Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74934
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC). Con costas a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Genoud, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.934, "Super Merced S.A. contra Municipalidad de Pergamino sobre pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Pergamino (v. fs. 216/221 vta.) e hizo lugar parcialmente al promovido por la parte actora (v. fs. 223/228 vta.). En consecuencia, modificó la sentencia de primera instancia y ordenó se anule también el último párrafo del art. 4 de la resolución 64/10, por medio de la cual el Intendente del municipio referido resolvió acerca de la habilitación del comercio titularidad de la firma accionante. Impuso las costas a la demandada, en su carácter de vencida, de conformidad a lo establecido en el art. 51 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo (v. fs. 244/256 vta.).
Disconforme con ese pronunciamiento la Municipalidad de Pergamino interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 258/264 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 266 y vta.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 269), agregada la memoria de la parte actora (v. fs. 270/272 vta.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara rechazó el recurso de apelación planteado por la Municipalidad de Pergamino por considerarlo desierto (conf. arts. 56 inc. 3, CCA y 260, CPCC) y confirmó la sentencia de grado en lo que fue materia de agravios (v. punto 1 del fallo, fs. 256).
I.1. Para así decidir, entendió que, no obstante que en el escrito recursivo de la demandada se observaba una disconformidad con la decisión judicial de grado, la aludida parte realizó una reiteración de los argumentos desarrollados en la contestación de demanda, pero sin aducir concretamente aquello en lo que consistía el yerro en que el magistrado de grado incurriera y/o los puntos que correspondían sean revisados por el Tribunal de Alzada (v. considerandos I y II, fs. 251 vta./252 vta.).
Destacó que el primero de los agravios planteados por la apelante comenzó por reconocer que el emprendimiento comercial de la actora se encontraba ubicado sobre la mano en la que se permitía el estacionamiento, para después señalar que -sin perjuicio de ello- se trataba de una arteria de alto tránsito.
Luego aludió al agravio de la recurrente en el que se queja de que el Tribunal desoyó su pedido de inspección ocular. La Cámara recordó que los jueces -como directores del proceso- son soberanos a la hora de seleccionar los medios probatorios que se producen en la causa, así como también en la valoración y jerarquía que luego le asignen a cada una de ellos.
Sin perjuicio de lo expuesto, no observó en el recurso de apelación el pedimento contemplado en la segunda parte del art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial, por lo que consideró que la crítica se limitó a mostrar disconformidad respecto de la negativa del juez de grado a la realización de una inspección ocular.
A ello agregó que la Municipalidad no esbozó ninguna argumentación sólida que resulte suficiente embate respecto de lo analizado y decidido en la sentencia de primera instancia.
Tampoco encontró una crítica concreta y razonada en el agravio referido al condicionamiento atinente al no entorpecimiento de la parada de micros porque para rebatirlo hizo una alusión genérica al poder de policía.
Por último, consideró que la apelante al cuestionar la imposición de costas, no adujo en concreto por qué motivo el juez de grado hubiera tenido que apartarse de la regla general que impone cargar con éstas a la vencida.
Concluyó que el escrito de apelación no alcanzó para sustentar una crítica razonada y concreta del fallo. Consideró que el magistrado de grado ponderó todos los antecedentes del caso, tanto fácticos como jurídicos, puntualizando detalladamente las probanzas de la causa, como así también la normativa involucrada, para arribar a un decisorio donde se analiza y resuelve respecto de cada punto en concreto.
I.2. Por otra parte, la Cámara hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora (v. punto 2 del fallo, fs. 256).
En lo que aquí interesa, el Tribunal de Alzada revocó la parcela del fallo de primera instancia que rechazó el pedido de anulación del último párrafo del art. 4 de la resolución 64/10 en cuanto reguló que "el incumplimiento del condicionamiento dispuesto, dará lugar al Departamento Ejecutivo a revocar la presente habilitación sin trámite previo".
El juez de primera instancia, para rechazar el embate indicado, consideró que la anulación peticionada obedecía a una situación fáctica que no resultaba un hecho o un acto administrativo específico traído a conocimiento del Poder Judicial, sino a consideraciones genéricas y en abstracto con relación a la actora. Agregó que, en esas condiciones, no resultaba ni se acreditaba una concreta afectación del derecho de defensa de la aludida parte y que el embate analizado importaba -en ese momento- una mera consulta, ajena a la función judicial (v. fs. cons. VIII.5; fs. 205 vta. y 206).
A su turno, la Cámara entendió que la cuestión dejaba de ser abstracta y/o potencial, desde que el acto administrativo adquiriera firmeza, convirtiéndose en obligatorio y aplicable al particular afectado, de modo que éste no podría luego -en caso de que la Municipalidad revocara efectivamente la habilitación concedida sin trámite previo- cuestionar tal circunstancia.
Destacó que los actos administrativos gozan no sólo de presunción de legitimidad, sino también de ejecutoriedad y que, de confirmarse el punto en cuestión, la Municipalidad de Pergamino quedaría habilitada a revocar sin trámite previo la habilitación. Ello, en caso de incumplimiento de alguno de los condicionamientos impuestos (que subsistieran luego de la decisión judicial), tal como se encuentra redactado el párrafo en la resolución cuestionada.
Consideró que una situación como esa iría en contra del ordenamiento jurídico, desde que se vería violentado el derecho de defensa de una de las partes.
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto a fs. 258/264 vta., la Municipalidad de Pergamino denuncia la errónea aplicación de la ley y de la doctrina legal de este Tribunal (v. punto I; fs. 258 y vta.).
Luego de reseñar los antecedentes de la causa, funda el recurso de inaplicabilidad de ley (v. punto IV; fs. 260/264).
II.1. Sostiene que, no obstante que el emprendimiento comercial de la actora está situado sobre la mano en la que se permite el estacionamiento, se encuentra sobre una arteria de alto tránsito con más de una parada de colectivos que abarca un cincuenta por ciento del frente del local.
Aduce que la carga y descarga de mercaderías obstaculiza el tránsito y se agravia, porque el juez de grado no hizo lugar a la inspección ocular solicitada, con lo que se hubiese validado ese condicionamiento. Se queja de que la Cámara confirmó lo resuelto en la sentencia de primera instancia, basándose en la ordenanza municipal 6.230/05, donde el condicionamiento señalado sólo se tornaría exigible en caso de emplazarse sobre la mano que no se permitiera el estacionamiento.
Arguye que la condición de que no entorpezca la parada de micros urbanos también ha sido impuesta para evitar una colisión de intereses entre el particular que se considera perjudicado y el resto de la población que se ve afectada de no cumplirse con los requisitos señalados.
Reitera el argumento de que no se advierten vicios en la resolución 64/10 que conlleven a su ilegalidad, como así tampoco irrazonabilidad o arbitrariedad en su motivación, ni afectación grave al debido proceso adjetivo en el procedimiento administrativo que culminó con su emisión. Tampoco un ejercicio irregular del poder de policía sino la ejecución de la potestad atribuida al Estado quien, al exigir mayores requisitos para obtener una habilitación, lo ha meritado conveniente en pos del interés general.
II.2. Con respecto a la decisión de la Cámara de modificar la sentencia de grado y ordenar la anulación del último párrafo del art. 4 de la citada resolución 64/10, sostiene que, si bien la concesión de las habilitaciones puede ser discrecional, la revocación no queda librada al mero arbitrio de la autoridad concedente. Aclara que, en el caso, aún no se han cumplimentado los condicionamientos y sin embargo el negocio siempre permaneció abierto.
Aduce que, si se revocara el acto administrativo, ello tendría por finalidad la protección del interés general y la extinción de la habilitación expresaría el motivo determinante que lleva a la autoridad administrativa a disponerla.
II.3. Por último, la recurrente se agravia de la imposición de costas a su cargo. Sostiene que no existe temeridad en la defensa ya que el ente local actuó respetando estrictamente el procedimiento.
III. El recurso no prospera (art. 279, CPCC).
III.1. Esta Suprema Corte ha sostenido en reiteradas oportunidades que la apreciación de la suficiencia del escrito de expresión de agravios constituye una típica cuestión de hecho ajena, en principio, a su conocimiento y sólo susceptible de ser revisada mediante denuncia y demostración de absurdo (doctr. causas A. 73.253, "Molina", sent. de 19-X-2016; A. 72.880, "Frigorífico y Matadero La Foresta S.C.A.", sent. de 21-IX-2016; A. 72.095, "Rodriguez", sent. de 17-V-2017; e.o.).
Si la Cámara en ejercicio de facultades que le son propias hizo una valoración de la expresión de agravios arribando a la conclusión de que no reunía los requisitos del art. 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, resulta ineficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, como en el caso, no denuncia la violación de dicho artículo y no demuestra que esa conclusión del tribunal sea producto de un razonamiento absurdo (doctr. causas A. 72.351, "Legorburu", sent. de 18-XII-2013; A. 71.487, "Bonicalzi", sent. de 3-IV-2014 y A. 74.894, "Baez", sent. de 11-IV-2018).
En esas condiciones, advierto que la impugnante, pese a que su misión consistía en demostrar el desvío lógico en la decisión del Tribunal de Alzada y la suficiencia del recurso ordinario que había interpuesto, resume ante esta Cámara similares argumentos a los vertidos al formular su apelación, intentando demostrar la solidez del planteo, pero omite denunciar y acreditar un razonamiento absurdo del sentenciante respecto a la consideración de una insuficiente técnica argumentativa (arts. 56 inc. 3, CCA y 260, CPCC).
Por lo expuesto, concluyo que los argumentos esbozados por el Tribunal de Alzada para declarar desierto el recurso de apelación obrante a fs. 216/221 vta., y, por tanto, confirmar el pronunciamiento del juez de primera instancia en cuanto fue materia de agravios por la demandada, se mantienen firmes por no haber sido objeto de impugnación adecuada a través del carril extraordinario intentado (art. 279, CPCC).
III.2. Tampoco es de recibo la impugnación vertida respecto a la decisión de la Cámara de modificar la sentencia de grado y ordenar la anulación del último párrafo del art. 4 de la citada resolución 64/10, en cuanto estableció que, ante el incumplimiento del condicionamiento dispuesto, el Departamento Ejecutivo podría revocar la habilitación sin trámite previo.
Advierto que en esta parcela del recurso la queja no está vinculada con la infracción de norma legal alguna, incumpliendo con la exigencia contenida en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
Sabido es que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser autosuficiente para que de su lectura pueda advertirse el error o la transgresión en la aplicación de la ley, carga procesal que sólo se cumple si se concreta una impugnación eficaz de las motivaciones del fallo y se demuestra la violación de los preceptos que lo sustentan. De allí que su insuficiencia sea insalvable cuando no alega la transgresión de norma legal alguna, pues la Corte no puede suplir, por inferencia o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron efectuarse, ni menos aún declarar oficiosamente la violación de algún precepto legal no invocado (conf. doctr. causas A. 71.254, "Luna", sent. de 4-XI-2015; A. 71.157, "Spinelli", sent. de 30-III-2016; C. 120.110, "Amalvy", sent. de 14-XII-2016; e.o.).
Sin perjuicio de lo expuesto, observo que no surge debidamente impugnada la conclusión de la Cámara. En tal sentido, tiene dicho esta Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si el recurrente expone su propio criterio personal, ya que es requisito ineludible para el éxito de la postulación recursiva la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (conf. causas A. 71.422, "Arenas", sent. de 9-IX-2015; A. 74.269, "Zamparolo", sent. de 10-VIII-2016; A. 70.865, "De Francesco", sent. de 3-V-2017; A. 74.506, "Cornes", sent. de 18-X-2017; e.o.).
III.3. Por otra parte, la recurrente denuncia en forma genérica e imprecisa la violación de doctrina legal, incumpliendo de ese modo la exigencia básica que establece el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial relativa a la indicación, en términos claros y concretos de la doctrina de este Tribunal que se reputa violada o erróneamente aplicada.
Sólo será suficiente un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando se individualice concretamente la doctrina que se dice violada y se señalen los aspectos fácticos que rodearon al caso donde esta Corte sentó el criterio que se pretende aplicar, debiéndose indicar en la respectiva denuncia la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulte conculcada por el tribunal de apelación (conf. doctr. causas A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 72.793, "Ruiz", sent. de 5-VII-2017; e.o.).
III.4. Por último, este Tribunal tiene dicho que la imposición y distribución de las costas es una típica cuestión de hecho, facultad privativa de los jueces de grado y como tal irrevisable en sede extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo, esto es, que se haya alterado burdamente el carácter de vencido o exista inequidad manifiesta en el criterio de distribución (art. 279, CPCC; doctr. causas A. 73.664, "Cisi", sent. de 17-V-2017; A. 74.627, "Cifuentes", sent. de 15-VIII-2018; e.o.) vicios que no han sido patentizados en autos.
Los indicados extremos no se verifican en la especie, desde que la recurrente exterioriza una mera disconformidad en orden al criterio seguido por la Cámara, sin siquiera invocar, en esta parcela, el aludido vicio.
IV. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, atento la insuficiencia que porta (arts. 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine, CPCC).
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Concuerdo con la distinguida colega que abre el acuerdo en punto a que el recurso no puede prosperar dada su insuficiencia técnica (art. 279, CPCC).
Así, más allá del acierto o error del fallo, lo determinante es que la falta de impugnación idónea a la decisión de la Cámara en lo atinente a la insuficiencia de la expresión de agravios, impide su revisión en esta instancia extraordinaria.
Esta Suprema corte ha precisado reiteradamente que si la Alzada, en ejercicio de facultades que le son propias, hizo una valoración de la expresión de agravios llegando a la conclusión de que no reunía los requisitos legales de fundamentación, resulta ineficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no denuncia como transgredida la norma aplicable, ni demuestra, en punto a esa particular parcela, que la conclusión del tribunal resulta absurda.
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Negri , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC). Con costas a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia