Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 71990
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Genoud, Kogan, Negri, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 71.990, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Barragán y Cía. S.A.C.I.F.I.A.N. y otros. Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, rechazó los recursos de apelación interpuestos por las partes actora y demandada. En consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad del art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011) y la procedencia de la defensa de prescripción opuesta por los codemandados en relación a la deuda reclamada en concepto de impuesto a los ingresos brutos, mandando llevar adelante la ejecución por el monto fijado en concepto de multa por omisión, con costas (v. fs. 176/186 vta.).
Contra ese pronunciamiento la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 189/204 vta.), el que fue concedido a fs. 205 y vta.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 211) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata rechazó los recursos de apelación interpuestos por ambas partes (v. fs. 176/186).
En lo que a este recurso interesa, confirmó la sentencia de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad del art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011) en cuanto prevé un modo de computar el plazo de prescripción que colisiona con lo normado en el art. 3.956 del Código Civil por entonces vigente y acogió la defensa de prescripción opuesta por los demandados en relación a la deuda reclamada en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos con el alcance detallado en el fallo de fs. 110/116, es decir por los créditos fiscales reclamados por los períodos 4 a 8, 11 y 12 del año 1996 y 3, 5, 7, 10 a 12 del año 1997.
Sostuvo que el debate constitucional de normas fiscales es procedente en los procesos de apremio. Empero, señaló que atento la limitación cognoscitiva propia de estos juicios, la admisibilidad de este tipo de defensas depende de que el tema constitucional sea susceptible de resolverse con las constancias del expediente o sin necesidad de mayores despliegues probatorios. Admitió que esas circunstancias se hallaban configuradas en la especie y, en consecuencia, rechazó el agravio fiscal sobre este tema, confirmando la declaración de inconstitucionalidad del art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011) decidida por el juez de primera instancia.
Superado el escollo formal alegado por el Fisco, el Tribunal de Alzada también rechazó el planteo efectuado por la actora relativo a la inaplicabilidad de la doctrina sentada por esa Cámara en la causa "Microcontrol S.R.L.", sentencia de 10-IX-2009, atento -en criterio de la recurrente- la carencia de fuerza vinculante del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Filcrosa" (Fallos: 326:3899).
Agregó que la Corte provincial al pronunciarse en la causa C. 99.094, "Fisco c. Fadra", sentencia de 14-VII-2010, explicitó que los argumentos vertidos para fundamentar la decisión mayoritaria de la causa C. 81.253, "Coop. Prov. Almaceneros Minoristas de Punta Alta", sentencia de 30-V-2007, alcanzan a todo lo relativo al instituto de la prescripción.
Concluyó ponderando que las directrices señaladas por los máximos tribunales nacional y provincial continúan plenamente vigentes, constituyendo doctrina vinculante para los tribunales inferiores y cuyo acatamiento contribuye con la celeridad de los procesos (art. 15, segundo párrafo, Const. prov.) y al adecuado resguardo del principio de seguridad jurídica que tiene jerarquía constitucional. Por ello, rechazó el agravio fiscal en este aspecto y confirmó la declaración de inconstitucionalidad del art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011) decidida por el a quo .
Luego, a partir de la inaplicabilidad al caso de la referida norma fiscal, la Cámara rechazó el recurso de apelación presentado por el Fisco, con fundamento en la falta de cuestionamiento del modo que -bajo los criterios establecidos en el Código Civil- el juez de grado computó el plazo quinquenal de prescripción para concluir que la excepción opuesta debía ser acogida.
También desestimó por insuficiencia de la impugnación (arg. art. 260, CPCC) el agravio de la actora vinculado a la extensión de los efectos de la excepción articulada por los ejecutados con relación al codemandado no presentado en autos.
II. Contra el mentado pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Denuncia violación y errónea aplicación de los arts. 16, 17 y 121 de la Constitución nacional, por soslayar la potestad de la Provincia de Buenos Aires de dictar leyes concernientes a las facultades que se ha reservado como poder autónomo y que no ha delegado a la Nación.
Concretamente, se agravia de la declaración de inconstitucionalidad del art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011) efectuada en la instancia inferior y confirmada por la Cámara.
Considera que el criterio adoptado por esta última es errado porque no tiene en cuenta las características propias del impuesto sobre los ingresos brutos -en especial su anualidad-, a la vez que niega la pretendida contraposición entre el precepto local ya citado y el art. 3.956 del -hoy derogado- Código Civil.
Advierte que el análisis de la anualidad del gravamen en cuestión resulta importante para comprender el modo en que el Código Fiscal regula la prescripción y que la obligación de pagar anticipos del tributo que en definitiva se adeude no obsta a que éste deba ser en sí determinado mediante la declaración jurada que se presenta al final del ejercicio.
Aduce que el período del impuesto referido concluye siempre los días 31 de diciembre y que luego debe presentarse una declaración jurada anual que lo torna exigible, por lo que el término prescriptivo correspondiente se inicia recién en el ejercicio siguiente. Sobre esto último destaca la necesidad de que la ley establezca parámetros uniformes.
Asevera además que el cómputo establecido por el art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011) se ajusta al art. 3.956 del Código Civil, descartando que la sola concreción del hecho imponible conlleve el comienzo de dicho plazo.
Argumenta que la regulación local resulta coincidente con lo dispuesto para las obligaciones tributarias nacionales por el art. 57 de la ley 11.683, lo que -en su visión- excluye cualquier posible violación del art. 31 de la Constitución.
Seguidamente, reivindica la potestad de la Provincia de Buenos Aires para dictar normas que regulen las acciones del Fisco en reclamo de tributos, incluida su prescripción. Sin desconocer los precedentes jurisprudenciales citados por el tribunal a quo , invoca en su apoyo lo sostenido por esta Corte en las causas I. 2.109 "Marina", sentencia de 9-VIII-2000; Ac. 81.520, "El Rincón de Torres", sentencia de 3-XI-2003 y C. 99.854, "Fisco c. Haras San Pablo", sentencia de 7-X-2009.
Plantea que el ejercicio de dicha facultad legislativa reviste importancia debido a que se encuentra en juego la obtención de recursos económicos a los fines del desenvolvimiento del Estado provincial, garantía de la potestad de darse las propias instituciones y regirse por ellas (conf. art. 122, Const. nac.).
Agrega que la normativa del por entonces vigente Código Civil corresponde al derecho privado y que como tal no se adapta a la relación tributaria que aquí se pretende aprehender, integrante del derecho público tributario local.
A continuación, critica que -según lo afirma- la sentencia atacada no haya tenido en cuenta la existencia de causales de suspensión e interrupción de la prescripción. Reitera su postura en cuanto a que ellas surgen del expediente administrativo 2306-0386213/2001 y practica el cómputo que -en su opinión- corresponde, tildando de absurda la decisión de la Cámara sobre el punto. En su apoyo, cita jurisprudencia que reconoce el efecto interruptivo de las actuaciones administrativas.
Por último, se agravia de la extensión de los efectos de la sentencia al codemandado Enrique Guillamón. Manifiesta que la causa "Zanetti", tomada como fundamento de dicha decisión, se encuentra apelada ante este Tribunal. En abono de su queja, cita jurisprudencia.
III. Inicialmente cabe recordar que la decisión de la Cámara que en un juicio de apremio resuelve la excepción de prescripción reviste carácter definitivo a los fines de la admisibilidad del recurso extraordinario (doctr. causas Ac. 86.695, resol. de 30-IV-2003 y Ac. 84.050, sent. de 22-III-2006).
IV. En cuanto al fondo de la cuestión controvertida, considero que, por las razones que expondré, el recurso no puede prosperar.
IV.1. En la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, esta Suprema Corte, por mayoría que integré, entendió aplicable la doctrina legal emergente de la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, a los aspectos complementarios del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias provinciales. En virtud de ello, concluyó que el inicio del cómputo correspondiente se regía por el art. 3.956 del Código Civil -norma de fondo aplicable a la materia durante los períodos discutidos- y no por el art. 133 del Código Fiscal local (t.o. 2004).
Sobre la base de lo allí expuesto y atento a que en el presente se debate una cuestión sobre la que la reciente doctrina legal que ha sido referida ha sentado un criterio, corresponde rechazar los agravios de la Fiscalía de Estado en sentido contrario, relacionados con la supuesta violación del art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011; conc. art. 133, t.o. 2004), que como tal no puede admitirse.
IV.2. Dilucidado lo anterior, cabe recordar que el tribunal a quo rechazó el recurso de apelación oportunamente presentado por la Fiscalía de Estado, aduciendo, asimismo, que ésta no cuestionó el modo en que, bajo las pautas fijadas por el entonces vigente Código Civil, el juez de grado había computado el plazo quinquenal de prescripción aplicable.
Dicha conclusión no ha sido debidamente refutada en esta instancia extraordinaria por la impugnante, quien se ha desentendido por completo de ella, discurriendo en cambio de manera genérica sobre las implicancias del carácter anual del tributo reclamado y la supuesta configuración de causales de suspensión e interrupción que no habrían sido tenidas en cuenta.
Al respecto, esta Suprema Corte ha sostenido que para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, esto es, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia cuestionada (causas Ac. 79.513, sent. de 23-XII-2002; Ac. 80.763, sent. de 2-IV-2003; C. 100.718, sent. de 25-II-2009; C. 95.790, sent. de 23-XII-2009; C. 78.278, sent. de 18-VIII-2010; C. 100.285, sent. de 14-IX-2011; A. 71.751, sent. de 29-VI-2016; e.o.).
En vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja firme la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (doctr. Ac. 73.447, sent. de 3-V-2000; Ac. 72.204, sent. de 20-VI-2001; Ac. 81.965, sent. de 19-III-2003; C. 186.183, sent. de 22-XII-2010; A. 70.596, sent. de 24-IX-2014 y A. 70.977, sent. de 25-II-2015).
IV.3. Algo similar cabe decir del agravio relacionado con la extensión de los efectos de la sentencia al codemandado Enrique Guillamón, pues la Cámara interviniente desestimó por insuficiente la queja sobre el punto planteada en el recurso de apelación y ante esta sede la impugnante omite atacar dicha conclusión, limitándose a expresar su disconformidad con lo resuelto y a transcribir fragmentos de jurisprudencia que ni siquiera explica cómo se relacionarían con el caso de autos.
Al respecto, esta Corte ha señalado que resulta insuficiente el recurso extraordinario cuando el embate se desentiende por completo de los motivos y fundamentos que vertebran la decisión, discurriendo por rumbos paralelos, trasuntando la simple disconformidad de la recurrente con la labor axiológica llevada a cabo por el a quo (conf. causa A. 72.155, "Leguizamón", sent. de 19-X-2016).
V. No habiéndose acreditado las infracciones legales denunciadas ni la vulneración de la doctrina legal de este Tribunal invocada, corresponde rechazar el recurso planteado (conf. art. 279, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (conf. arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 68 y 289 in fine, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el sub lite , se configura una cuestión idéntica al precedente A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de créditos", sentencia de 16-V-2018. En aquel caso, al igual que en el presente, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata confirmó la sentencia de grado (v. punto "II", a partir de fs. 181 vta.) que ordenara la realización del cómputo de la prescripción fijando su inicio de acuerdo a lo preceptuado por el art. 3.956 del Código Civil (v. al respecto fs. 113 vta. del pronunciamiento del juez de origen), lo que -según aduce la recurrente- colisiona con el art. 133, primer párrafo, segunda parte del Código Fiscal (t.o. 2004), merced a lo cual en la especie se acogió parcialmente la excepción de prescripción opuesta por el accionado, por los "períodos" 4/96 a 12/97.
II. Al tratar el recurso de apelación, el a quo confirmó la decisión de grado respecto de la interpretación que aquel juez hiciera de la normativa fiscal. Según lo señala la Cámara, la decisión importó la aplicación de su propio criterio en la causa "Microcontro. S.R.L." y "Fadra" de esta Corte, donde se recepta la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Filcrosa" (v. fs. 181 vta. y 182). Así, se desestimó la fijación del dies a quo en los términos del art. 133 del Código Fiscal (t.o. 2004 y 159, t.o. 2011) y consecuentemente se mantuvo su declaración de inconstitucionalidad.
En torno al alcance que otorga la sentencia de primera instancia respecto del codemandado Enrique Guillamón (v. fs. 115 vta.), el a quo desestimó el agravio articulado por la representación fiscal, por entender que no se habría realizado una crítica concreta y razonada, tal como lo impone el art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 188 vta. punto 2).
III. Contra el mentado pronunciamiento el Fisco de la Provincia de Buenos Aires interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 189/204). Allí alega violación a los arts. 16, 17 y 121 de la Constitución nacional (v. fs. 192); luego desarrolla más específicamente la infracción al art. 133 del Código Fiscal (t.o. 2004) y arguye la falta de contradicción entre el Código Civil y la norma fiscal, por interpretar que, a la luz del art. 3.956 de aquel, debe entenderse que el título de la obligación comienza del modo en que lo dispone la norma tributaria (v. fs. 194 vta. y 195).
Alega que la legislación impositiva nacional reglamenta la cuestión controversial de igual modo que el Código Fiscal provincial. Reivindica las facultades tributarias en materia local (v. fs. 197), alegando que la Nación no tiene atribución alguna para reglamentar en materia tributaria local. Finalmente impugna lo decidido en las instancias anteriores, respecto del codemandado Guillamón (v. fs. 202 vta.).
Aunque los argumentos han sido expuestos de manera poco sistemática y confusa y no se ha correlacionado debidamente la decisión del a quo con la crítica concreta y razonada de ésta, el recurso alcanza -con escasa holgura- el umbral de admisibilidad en los términos de la normativa procesal (conf. art. 279, CPCC).
IV. En torno a la admisibilidad de la vía impugnatoria por tratarse de un proceso de ejecución, es preciso recordar que la decisión de la Cámara que en un juicio de apremio resuelve la excepción de prescripción reviste carácter definitivo (doctr. Ac. 86.695, resol. de 30-IV-2003 y Ac. 84.050, sent. de 22-III-2006).
V.1. Aclarado ello y sobre la base de los antecedentes reseñados, corresponde reproducir mi voto en el precedente A. 71.388, "Recuperación de Créditos", ya citado, en lo tocante al nudo de la cuestión controvertida. Así, al igual que en aquél caso adelanto que corresponde hacer lugar al recurso articulado por la representación fiscal.
Bajo los parámetros de la mencionada causa y la consecuente aplicación al sub lite de la normativa provincial -en la medida que corresponda-, algunos de los períodos reclamados en el título ejecutivo de fs. 7 no están totalmente alcanzados por el transcurso de la prescripción.
Ello así, por cuanto del modo en que se está decidiendo, el cómputo del plazo deberá efectuarse en los términos del art. 133 del Código Fiscal (t.o. 2004), considerando además la suspensión prevista en el art. 135 de dicho cuerpo legal.
V.2. Retomando el hilo conductor de lo expresado en torno al citado precedente de esta Corte, recuerdo que en esa oportunidad sostuve, en torno al modo en que se configuraba la cuestión controvertida:
"IV.2.a. Preside el debate de autos la cuestión acerca de la aplicabilidad del precedente emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, registrado en Fallos 326:3899 (causa: 'Recurso de hecho deducido por Abel Alexis Latendorf -Síndico- in re Filcrosa SA s/ quiebra. Incidente de verificación de Municipalidad de Avellaneda', sent. de 30-IX-2003).
De mantenerse el criterio de ese fallo, habría que establecer por añadidura si la prevalencia de la legislación civil allí postulada remite sólo a la extensión o magnitud del plazo de prescripción o si, como alguna vez se ha dicho (CSJN, in re, P. 154.XLV, 'Provincia del Chaco c/ Rivero, Rodolfo Aníbal s/ Apremio', sent. de 1-XI-2011, por remisión al dictamen de la Procuradora Fiscal) se aplica también al cómputo de dicho plazo. A partir de allí cabría cotejar las soluciones provistas por la ley tributaria y por el art. 3.956 del Código Civil.
IV.2.b. Antes de expedirse la Corte nacional en el caso 'Filcrosa' mantuve un criterio diferente al que luego hubo de adoptarse en ese fallo, por entender que la legislación de los tributos provinciales (lo que incluye el diseño de la prescripción en esa órbita material) atañe al derecho público local, resorte de las provincias; que refiere a una materia no delegada por éstas a la Nación, ni por ende incluida en la esfera de competencias previstas en la cláusula de los códigos del citado art. 75 inc. 12 (v. gr. causa C. 82.405, sent. de 23-XII-2002). Las normas del derecho común sólo serían aplicables por analogía, vale decir, en defecto de previsiones del derecho tributario local previa adecuación a las peculiaridades de esta materia.
Una vez dictado y
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.