Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119452
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 5 de junio de 2019, habiéndose establecido de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Pettigiani, de Lázzari, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.452, "Tristán, Sebastián Manuel contra SAFICO S.A.F. y C. y otro/a. Enfermedad profesional".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Necochea rechazó el planteo de inconvencionalidad del juzgamiento en única instancia introducido por el empleador codemandado (v. fs. 247/249 vta.).
Se dedujo, por este último, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 258/274 vta.) que, denegado por el citado órgano a fs. 275 y vta., fue concedido por esta Corte (v. fs. 363/365; 395 y vta.) al hacer lugar a la queja interpuesta a fs. 350/359.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. En el marco de la causa iniciada por el señor Sebastián Manuel Tristán contra QBE ART S.A. y SAFICO S.A.F. y C. en procura del cobro de la indemnización reclamada, esta última planteó la inconvencionalidad del sistema de juzgamiento a través de tribunales de trabajo de instancia única instrumentado por la ley 11.653 (v. fs. 210 vta./215 vta.)
En sustento de su postulación, señaló que tal modalidad vulnera el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica -que reviste jerarquía constitucional- en cuanto garantiza a toda persona en la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, la posibilidad de recurrir el fallo, sin restricciones y con amplitud suficiente, ante un juez o tribunal superior pues -sostuvo- no existe un recurso ordinario eficaz mediante el cual el litigante pueda acceder a una revisión completa del pronunciamiento que le causa agravio.
El tribunal de origen desestimó aquel planteo al resolver, con apoyo en doctrina de esta Corte, que el sistema procesal laboral de instancia única regulado por la ley 11.653 no es inconstitucional ni resulta contrario a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 247/249 vta.).
Destacó, además, que la procedencia de la pretensión de la demandada en cuanto había peticionado la intervención de un tribunal de igual categoría o de la Suprema Corte como órgano de alzada implicaría que los órganos judiciales indebidamente se arroguen facultades legislativas y se desestructure el sistema procesal laboral vigente en la Provincia de Buenos Aires, avasallando las disposiciones de la ley 5.827 -Ley Orgánica del Poder Judicial- que organiza, entre otros aspectos, el fuero laboral provincial.
II. Contra dicho pronunciamiento, la codemandada SAFICO S.A.F. y C. interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 258/274 vta.).
En sustancia, plantea la "inconvencionalidad" del sistema de instancia única que rige en el proceso laboral de la Provincia de Buenos Aires, pues -a su juicio- no se adecua a las exigencias establecidas en el art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos de jerarquía constitucional en función de lo establecido en el art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional.
Sostiene que la resolución recurrida debe ser revocada porque es necesario dar verdadera operatividad al citado art. 8 y terminar con un procedimiento que no garantiza el recurso integral ante un órgano de superior jerarquía que establece el Pacto de San José de Costa Rica, toda vez que no existe un tribunal superior ordinario ante quien recurrir los fallos de los tribunales de trabajo.
Señala que el tribunal actuante debió cumplir con los lineamientos que se desprenden del precedente "Baena" y de la Opinión Consultiva 11/90 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos -máximo intérprete de la Convención Americana- en los que ha sostenido que la garantía del doble conforme es aplicable a los procesos laborales (v. fs. 270).
Añade en apoyo de su postura que, si el poder legislativo no toma las medidas necesarias para modificar el sistema instaurado, es imperativo que el poder judicial adopte una postura proactiva y disponga a partir de un "diseño judicial" lo indispensable para el cumplimiento de la normativa que aduce vulnerada.
III. El recurso no prospera.
III.1. El asunto que propone debatir el impugnante -en cuanto postula que el sistema de instancia única instrumentado por la ley 11.653 resulta violatorio del art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- debe ser analizado a la luz de la doctrina que sobre la temática ha elaborado esta Corte.
Es oportuno recordar que el régimen procesal laboral regulado por la ley 11.653, es un sistema de instancia única con casación, y no de doble instancia. Del juego de los arts. 2 inc. "a" y 55 del citado cuerpo legal se desprende que los tribunales de trabajo provinciales resuelven las controversias del trabajo en una única instancia, sin que exista posibilidad de revisión ordinaria por parte de un tribunal superior, desde que sólo pueden atacarse las sentencias de aquéllos órganos jurisdiccionales por medio de los recursos extraordinarios previstos en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que habilitan -exclusivamente, y con arreglo a las causales expresamente contempladas en el texto constitucional- una revisión de las cuestiones jurídicas, excluyendo -en principio- un reexamen de las circunstancias fácticas y probatorias, que -en el marco del diseño procesal examinado- resultan privativas de los tribunales laborales de instancia única (causa L. 106.055, "Pellejero", sent. de 14-XII-2011).
En ese contexto, ha declarado este Tribunal que este sistema procesal laboral de instancia única no es inconstitucional ni resulta contrario a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que la doble instancia garantizada por los arts. 14 apartado 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 apartado 2 inc. "h" de la Convención Americana de Derechos Humanos, no se extiende a situaciones distintas al enjuiciamiento, atribución de responsabilidad e imposición de penas por la comisión de ilícitos comprendidos en la ley penal (causas L. 106.055, cit. y L. 116.822, "Lozano", sent. de 6-V-2015).
En consecuencia, la obligatoriedad de la doble instancia judicial prevista en el art. 8 apartado 2 inc. "h" de la Convención Americana de Derechos Humanos, está establecida como tal exclusivamente para el proceso penal, por lo que no puede ser extendida a los litigios laborales (causas L. 106.055; L. 116.822, cits. y L. 117.500, "I.P.E.N.S.A.", sent. de 21-X-2015).
III.2. A tenor de lo señalado, y toda vez que, además, el interesado no ha desarrollado argumentos que -en mi opinión- justifiquen la revisión del criterio expuesto en los precedentes de este Tribunal antes citados, el planteo que contiene el recurso debe ser desestimado.
IV. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. Con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani y de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero a la propuesta que formula el doctor Negri conforme el criterio que sostuve al pronunciarme en las causas A. 68.436, "G.D.P." (sent. de 25-VIII-2010); L. 106.055, "Pellejero" (sent. de 14-XII-2011) y L. 117.500, "I.P.E.N.S.A." (sent. de 21-X-2015), a cuyos fundamentos remito, merced a razones de economía y celeridad procesal.
Voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI LUIS ESTEBAN GENOUD
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia