Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 70898
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri , Pettigiani, Soria, Kogan, de Lázzari, Kohan, Mancini se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 70.898, "Bellina S.A contra Provincia de Buenos Aires. Expropiación inversa. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata acogió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (pronunciamiento de fs. 504/509) y, en consecuencia, revocó la sentencia dictada en primera instancia (v. fs. 414/430).
Contra ese pronunciamiento, la actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 517/524).
Dictada la providencia de autos, agregada la memoria de la parte demandada y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió suspender el llamamiento de autos y citar a la Cooperativa de Trabajo a fin de que compareciera a juicio.
Contestado el traslado conferido (v. fs. 624/631) este Tribunal decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. La titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, hizo lugar a la demanda de expropiación inversa interpuesta por el síndico de la firma "Bellina S.A.".
I.1. Para así decidir, destacó que para que exista abandono en la expropiación no resulta suficiente tener en cuenta la falta de promoción del juicio expropiatorio durante el plazo de la ley, sino que además de la inactividad no debe mediar restricción o perturbación del ejercicio del derecho de propiedad del titular del bien.
Señaló que en el caso no podía alegarse el abandono de la expropiación dado que habían quedado acreditados comportamientos del expropiante tendientes a concretar los efectos de la expropiación (v. fs. 421/ 424).
I.2. Estimó reunidos los presupuestos establecidos por el art. 41 de la ley 5.708.
Explicó que existiendo la ley que declara la utilidad pública de los muebles e inmueble -que conforman la unidad productiva- para su adjudicación a la "Cooperativa de Trabajo Galaxia Limitada", el Estado legitimó la posesión material que venían realizando los trabajadores e impidió el ejercicio pleno del derecho de propiedad de la expropiada (v. fs. 425).
I.3. Hizo lugar a la demanda, y fijó la indemnización, considerando improcedente el pago de intereses compensatorios tras señalar que, si bien la ley 13.052 afectó la disponibilidad del activo falencial, no había imposibilitado la renta de los bienes (v. fs. 428).
Indicó que el pago de esa suma debería efectivizarse por la demandada dentro de los cuarenta y cinco días hábiles, a contar desde la fecha en que el pronunciamiento adquiriera firmeza y que, a partir de esa fecha, al monto reconocido se le aplicarían intereses a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación y hasta el efectivo pago (v. fs. 430 vta.).
II. Ese pronunciamiento, solo fue apelado por la parte demandada, quien argumentó la inexistencia de actos turbatorios o posesorios por parte del Estado. Y, en consecuencia, la falta de acción en virtud del incumplimiento de los recaudos que el art. 41 de la ley 5.708 impone (v. fs. 451/460 vta.).
Agregó que resultaba contradictorio, por un lado, no condenar al pago de intereses compensatorios al tener en cuenta que la fábrica estaba alquilada y, por otra parte, hacer lugar a la demanda sin que haya mediado desposesión por parte del Estado.
Planteó -de forma eventual- la compensación del monto de la indemnización con los impuestos provinciales que adeuda la empresa fallida.
Señaló que, de hacerse lugar a la demanda las costas debían imponerse al Fisco de conformidad a lo dispuesto por el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial.
Y por último, en relación al dies a quo de los intereses por mora, destacó que los mismos debían correr desde el momento en que se cumpliera el plazo de cuarenta y cinco días establecido por la ley 5.708 (v. fs. 460).
III. La Cámara revocó la sentencia impugnada (v. fs. 504/509).
Consideró que asistía razón a la accionada, que la demanda de expropiación inversa intentada resultaba improcedente pues, en el caso, no concurrían los presupuestos exigidos por el art. 41 de la ley 5.708 (v. fs. 507).
Sostuvo que las razones brindadas por la jueza de primera instancia para hacer lugar a la acción resultaban insuficientes, que en el supuesto de autos no existió menoscabo jurídico al derecho de propiedad del particular, ni una turbación o restricción de los derechos del propietario que pudieran dar lugar a la vía procesal intentada.
IV. Contra este pronunciamiento, la parte actora interpone el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 517/524) en el que expresa, los siguientes agravios:
1. Violación de los arts. 10, 31, 161 inc. 3 y 168 de la Constitución provincial; 17 y 18 de la Constitución nacional; 41 y 47 de la ley 5.708; 376, 384 y 279 inc. 1 y 2 del Código Procesal Civil y Comercial.
2. Existencia de absurdo en la sentencia del Tribunal de Alzada.
Sostiene que no es posible considerar abandonada la expropiación dado que, el Estado provincial realizó diversos actos que van más allá de ser meramente preparatorios pues turbaron el accionar del juez de la quiebra, impidiendo continuar con el proceso de liquidación.
Explica que el art. 41 de la ley 5.708 admite la expropiación irregular no sólo cuando existe desposesión sino también cuando de cualquier modo el Estado turbe o restrinja, por acción u omisión los derechos del propietario.
Alega que en su caso la ocupación del inmueble que hace la Cooperativa de Trabajo Galaxia Limitada, junto con el uso de todas las maquinarias y herramientas de la quiebra no es más que el anticipo de lo que manda la ley 13.052 y que el alquiler que recibe se ha compensado con la suspensión del curso de los intereses.
Expresa que ese uso de los bienes de la Empresa que la Cooperativa realiza, es lo que la propia ley 13.052 ha legitimado con su sanción obstruyendo el progreso de la quiebra y cancelar el pasivo (v. fs. 518 vta., 520, 522 y 523)
V. Entiendo que el recurso debe prosperar.
V.1. La cuestión relativa a la expropiación de empresas por el Estado y la asignación de las mismas a los empleados organizados en cooperativas de trabajo (para evitar la paralización de las fábricas y la pérdida de numerosos puestos de trabajo), fue analizada por este Tribunal en las causas A. 70.913, "San Justo" (sent. de 11-III-2015) y A. 70.502, "Gesma" (sent. de 10-VI-2015).
En esas actuaciones se resolvió, por mayoría, que se encontraban reunidos los requisitos establecidos por el art. 41 de la ley 5.708 para acceder a la acción de expropiación inversa.
Se destacó, puntualmente, que correspondía tener por operado el recaudo que el inc. "c" de dicho artículo determina, en tanto el dictado de la ley que declara la utilidad pública de la empresa y su asignación a los trabajadores ocupantes, coadyuva para que el dueño de los bienes de la empresa padezca la turbación y restricción en sus legítimos derechos, y además condiciona las ulteriores acciones que éste pudiera ejercer (conf. art. 15, ley 5.708)
V.2. Observo que las consideraciones allí expuestas resultan aplicables en el presente caso y que, en tal sentido, asiste razón al recurrente.
V.2.a. La titular de dominio de los bienes sujetos a expropiación por ley 13.052 resulta ser la empresa "Bellina Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Agropecuaria y De Mandatos" que se encontraba en concurso preventivo desde el 27 de octubre de 1998 y respecto de la cual, con posterioridad, se decretó su quiebra (v. fs. 1/2).
Los referidos bienes conforman el total del haber concursal (v. fs. 1 vta. pto. "g") y es así que el síndico designado en autos "Bellina S.A. s/Quiebra" -en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n° 16- fue quien, con fecha 5 de mayo de 2004, promovió la demanda de expropiación inversa obrante a fs. 13/17.
V.2.b. La mencionada ley 13.052 (B.O., 5-V-2003) declaró la utilidad pública y sujetos a expropiación de los inmuebles, instalaciones, maquinarias y herramientas -que específicamente detalla en el art. 1 (v. además Acta de inventario anexa a fs. 162/164) - para ser adjudicados en propiedad y a título oneroso a la "Cooperativa de Trabajo Galaxia Limitada".
El objetivo de la norma fue el de otorgar una solución a la situación jurídica de la fábrica, cuya gestión se mantuvo en manos de los trabajadores, para evitar el desmantelamiento de la unidad productiva y la consecuente pérdida de los empleos.
Y surge de la presentación obrante a fs. 624/631 que el interés en la utilidad pública declarada por la ley 13.052 se mantiene.
V.2.c. En tal sentido, se advierte la existencia de un menoscabo jurídico en el derecho de propiedad de la accionante, que abre paso a la vía de la expropiación inversa.
En el presente caso se encuentra configurado el presupuesto exigido por el inc. "c" del art. 41 de la ley 5.708, toda vez que el Estado provincial con el dictado y puesta en práctica del plexo normativo han obstruido la prosecución de la quiebra, turbando los derechos de propiedad de la sociedad recurrente al impedirle desarrollar el pleno ejercicio de los mismos (conf. arts. 15, ley 5.708; causa A. 70.913, sent. de 11-III-2015).
V.2.d. Sin perjuicio que lo expuesto resulta suficiente para hacer lugar al recurso interpuesto, recuerdo que, en supuestos sensiblemente diferentes: leyes expropiatorias dictadas respecto de terrenos ocupados por terceros y en relación a la temática vinculada el inicio del cómputo de los intereses, he señalado que si bien la desposesión a la que alude el art. 8 de la ley 5.708 es la efectuada por el Estado, debía repararse que éste desposee al dueño no sólo cuando toma el terreno para sí, sino cuando lo hace para terceros, destacándose que lo importante no reside en quien ocupa materialmente el terreno, si un empleado del Estado o un particular, sino si esta ocupación es legitimada mediante la expropiación que es un acto del Estado (cfr. causas C. 89.735, sent. de 22-XII-2008 y C. 101.417, sent. de 18-IV-2014).
Esos fundamentos -en mi opinión- también dan respuesta a la cuestión aquí debatida, pues estimo que en este punto resultan plenamente aplicables.
V.2.e. Por todo ello, resulta indudable que el Estado a través de la ley 13.052 ha legitimado la explotación y uso que, de los muebles e inmuebles pertenecientes a la empresa fallida, ha realizado -y realiza - la Cooperativa de Trabajo Galaxia Limitada (v. contestación a la citación realizada por este Tribunal a fs. 587/588) y, en consecuencia, corresponde acoger el recurso extraordinario interpuesto revocando el fallo de alzada y confirmando el dictado en primera instancia.
V.3. Ahora bien, con referencia al planteo de una eventual compensación del precio expropiatorio con los tributos adeudados por la empresa fallida efectuado por el fisco, destaco que dicha cuestión resulta ajena a este juicio expropiatorio, la que deberá ser resuelta, en su oportunidad por el juez competente (cfr. arts. 125, 126, 239 y conc., ley 24.522).
V.4.a. Por último, en relación a la cuestión referida a las costas -también planteada por el Fisco al apelar la sentencia de primera instancia- se mantiene la condenación a la demandada vencida efectuada en el fallo de primera instancia solo que con sustento en el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial.
Tal como he indicado en reiterados precedentes, en mi criterio, el art. 37 de la ley 5.708 resulta inconstitucional, toda vez que no se compadece con una adecuada tutela del derecho de propiedad ya que puede significar oblicuamente una disminución de la indemnización que es debida al expropiado (conf. causas Ac. 34.558, sent. de 23-VI-1987; Ac. 47.524, sent. de 29-XII-1994; Ac. 63.091, sent. 2-VII-2000; Ac. 75.413, sent. de 19-II-2002; C. 80.105, sent. de 1-IV-2004; e.o.).
V.4.b. Por otra parte, se adecuan las costas de la segunda instancia imponiéndolas a la accionada (cfr. arts. 68 y 274, CPCC).
V.5. El rechazo de los intereses compensatorios llega firme a esta instancia por lo que no abordaré dicho tópico. Sin embargo, respecto a los intereses moratorios, asiste razón al Fisco en su observación de fs. 460, por lo que corresponde dejar aclarado que éstos últimos comenzaran a correr luego de transcurridos los cuarenta y cinco días de aprobada la liquidación pertinente (cfr. art. 35, ley 5.708).
VI. Por las razones dadas, se hace lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto y se confirma la sentencia de primera instancia en cuanto hiciera lugar a la demanda y fijara la indemnización pertinente (cfr. art. 289 inc. 1 y 2, CPCC).
Las costas de todas las instancias se imponen a la parte demandada por resultar vencida (arts. 60.1, ley 12.008, t.o. ley 13.101, primer párrafo, 274, 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la afirmativa
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Habré de disentir con el distinguido colega que me precede en orden de votación en cuanto encuentra configurados los recaudos del art. 41 de la ley 5.708 a efectos de la procedencia de la expropiación irregular o inversa intentada en autos, como consecuencia de la unión entre la causa de la expropiación de la ley 13.052 y el bien jurídico que se pretendería tutelar a través de la misma, no obstante admitir que el Estado no habría sido responsable directo en el acto de desposesión de los bienes, prescindiendo así de la competencia atribuida al Poder Ejecutivo en relación a determinar la oportunidad, viabilidad y conveniencia de llevar adelante la expropiación
Máxime si como en el presente el proyecto de ley no fue enviado a las Cámaras Legislativas por el Poder Ejecutivo, no prevé las partidas presupuestarias pertinentes y no dispone restricciones a las acciones judiciales tendientes al cese de las turbaciones o recupero de la posesión.
No podemos soslayar que al disponer el art. 9 la delegación del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo para readecuar las partidas presupuestarias no hizo más que redundar en la plena vigencia de la facultad privativa y discrecional del último en demostrar su interés o no en que la expropiación se lleve a cabo.
No surgiendo por lo demás de las actuaciones administrativas glosadas sin acumular tal demostración de intereses al no haberse procedido a la provisión de fondos a tal fin.
II. He tenido oportunidad de señalar con anterioridad, que la desposesión exterioriza la voluntad de afectar las propiedades en razón de la causa de utilidad pública o interés general, actuando así de conformidad a lo normado por los arts. 3, 8 y 9 de la ley 5.708 (conf. causa Ac. 74.199, sent. de 24-X-2001).
Es que la manifestación de voluntad expropiatoria estatal debe entenderse compleja: inicialmente es el poder legislativo quien debe declarar la utilidad pública o causa de interés general en la expropiación de los bienes que identifique (conf. causa Ac. 81.916, sent. de 28-V-2003), mas ella sola no basta para tener por operada la misma, sino que se requiere que el poder administrador ejecute dicha comisión, pudiendo abstenerse de ello, abandonándola o desistiéndola. Lo contrario importaría reconocer una obligación a cargo del poder ejecutivo provincial para que concrete todas aquellas decisiones expropiatorias que fueran adoptadas por el legislativo (aun las insistidas por efecto de las observaciones que hubieren recaído sobre el pertinente proyecto de ley, arg. arts. 108, 110 y 111, Const. prov.), conclusión reñida con los términos de la propia ley marco local vigente en la materia (arg. arts. 5, 41, 43, 47 y concs., ley 5.708).
De esta forma, tengo para mí, que la mera sanción de la ley expropiatoria, aun con su anotación registral, no permite observar allí un acto de desposesión en los términos de la Ley de Expropiaciones de la Provincia (conf. causa C. 83.282, sent. de 8-llI-2007).
Así, a diferencia de lo sostenido por el accionante encuentro que el tema de la desposesión y sus autores, como integrante del supuesto legal (art. 41, ley 5.708), no puede ser desplazado del centro de reflexión para que éste recaiga respecto del significado de la razón de utilidad pública, pues precisamente, como su propio argumento denota en sentido contrario, nos apartaríamos de la norma que habilita taxativamente los supuestos en los que establece la procedencia de una acción como la aquí intentada, sin declararla en su caso inaplicable por inconstitucional (arts. 31 y 28, Const. nac. y 57 de la local).
En suma, juzgo que sólo podría tenerse por ocurrida la desposesión del predio por parte del Fisco en casos como el que nos ocupa, en los que la ley provincial dispone la expropiación de lotes ya ocupados y con la finalidad de entregar los mismos a sus propios ocupantes, a partir de algún acto concreto estatal, material o jurídico, dirigido a dicho fin, que impida el ejercicio de los derechos del propietario, aun cuando fuere anterior a la promoción del correspondiente juicio expropiatorio y no meramente a través de la ficción de asumir que aquellos actos de terceros tienen virtualidad expropiante suficiente para sustituir la expresión de voluntad expropiatoria del Poder Ejecutivo, cercenando así su potestad de abandonar la misma (arg. arts. 41, 47 y concs., ley 5.708).
Dicho en otras palabras, la coincidencia de la voluntad del Poder Legislativo a través de la declaración de utilidad pública y el objeto final de la misma (donación a los ocupantes) aunados a la existencia de una situación de hecho anterior a su dictado (desposesión por terceros) no tienen por efecto tornar en un acto meramente formal y soslayable la expresión de voluntad del Poder Ejecutivo que solamente se trasluce, más allá de los supuestos de avenimiento o inicio del juicio expropiatorio respectivo, por la toma de posesión de los bienes con o sin consentimiento del titular dominial de los mismos o por la circunstancia de no haber vetado de la ley respectiva, en caso como el que nos ocupa, las disposiciones tendientes a impedir la promoción de las acciones judiciales pertinentes para que el dueño intente recuperar sus bienes ocupados por terceros o aquellas que suspenden las que ya se hubieran incoado con tal fin.
Por las razones expuestas voto por la negativa.
Costas a los recurrentes (art. 289, CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Adhiero a la solución propuesta por el doctor Pettigiani, toda vez que en el caso no ha existido desposesión por parte del estado provincial.
II.1. La existencia de un contrato de locación entre la empresa actora y la "Cooperativa de Trabajo Galaxia Ltda." constituye un dato fundamental, más allá de no haber sido desarrollado por la Cámara de Apelación.
Su consideración adquiere singular trascendencia en vista del imperativo de acordar primacía a la verdad jurídica objetiva (CSJN Fallos 334:53, consid. 11) y en consonancia con la exigencia constitucional de asegurar la efectividad de la tutela judicial (art. 15, Const. prov.; v. causa A. 71.230, sent. de 15-VII-2015).
II.2. La relación contractual ha sido acreditada en autos con el certificado expedido por el juzgado donde tramita la quiebra de Bellina S.A. (v. fs. 1 vta. pto. "h"), que la propia actora acompaña como prueba documental a la demanda.
Al contestar demanda a fs. 91 y en su recurso de apelación a fs. 456, la Fiscalía de Estado invocó la existencia del contrato como argumento defensivo. También ello fue valorado por la j
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