Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 72447
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Pettigiani, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa I. 72.447, "Procuradora General contra Provincia de Buenos Aires. Inconstitucionalidad ley 14.442".
La por entonces titular de la Procuración General ante esta Suprema Corte de Justicia, invocando su condición de tal, promovió demanda originaria de inconstitucionalidad por medio de la cual controvierte la validez de diversos artículos de la ley 14.442 (B.O. de 26-II-2013), normativa que instituye el nuevo régimen orgánico y funcional del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires.
Corrido el traslado de la demanda, a fs. 83, el señor Asesor General de Gobierno la contesta y solicita su rechazo por considerarla improcedente.
Producida la prueba, agregados los alegatos y oído la señora Procuradora General ad hoc , que dictaminó en sentido desfavorable al progreso de la acción, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La reclamante impugna distintos preceptos de la ley 14.442.
En su demanda comienza por mencionar que, a diferencia de lo acontecido al reformarse la Constitución nacional en 1994, oportunidad en la que se conformó un Ministerio Público bicéfalo (con un tramo a cargo del Procurador General de la Nación y otro del Defensor General de la Nación), en la Provincia de Buenos Aires esa modalidad no fue adoptada, replicándose en el actual art. 189 de ese ordenamiento local un texto sustancialmente análogo al vigente desde 1934, con arreglo al cual el Procurador General "ejercerá superintendencia sobre los demás miembros del Ministerio Público".
Argumenta que la ley 14.442, en cuanto consagra la autonomía de la Defensa pública, atribuye al Defensor General funciones que, según interpreta, le corresponden a la Procuración General en virtud de aquella regla de la Constitución local. Si bien entiende que el propósito del Legislador es loable advierte que desconoce el orden constitucional.
I.2. Luego de considerar reunidos los requisitos de admisibilidad de la pretensión, expone su crítica a varios artículos de la ley 14.442 -o a partes de ellos- y pide que se los declare inconstitucionales dado que -entiende- vulneran lo dispuesto en el art. 189 de la Constitución. En concreto impugna las siguientes normas:
I.2.a. Artículo 2°, segundo párrafo, en cuanto establece dos áreas que componen el Ministerio (Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa) "funcionalmente autónomas".
I.2.b. Artículo 4°, primer párrafo, que consagra el principio de la "autonomía funcional, independencia técnica y autarquía financiera" de la defensa pública. En especial, controvierte la constitucionalidad del otorgamiento de autarquía financiera y autonomía funcional al Ministerio Público de la Defensa.
I.2.c. Artículo 8°, tercer párrafo, porque establece que "la Defensa Pública contará con un porcentaje de la totalidad de los recursos previstos para el Ministerio Público suficiente para dar cumplimiento efectivo a las funciones que le asigna la presente Ley". En relación con esta norma, requiere su inconstitucionalidad en la medida en que instrumenta el funcionamiento autárquico de la Defensa.
I.2.d. Artículo 20, segundo párrafo, norma que, tras referirse a la superintendencia del Procurador General, dice que: "Dicha facultad debe ser interpretada en forma concordante con los principios y garantías previstos en la normativa constitucional, quedando incluidas solamente las cuestiones que no afecten el normal desempeño e independencia de la función de defensa, el debido proceso y la garantía de defensa en juicio".
I.2.e. Artículo 21: En este caso, impugna tramos de los incs. 1, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25 y 26; desde que, en su parecer, restringen las atribuciones descriptas por cada uno al ámbito del Ministerio Público Fiscal.
I.2.f. Artículo 23, que confía al Defensor General facultades para definir "...políticas de la defensa pública, y dictar instrucciones generales y particulares con autonomía funcional" así como "...las acciones disciplinarias sobre sus miembros" y la disposición del personal afectado al servicio de la Defensa.
I.2.g. Artículos 24, 30 inc. 1, 32 incs. 1, 4, 5 y 11 y 36: Cuestiona estos preceptos por cuanto sustraen a su juicio poderes de superintendencia propios del Procurador General.
I.2.h. Artículo 37 inc. 4: coloca en la órbita del Ministerio Público de la Defensa la fijación de los "criterios estratégicos" de actuación, y el establecimiento de "los intereses prioritarios que guían la asignación de sus recursos".
I.2.i. Artículo 44: relativo a las instrucciones particulares de la Defensa, orientadas hacia un caso determinado o a la organización de la tarea y dentro del ámbito de competencia de cada órgano autorizado. Reclama su inconstitucionalidad por considerar improcedentes las instrucciones particulares a los miembros del Ministerio Público, ya que ello -dice- implicaría desconocer la independencia de estos funcionarios.
I.2.j. Artículo 56: valora que la expresión "con las adecuaciones previstas respecto del Ministerio Público de la Defensa" es inconstitucional por reputarla contraria al art. 189 de la Constitución provincial.
I.2.k. Artículos 62, 64, 95 y 99: estas disposiciones, según su opinión, quitan al Procurador General facultades de superintendencia que el citado art. 189 le otorga, atribuyéndoselas al Defensor general.
I.2.l. Artículos 65, 106, 107, 108 y 110: pide se los declare inconstitucionales en cuanto colocan en el área del Ministerio Público de la Defensa lo que concierne a las asesorías de incapaces y a la Curaduría Oficial de Alienados.
I.2.m. Artículos 102, 103, 104 y 105: dado que estas normas no contemplan que el Procurador General forme parte del Consejo de Defensores, ni de la Asamblea de la Defensa Pública, opina que contradicen el art. 189.
I.2.n. Artículo 116: se trata de la norma que establece la equiparación de nivel salarial de los cargos de Defensor General y Subdefensor General de la Suprema Corte de Justicia a los correspondientes al Procurador General y Subprocurador General de la Suprema Corte de Justicia. A su juicio esa determinación desvirtúa la jefatura del Ministerio Público.
I.2.ñ. Artículo 117: norma que deroga la ley 12.061 y "todas las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley". Según la impugnante, esa derogación, desprovista de otras reglas de carácter transitorio, deviene inconstitucional a raíz de las disvaliosas consecuencias que provocaría en áreas sensibles del Ministerio Público.
I.3. Hecha esa enumeración la actora pasa a argumentar los fundamentos de su petición.
I.3.a. Su postura reposa en la idea de que en el modelo constitucional vigente el Procurador General ante la Suprema Corte de Justicia titulariza, ejerce y absorbe toda la superintendencia sobre el Ministerio Público (art. 189, cit.).
Recuerda que la reforma de la Constitución de la Provincia de 1994 preservó el esquema existente, limitándose a incorporar la figura del Subprocurador General. Tal temperamento, según razona, ha reafirmado los principios de unidad y jerarquía para el Ministerio Público, que a su criterio la ley 14.442 viene a quebrar. En efecto, para la actora este régimen legal suprime o desnaturaliza esos principios, que identifica con la función de superintendencia que el art. 189 otorga a la Procuración General. Y se la asimila a la que el ordenamiento reconoce a los superiores tribunales de justicia y -según se dice- así como respecto de éstos, la superintendencia no implica mengua en la autonomía e independencia de los jueces de otras instancias, lo propio ocurre a su modo de ver en la esfera del Ministerio Público en relación con el Procurador General y sus demás miembros.
I.3.b. En su intento por explicar la invalidez de la ley 14.442, la demandante despliega una serie de agravios generales.
I.3.b.i. En primer lugar, insiste en que las normas censuradas suprimen la superintendencia del Procurador General sobre el Ministerio Público, puesto que lo descomponen en un área Fiscal y otra encargada de la Defensa, como sectores funcionalmente separados. Considera que la creación de dos nuevos cargos -el Defensor General y el Subdefensor General- y la atribución al primero de ellos de la responsabilidad por el derrotero del Ministerio Público de la Defensa, con amplias facultades, ponen de relieve una infracción constitucional.
I.3.b.ii. En segundo lugar, dice que el ordenamiento legal en cuestión no cumple los estándares mínimos de deliberación legislativa.
A su entender, de las actas correspondientes a las sesiones en las que se aprobó la ley surge que prácticamente no hubo debate, destacando que los miembros informantes de los bloques que integran la Legislatura reconocieron que la cuestión había tenido escaso tiempo para su tratamiento.
I.3.b.iii. Complementariamente, aduce que la ley 14.442 se funda en una lectura incorrecta de la autonomía de la defensa y de la garantía de la defensa en juicio. Entiende que se confunde la igualdad de armas procesales con la organización administrativa interna del Ministerio Público. Según su modo de ver, el hecho de que los profesionales encargados de la defensa estén sujetos a la superintendencia de la Procuración General no implica que carezcan de independencia para llevar adelante sus tareas.
I.4. A continuación ingresa en los pormenores de su planteo.
I.4.a. La mirada que mantiene de la ley bajo estudio le lleva a considerarla autocontradictoria. La dualidad surgiría del art. 2, en cuanto, por un lado, explicita que el Ministerio Público está encabezado por el Procurador General, a cuyo cargo se halla la superintendencia sobre los miembros que lo integran, pero a renglón seguido agrega que el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa son áreas funcionalmente autónomas.
Con ese hilván discursivo critica la noción de autonomía funcional destacada por la norma. Aduce que si se la considerase sólo referida al desempeño de los defensores no merecería objeción alguna. Pero a su entender el propósito de la ley es diferente y más amplio, dado que su art. 4 determina que el Servicio de la Defensa Pública goza de autonomía funcional, independencia técnica y autarquía financiera. Este es el esquema que ataca. Cuestiona también que se coloque al Procurador General como cabeza del Ministerio Público y, al mismo tiempo, se acuerde un amplio desenvolvimiento autónomo al área de la Defensa, con lo que el primero quedaría expuesto a responsabilidad política por el funcionamiento de la organización, sin gozar de todas las potestades efectivas respecto de la integralidad de sus dependencias.
I.4.b. Después se detiene en el art. 20 de la ley, que tras reiterar que el Procurador es el responsable del funcionamiento del Ministerio Público y titular de la superintendencia prevista por el art. 189 ya mencionado, manda armonizar tales prerrogativas con los principios y garantías constitucionales, quedando incluidas solamente las cuestiones que no afecten el normal desempeño e independencia de la función de defensa, el debido proceso y la garantía de la defensa en juicio.
Explica que, en la medida en que la designación de los miembros del Ministerio Público de la Defensa no depende de la Procuración, como tampoco la determinación de su jerarquía y remuneración, ellos cuentan con suficiente resguardo institucional para desenvolverse con independencia y autonomía.
I.4.c. A renglón seguido analiza lo que denomina "simetría funcional" entre el Procurador General y el Defensor General. Esta idea parte del supuesto de que la ley 14.442 otorga a ambos cargos las mismas atribuciones en todos los aspectos de su actividad. En especial, llama la atención sobre la "Administración General" de la Defensoría General, oficina que gozaría de iguales competencias a las del área de "superintendencia" prevista en el ámbito de la Procuración. Al comparar los arts. 56 y 62, concluye que la función de superintendencia que se pretende retener en cabeza de la Procuración, viene a suprimirse mediante un simple cambio de denominación.
I.4.d. Reacciona contra la ley 14.442 en vista de la circunstancia de que, por conducto de sus arts. 65 y 106 a 111, las asesorías de incapaces y a las curadurías de alienados son emplazadas en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, lo que reputa contrario al art. 189 de la Constitución local y normas del Código Civil y a reglas y principios del derecho internacional de los derechos humanos. A esto añade que las razones esgrimidas para dotar a la defensa pública de autonomía funcional no son predicables respecto de los asesores de incapaces y los curadores oficiales, y que no existen motivos válidos para desgajar esas estructuras de la órbita de la Procuración General (máxime cuando curadores y asesores pueden verse enfrentados en un juicio, así como también los defensores oficiales pueden litigar contra los asesores e incluso entre sí).
I.4.e. Una crítica similar dirige a lo reglado por el art. 24 inc. 25 de la ley, según el cual las oficinas judiciales instaladas en las unidades carcelarias, que antes dependían del Procurador General, pasan a ubicarse en el ámbito competencial de la Defensoría General. Dadas las funciones que desempeñan -vinculadas, refiere, más a tareas de fiscalización que a la defensa de los detenidos, destacándose la de recibir denuncias-, no le parece razonable su desplazamiento hacia la defensa pública.
I.4.f. Por último, hace hincapié en que la normativa censurada, al derogar a la anterior ley 12.061 sin contener ninguna norma de transición -cuya inclusión, destaca, de todos modos, no hubiera evitado la inconstitucionalidad que pregona-, crea una serie de problemas operativos que justificarían el dictado de una medida cautelar.
I.5. Aparte de la providencia precautoria solicitada, la actora ofrece prueba y formula reserva del caso federal.
I.6. Mediante la resolución obrante a fs. 55/79, el Tribunal dejó establecido que, hasta tanto se dictara sentencia de mérito, en virtud de lo dispuesto en los arts. 1, 2 y 20 de la ley 14.442, el Procurador General será quien ejerza las facultades e incumbencias asignadas en ella al Defensor General y al Subdefensor General.
I.7. El Asesor General de Gobierno se opone al progreso de la pretensión.
I.7.a. Luego de un repaso de los argumentos en los que se sustenta la acción, transcribe íntegramente los fundamentos de la ley objetada que se encuentran publicados en el sitio oficial del gobierno provincial.
Explica que el Poder Legislativo ha puesto el eje en una problemática que requiere del Estado la asunción de la defensa de la sociedad y las personas, en pos del equilibrio de las condiciones de afianzamiento de la justicia y del acceso a la jurisdicción. En esa lógica se explica la decisión de renovar el diseño del Ministerio Público mediante la sanción de la ley cuestionada en autos.
La clave del modelo radica, básicamente, en el desdoblamiento funcional del organismo en un Ministerio Público Fiscal y un Ministerio Público de la Defensa y sostiene que reconoce su fuente de inspiración en el art. 120 de la Constitución nacional.
Puntualiza que el art. 189 de la Constitución de la Provincia no le impide a la Legislatura adoptar semejante determinación. El precepto -indica- se limita a nominar los cargos o funcionarios que se desempeñan en el Ministerio Público, sin establecer dependencia o jerarquía alguna entre esos funcionarios.
Destaca que, más allá del texto de aquel artículo, el Poder Legislativo instituyó otros cargos en el Ministerio Público, no previstos en la cláusula constitucional, tales como: el Fiscal del Tribunal de Casación Penal y el Defensor del Tribunal de Casación Penal, los defensores generales departamentales, los adjuntos y los asesores de incapaces.
Recuerda que el texto del actual art. 189 de la Constitución fue introducido por el ordenamiento de 1934, habiéndosele agregado en la reforma de 1994 la referencia al cargo de Subprocurador General, que antes había sido creado por ley.
Estima que de su letra se infiere que el Ministerio Público fue pergeñado, primordialmente, para ejercer la acción pública penal, circunstancia que encontraba explicación en el régimen procesal inquisitorio vigente por entonces y que, a partir de la implementación en el año 1998 del sistema acusatorio, debe perfilarse de otro modo. Es que éste delimita más acabadamente los roles del fiscal como acusador y del defensor como tal. No es razonable, concluye, que la defensa oficial se ligue a la dependencia de quien tiene la carga de promover la acción pública. Esta situación -prosigue- impuso la necesidad de crear dos grandes ramas dentro del Ministerio Público, de modo tal de armonizar las normas de actuación de los distintos funcionarios, evitando que no se contradigan ni se altere la sustancia de sus cometidos propios. La coexistencia de un Procurador General a cargo del Ministerio Público Fiscal y un Defensor General, dirigiendo el Ministerio Público de la Defensa, viene impuesta por un imperativo histórico y un requerimiento funcional de separar la rama acusadora del servicio de la defensa.
I.7.b. Su desarrollo contiene una valoración general del sistema instituido por la ley 14.442.
Tras caracterizar al Ministerio Público -de acuerdo a lo dispuesto por el art. 1 de la ley 14.442, de igual redacción que el art. 1 de la ley 12.061- como el órgano estatal encargado de promover la actuación de la justicia en defensa de los intereses de la sociedad y en resguardo de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales, afirma que esa labor se ejerce de distinta manera cuando la acometen los fiscales que cuando lo hacen los defensores, sea cual fuere la instancia ante la que actúan.
Explica que una recta interpretación del art. 3 de la legislación puesta en entredicho permite comprobar que los principios de unidad de actuación y flexibilización organizativa, aunque en apariencia parecen excluirse, son compatibles. De su pensamiento se desprende que por más que se extremara el alcance de la unidad del Ministerio Público, dado que de ordinario sus órganos pueden cumplir funciones contrapuestas (principalmente, las de acusar y defender), sería indispensable asignarlos racionalmente, de forma desconcentrada, en un esquema plural que oriente con eficacia la fijación de pautas para la distribución del trabajo de cada rama.
Alega que si en ese marco se admitiera que el único superior jerárquico de todo el organismo es el Procurador General se degradaría la autonomía funcional de la defensa en virtud de una criticable subordinación interna, afectando los principios de descentralización y unidad, generándose una tendencia hacia la burocratización. Una buena gestión del Ministerio Público, asevera, requiere que la ley encuentre la armonía, de manera tal que las líneas generales permitan mayor margen de maniobra y libertad en la toma de decisiones dentro del marco normativo preestablecido.
I.7.c. Dicho lo anterior, contesta la impugnación esbozada en la demanda en torno a la autarquía financiera que la normativa atacada otorga al Ministerio Público de la Defensa, entre otros motivos, porque -arguye- el punto es ajeno al marco de la acción prevista en el art. 161 inc. 1° de la Constitución.
I.7.d. A continuación aborda el concepto de superintendencia, señalando que, en ausencia de una precisa definición constitucional, no cabe postula
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.