Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 121624
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
DISALVO NORMA IRENE C/ HOSPITAL MUNICIPAL OSTACIANA B DE LAVIGNOLLE Y OTRO/A S/ENFERMEDAD PROFESIONAL.
La Plata, 5 de junio de 2019.
Los señores Jueces doctores Negri y Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Morón rechazó la excepción de prescripción deducida por la aseguradora accionada e hizo lugar a la demanda articulada por Norma Irene Di Salvo, condenando -en forma solidaria- a la Municipalidad de Morón y a Provincia ART S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de indemnización por daños y perjuicios por la enfermedad profesional padecida, con sustento en los arts. 902, 904, 1.074 y 1.113 del anterior Código Civil (v. fs. 706/717).
Para así decidir, en primer lugar, estableció que la actora recién tomó conocimiento de su dolencia, y fundamentalmente de su vinculación con la tarea desempeñada, el día 24 de julio de 2012, en oportunidad en que el galeno que la atendía le expidió el certificado médico adunado a la causa.
Sentado ello, juzgó que la incapacidad de la trabajadora -100% del índice de la total obrera- tenía relación causal con las tareas desarrolladas para el nosocomio accionado, las que debían ser consideradas como riesgosas, por lo que correspondía subsumir el hecho en las prescripciones del art. 1.113 del Código Civil velezano, y declarar la responsabilidad objetiva de la empleadora.
Por otro lado, concluyó que la aseguradora no cumplió con las obligaciones de prevención establecidas en la ley 24.557 a fin de evitar la ocurrencia de patologías psicológicas derivadas de las condiciones de trabajo, resultando en consecuencia responsable en los términos del art. 1.074 del anterior Código Civil.
II. Contra dicho pronunciamiento, ambas codemandadas dedujeron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 737/747 y 749/760 vta.).
Posteriormente, esta Suprema Corte declaró mal concedido el remedio interpuesto por la Municipalidad accionada (v. fs. 775/776).
III. En la vía incoada a fs. 749/760 vta., Provincia ART S.A. estructura su crítica en dos agravios.
En primer lugar, controvierte la decisión de grado de rechazar la defensa de prescripción, denunciando absurdo en la valoración de las pruebas y la violación del principio de congruencia.
Al respecto, alega que al fijar arbitrariamente como fecha de toma de conocimiento la del certificado médico de fs.3, el a quo modificó los términos en los que fue trabada la litis, en tanto de la propia demanda surge que la actora denunció la enfermedad el 2 de diciembre de 2006. Además, señala que desde el 2009 dejó de concurrir a su puesto de trabajo, y teniendo en cuenta que es médica, nunca pudo desconocer su patología.
En segundo término, se agravia de la condena civil, por cuanto entiende que no se probaron incumplimientos de su parte, ya que la accionante no produjo prueba alguna al respecto.
Sostiene que no se verificó la necesaria relación de causalidad entre el daño y el acto omisivo que se le imputa. Asimismo, plantea que el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene se encuentra a cargo del empleador.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. Liminarmente, corresponde recordar que determinar la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad y, en consecuencia, establecer el momento en el que debe comenzar a correr el plazo de la prescripción, constituyen cuestiones cuya apreciación se encuentra reservadas a los jueces de grado (causas L. 90.088, "N., J.M.", sent. de 22-X-2008; L. 96.349, "González", sent. de 5-V-2010 y L. 120.931, "Coria", resol. de 11-X-2017) y, así, las conclusiones que al respecto se formulen no son susceptibles de revisión en casación salvo absurdo, que debe ser eficazmente demostrado.
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 113.610, "Agustinelli", sent. de 5-III-2014 y L. 118.381, "Pare", resol. de 15-IV-2015), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurarlo (causas L. 112.200, "R., V.E.", sent. de 5-VI-2013; L. 109.926, "Mouriño", sent. de 27-VIII-2014 y L. 117.960,"Acuña", resol. de 8-X-2014). En el caso, si bien la recurrente denuncia la existencia de absurdo, sus argumentaciones no son hábiles para comprobarlo.
En la especie, la interesada se limita a exponer su personal criterio, incluso a través de renovados argumentos, sin concretar una réplica idónea a los fines de descalificar lo decidido en la instancia de origen, en cuanto a que el actor tomó conocimiento de su incapacidad, y fundamentalmente de su relación causal con las tareas desarrolladas, recién con la expedición del certificado médico de fecha 24 de julio de 2012, por cuanto no resultaba acertado afirmar -como pretende la accionada- que conoció de su enfermedad el 2 de diciembre de 2006, oportunidad en que la aseguradora demandada le notificó el rechazo del siniestro denunciado, pues mal se le puede endilgar a la trabajadora el tiempo transcurrido hasta la promoción de estas actuaciones, cuando errónea y maliciosamente se le venía desconociendo el padecimiento y/o su causalidad.
En efecto, las disquisiciones de la impugnante no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas de autos, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 118.271, "Lugo", resol. de 5-XI-2014 y L. 118.305, "Ciarelli", resol. de 11-II-2015).
Tampoco es de recibo el argumento que gira en torno a la violación del principio de congruencia, desde que dicho postulado no se vulnera si -como sucede en el caso- los jueces de la causa no se desentendieron de los temas litigiosos sometidos a su conocimiento, dándoles respuesta suficiente mediante la debida fundamentación legal (causas L. 108.740 "Rossi", sent. de 3-V-2012; L. 110.490 "Suárez", sent. de 3-X-2012 y L. 119.621, "Esparza", resol. de 1-VI-2016).
Para más, cabe recordarle al compareciente que la cita de doctrina legal deviene ineficaz si los precedentes invocados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fueron elaborados sobre la base de presupuestos fácticos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 110.363, "Moreira", sent. de 31-VII-2013 y L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014).
IV.2. Igualmente insuficiente es el reproche dirigido a cuestionar la adjudicación de responsabilidad en los términos del art. 1.074 del anterior Código Civil.
Es doctrina de este Tribunal que determinar si la aseguradora ha cumplido o no con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo es una cuestión privativa de los Jueces de grado, no revisable en casación salvo absurdo (causas L. 110.773, "Asencio", sent. de 13-XI-2012; L. 115.990, "Staropoli", sent. de 11-XII-2013 y L. 119.327, "Ramírez", resol. de 22-XII-2015).
La recurrente ni siquiera ha denunciado que tal decisión fuese producto del mencionado vicio, deficiencia técnica que sella la suerte adversa de la impugnación, pues como lo ha resuelto este Tribunal es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite invocar idóneamente la existencia de absurdo cuando se pretende la apertura de esta instancia extraordinaria a la revisión de los hechos y las pruebas (causas L. 107.447, "Álvarez", sent. de 13-VI-2012 y L. 118.388, "Astudillo", sent. de 29-III-2017; e.o.).
Sin perjuicio de la insuficiencia apuntada, cabe señalar que la crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió valorar los hechos y la prueba aportada al proceso, poniendo de manifiesto su disconformidad con la solución alcanzada en el fallo (causas L. 96.889, "Arismendi", sent. de 9-IX-2009 y L. 120.552, "Livolsi", resol. de 15-XI-2017), sin rebatir frontal y eficazmente las motivaciones esenciales que estructuran el contenido del pronunciamiento de origen, en orden a que habían quedado acreditadas las condiciones laborales que se vivían en un día de trabajo en la guardia, que llevaban a vivenciar momentos de estrés extremo, sin que hubiera existido en momento alguno una visita de la aseguradora, ya sea para relevar el trabajo, realizar cursos de capacitación o recomendar mejoras, siendo ello causal de la patología de la actora (v. sent., fs. 714/715).
En este orden, tiene dicho esta Suprema Corte que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar concreta, directa y eficientemente todos los argumentos esenciales del fallo objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ésta se asienta (causas L. 93.723, "Tamer", sent. de 2-VII-2008 y L. 91.407, "Flores", sent. de 25-II-2009).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO DANIEL ALFANO Subsecretario
Fin de la sentencia