Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 63460
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Genoud, Soria, Negri, de Lázzari, Kogan, Natiello , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 63.460, "Corigliano, Walter M. c/ Mun. San Isidro. Demanda Contencioso Administrativa".
I. Walter Marcelo Corigliano, con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de San Isidro pretendiendo que se declare la nulidad del decreto 2.518/99 por el cual se dispuso su cesantía y, en consecuencia, se ordene su reincorporación a la planta del municipio, el pago de haberes y demás emolumentos desde el cese hasta el día de la efectiva reincorporación con más intereses, daños y perjuicios, daño moral y costas.
II. Corrido el traslado de ley se presenta en autos la Municipalidad de San Isidro. En primer lugar, se opone a la admisibilidad de la acción y, en cuanto al fondo, sostiene la legitimidad del acto atacado.
III. Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular a los autos, el cuaderno de prueba de la parte actora y no habiendo hecho uso del derecho de alegar por ninguna de las partes, la causa quedó en estado de pronunciar sentencia, resolviendo la Suprema Corte plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es procedente la oposición a la admisibilidad de la demanda?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. La demandada sostiene que el decreto de cesantía hoy atacado quedó firme por no haberse interpuesto en su momento los recursos pertinentes por parte del accionante.
Explica que en la pieza postal en la que el actor contestó la notificación de su cesantía, Corigliano no realizó una crítica concreta contra el acto administrativo impugnado, es decir, no lo recurrió.
Agrega que para que haya recurso es menester que la queja esté fundada, pues no es suficiente la mera disconformidad con el acto atacado.
Advierte que las intimaciones contenidas en la referida misiva son incompatibles con un recurso, pues intiman al pago, en el plazo de 48 horas de una indemnización por despido incausado, resultando claramente una pretensión resarcitoria.
Destaca que no estamos ante un abusivo rigorismo formal por parte del municipio, pues el cuestionamiento no se sustenta en la carencia de requisitos formales, sino que se apoya en la clara y precisa expresión de voluntad que surge de la carta documento, cuyos efectos corren por cuenta y riesgo de quien la redactó.
Por otra parte sostiene que la demanda fue promovida extemporáneamente, atento que fue deducida casi dos años después de la baja.
En definitiva, considera que el decreto atacado había adquirido firmeza por no haberse interpuesto los recursos administrativos correspondientes y por haber vencido el plazo establecido por el art. 18 de la ley 12.008.
II. De las actuaciones administrativas (expte. 13.256/99) agregadas sin acumular a la causa, resultan las siguientes constancias útiles para la resolución de la cuestión en análisis:
II.1. Mediante el decreto 2.518 de 7-XII-1999, la Municipalidad de San Isidro dispuso el cese de Walter Marcelo Corigliano a partir del 10 de diciembre del mismo año, con cargo de revista de Jefe de Departamento, con funciones en la Subsecretaría de Deportes y Recreación (v. fs. 3 y 4).
II.2. Con fecha 7 de diciembre de 1999 se notificó al actor, mediante carta documento, del decreto de cese (v. fs. 6 y 7).
II.3. Mediante telegrama del 22 de diciembre de 1999, el actor rechazó la carta documento mencionada precedentemente (v. fs. 9).
II.4. De la copia del legajo del ex agente Corigliano, obrante a fs. 11/20 y certificaciones de servicios de fs. 35, 41 y 44, resulta que: con fecha 23 de enero de 1989 el actor ingresó al municipio prestando servicios como personal temporario, que su desempeño fue ininterrumpido hasta el 31 de diciembre de 1996, prolongado a través de sucesivos decretos (895/89; 219/90; 254/91; 1.201/91; 27/93; 402/94; 314/95 y resol. 32/96), posteriormente, con el dictado del decreto 425/97, fue designado previsionalmente en la categoría 13, como Jefe del Campo de Deportes n° 6, hasta el 10 de diciembre de 1999, en que se dispuso su cese.
II.5. El Asesor Legal, con fecha 19 de enero de 2000, dictaminó que no correspondía "...tratar como recurso la carta documento de que se trata..." atento que en la misma no se peticionaba la revocatoria del decreto 2.518/99, sino que se rechazaba lisa y llanamente la carta documento en la que se transcribió dicho decreto y se formularon intimaciones a la comuna (v. fs. 23).
II.6. El día 20 de diciembre de 2000, atento no haber recibido respuesta a su reclamo formulado el 22 de diciembre de 1999, y habiéndose vencido el plazo conferido por el art. 77 de la ordenanza general 267, el actor presentó un escrito pidiendo el pronto despacho de las actuaciones, solicitando se revisara la decisión de su baja y se le otorgara un resarcimiento patrimonial por el perjuicio causado ilegítimamente por haberse visto privado de sus haberes (v. fs. 28/33).
II.7. Ante un nuevo dictamen de la Asesoría Letrada que consideró que el acto de cese había adquirido firmeza, el accionante realizó una nueva presentación solicitando que el Intendente municipal resolviera su pedido de pronto despacho (v. fs. 51).
III. La presente cuestión se circunscribe a determinar si el telegrama remitido por el actor en respuesta a la carta documento que le notificó el acto de cesantía, constituye una oposición válida o si por el contrario, aquel acto ha adquirido firmeza.
Juzgo que las circunstancias verificadas en el sub lite denotan la oportuna oposición del actor a la decisión estatal aquí controvertida, lo que sella la suerte adversa del planteo defensivo formulado por la demandada.
El presente caso guarda analogía con la causa B. 65.231, "Lusa", sentencia de 16-VII-2014, por lo que me permito reproducir los argumentos que expuse al votar la misma.
III.1. Corresponde destacar que el municipio accionado, a los fines de sustentar su objeción formal, alegó que el decreto 2.518/99 (por el cual se dispuso el cese del señor Corigliano) adquirió firmeza en sede administrativa al no ser impugnado, en tiempo y forma, mediante los recursos contemplados en la ordenanza general 267. Carácter que ciertamente no le reconoció al telegrama n° 50603401 remitido por el otrora agente con el argumento de que allí "...no se hizo una crítica concreta contra el acto administrativo impugnado [...] no se recurrió el acto atacado...".
III.2. A ese respecto, estimo útil puntualizar sucintamente que:
III.2.a. Notificado el actor del decreto 2.518/99, mediante carta documento recepcionada el día 7 de diciembre de 1999 (v. fs. 6/7, expte. adm.), este remitió telegrama (n° 50603401) con fecha 22 de diciembre de 1999 en el que expresamente consignó, entre otros aspectos, que: "...perteneciendo el suscripto a la 'planta permanente del municipio', de conformidad a lo dispuesto por el artículo 7 de la ley 11.757, y habiendo realizado la correspondiente carrera administrativa prevista para la función desempeñada en la Subsecretaría de Deportes y Recreación y no existiendo ninguna de las causales previstas por el artículo 11 de la citada norma legal, rechazo su carta documento CD n° 30.099.868 1 AR como así también los fundamentos del decreto n° 2518, por improcedente, arbitrario y no ajustado a derecho. Por lo expuesto y en virtud de los derechos que surgen de los artículos 14, 15 y 24, siguientes y concordantes de la ley 11.757, jurisprudencia y doctrina aplicables a la materia, intimo, plazo de 48 horas, abonen indemnización por despido producido sin causa y por vuestra culpa y responsabilidad. En igual plazo intimo además me entregue la correspondiente certificación de servicios desde mi ingreso y hasta la fecha del cese" (fs. 9).
III.2.b. Con las presentaciones de fs. 28/33 y 51, el actor reiteró su planteo impugnativo a la medida adoptada.
IV. El tenor de las distintas intervenciones del señor Corigliano en el trámite administrativo antes reseñadas (en particular, el telegrama del 22 de diciembre de 1999) evidencia una clara voluntad de contradecir el cese dispuesto por la autoridad comunal y de obtener, por tanto, su modificación o revisión en ese ámbito.
Así, en aquella pieza postal el interesado no sólo expresó de modo indubitable y tempestivo su oposición a la medida del Intendente municipal que lo agraviaba, sino que además alegó, en apoyo de su postura, una situación jurídica estable de conformidad a la norma del ordenamiento jurídico que entendió aplicable a su situación. También desconoció la presencia de alguna causal de cese de acuerdo a lo establecido en el mismo régimen jurídico.
Todo lo cual obsta, en la especie, la configuración del consentimiento al que alude la demandada en su réplica.
Y ello por fuera de las eventuales deficiencias formales que pudiera presentar aquel escrito, en tanto el principio de formalismo moderado, de aplicación al procedimiento administrativo, autoriza la subsanación de los defectos de forma en que puedan incurrir los interesados ante el órgano estatal en favor de la verdad material y de la legalidad objetiva (conf. causas B. 52.262, "Solanas", sent. de 1-X-1990; B. 64.068, "Investigaciones Médicas S.A.", resol. de 29-IX-2005; B. 58.622, "Marín", sent. de 30-V-2007; B. 57.576, "Otero", sent. de 28-XII-2010; B. 60.554, "Suárez", sent. de 31-X-2012; A. 70.429, "Puppo", sent. de 19-III-2013; entre muchas).
Pues aún admitiendo que la efectiva vigencia del mentado principio encuentra ciertas limitaciones en materia de recursos administrativos, en virtud del mayor rigor con que resultan exigibles los recaudos formales en ese ámbito (art. 74, ord. gral. 267/80), cuando -como ocurre en el caso- lo manifestado por quien se opone a la decisión estatal conlleva un notorio contenido impugnatorio se torna viable la dispensa antes aludida (doctr. causas B. 52.642, "Silva de Oleastro", resol. de 25-IX-1990; B. 52.262, "Solanas", cit.; B. 58.285, "Lopetegui", resol. de 3-III-1998; B. 52.946, "Bistolfi", sent. de 23-III-1999; B. 57.700, "Montes de Oca", sent. de 10-IX-2003; B. 60.104, "Delledonne", sent. de 29-VIII-2007; B. 62.666, "Soverna", sent. de 13-II-2008; B. 62.787, "S. S. L.", sent. de 30-V-2012; e.o.).
No debe soslayarse que la intervención del particular en el trámite recursivo, amén de importar un medio de defensa de sus derechos e intereses, en tanto le brinda la posibilidad de reaccionar contra los actos que los agravian, contribuye al control del proceso de formación de la voluntad administrativa. De allí que la supresión de esa participación por meras deficiencias formales remediables, de un lado, resulta incompatible con el derecho a la tutela administrativa efectiva (art. 15, Const. prov.; CSJN Fallos: 327:4185) y, del otro, reduce las posibilidades de fiscalización de la actividad estatal (causa B. 60.104, "Delledonne", cit.).
En la esfera recursiva la virtualidad del principio de marras se vislumbra, entre otros supuestos, cuando se excusa la errónea calificación técnica de los recursos efectuada por el administrado o la equivocación de su destinatario (conf. art. 75, ord. gral., cit.). Lo propio también se verifica con la exigencia de proveerlos y resolverlos cualquiera sea la denominación que el interesado les dé, cuando resulte indudable su impugnación o disconformidad con el acto administrativo (conf. art. 88, ord. gral. cit.).
De modo que, en el referido contexto, y más allá de la calificación que el interesado otorgó a su presentación, la manifestación clara y fundada de su disconformidad con lo decidido por el órgano estatal motiva la desestimación del planteo efectuado por la demandada sobre este punto.
V. Por todo lo expuesto, voto por la negativa .
Costas por su orden (arts. 17, CCA y 78 inc. 31 in fine , ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Los señores Jueces doctores Genoud y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
En esta oportunidad, corresponde determinar si las manifestaciones vertidas en la carta documento remitida por el señor Corigliano referidas al decreto que dispuso su cese constituyen una oposición válida o si, por el contrario, aquel acto ha adquirido firmeza.
La Municipalidad demandada considera que el rechazo de la carta documento enviada por el municipio no constituye un recurso propiamente dicho toda vez que el accionante en su presentación efectúa un reclamo referido a ciertos pagos que entiende le corresponden con motivo de la cesantía decretada.
Concluye que el interesado ha consentido la resolución administrativa que ahora cuestiona y por tanto carece de derecho a deducir la presente demanda contencioso administrativa por haberse vencido el plazo previsto en el art. 18 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
A mi juicio, le asiste razón al accionante.
Tal como he expuesto al votar en causas sustancialmente análogas a la presente, hay diferentes expresiones que por evidenciar una firme disconformidad con lo resuelto y el claro propósito de lograr la revisión de lo decidido tienen un claro sentido recursivo (doctr. causas B. 53.525, "Abbatista", sent. de 26-IX-1995; B. 56.698, "Balut", sent. de 17-XII-2003; B. 60.104, "Delledone", sent. de 29-VIII-2007; B. 62.666, "Soverna", sent. de 13-II-2008; B. 57.167, "Lemos", sent. de 12-VIII-2009; B. 60.357, "Lacquaniti", sent. de 21-XII-2011; e.o.).
En el caso, la parte actora envió carta documento al municipio rechazando no sólo la misiva recibida sino también el decreto que dispuso su cese, agregando que el mismo resulta "improcedente, arbitrario y no ajustado a derecho" (v. fs. 9, expte. adm.).
Más, surge claro de lo actuado ante la Administración que el reclamante mantuvo su cuestionamiento al decreto 2.518/99, no obstante la intimación que efectúa en un principio respecto a sus haberes y al pedido de certificación de servicios por el tiempo trabajado en la comuna. En efecto, se notificó del decreto cuestionado el día 9 de diciembre de 1999, con fecha 22 del mismo mes remitió carta documento a la comuna, ante la falta de respuesta solicitó pronto despacho el 20 de diciembre de 2000, que fue reiterado el 20 de marzo de 2001 (v. fs. 6, 28/33 y 51, expte. adm.).
En el marco de la doctrina señalada, la omisión en el desarrollo del fundamento de la queja y la intimación a abonar los salarios devengados con sus adicionales, no configuran -en la especie- una circunstancia que permita asignarle los efectos del consentimiento que obste a la promoción de la acción en los términos del Código ritual, sino que eventualmente constituirán errores subsanables en mérito del principio de formalismo moderado.
El principio enunciado posibilita salvar los defectos formales en que puedan incurrir los administrados en pos de la verdad material y de la legalidad objetiva (doctr. causa B. 52.262, "Solanas", sent. de 1-X-1991, "Acuerdos y Sentencias", t. 1991-III, pág.424).
Siendo ello así, las manifestaciones del actor cuestionando los fundamentos del decreto que dispone su baja, rechazándolo y las presentaciones posteriores efectuadas ante el municipio resultaron útiles a los fines de poner en funcionamiento el procedimiento recursivo y provocar un nuevo pronunciamiento acerca de la cuestión.
Por lo demás, tal como tiene decidido este Tribunal, la regla in dubio pro actione es un principio rector en materia contencioso administrativa (causas B. 51.979, "Choix S.A.C.I.F.I.C.A", sent. de 21-VI-2000; B. 59.260, "Carballo", sent. de 3-XII-2003; B. 64.791, "Inmar S.A.", sent. de 8-II-2006; B. 60.663, "Galvan", sent. de 16-XII-2009; e.o.), de forma tal que en materia de impugnación de actos administrativos, estando en juego la posibilidad de acceso a la justicia, deben preservarse los derechos del administrado, interpretando en su favor las dudas que hubiere respecto al consentimiento de las resoluciones que lo agravian.
Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar la objeción planteada por la accionada en torno a la admisibilidad de la demanda.
Voto por la negativa .
Costas por su orden (arts. 17, CCA y 78 inc. 31 in fine , ley 12.008, texto según ley 13.101).
El señor Juez doctor de Lázzari , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Natiello , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Relata el actor que ingresó a prestar servicios para la demandada el 23 de enero de 1989 como profesor de educación física.
Señala que fue designado Regente del Campo Municipal de Deportes n° 1 desde el 1 de agosto de 1991 (dec. 2.157/91) y luego desde el 1 de enero de 1995, (dec. 314/95), Jefe del Campo de Deportes n° 6.
Agrega que con fecha 1 de enero de 1997, mediante decreto 425 del 10 de marzo de 1997, fue designado provisionalmente en Planta Estable presupuestaria, en la categoría 13, como Jefe del Campo Municipal de Deportes n° 6.
Refiere que con fecha 7 de diciembre de 1999, mediante decreto 2.518 se decretó su cese.
Afirma que se considera parte del nacimiento de una etapa significativa de la historia de la educación física y deporte de la comuna ya que con posterioridad a su ingreso se procedió a nombrar los primeros Jefes de Campo, toda vez que esa jerarquía y categoría no tenía existencia previa.
Critica la fundamentación del decreto de cese en cuanto en el mismo se consignó que Corigliano ingresó al agrupamiento de Personal Jerárquico, sin haber pertenecido a los cuadros de Personal de Planta Permanente ni haber realizado Carrera Administrativa alguna. En ese sentido sostiene que la falta de dotación de personal especializado en Educación Física y Deporte, así como la ausencia de estructura orgánica preexistente y de normas sobre el escalafonamiento del personal estable o permanente, dentro del área, tornaba absoluta y radicalmente imposible aplicar un criterio diferente para su designación.
Relata que su labor de jefatura se desarrolló con continuidad, regularidad y permanencia, incompatible con el carácter provisorio, transitorio y temporario que ha querido arbitrariamente atribuirle la Municipalidad demandada en el decreto de cese.
Destaca que durante el "singularísimo período de prueba" que se extendió por ocho años desde 1989 hasta 1997, y por casi tres años más desde principio de 1997 en que se lo designó en la planta estable, hasta fines de 1999 en que se decretó su cesantía, no sólo no medió ninguna oposición fundada que le notificara la Municipalidad, ni se le exigió la realización de ningún curso de capacitación.
Enumera actividades en cuya organización participó y reconocimientos y menciones recibidas.
Manifiesta que de la relación de los hechos en cuanto a los servicios prestados en la Municipalidad demandada, la antigüedad de los mismos, la designación en Planta Estable o Permanente, la categoría 13 reiterada e ininterrumpidamente asignada junto con la función y cargo de Jefe de Departamento, así como las constancias de buen concepto, reconocimientos, agradecimientos, y menciones por su desempeño, se desprenden evidencias incontrastables e incuestionables acerca del derecho que le asiste a la estabilidad en el empleo.
Señala que la Municipalidad expidió constancias asertivas de ello, según certificado de empleo del 22 de marzo de 1996 y Certificación de Servicios del 15 de enero de 2000, que de ninguna manera reflejan la transitoriedad, provisorierad, temporariedad o precariedad del desempeño del actor.
Refiere haber adqui
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.