Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 118986
En la ciudad de La Plata, a 5 de junio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, de Lázzari, Pettigiani, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 118.986, "P., A. G. contra Dirección General de Cultura y Educación. Accidente in itinere ".
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Morón acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 292/309 vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 325/331).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 346/353 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por A. G. P. -por sí y en representación de su hija menor, V. M. B.-, y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada-, al pago de las prestaciones dinerarias establecidas en el art. 15 apartado 2 de la ley 24.557, y la compensación adicional prevista en el art. 11 apartado 4 inc. "c" de la misma ley, con más el índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) dispuesto en la ley 26.773.
Para así decidir, en el veredicto, con apoyo en las constancias de los expedientes agregados a la causa, el a quo tuvo por acreditado que, el día 9 de noviembre de 2010 el señor M. D. B. (esposo y padre -respectivamente- de aquéllas) falleció en un accidente in itinere al ser atropellado por un camión cuando salía del lugar de trabajo y se dirigía a su casa en bicicleta (v. fs. 293).
En la sentencia, con sustento en los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Milone" y "Suárez Guimbard", declaró la inconstitucionalidad de la forma de pago establecida en el art. 15 apartado 2 de la ley 24.557 (v. fs. 299 y vta.).
Luego, puesto a cuantificar la prestación dineraria que le correspondía percibir a las accionantes, declaró la inconstitucionalidad del art. 17 del decreto 472/14, y dispuso su actualización mediante la aplicación del decreto 1.694/09 y la ley 26.773. En ese orden -de acuerdo a las pautas indicadas en la norma del citado art. 15 apartado 2- fijó el monto de $193.820,41 y, a su vez, lo ajustó conforme al índice RIPTE (v. fs. cit.). Arribó así a la suma total de $767.528,82, y le añadió además el importe de $413.610 en concepto de compensación dineraria adicional de pago único (art. 11 apdo. 4 inc. "c", ley 24.557), aplicando asimismo el mentado índice RIPTE. Expresó, como fundamento de esa decisión, que el juego armónico de los apartados 5 y 6 del art. 17 de la ley 26.773 demuestra que, en materia de ajuste, dicha normativa no ha seguido el criterio general de aplicación ceñida a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produjera luego de su publicación, sino que dispone su directa operatividad sobre las prestaciones adeudadas, es decir, sobre contingencias ocurridas con anterioridad (v. fs. 300/302).
Finalmente, tras declarar la inaplicabilidad de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 414/99 y la inconstitucionalidad del art. 48 de la ley 14.399, ordenó que el capital de condena, desde la fecha del accidente hasta la de la sentencia, devengue intereses a una tasa del 6% anual, y a partir de este último hito, ante el incumplimiento, la que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días (v. fs. 303/307).
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, del decreto 472/14, 3 del antiguo Código Civil; 10 y 17 de la Constitución provincial; 17 y 18 de la Constitución nacional; de las leyes 23.928 y 25.561; y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 325/331).
II.1. Señala que el tribunal de grado, al aplicar la ley 26.773 -que no se encontraba vigente cuando aconteció el accidente de B.- infringió el principio de irretroactividad de las leyes consagrado en el art. 3 del antiguo Código Civil.
Expresa que la correcta interpretación de los arts. 17 apartados 5 y 6, y 18 de la ley citada revela que el índice RIPTE se debe aplicar únicamente a las contingencias laborales acaecidas luego de su entrada en vigencia.
Indica que dicho criterio no difiere del establecido en los decretos 1.278/00 y 1.694/09, que anteriormente habían modificado el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.
Añade que esta Suprema Corte ha declarado que el art. 3 del anterior Código Civil no consagra la retroactividad de la nueva ley sino la aplicación inmediata aún a las consecuencias de las relaciones o situaciones existentes, o sea que la nueva norma rige para los hechos que están in fieri o en curso de desarrollo, y no para las consecuencias de los hechos pasados que quedan sujetos a la ley anterior.
Concluye que el fallo, además, afecta el principio de seguridad jurídica y la garantía constitucional de propiedad toda vez que obliga a la demandada a pagar en base a una normativa que no se encontraba vigente al momento de consumación del daño y que resulta más onerosa.
II.2. Le reprocha al a quo haber aplicado erróneamente el índice RIPTE a la totalidad del capital de condena. Aduce que dicha decisión implica un apartamiento de las disposiciones contenidas en el decreto 472/14, el cual determina que sólo las compensaciones adicionales de pago único y los pisos mínimos establecidos en el decreto 1.694/09, se deben incrementar conforme la variación del índice referido.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), se ha pronunciado -por mayoría que integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en tanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial.
III.2. Aclarado ello e ingresando a la sustancia de la decisión cuestionada, es menester señalar que el pronunciamiento no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
Siendo ello así, siguiendo la línea de razonamiento trazada por esta Suprema Corte -en su opinión mayoritaria- en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de la instancia juzgó el caso, entiendo que le asiste razón a la recurrente.
III.2.i. La ley 26.773 ("Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", B.O., 26-X-2012), dispone en su art. 17 apartado 5: "Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
Es indudable que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de las disposiciones pertinentes, la reforma de la ley 26.773 ha mantenido el criterio adoptado por las normas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, 410/01 y 1.694/09), relativo a que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito). Luego, debe reputarse aplicable al referido cuerpo legal -en principio, y salvo que la nueva legislación haya establecido alguna excepción puntual a dicha regla- el razonamiento interpretativo mediante el cual esta Suprema Corte ha zanjado los debates relativos a la aplicación en el tiempo de sus antecesoras (decs. 1.278/00 y 1.694/09 cits.; causa L. 109.850, "A., M. C.", sent. de 12-VI-2013; e.o.).
III.2.ii. Definido lo anterior, cabe analizar si el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, en cuanto regula el mecanismo de "ajuste" de las prestaciones por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, consagra una excepción a la aludida regla general establecida en el art. 17 apartado 5 del mismo texto legal, resultando eventualmente aplicable incluso a las contingencias acaecidas con anterioridad a su sanción.
El referido art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 prescribe: "Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010".
A su vez, a los fines de contextualizar el mecanismo al que hace referencia el citado art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 es indispensable tener presente el art. 8 del mismo cuerpo legal, en cuanto dispone que: "Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia".
Más allá de las deficiencias que podrían endilgarse a la técnica legislativa utilizada por la ley 26.773 para regular estos aspectos, en mi opinión la interpretación sistemática de los preceptos legales aludidos lleva a concluir que el art. 17 apartado 6 del referido texto normativo no establece una excepción a la regla general establecida en su art. 17 apartado 5.
En primer lugar, esa supuesta excepción no fue plasmada expresamente en el texto de la ley.
Ese dato (que surge de la simple lectura de la norma) puede ser corroborado si se repara en la circunstancia de que, cuando la nueva normativa quiso excepcionar aquella regla general, lo hizo de manera expresa y categórica. Así, al disponer en el art. 17 apartado 7 que: "Las disposiciones atinentes al importe y actualización de las prestaciones adicionales por Gran Invalidez entrarán en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la presente, con independencia de la fecha de determinación de esa condición", la ley 26.773 ha excepcionado expresamente -solo para el caso de las prestaciones por gran invalidez, hipótesis ajena al caso de autos- la regla general relativa a que las mejoras prestacionales y los mecanismos de actualización contemplados en la nueva legislación solo se aplican a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se haya producido con posterioridad a su publicación, disponiendo (exclusivamente para ese tipo de incapacidades) la aplicación inmediata de la reforma incluso a contingencias ocurridas con anterioridad a su sanción.
En ese contexto, y en tanto no corresponde suponer imprevisión o inconsecuencia en la tarea legislativa (causa B. 63.568, "García", sent. de 10-VIII-2011; e.o.), no cabe sino concluir en que, para todos los supuestos no excepcionados expresamente, rige sin ambages la regla general establecida en el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773.
Por otra parte, como ya fue anticipado, la disposición del art. 17 apartado 6 -en cuanto establece que las prestaciones dinerarias "se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010"- no puede interpretarse aislada de la norma del art. 8 del mismo cuerpo legal, que es la que dispone -plasmando una de las innovaciones principales de la ley 26.773 sobre el sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo- que las mentadas prestaciones dinerarias por incapacidad permanente se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del referido índice, a cuyos efectos la Secretaría de Seguridad Social "dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia".
De la interpretación conjunta del sistema de normas en juego, se desprende que la ley 26.773 establece que el monto de las prestaciones por incapacidad correspondientes a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia (art. 17 apdo. 5) deben actualizarse semestralmente mediante el índice RIPTE (art. 8), precisando que, para cuantificar inicialmente (esto es, hasta que se implemente definitivamente el mecanismo de ajuste periódico de frecuencia semestral que la ley ordena realizar a la Secretaría de Seguridad Social) esa actualización, debe tomarse en cuenta la evolución del módulo escogido (RIPTE) desde el mes de enero de 2010 en adelante (art. 17 apdo. 6).
Como se observa, ninguna aplicación retroactiva o inmediata de las modificaciones legislativas incorporadas por la reforma surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del caso de las prestaciones por gran invalidez (art. 17 apdo. 7), hipótesis extraña al presente caso.
Por lo demás, refuerza la hermenéutica aludida la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 34/13 (B.O., 24-XII-2013).
En la citada resolución se establece -en cumplimiento de la atribución competencial efectuada por los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773- el importe actualizado (por la evolución del índice RIPTE desde el mes de enero del año 2010) de las prestaciones adicionales de pago único (art. 11 apdo. 4, LRT), de los "pisos" indemnizatorios de las prestaciones por incapacidades permanentes o muerte (arts. 14 y 15, ley cit.), y de la compensación adicional por daños no reparados para el caso de muerte o incapacidad total (art. 3 seg. párr., ley 26.773) y, en todos esos casos, la actualización se realiza en períodos a partir del día 26 de octubre de 2012 (conf. arts. 1, 4 inc. "a", 5 inc. "a" y 6 inc. "a", resol. cit.), fecha de entrada en vigencia de la ley 26.773.
Ello demuestra, que el órgano administrativo al cual el Poder Legislativo le delegó expresamente la labor de actualizar periódicamente el importe de las prestaciones dinerarias ha interpretado -en línea con lo señalado en el apartado anterior- que a las prestaciones correspondientes a contingencias cuya primera manifestación invalidante hubiese ocurrido con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva ley no les resulta aplicable el mecanismo de actualización reglado por los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 27.663.
Finalmente, cabe señalar que el criterio expuesto, concuerda con el adoptado por la Corte federal en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ Accidente-ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
III.2.iii. A tenor de lo hasta aquí señalado, y teniendo en cuenta que a la fecha de ocurrencia del infortunio laboral -en tanto ella fue determinante en el razonamiento trazado por el tribunal de grado- no se encontraba vigente la ley 26.773, no resultan aplicables al caso las normas actuadas en la sentencia impugnada para cuantificar las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo, por lo que cabe revocar la sentencia en este aspecto.
III.3. En virtud de lo resuelto en los apartados anteriores, en cuanto se revoca lo juzgado por el a quo al disponer el ajuste del importe de condena con fundamento en el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, no cabe abordar el restante agravio, relativo a la omisa aplicación al caso del decreto 472/14 (v. fs. 328 y 329 vta./331). Ello así, en tanto el tratamiento de cuestiones abstractas es impropio de la judicatura (causas Ac. 33.256, "Bottaro", sent. de 25-II-1986; Ac. 62.281, "Macchi", sent. de 4-VI-1996 y C. 98.851, "Macari", sent. de 13-VIII-2014).
III.4. Finalmente, cabe señalar que no puede adjudicarse entidad de agravio al lacónico planteo inicial que contiene el recurso relativo a la tasa de interés aplicable al capital de condena (v. fs. 325 vta.), toda vez que, además de partir de una premisa errónea, al afirmarse que en la sentencia se aplicó "la tasa pasiva digital", carece de todo desarrollo idóneo (art. 279, CPCC).
IV. En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y en consecuencia, revocar la sentencia impugnada con el alcance indicado en el apartado III.2., del presente voto.
En la instancia de origen deberá practicarse una nueva liquidación, con arreglo a lo que aquí se decide.
Costas de esta instancia a la vencida (art. 289, CPCC).
Con el alcance señalado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), se ha pronunciado -por mayoría que no integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial. Sobre el tópico, he de reiterar mi opinión contraria a dicha interpretación a tenor de los fundamentos que expuse en el citado precedente, a los que -por razones de brevedad- me remito.
I.2. Luego, corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto dispuso la aplicación retroactiva de la ley 26.773 (expresamente solicitada por la actora a fs. 274/280 y objetada por la demandada a fs. 286/289).
I.2.a. En lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones la ley indicada ha reiterado como regla general el criterio adoptado por una norma anterior que dispuso modificaciones en el sistema prestacional de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En ese sentido he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal que surge del precedente L. 94.904, "Bertino" (sent. de 22-X-2008) y los que siguieron, con motivo de las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00.
Entonces, por establecer el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 una regla general similar a la contenida en norm
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.