme el índice RIPTE, desde el 1 de enero de 2010 (v. fs. 250 vta.).
Manifestó la jueza votante en primer término que, conociendo de antemano la opinión de sus colegas que le siguen en el orden de votación, propiciaba la aplicación del RIPTE a contingencias anteriores al 26 de octubre de 2012 con un hito temporal hasta enero de 2010, citando los argumentos expuestos por uno de los magistrados del tribunal, en autos "González, Ada Alejandra c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Accidente In Itínere " expediente n° 11.179, a la que se remitió por razones de brevedad, dejando a salvo su postura en cuanto a la irretroactividad de la norma en cuestión y su no aplicación, conforme lo establecido en la causa antes aludida sin dejar de remarcar la doctrina sentada por esta Corte en el fallo L. 118.695, "Staroni", sent. de 24-V-2016. Por dichas razones reajustó el monto de la prestación a $128.046,60 (v. fs. 250 vta./251).
II. La demandada Federación Patronal Seguros S.A. dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Objeta que el tribunal de grado haya cuantificado las prestaciones dinerarias que le corresponden percibir a la actora con sujeción a las disposiciones del decreto 1.694/09 y que, además, actualizara dichos importes según el índice RIPTE contemplado en la ley 26.773.
Refiere que el accidente de trabajo por el cual la actora reclamó, ocurrió en fecha anterior a la entrada en vigencia de dicho cuerpo normativo. En ese sentido, afirma que el hecho acaeció en julio de 2011.
Argumenta que conforme al precedente L. 118.659, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) de esta Corte, el mecanismo de ajuste previsto en el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 resulta inaplicable al caso, en tanto la primera manifestación invalidante (27 de julio de 2011) es anterior a su entrada en vigencia (B.O., 26-X-2012).
En definitiva, sostiene que el importe de la prestación dineraria ha sido determinado en base a parámetros establecidos en una normativa que no se encontraba vigente al momento de los hechos aquí debatidos, debiéndose en consecuencia calcular el resarcimiento conforme las pautas que brinda el decreto 1.694/09.
III. El recurso prospera.
III.1. De manera preliminar, debo precisar que el valor de lo cuestionado, en el caso, no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141 (Acordada 3840/17).
Ello así, puesto que el importe del litigio se encuentra representado por la diferencia proveniente del cálculo de la prestación dineraria según las pautas de la ley 24.557 (conf. dec. 1.694/09; $57.420) y el derivado de la aplicación del índice RIPTE previsto en la ley 26.773 ($128.060).
Desde esta perspectiva, el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado sólo puede abordarse en el acotado marco de examen que prevé el supuesto excepcional previsto en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.2. Asiste razón a la recurrente en cuanto se agravia de que el tribunal de origen vulneró la doctrina legal de esta Corte sobre la cuestión aquí debatida.
En este aspecto, siguiendo la línea de razonamiento trazada por esta Suprema Corte -en su opinión mayoritaria- en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), y ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de la instancia de grado juzgó el caso, entiendo que corresponde hacer lugar al recurso.
III.3. Siendo ello así, habré de reproducir -en lo pertinente- los fundamentos expuestos en dicho precedente, oportunidad en la que presté mi adhesión al voto de mi colega doctor Genoud.
III.3.a. La ley 26.773 ("Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", B.O. de 26-X-2012), dispone en su art. 17 apartado 5: "Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
Es indudable que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de las disposiciones pertinentes, la reforma de la ley 26.773 ha mantenido el criterio adoptado por las normas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00 y 1.694/09), relativo a que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito). Luego, deben reputarse aplicables al referido cuerpo legal -en principio, y salvo que la nueva legislación haya establecido alguna excepción puntual a dicha regla- los criterios interpretativos mediante los cuales esta Suprema Corte ha zanjado los debates relativos a la aplicación en el tiempo de sus antecesoras (los cits. decs. 1.278/00 y 1.694/09).
III.3.b. Definido lo anterior, cabe analizar si el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, en cuanto regula el mecanismo de "ajuste" de las prestaciones por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, consagra una excepción a la aludida regla general establecida en el art. 17 apartado 5 del mismo texto legal, resultando eventualmente aplicable incluso a las contingencias acaecidas con anterioridad a su sanción.
El referido art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 prescribe: "Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1.694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010".
A su vez, a los fines de contextualizar el mecanismo al que hace referencia el citado art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 es indispensable tener presente el art. 8 del mismo cuerpo legal, en cuanto dispone que: "Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia".
Más allá de las deficiencias que podrían endilgarse a la técnica legislativa utilizada por la ley 26.773 para regular estos aspectos, en mi opinión la interpretación sistemática de los preceptos legales aludidos lleva a concluir que el art. 17 apartado 6 del referido texto normativo no establece una excepción a la regla general establecida en su art. 17 apartado 5.
En primer lugar, esa supuesta excepción no fue plasmada expresamente en el texto de la ley.
Ese dato (que surge de la simple lectura de la norma) puede ser corroborado si se repara en la circunstancia de que, cuando la nueva normativa quiso excepcionar aquella regla general, lo hizo de manera expresa y categórica. Así, al disponer en el art. 17 apartado 7 que: "Las disposiciones atinentes al importe y actualización de las prestaciones adicionales por Gran Invalidez entrarán en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la presente, con independencia de la fecha de determinación de esa condición", la ley 26.773 ha excepcionado expresamente -sólo para el caso de las prestaciones por gran invalidez, hipótesis ajena al caso de autos- la regla general relativa a que las mejoras prestacionales y los mecanismos de actualización contemplados en la nueva legislación solo se aplican a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se haya producido con posterioridad a su publicación, disponiendo (exclusivamente para ese tipo de incapacidades) la aplicación inmediata de la reforma incluso a contingencias ocurridas con anterioridad a su sanción.
En ese contexto, y en tanto no corresponde suponer imprevisión o inconsecuencia en la tarea legislativa (causa B. 63.568, "García", sent. de 10-VIII-2011; e.o.), no cabe sino concluir en que, para todos los supuestos no excepcionados expresamente, rige sin ambages la regla general establecida en el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773.
Por otra parte, como ya fue anticipado, la disposición del art. 17 apartado 6 -en cuanto establece que las prestaciones dinerarias " se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010"- no puede interpretarse aislada de la norma del art. 8 del mismo cuerpo legal, que es la que dispone -plasmando una de las innovaciones principales de la ley 26.773 sobre el sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo- que las mentadas prestaciones dinerarias por incapacidad permanente se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del referido índice, a cuyos efectos la Secretaría de Seguridad Social "dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia".
De la interpretación conjunta del sistema de normas en juego, se desprende que la ley 26.773 establece que el monto de las prestaciones por incapacidad correspondientes a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia (art. 17 apdo. 5) deben actualizarse semestralmente mediante el índice RIPTE (art. 8), precisando que, para cuantificar inicialmente (esto es, hasta que se implemente definitivamente el mecanismo de ajuste periódico de frecuencia semestral que la ley ordena realizar a la Secretaría de Seguridad Social) esa actualización debe tomarse en cuenta la evolución del módulo escogido (RIPTE) desde el mes de enero de 2010 en adelante (art. 17 apdo. 6).
Como se observa, ninguna aplicación retroactiva o inmediata de las modificaciones legislativas incorporadas por la reforma surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del caso de las prestaciones por gran invalidez (art. 17 apdo. 7), hipótesis extraña al presente caso.
Por lo demás, refuerza la hermenéutica aludida la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 34/13 (B.O., 24-XII-2013).
En la citada resolución se establece -en cumplimiento de la delegación efectuada por los arts. 8 y 17 apdo. 6 de la ley 26.773- el importe actualizado (por la evolución del índice RIPTE desde el mes de enero del año 2010) de las prestaciones adicionales de pago único (art. 11 apdo. 4, LRT), de los "pisos" indemnizatorios de las prestaciones por incapacidades permanentes o muerte (arts. 14 y 15, ley cit.) y de la compensación adicional por daños no reparados para el caso de muerte o incapacidad total (art. 3 seg. párr., ley 26.773) y, en todos esos casos, la actualización se realiza en períodos a partir del día 26 de octubre de 2012 (conf. arts. 1, 4 inc. "a", 5 inc. "a" y 6 inc. "a", resol. cit.), fecha de entrada en vigencia de la ley 26.773.
Ello demuestra, que el órgano administrativo al cual el Poder Legislativo le delegó expresamente la labor de actualizar periódicamente el importe de las prestaciones dinerarias ha interpretado -en línea con lo señalado en el apartado anterior- que a las prestaciones correspondientes a contingencias cuya primera manifestación invalidante hubiese ocurrido con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva ley no les resulta aplicable el mecanismo de actualización reglado por los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773.
III.3.c. A tenor de lo señalado, y teniendo en cuenta que a la fecha en que el tribunal estableció -en conclusión firme- como determinante para definir el régimen jurídico aplicable (julio de 2011), la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012) no se encontraba vigente, asiste razón a la recurrente en cuanto postula que no resulta aplicable al caso el mecanismo regulado en los arts. 8 y 17 apartado 6 de dicho texto legal.
III.3.d. Finalmente, señalo que, en tanto la decisión que propicio importa -por los fundamentos dados- revisar el monto de condena, deberá dejarse sin efecto en el caso -también- el pronunciamiento de grado en materia de intereses en lo que respecta al período comprendido entre el 27 de julio de 2011 y el 26 de octubre de 2012 fijados conforme una tasa pura de interés del 8% anual, toda vez que para así hacerlo, el a quo atendió a lo que consideró la normativa aplicable.
Por lo tanto, frente a una renovada liquidación, deberá fijarlos, teniendo en consideración la doctrina delineada por este Tribunal en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), entre otras.
IV. Por las razones dadas, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que debidamente integrado, obre con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Voto en el mismo sentido que el doctor Pettigiani, a tenor de las siguientes consideraciones.
En la causa L. 118.695, "Staroni", sent. de 24-V-2016, he dejado plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, he de plegarme al voto de mi colega doctor Pettigiani en cuanto su respuesta se ajusta a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7, (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7-VI-2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
II. Adhiero asimismo, a la propuesta contenida en el punto III.3.d. del voto que antecede.
III. Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, obre de conformidad con lo que aquí se decide.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El recurso prospera.
II. En primer lugar, debo precisar que, en el caso, el valor de lo cuestionado -tal como lo señala el doctor Pettigiani en el punto III.1. de su voto- no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141 (Ac. 3840/17).
Con sujeción a esos lindes, advierto que le asiste razón al impugnante al denunciar la transgresión de la doctrina legal emanada de este Tribunal (v. rec., fs. 274).
II.1. En efecto, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, la ley 26.773 ha reiterado como regla general el criterio adoptado por normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema prestacional de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En ese sentido, he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal que surge del precedente L. 94.904, "Bertino" (sent. de 22-X-2008) y los que siguieron, con motivo de las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00.
Entonces, por establecer el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 una regla general similar a la contenida en normas anteriores, tal doctrina les resulta aplicable.
Sobre este punto debo decir que sin perjuicio de que soy de la opinión que por regla los fa
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.