Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73505
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Soria, Genoud, Negri, de Lázzari se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 73.505, "Frigorífico Paloni contra Prov. de Bs. As. Exp. Inversa. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata acogió el recurso de apelación interpuesto por la actora (pronunciamiento de fs. 438/453), revocando de ese modo el rechazo de la demanda decidido por la primera instancia (v. fs. 335/341).
Disconforme con este pronunciamiento, la parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (obrante a fs. 462/474).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El juez en lo Contencioso Administrativo a cargo del Juzgado n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca rechazó la demanda de expropiación inversa intentada por los síndicos de la quiebra de Frigorífico Paloni S.A. ello al no existir actos de turbación o restricción en los términos del art. 41 de la ley 5.708. A mayor abundamiento encontró configurada también la defensa de abandono opuesta por Fiscalía de Estado, por no existir constancia de algún acto tendiente a concretar los efectos de la expropiación.
Con respecto a las costas, y con cita del art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial y 52 de la ley 5.708, las impuso en el orden causado en atención a las particularidades del caso y la forma de resolver.
II. Disconforme con este pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso de apelación.
Básicamente sostuvo que esta situación de ocupación fue fomentada por el propio estado al dictar la ley expropiatoria, pese a lo cual pretende desentenderse de sus actos.
Considera reunidos los presupuestos establecidos por el art. 41 de la ley 5.708 para la procedencia de la acción expropiatoria indirecta. Básicamente argumentó la imposibilidad de realización de los bienes por el dictado de la ley expropiatoria y la convalidación de la ocupación de la cooperativa por parte del estado expropiante.
Asimismo, invoca como hecho nuevo la sanción de otra ley expropiatoria promulgada el 18 de octubre de 2012 por la cual nuevamente se declara de interés público la empresa en cuestión para otorgarla a la cooperativa que se encuentra ocupando la misma.
III. En la sentencia obrante a fs. 438/453, y en lo que a la resolución del recurso interesa, la Cámara de apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, resolvió hacer lugar a la apelación interpuesta por la actora y revocar el pronunciamiento recurrido. En consecuencia, acogió la demanda de expropiación inversa y ordenó la remisión de las actuaciones al juez de grado a fin de que este determine la indemnización correspondiente.
Para así resolver consideró cumplidos los recaudos del art. 41 de la ley 5.708, en particular el referido a la existencia de actos turbatorios atribuibles al estado. Así explicó que en el supuesto particular de autos, la ley declarativa de utilidad pública implicó mutar la causa de aquella desposesión originariamente consumada por los trabajadores de la firma, para legitimarla o regularizarla, pues el propio legislador erigió esta circunstancia como la causa de la utilidad pública, de modo que ésta ya no sería una mera "toma" de una planta fabril sino más bien la materialización de aquellos fines corporativos cuya consecución constituiría el fin último de ley expropiatoria.
Así concluyó la ocupación ejercitada de modo de facto en un primer momento por parte de los trabajadores para asegurar su fuente laboral, luego fue estimada por el legislador como una situación merecedora de una especial tutela susceptible de ser brindada por el estado provincial a través del ejercicio de su potestad expropiatoria.
Por su parte estimó desacertada la consideración del juez de instancia respecto a la configuración del abandono, por el mero trascurso del plazo de la ley 13.567, reforzando su razonamiento con el hecho novedoso de haberse dictado una nueva ley expropiatoria idéntica a la primigenia (cfr. ley 14.202, B.O., 12-XII-2012).
Por ello revocó la sentencia apelada, acogiendo la pretensión de expropiación inversa articulada, declarando expropiados los bienes objeto de litis y remitiendo las actuaciones al juez de grado para la fijación del monto indemnizatorio.
Respecto de las costas de primera instancia y atento el reenvio dispuesto, resolvió dejarlas sin efecto, pues las mismas deberían fijarse en el nuevo fallo, de conformidad al art. 37 de la ley 5.708. Por su parte las generadas en la Alzada las impuso a la demandada atento su calidad de vencida (cfr. art. 68, CPCC y 52, ley 5.708)
IV. Contra ese pronunciamiento, el Fisco demandado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que plantea los siguientes agravios:
1. Inexistencia de desposesión ni turbación por parte de estado en los términos del art. 41 de la ley 5.708.
2. Desconocimiento de la competencia del poder ejecutivo en la materia.
3. Absurdo en la valoración de las constancias de la causa.
Respecto al primero de los puntos, argumenta que no han existido actos posesorios por parte del Estado y por ello existe una falta de acción para promover el presente juicio por parte de la fallida. Considera que la sanción de la ley expropiatoria no es suficiente para la procedencia de la expropiación inversa, en tanto resulta indispensable que también existan actos materiales de desposesión o turbación por parte del Estado. Cita precedentes de este Tribunal sobre el punto concluyendo que debe rechazarse la demanda.
Manifiesta que el Estado nunca tuvo intención de ejecutar la ley y tal es así que incluso llegó a vetarla, aunque dada la insistencia por parte de las cámaras finalmente se convirtió en ley.
Por su parte respecto al segundo de los agravios planteados, reivindica la facultad del Poder Ejecutivo en el tema, argumentando que de lo contrario la sola sanción de una ley declarativa estaría condicionando al Gobernador en el manejo del presupuesto, menoscabando la división de poderes base del estado.
Y concluye, mientras no haya desposesión la discrecionalidad de impulsar o no la expropiación o el momento para hacerlo es una potestad privativa de éste que ni la Legislatura ni el Poder Judicial pueden atribuirse.
Por último, invoca absurdo en la valoración de las constancias de la causa, pues según entiende de estas se desprende no sólo que no hubo actos positivos analogables a turbaciones por parte del estado sin que hubo actos positivos, expresos e indubitables en sentido opuesto.
Por ello solicita se revoque el fallo recurrido y se rechace la demanda con costas.
V. Adelanto que a mi juicio asiste razón al recurrente y en consecuencia corresponde acoger el recurso extraordinario interpuesto.
Tal como expuse en las causas A. 70.913, "San Justo", sentencia de 11-III-2015, C. 103.176, "Lavadero de Lanas", sentencia de 29-IV-2015 y A. 70.502, "Gesma", sentencia de 10-VI-2015 -de configuración análoga a la presente-, la manifestación de voluntad expropiatoria estatal debe entenderse compleja: inicialmente es el Poder Legislativo quien debe declarar la utilidad pública o causa de interés general en la expropiación de los bienes que identifique, mas ella sola no basta para tener por operada la misma, sino que se requiere que el poder administrador ejecute dicha comisión, pudiendo abstenerse de ello, abandonándola o desistiéndola.
Lo contrario, agregué en dicha oportunidad y reitero ahora, "importaría reconocer una obligación a cargo del Poder Ejecutivo provincial para que concrete todas aquellas decisiones expropiatorias que fueran adoptadas por el Legislativo (aún las insistidas por efecto de las observaciones que hubieran recaído sobre el pertinente proyecto de ley, arg. arts. 108, 110, 111, Const. prov.), conclusión reñida con los términos de la propia ley marco local vigente en a materia (arg. arts. 5, 41, 43, 47 y concs., ley 5708)".
La mera sanción de la ley expropiatoria, aún con su anotación registral, no permite observar allí un acto de desposesión en los términos de la Ley de Expropiaciones de la Provincia (cfr. causas C. 83.282, sent. de 8-III-2007; A. 70.913, cit.; A. 70.502, cit.; etc.), máxime si en el caso no se prevé las partidas presupuestarias pertinentes, no se disponen restricciones a las acciones judiciales tendientes al recupero de la posesión.
Tal como expresé en el precedente A. 70.502, "..el tema de la desposesión y sus autores, como integrante del supuesto legal (art. 41 de la ley 5708), no puede ser desplazado del centro de reflexión para que éste recaiga respecto al significado de la razón de utilidad pública, pues precisamente, como su propio argumento denota en sentido contrario, nos apartaríamos de la norma que habilita taxativamente los supuestos en los que se establece la procedencia de una acción como la aquí intentada, sin declararla inaplicable por inconstitucional (arts. 31 y 28 de la Const. Nacional y 57 de la local)".
En suma, juzgo que sólo podría tenerse por ocurrida la desposesión por parte del Fisco en casos como el aquí debatido, en los que la ley provincial dispone la expropiación de la empresa ocupada y con la finalidad de entregarla a los propios ocupantes, sólo a partir de algún acto concreto estatal, material o jurídico, dirigido a dicho fin, que impida el ejercicio de los derechos del propietario, y no únicamente a través de la ficción de asumir que aquellos actos de terceros tienen virtualidad suficiente para sustituir la expresión de voluntad expropiatoria del Poder Ejecutivo, cercenando así su potestad de abandonar la misma (arg. arts. 41, 47 y conc., ley 5.708).
Como manifestara en aquél precedente "la coincidencia entre la voluntad del Poder Legislativo a través de la declaración de utilidad pública y el objeto final de la misma (en el caso la adjudicación a la cooperativa) aunados a la existencia de una situación de hecho anterior a su dictado (desposesión por parte terceros) no tiene por efecto tornar en un acto puramente formal y soslayable la expresión de voluntad del Poder Ejecutivo que solamente se trasluce, más allá del supuesto de avenimiento o inicio del juicio expropiatorio respectivo, por la toma de posesión de los bienes con o sin consentimiento del titular dominial de los mismos..." máxime si como en el caso no existe en las actuaciones administrativas ningún indicio de que el Poder ejecutivo estuviera interesado en efectivizar la mentada expropiación, incluso cabe agregar vetó la primigenia ley, ni tampoco las normas en cuestión contienen alguna previsión respecto a la imposibilidad de efectuar acciones de recupero o suspender las que pudieran existir.
En mi criterio y lejos de lo considerado por el Tribunal de Alzada, prueba inequívoca de lo que vengo diciendo es que el legislador ha dictado una nueva declarando la utilidad pública de la empresa (cfr. ley 14.404), lo que demuestra por sí que la mera sanción de la norma no tiene la entidad para considerársela capaz de turbar o restringir los derechos del propietario.
Así, concuerdo con el juez de primera instancia en que el mero dictado de una ley no resulta suficiente para habilitar la vía de la expropiación inversa pues al lado de la exclusiva atribución legislativa de declarar la utilidad pública de los bienes, se erige la del poder administrador de concretarla efectivamente según la oportunidad o la conveniencia de dicha medida, sin que pueda aceptarse su condicionamiento por un interés privado y distinto a dicha prerrogativa, la que claramente puede ser desistida o abandonada si es que así lo estima adecuado el Poder Ejecutivo.
Por lo expuesto corresponde acoger el recurso interpuesto, revocar la sentencia de alzada y rechazar la demanda en todos sus términos. Con costas de todas las instancias a la actora vencida (conf. art. 68 y 289 in fine, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Habré de discrepar con el colega que me precede, pues entiendo que la acción expropiatoria resulta procedente.
I.1. Tal como lo expresara en precedentes anteriores donde se dan idénticas circunstancias que en el presente caso (causas A. 70.502, "Gesma", sent. de 10-VI-2015 y C. 104.269, "Jaime Salmun", sent. de 22-VI-2016; e.o.), la demanda promovida resulta fundada, pues existiendo declaración de utilidad pública y sin que se promoviera el pertinente proceso expropiatorio, el Estado ha incurrido en actos de desposesión que viabilizan la acción de expropiación inversa en los términos del art. 41 inc. "c" de la ley 5.708.
I.1.a. En la causa "Jaime Salmun" (cit.) expresé que debía considerarse que el art. 47 de la ley de Expropiación estipula que se considerará abandonada la expropiación, salvo disposición expresa de la ley especial, si el expropiante no promueve el juicio dentro de los dos años de sancionada la ley que lo autorice, cuando se trate de llevarla a cabo sobre bienes individualmente determinados. En este caso, la ley 13.567 actuó en su art. 12 la prerrogativa de fijar un plazo mayor, de cinco años. Luego del vencimiento del plazo inicial, y habiendo transcurrido un breve interregno, la ley 14.404 (B.O., 12-XII-2012) lo prorrogó por otros cinco años.
En tales circunstancias, el mantenimiento de la intención expropiatoria (arg. art. 47, 5.708) por un período -que, aunque con una breve interrupción- se alongó por más de diez años conlleva un menoscabo esencial al derecho de propiedad, pues semejante incertidumbre repercute directamente sobre las posibilidades de uso y goce del titular, con notas de suficiente gravedad para configurar una real turbación de los derechos del propietario (art. 41, inc. "c", ley 5.708; conf. causas A. 70.502, "Gesma S.R.L.", sent. de 10-VI-2015 y C. 103.176, "Lavadero de Lanas el Triunfo", sent. de 29-IV-2015).
Consecuentemente, a los efectos del art. 8 de la ley 5.708, en la especie, ha de tomarse la fecha de publicación de la ley 14.404.
La circunstancia que el período de abandono dispuesto por las citadas normas se haya visto brevemente interrumpido, no implicaría en principio una alteración en la voluntad expropiatoria del fisco. Máxime teniendo en cuenta que -ya sea durante el citado lapso de tiempo o fuera de él- no se evidencia elemento de juicio alguno que permita sostener lo contrario.
I.1.b. A lo anterior, cabe agregar que, configurado el desapoderamiento contrario a la garantía constitucional de la propiedad y requerida la debida intervención de los jueces en el supuesto de la expropiación inversa o irregular, resulta claro que no será pertinente el "abandono" de la expropiación por parte del expropiante. Ello así pues los presupuestos fácticos cuya presencia es exigible para una u otra situación son diversos y, además, excluyentes entre sí (conf. CSJN Fallos: 266:34, cons. 5° y 6°; cfr. disposiciones de la ley 13.264).
Cierto es que en un precedente más cercano (Fallos: 304:1484) interpretó que la iniciación idónea de la expropiación irregular no excluye "en todos los casos el instituto del abandono" (conf. cons. 7°; allí regulado por el art. 33, ley 21.499). Sin embargo, las circunstancias allí juzgadas difieren notablemente de las aquí consideradas. De un lado, se trataba de la aplicación del plazo legal de dos años, sin prórroga alguna. Del otro, se encontraba suficientemente acreditado en el proceso que la original utilidad pública que sustentó el dictado de la ley expropiatoria había sido satisfecha por un medio diferente -donación de un predio-.
Ese caso giraba en torno al supuesto previsto en el art. 51 inc. "b" de la ley 21.499 -determina la procedencia de la expropiación irregular cuando resulten dificultades o impedimentos para disponer de la propiedad en condiciones normales con motivo de la ley de declaración de utilidad pública- y no en punto al previsto en el inc. "c" de dicho ordenamiento "cuando el Estado imponga al derecho del titular de un bien o cosa una indebida restricción o limitación, que importen una lesión a su derecho de propiedad" que más allá de las diferencias que posee con la normativa provincial, es el que mejor se adecua al precepto contenido en el art. 41 inc. "c" de la ley 5.708.
Ante ello, la Corte dejó a salvo que una razonable interpretación de la ley 21.499 lleva a sostener que la configuración del abandono exige "no sólo que no haya promovido el expropiante el respectivo juicio durante el lapso indicado [del abandono], sino también que no haya mediado un comportamiento o conducta de aquél tendiente a concretar indebidamente los efectos de la expropiación (conf.: incs. a y c del citado art. 51), habida cuenta que tal conducta desvirtuaría la presunción de abandono" (consid. 8°).
I.2. En suma, teniendo en cuenta que es regla en la interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que se compadezcan con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución nacional (CSJN Fallos: 310:500; 312:111; 327:4850; e.o.), he de concluir que, sin descartar de plano la aplicación del instituto del abandono ante la promoción de una expropiación inversa, su operatividad ha de quedar sujeta a la particular consideración de cada uno de los supuestos en que el ordenamiento expropiatorio habilita tal acción, y además, condicionada al ejercicio razonable de tal prerrogativa por parte del Estado (art. 28, Const. nac.), para lo cual han de mensurarse indefectiblemente las circunstancias del caso.
II. Por lo aquí expuesto, propongo al acuerdo confirmar la sentencia impugnada en cuanto fija la fecha de desposesión el día de publicación de la ley de prórroga 14.404 (12-XII-2012; v. fs. 449/450 vta.), debiendo enviarse los autos a la instancia de origen a fin que se determine la indemnización correspondiente y demás efectos que implican acoger favorablemente la acción.
III. En atención al modo en que se resuelve, las costas de todas las instancias del proceso, hasta el dictado de esta sentencia, habrán de imponerse a la demandada vencida. Ello sin perjuicio, de lo que en virtud de la normativa aplicable correspondiere decidir de aquí en adelante.
IV. Por los fundamentos dados, con el alcance indicado, voto por la negativa
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria pues como él advierto configurados en autos los presupuestos previstos en el art. 41 inc. "c" de la ley 5.708 para viabilizar la acción emprendida.
A las razones expuestas por el colega agrego que no puede permanecer indiferente como justificativo a la hora de resolver afirmativamente a la acción deducida tanto la prórroga en el plazo de abandono (5 años dispuesto por la ley 13.567; prorrogado por igual plazo mediante ley 14.404), ni que la ley 14.404 fue sancionada el 30 de noviembre de 2011 a más de cuatro años de haberse deducido demanda (2 de marzo de 2007, según cargo impuesto a fs. 8 vta.)y publicada en el boletín oficial el 12 de diciembre de 2012, ello posterior a haberse dictado sentencia en primera instancia (v. fs. 335/341).
Por otra parte el dictado de la citada ley 14.404 supone, sin más, la vigencia de la necesidad de utilidad general y el interés por expropiar.
La decisión de dictar sucesivas leyes a efectos de que no se configure el abandono, manteniendo el statu quo pero sin afrontar las consecuencias, es una solución q
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.