Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74006
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Genoud, Soria, Negri, Kogan, Pettigiani, Mancini, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.006, "Alliaz Argentina Compañía de Seguros S.A. contra Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, revocó el pronunciamiento de primera instancia e hizo lugar a la excepción de inadmisibilidad de la pretensión interpuesta por el Fisco, en tanto tuvo por no acreditada causal de eximición alguna que le permitiera a la parte actora apartarse de lo normado por el art. 19 del Código Contencioso Administrativo. Impuso las costas a la actora en su calidad de vencida (conf. arts. 19, 35 inc. 1 "i", 36 inc. 2 "c" y "d", 51, 55, 56, 58, 59, 77 y concs., ley 12.008 -t. seg. leyes 13.101 y 14.437- y 274, CPCC) -ver fs. 209/216-.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 229/246 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 248/249.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 258), agregado el memorial de la demandada a fs. 262/267 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, revocó el pronunciamiento de primera instancia e hizo lugar a la excepción de falta de pago previo interpuesta por el Fisco, declarando la inadmisibilidad de la pretensión en tanto tuvo por no acreditada causal de eximición alguna que le permitiera a la parte actora apartarse de lo normado por el art. 19 del Código Contencioso Administrativo.
En primer lugar señaló que la resolución de primera instancia, que rechazó la excepción, consideró la exigencia de pago previo como una denegación de justicia, sin proveer más razones que las relativas a la garantía del art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
El Tribunal de Alzada sostuvo que dicha actividad jurisdiccional configuró un quebrantamiento de la regla de congruencia (conf. art. 34 inc. 4, CPCC), pues la parte actora, sin deducir cuestión constitucional, se limitó a fijar su posición en la inexistencia de deuda líquida al tiempo de promoción de la acción (pese a que al momento del examen de admisibilidad, ya se encontraba liquidada la deuda y notificada a la actora, quien si bien la recurrió en sede administrativa, no la incorporó como un hecho nuevo en autos).
Advirtió que tampoco la actividad desplegada por la actora había permitido tener por acreditado algún extremo que autorizare a superar la exigencia del pago previo.
Agregó que la ausencia de una suma determinada a sufragar, no se aviene con la naturaleza del proceso revisor de legalidad en materia de tributos, ni a la exigencia del art. 19 de la ley 12.008 (t. seg. ley 13.101).
Indicó que, en la especie, el caso ofreció esa configuración a partir de la reliquidación efectuada con posterioridad al inicio de la demanda, la que igualmente formó parte del objeto de controversia, en tanto había sido notificada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) a la aquí actora antes de la resolución del incidente de la excepción de inadmisibilidad de la pretensión.
Teniendo por acreditada la reliquidación del crédito fiscal, consideró que el deber de pago previo lucía nítido, más allá del modo con el que hubiera sido formulada la pretensión y de los trámites que invocaran pendientes en sede administrativa (ref. impugnación de la nueva liquidación), los que estimó inconducentes para eludir este requisito.
Finalmente y en orden a la obligación tributaria de dar sumas de dinero (art. 19 inc. 1, ley 12.008 cit.), sin exhibir la actora la hipótesis de excepción que dispense el pago previo (art. 19 inc. 3 "a", ley cit.), afirmó que correspondía que se haya cumplido como condición de habilitación suficiente de la instancia.
Por lo demás, señaló que la sola mención de la cláusula 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, sin un desarrollo que la vincule con una exigencia lesiva de la legislación local, no bastaba para articular la objeción constitucional, con lo que evidenció el error de juzgamiento de la sentencia recurrida.
Por todo lo expuesto, admitida la excepción, declaró inadmisible la pretensión promovida.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la actora denuncia errónea aplicación de los arts. 19 de la ley 12.008; 131 de la ley 10.397; 18 y 109 de la Constitución nacional; 11, 15 y 166 de la Constitución provincial. También acusa violación de la doctrina legal de esta Corte en materia del solve et repete .
II.1. En primer lugar, aduce que la sentencia impugnada no reparó en la imposibilidad inicial de dar cumplimiento al art. 19 del Código Contencioso Administrativo, en tanto ese es el momento procesal en el que resulta exigible -interposición de demanda- y en autos, en esa oportunidad, no existía una deuda líquida o fácilmente liquidable que pudiera abonar en concepto de pago previo.
Denuncia que conforme la doctrina legal de esta Corte, el cumplimiento del solve et repete debe limitarse a los casos en que, al momento de la interposición de la demanda, es exigible una deuda líquida o fácilmente determinable. Manifiesta que el fallo en crisis deja de lado este criterio y en un excesivo ritualismo rechaza la demanda, sin analizar que en el caso concreto no existió una deuda en las condiciones antes indicadas.
En ese sentido, alega que en la causa B. 48.640, "Decavial S.A.I.C.A.A.", sentencia de 28-XII-1987, se estableció que el único requisito al que se subordina la exigibilidad del pago previo al interponer la demanda, es a la existencia de una liquidación administrativa, que determine concretamente el monto adeudado.
Sostiene que, al momento del inicio de la presente causa, la ARBA no había dado cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Fiscal de Apelación (TFA) -en la resolución que se cuestiona en autos-, por la que se le otorgó un plazo de cuarenta días para realizar una nueva liquidación, y que recién fue confeccionada trascurridos más de cuatro años.
Asimismo alega que, ese nuevo cálculo, tampoco determinó la suma líquida exigible, ya que realizó un cómputo a valores históricos, el que deberá ser actualizado en el ámbito administrativo (suma de $103.770,19 para valores del año 1983).
Denuncia, en el mismo sentido, que el solve et repete es una cuestión prejudicial, entendida como presupuesto para incoar la acción judicial.
II.2. Aduce absurdo en la apreciación de las constancias de la causa en tanto, la sentencia recurrida, incurre en un exceso ritual manifiesto, en desmedro de la verdad jurídica objetiva.
Sostiene que se violó el debido proceso al declararse ipso facto inadmisible la demanda -al revocar la inexigibilidad de pago previo decretada en primera instancia-, sin intimar previamente su cumplimiento, por un nuevo plazo y monto determinado.
En concreto, se agravia de que el tribunal no lo intimó en los términos del art. 19 del Código Contencioso Administrativo al pago de la suma en cuestión, vulnerando así la doctrina de esta Corte, que determina que ese emplazamiento debe cursarse para que opere la inadmisibilidad de la acción (cita causa A. 71.378, sent. de 18-IV-2011).
Sostiene que para respetar el debido proceso legal, debió incluirse una intimación por un plazo no menor a diez días, para que cumpla con el requisito previo (conf. art. 19 inc. 2).
Denuncia que la sentencia recurrida se traduce en un valladar al acceso de justicia, en tanto le denegó la posibilidad de discutir la procedencia de la deuda que se le reclama, exigiéndole sin más el pago del solve et repete, no obstante no haber existido una liquidación que pudiese haber abonar.
III. El recurso prospera parcialmente, con el alcance que surge de las consideraciones siguientes.
III.1. Para resolver la cuestión planteada resulta preciso analizar las circunstancias particulares de la causa.
De sus constancias surge que al momento de la interposición de la demanda, no había liquidación impositiva, en tanto el TFA ordenó a la ARBA redetermine la deuda conforme los parámetros por él establecidos.
En efecto, la actora denunció la inexigibilidad del pago previo en su escrito postulatorio. Indicó que al momento de interponer la demanda -25 de julio de 2008; ver fs. 87 vta.- la deuda fiscal resultaba de monto indeterminado (v. fs. 63/64), señalando que el art. 19 inc. 2 del Código Contencioso Administrativo se refería específicamente a "suma determinada" y, en consecuencia, alegó que resultaba improcedente dicho recaudo previo en el caso de autos.
Radicada la causa en primera instancia (atento la declaración de inconstitucionalidad del art. 5 de la ley 13.405 efectuada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata), se ordenó libramiento de oficio en los términos del art. 30 del Código Contencioso Administrativo al TFA, a efectos de que remita el expediente administrativo 2360-33483/94. El organismo referido contestó el 19 de febrero de 2009 y sólo remitió copia de la sentencia, informando que el expediente se encontraba en sede de la ARBA.
Con fecha 20 de febrero del mismo año, el juez de primera instancia ordenó se notifique de ello al actor a los fines establecidos por el art. 32 del Código Contencioso Administrativo, diligencia que no pudo ser practicada conforme constancia de fs. 129.
Recién con fecha 31 de octubre de 2012, se presenta el patrocinante de la actora solicitando se saquen de paralizadas las actuaciones a fin de instar su trámite. Puesta en letra la causa, a fs. 133 solicita se corra traslado de la demanda.
A fs. 134 -con fecha 10 de diciembre de 2012- el juez de primera instancia efectuó el examen de admisibilidad de la pretensión (conf. art. 31, CCA), oportunidad en la que afirmó que el supuesto de autos no se encontraba alcanzado por el art. 19 del Código Contencioso Administrativo, y declaró admisible la pretensión.
Corrido el traslado de ley, la representación fiscal opuso, como excepción de previo y especial pronunciamiento, la de inadmisibilidad de la pretensión, y sostuvo para ello que, si bien es cierto que al momento de promoción de la demanda (25 de julio de 2008) la deuda controvertida en autos no se encontraba determinada atento que el ente recaudador no había aún dictado el nuevo acto de liquidación -bajo las pautas establecidas en la sentencia del TFA-, dicha liquidación se había efectuado con posterioridad al inicio del presente juicio y antes de que se admitiera la pretensión y diera traslado de la demanda.
A efectos probatorios acompañó copia de la disposición delegada 2233/12 de fecha 26-VI-2012, por la que se liquidó la deuda a un valor histórico de ciento tres mil setecientos setenta pesos con diecinueve centavos ($103.770,19), con más los accesorios previstos por el art. 96 del Código Fiscal (v. fs. 137/146).
Manifestó asimismo que esta nueva liquidación fue efectivamente notificada a la empresa con fecha 5 de julio de 2012 (v. fs. 147/149) y que la misma, con fecha 27 de julio del mismo año, fue objeto de impugnación administrativa por la aquí actora (v. fs. 150/161 vta.), quien tuvo pleno conocimiento del monto de la deuda más de cinco meses antes de que el juez de la instancia admita la pretensión (por providencia de fecha 10-XII-2012), omitiendo incorporar estas circunstancias en autos.
Agregó que, de haberse requerido las actuaciones administrativas a la ARBA (que conforme denunció el TFA estaban en dicho organismo); o de haberse incorporado por la actora la reliquidación de la deuda efectuada mediante disposición delegada 2233/12, previo al examen de admisibilidad del art. 30 del Código Contencioso Administrativo, necesariamente el juez de grado hubiera tenido que intimar a la demandante el pago previo de la suma determinada (conf. art. 19, CCA), antes de ordenar el traslado de demanda.
III.2. En este contexto, como ya se adelantara, el juez de primera instancia rechazó la excepción con sustento en que la exigencia del solve et repete configuraría en el caso una denegación de justicia (conf. arts. 19 inc. 3 apdo. "a", CCA y 15, Const. prov.).
Por su parte, la Cámara revocó dicho pronunciamiento, admitiendo la excepción y declarando, sin más, la inadmisibilidad de la pretensión.
III.3. Es dable observar -de manera general- que es doctrina reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la exigencia del pago previo como requisito de viabilidad de recursos judiciales no es contraria -en sí- a los derechos de igualdad y defensa en juicio (Fallos: 155:96; 261:101; 278:188; 307:1753; e.o.).
Y, si bien también ha dicho -con no menor reiteración-, que es dable admitir la posibilidad de atenuar el rigorismo del principio solve et repete en eventuales supuestos de excepción que involucren situaciones patrimoniales concretas de los obligados, a fin de evitar que el pago previo se traduzca en un real menoscabo de garantías que cuentan con protección constitucional (Fallos: 285:302 y 322:337), ello es a condición de que el interesado, además de alegar la desproporción del monto intimado o la falta inculpable de los medios necesarios para hacer frente al pago del tributo (cfr. Fallos: 295:314; 319:3415 y "Agropecuaria Ayui S.A.", sent. de 30-VI-1999; e.o.), aporte elementos precisos de juicio que constituyan índices reveladores de su estado patrimonial particular (Fallos: 250:208 y votos de los doctores Fayt, Lorenzetti y Argibay en la causa CSJN C.3669.XXXVIII "Centro Diagnóstico de Virus S.R.L. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos - DGI", sent. de 16-IX-2004).
En el mismo sentido, esta Suprema Corte, se ha pronunciado respecto de la constitucionalidad del requisito de pago previo, admitiendo la morigeración formal en casos de probada imposibilidad de pago inculpable o de tratarse de sumas de dinero desproporcionada con relación a la capacidad económica del accionante (cfr. mi voto en la causa A. 71.493, "Gallo Llorente", sent. de 9-V-2018; doctr. causas B. 49.152, "Paz", sent. de 24-IV-1990; B. 53.829, "Luis A. Zaiden y Alfredo O. Carnevari. Sociedad de Hecho", resol. de 3-XII-1991; B. 52.756, "Fernandez Simielli", resol. de 9-III-1993; B. 55.927, "American Express Arg. S.A.", resol. de 6-VI-1995; B. 58.642, "Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes Círculo Italiano I.S. y D.", resol. de 14-VII-1998; B. 48.677, "Expreso Quilmes S.A.", sent. de 17-XI-1998 y B. 65.727, "Kel Ediciones S.A.", resol. de 29-IX-2010).
III.4. Ahora bien, en el caso de autos, no se plantea la imposibilidad de pago por razones económicas de la empresa o por su desproporción, que se traduzcan como una denegación de acceso a la justicia, sino que en este supuesto la cuestión se ciñe a la inexistencia de una deuda líquida que permitiera cumplir con el recaudo previo a la interposición de la demanda, pero que fuera determinada con posterioridad.
En tales condiciones, debe entenderse que en el sub judice , los agravios que expresa la actora se enderezan a la interpretación y alcance que debe darse al art. 19 del Código Contencioso Administrativo, y a determinarse si eventualmente, en el caso de corresponder el pago, debió intimarse su cumplimiento o directamente declararse la inadmisibilidad de la pretensión en los términos del art. 36 inc. 2 apartado "d", tal como lo resolvió el Tribunal de Alzada.
Este Tribunal tiene dicho que el principio de que el pago de un gravamen debe necesariamente ser previo a toda acción judicial que lo cuestione, halla su fundamentación jurídico-política en la necesidad de que el Estado recaude inmediatamente sus rentas.
Por lo que diferir el pago de un gravamen a la decisión de los tribunales constituiría un inconveniente peligroso, pues dejaría a la Administración pública en condiciones de no atender sus obligaciones, tendientes a la satisfacción del interés de la colectividad (cfr. causas B. 55.090, "Mar de Ostende S.R.L.", resol. de 21-IX-1993; B. 53.829; B. 58.642 y B. 48.677, cits.).
Bajo tales parámetros, en numerosas causas esta Corte declaró la inadmisibilidad de la pretensión a instancias de la excepción del art. 35 inc. 1 apartado "i", atento no cumplirse con el solve et repete existiendo una deuda líquida y no habiéndose probado las causales legales de eximición (conf. doctr. causas B. 48.640, "Decavial S.A.I.C.A.A.", sent. de 28-XII-1987; B. 64.768, "Aguas Argentinas S.A.", sent. de 27-IX-2006; e.o.).
Ahora bien, en el caso y tal como fue admitido por la propia demandada a fs. 173, al momento de promoción de la presente demanda (sujeta al plazo de caducidad del art. 18, CCA; conf. doctr. causa A. 73.145, "Usuarios y Consumidores", sent. de 18-X-2017; entre muchas otras) la deuda controvertida en autos no se encontraba determinada (conf. se refiere el art. 19 inc. 2, CCA), y fue recién casi cuatro años después que la misma se liquidó (e incluso fue objeto de una nueva impugnación administrativa) por lo que no resultaba posible para la actora efectuar el pago previo en dicha oportunidad.
Es más, en el sub lite, al momento del examen de admisibilidad de la demanda no se encontraba siquiera agregado el expediente administrativo conforme lo normado por el art. 30 del Código Contencioso Administrativo, y no se había notificado en los términos del art. 32 del mismo Código al actor, lo que imposibilitó que el juez de grado pudiera conocer la nueva liquidación en tiempo oportuno.
Ello me convence de que la inadmisibilidad de la pretensión por incumplimiento del pago previo (conf. art. 36 inc. 2 apdo. "d") resuelto por el Tribunal de Alzada, no puede ser decidida sin más; ello a fin de no contrariar el principio de acceso irrestricto a la jurisdicción (art. 15, Const. prov.) y con el objetivo de evitar tanto el menoscabo de la tutela judicial efectiva (arts. 18, Const. nac.; 15, Const. prov.; 8 y 25, PSJCR) como el desconocimiento de la doctrina de este Tribunal que, en esta materia, impone el principio de la interpretación más favorable a la acción ( in dubio pro actione ).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, revocar la sentencia del Tribunal de Alzada que declaró inadmisible la pretensión, y ordenar se dicte un nuevo pronunciamiento por el que se intime a la actora a dar cumplimiento a las exigencias del pago previo de las sumas cuestionadas en concepto de las obligaciones tributarias (conf. doctr. causa B. 65.727, "Kel Ediciones S.A.", resol. de 29-IX-2010; arg. art. 19 inc. 2, CCA; art. 289 inc. 2, CPCC).
Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado atento a las particularidades del caso y la forma en que se resuelve la cuestión (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 segunda parte y 289 in fine , CPCC).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Adhiero al relato de antecedentes efectuado por el colega que inicia el acuerdo en los puntos I y II de su voto, pero me apartaré parcialmente de la solución por él propuesta.
En efecto, comparto el criterio respecto de que debe revocarse la sentencia del Tribunal de Alzada qu
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