Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73173
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, de Lázzari, Negri, Kogan, Pettigiani, Natiello, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 73.173, "Frías, Ricardo Ceferino y otra contra Exolgan S.A. y otro. Pretensión indemnizatoria".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, admitió la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la Fiscalía de Estado y rechazó la pretensión de daños y perjuicios impetrada (v. fs. 1.255/1.261 vta.).
Disconforme con tal pronunciamiento, el letrado apoderado de los accionantes dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 1.265/1.298 vta.) el que fue concedido a fs. 1.300/1.301 vta.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 1.208), agregada la memoria de la demandada, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Los señores Ricardo Ceferino Frías y Lourdes Josefina Miceli iniciaron la presente acción con el objeto de obtener la indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la muerte de su hijo menor de edad Adrián Gustavo Frías (14 años), producida el día 1 de julio de 2005 con motivo del derrumbe de una estructura de material ubicada dentro de un predio sito en las calles Sargento Ponce, entre Juan Días de Solís y Avenida Debenedetti, de Dock Sud, partido de Avellaneda (v. demanda, fs. 18/27).
En el citado escrito inicial los accionantes manifestaron que el hecho ocurrió cuando Adrián Farías se encontraba con varios amigos en el referido inmueble el cual poseía una construcción abandonada y cuando se aproxima el tren -cuyas vías se ubican cercanas al lugar- se generó una vibración que habría ocasionado un desprendimiento quedando el niño atrapado entre los escombros.
La pretensión resarcitoria fue dirigida contra la empresa Exolgan S.A. en su calidad de guardiana del predio, a tenor del Acta de Tenencia Provisoria suscripta con fecha 29 de junio de 2005 con la Subsecretaría de Actividades Portuarias de la Provincia de Buenos Aires.
Al contestar la demanda la firma accionada solicitó la citación de la Provincia de Buenos Aires como tercero obligado en los términos del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial, en virtud de ser la dueña del predio donde ocurrió el evento dañoso (v. fs. 55/67 vta.).
II. La titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora rechazó, en primer término, la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la representación fiscal e hizo lugar a la pretensión indemnizatoria deducida.
En consecuencia, atribuyó el 80% de la responsabilidad por el infortunio a la demandada Exolgan S.A. y a la citada como tercero obligado, Provincia de Buenos Aires y el restante 20% a la omisión en el deber de vigilancia que deriva de la patria potestad de los accionantes. Fijó un monto resarcitario comprensivo de los rubros pérdida de la chance, daño psíquico y moral, gastos por tratamiento psicológico y funerarios, con más sus intereses (v. fs. 1.070/1.091).
Consideró por un lado que la empresa demandada y la Provincia de Buenos Aires son responsables en aquel porcentaje en forma solidaria, ya que ambos se encuentran obligados -en su carácter de dueño y tenedor del predio respectivamente conforme el art. 1.113 segunda parte del Código Civil, entonces vigente- y por el otro calificó de imprudente la conducta de los progenitores del menor, quienes no adoptaron precauciones suficientes para cuidar al niño -art. 1.111 del citado cuerpo legal-.
Contra el mentado pronunciamiento, las partes intervinientes dedujeron recursos de apelación (v. fs. 1.119/1.130 vta.; 1.137/1.147 y 1.148/1.156 vta.).
III. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, hizo lugar al recurso interpuesto por la accionada y por la citada como tercero y revocó la sentencia de primera instancia. En consecuencia, admitió la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la Fiscalía de Estado y rechazó la pretensión indemnizatoria promovida (v. fs. 1.261 vta.).
Para así decidir el Tribunal de Alzada en primer término abordó la citada excepción planteada por la representación fiscal y consideró que el Acta de Tenencia Provisoria firmada con fecha 29 de junio de 2005, es suficiente para acreditar transferido a Exolgan S.A. el uso que es inherente a un permiso sobre un bien de dominio público, y por ello para determinar de manera eficiente su condición de guardador y desplazar al titular -Provincia de Buenos Aires- de toda responsabilidad hacia terceros derivada de hechos ocurridos por la cosa.
Sostuvo que dicho documento no contiene una cláusula convencional que condicione el perfeccionamiento de la ocupación, en aquél carácter, a la firma de un acto posterior conforme los arts. 2 y 4 del referido instrumento.
Entendió que la efectiva ocupación por la empresa demandada es suficiente para apartar al titular de dominio, pues ambas situaciones se excluyen recíprocamente, y que el art. 1.113 del Código Civil, entonces vigente, sólo puede tener destino en la firma Exolgan S.A., excluyendo a la Provincia de Buenos Aires.
En consecuencia, la Cámara interviniente hizo lugar al recurso interpuesto por la Fiscalía de Estado y admitió la falta de legitimación pasiva opuesta.
En segundo término, el Tribunal de Alzada se abocó a la apelación deducida por la firma Exolgan S.A. y expresó que la relación causal del suceso -reconocido por los accionantes en su escrito de inicio- tuvo por fuente el ingreso de la víctima al interior de la construcción, ubicado en el terreno ocupado por la citada empresa para construir el pre-gate y el estacionamiento de camiones previo al ingreso a su Terminal de Contenedores.
Precisó que del informe técnico de la Prefectura Naval Argentina -cuya parte transcribe- agregado a la causa penal surge que el derrumbe no se hubiera producido de no mediar "...la necesaria acción de un agente externo que golpeó y empujó uno de los tabiques".
Interpretó que la falta de elementos estructurales de refuerzo en las instalaciones, también destacado en dicho informe, no constituyó la fuente causal del hecho dañoso en el que no se acreditó un estado de ruina suficiente para generarlo.
Puntualizó que la presencia de esa fuerza exterior es determinante en el dictamen del experto y que el origen de ese impulso decisivo sólo admite un indicio inequívoco ubicado en la acción reiterada de menores que ingresaban en el predio con un propósito lúdico peligroso, pero en modo alguno hallaba lugar en las vibraciones por el paso de una formación ferroviaria, circunstancia que carecía de probanza en el curso del proceso.
Ponderó que de las declaraciones testimoniales producidas (v. fs. 59/62, 62/63, 68/69 y 117/118, causa penal) -que si bien no concuerda con la prestadas por los niños que acompañaran a la víctima- se desprende la ausencia de prueba a fin de justificar que el siniestro pudiera reconocer su origen en el estado de la construcción o en carencias de señales relacionadas con advertencias consecuentes y dan cuenta de que los menores concurrían asiduamente al lugar y jugaban a golpear las obras que se encontraban en él.
Expresó que ni la testifical rendida y la experticia practicada permiten arribar con certeza a la mecánica del accidente para atribuir responsabilidad a la parte demandada y que no puede atribuirse el derrumbe a las cercanías del tren ni a otro nexo causal, siendo necesario la acción de un agente externo que golpeó y empujó uno de los tabiques.
Concluyo, con cita de los arts. 512, 1.109, 1.111, 1.113 y concordantes del entonces vigente Código Civil, que la relación causal del suceso atribuido a la demandada no ha sido probada.
IV. Contra dicho pronunciamiento el letrado apoderado de la parte actora, interpuso el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, en el que denuncia la violación o errónea aplicación de los arts. 512, 907, 1.109, 1.111, 1.113, 1.114, 1.135, 2.340 y 2.342 del Código Civil, entonces vigente y decreto 2.273/94; 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 168 y 171 de su par provincial y la vulneración de la teoría de la responsabilidad objetiva (v. fs.1.265/1.298 vta.).
Alega absurdo en virtud de que la sentencia de Cámara no constituye una derivación razonada de los presupuestos fácticos y jurídicos que rigen la cuestión y en la valoración de la prueba producida en especial las testimoniales rendidas.
Reprocha que el pronunciamiento impugnado someramente ponderó la IPP 608.323 caratulada "Averiguación causales de muerte/ Frías Adrián Gustavo". Concretamente alega que la sentencia debió apoyarse en las declaraciones de los amigos menores de la víctima que estaban junto a él los cuales sintieron el temblor del tren que produjera el derrumbe y en el informe técnico producido por la Prefectura Naval Argentina del que resulta que la construcción no contaba con refuerzos de hormigón armado, ni varillas de hierro verticales y horizontales suficientes para que no se deformen las esquinas y no se encontraba materializado el encadenado superior para el apoyo de la losa de viguetas.
Añade que el citado dictamen recomienda vallar el lugar para impedir que ingresen personas ajenas al sector y así evitar otros posibles accidentes.
Señala que el Tribunal de Alzada rechazó la pretensión indemnizatoria con sustento en la exclusiva culpa del menor, sin siquiera invocar la responsabilidad de sus padres, con base en conclusiones parciales de pericias técnicas, entre ellas la producida por la Prefectura Naval, omitió términos de fundamental importancia para ilustrar los motivos del derrumbe y valoró testimonios producidos en la causa penal (v. fs. 59/62, 62/63, 68/69 y 117/118) sin referir quienes lo brindaron y bajo qué circunstancias se efectuaron.
Adhiere a los fundamentos dados por la señora jueza de primera instancia referidos a la distribución de la responsabilidad y manifiesta que la decisión de la Cámara valoró los testimonios de los señores García y Vilela -contrarios a los dichos de los menores- a fin de destruir la presunción del art. 1.113 del Código Civil a favor de Exolgan S.A.
Puntualiza que al descartar el pronunciamiento impugnado que el accidente se produjo por el estado de vetustez en la construcción y tuvo sólo en cuenta el impulso exterior del niño Frías refleja una inconsistencia probatoria, en tanto que el informe técnico de Prefectura Naval refiere a que el derrumbe se produjo por las condiciones precarias del predio sumado a la acción de un agente externo que empujo uno de los tabiques de la estructura existente.
Precisa que el Tribunal de Alzada sólo toma en cuenta ésta última circunstancia, debiendo interpretarse que las características de la construcción y el accionar de la víctima coadyuvaron a la producción del evento dañoso, de los cuales deriva la culpa concurrente de la empresa demandada y la Provincia de Buenos Aires.
Detalla también que la Cámara debió valorar el acta de inspección ocular confeccionada por Prefectura Dock Sud, que da cuenta que el predio se encuentra abandonado y sus instalaciones desmanteladas, careciendo de iluminación y cartelerías que indiquen la prohibición de ingreso o la situación del predio; fotos de la construcción derrumbada; informe de la Subsecretaría de Actividades Portuarias que indica que el predio es de propiedad de la Administración portuaria y que fue otorgada su tenencia provisoria a partir del 29 de junio de 2005 a la empresa Exolgan S.A., y el testimonio de los vecinos del lugar (señores Rivero, Martinez, Fraga Vera, v. fs. 196/197, 200/202 y 203/206) y los amigos de la víctima (v. fs. 117/118, 120/121 y 123/124) que dan cuenta en forma coincidente del estado de vetustez de la construcción donde jugaban, que los niños concurrían todos los días, que nadie se acercaba a sacarlos y que, los juegos que hacían eran asustar al lobizón y los que poseen los teléfonos celulares.
Asimismo, expresa que el Tribunal de Alzada omitió considerar que los citados testigos declararon que camionetas con operarios de la empresa Exolgan S.A. meses antes del accidente efectuaban trabajos para dejar en ruinas al predio.
Esgrime que la Cámara debió asimismo examinar el Reglamento de Permisos de Uso Portuario que establece que, a partir de la firma del Acta de Tenencia Provisoria, el inmueble ha sido recibido de conformidad por el permisionario y para el destino autorizado.
Sobre tal base aduce que la sentencia impugnada aplicó en forma parcial y errónea la responsabilidad objetiva receptada en el art. 1.113 segundo apartado del Código Civil, entonces vigente, al omitir analizar la falta de vigilancia y controles en el inmueble para evitar daños a terceros y la relación mantenida entre los demandados, uno en su calidad de dueño y el otro en su condición de guardián de la cosa.
Expresa que el pronunciamiento de la Cámara es contradictorio porque libera de responsabilidad a la Provincia de Buenos Aires, sin considerar para ello los arts. 1.135 y 2.340 del entonces vigente Código Civil y recepta la del guardián de la cosa -Exolgan S.A.- pero exonerándolo de aquella.
Señala que la sentencia impugnada ha cambiado el sentido del art. 1.113 segunda parte del Código Civil entonces vigente y cita doctrina legal de esta Corte respecto a la interpretación de dicho precepto legal (causas Ac. 85.354, "Soria", sent. de 10-III-2004; Ac. 91.858, "Ferrer", sent. de 14-XII-2005 y C. 97.702," Graneros", sent. de 4-XI-2009; e.o.).
V. Preliminarmente he de advertir que las disposiciones del derogado Código Civil (ley 340) son las aplicables al caso, por estar vigentes al momento en que se configuró la ilicitud -endilgada a la demandada- que ocasionó los daños cuya reparación reclama la parte actora (conf. doctr. art. 7, Código Civil y Comercial, ley 26.944).
El recurso debe prosperar, pero solo en la medida que he de proponer.
En el caso sub examine , se encuentra acreditado y no controvertido que, con fecha 1 de julio de 2005, se produjo el fallecimiento del niño Adrián Gustavo Frías, de 14 años de edad, con motivo del derrumbe de una estructura de material ubicada dentro de un predio sito en la calle Sargento Ponce, entre Juan Díaz de Solís y Avenida Debenedetti, de la localidad de Dock Sud, Partido de Avellaneda, de propiedad de la Subsecretaría de Actividades Portuarias de la Provincia de Buenos Aires.
V.1. Esta Suprema Corte ha dicho que quien acciona en función del art. 1.113 del Código Civil entonces vigente solo debe probar: 1) el daño; 2) la relación causal; 3) el riesgo de la cosa y 4) el carácter de dueño o guardián de la cosa productora del daño; mientras que el dueño o guardián de la cosa riesgosa productora del daño responde de manera objetiva debiendo, para eximir su responsabilidad, acreditar que la conducta de la víctima o de un tercero interrumpió total o parcialmente el nexo causal entre el hecho y el daño (cfr. doctr. causas Ac. 94.515, "Monserrat", sent. de 12-IV-2006; C. 97.100, "Ruiz", sent. de 20-II-2008; C. 91.173, "Ruppel", sent. de 17-VI-2009 y C. 105.708, "Vitali", sent. de 17-VIII-2011).
Por lo tanto, se desprende que la ley toma en cuenta como factor para atribuir responsabilidad, el riesgo creado, es decir que, en principio se prescinde de toda apreciación de la conducta de los participantes, desde el punto de vista subjetivo (cfr. causas Ac. 74.294, sent. de 19-II-2002 y C. 91.167, "García", sent. de 10-IX-2008).
Ello por cuanto al tiempo de computarse una eventual situación de exclusión de dicha responsabilidad deberá valorarse el cuadro total de las conductas de los protagonistas del hecho, desde una perspectiva integral (cfr. Causas Ac. 68.147, "Municipalidad de General Rodriguez", sent. de 15-XII-1999 y C. 91.167, cit.).
Del análisis de la prueba arrimada a la causa no surge que la víctima interrumpiera totalmente el nexo de causalidad entre el riesgo o vicio del inmueble y su muerte como se consigna en la sentencia impugnada. Así de las probanzas incorporadas a estos actuados, cuya valoración por el a quo ha sido cuestionada por el recurrente, se desprende -conforme informe de la Prefectura Naval Argentina- que la construcción estaba fundada sobre una platea existente, que tenía una superficie rectangular de aproximadamente nueve metros cuadrados, no contaba con refuerzos de hormigón armado. Indica que donde se forma el ángulo recto entre las paredes en las esquinas no había varillas de hierros verticales, ni varillas horizontales suficientes para que no se deformen las esquinas y tampoco se materializó el encadenado superior para el apoyo de la losa de viguetas (v. fs.40, IPP 608.323).
Destacó que "...la falta de elementos estructurales de refuerzo (sobre todo la ausencia del encadenado superior que garantice el arrostramiento de las cuatro caras de la construcción y sirviera de apoyo parejo para la losa) sumado a la necesaria acción de un agente externo que golpeó y empujó uno de los tabiques, provocó el derrumbe".
Determinó que a la construcción se le fueron practicando sucesivas demoliciones y extracciones de todos los cerramientos (techo de chapa, mampostería, carpinterías), solamente le queda la estructura de sostén y concluyó que "...dado que el predio está abierto en el sector que linda con las vías del ferrocarril y también por otros sectores en los cuales el alambrado perimetral está deteriorado o en algunos casos directamente no está, habría que cerrar toda la propiedad en forma segura para evitar que ingresen personas ajenas al lugar y así evitar otros posibles accidentes".
Por su parte, la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Dock Sud indicó que: "...el hecho que nos ocupa tuvo lugar en una estructura abandonada...", "... en sí poseía una dimensión aproximada de 3 x 3 mts constituida por material de albañilería y una losa de hormigón armado. La misma no poseía iluminación propia ni servicios públicos. Es de destacar que la estructura presentaba signos de abandono" (fs. 30/31, causa penal).
Además, informa que: "Según manifestaciones de vecinos [...] los menores habrían estado jugando en la estructura abandonada antes de producirse el derrumbe de la misma".
Por su parte la inspección ocular realizada por Prefectura Naval constató que el predio pertenecía a la Planta Industrial "El Milagro-Decamix" y que se encuentra abandonado y sus instalaciones desmanteladas, no existiendo en el lugar del hecho iluminación y carteles que indicaran la prohibición de ingreso o la situación del predio. Se encuentra a cielo abierto, siendo en gran parte la superficie del terreno cubierta por cemento y las paredes de la construcción eran de ladrillo hueco (v. fs. 50, causa penal).
En sus declaraciones los testigos Julio Argentino García y Regino Vilela -quienes en el momento del siniestro se desempeñaban como serenos de la arenera Altair, paralela al lugar del hecho- expresaron que en el predio donde ocurrió el infortunio había caído la construcción de cemento abandonada y que habría quedado atrapado una persona menor de edad bajo los escombros. Que observaban a diario -desde las siete de la mañana hasta la noche y en reiteradas ocasiones hasta la madrugada y la mayoría de las veces eran menores de edad- que concurrían niños al predio a jugar a romper las paredes con palos (v. testimonial de fs. 60/61 y 62/63, causa penal).
Por otra parte, los compañeros de la
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