Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120273
En la ciudad de La Plata, a 5 de junio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Pettigiani, Soria, Genoud, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.273, "Gorosito, Mirta Valentina contra Provincia ART S.A. Daños y perjuicios".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 430/450 vta.).
Se dedujo, por la parte demandada Provincia ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 453/458).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo hizo lugar a la acción deducida por la señora Mirta Valentina Gorosito contra Provincia ART S.A., mediante la cual le había reclamado el pago de la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Resolvió de ese modo porque juzgó probado en el veredicto que el día 12 de mayo de 2009, mientras prestaba servicios, la actora sufrió un accidente de trabajo que le produjo una lesión en su hombro derecho (padeciendo actualmente, en consecuencia, un cuadro de déficit en la movilidad del miembro superior) que la incapacita en un 9,4% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 430/432 vta.).
En la sentencia, tras declarar -de oficio- la inconstitucionalidad de los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773, efectuó el cálculo de la prestación reclamada -según las prescripciones de la resolución 22/14 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social- ($58.318,91), a la que adicionó el 20% establecido en el art. 3 de la ley citada ($11.663,78). Luego, a la suma resultante ($69.982,69) le agregó una actualización por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), desde la fecha del infortunio laboral -mayo de 2009- hasta el último valor publicado de junio de 2014. En función de ello, declaró procedente recomponer la prestación -por aplicación de un coeficiente de 3,8-, estableciéndola en la suma de $265.934,23, sin perjuicio de apartarse de lo dispuesto en el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 al implementar el referido índice desde el momento del evento dañoso sufrido por el actor (v. sent., fs. 445/446).
Finalmente, estableció que el monto de condena devengaría intereses, desde la fecha del infortunio (12 de mayo de 2009) y hasta su efectivo pago, calculados con arreglo a la tasa activa promedio que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a treinta días (v. sent., fs. 447 vta.).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, Provincia ART S.A. denuncia violación y errónea aplicación del art. 3 del Código Civil; del decreto 1.278/00; de la ley 26.773 y de la doctrina legal que cita.
Plantea los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, cuestiona la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso de la ley 26.773.
Sostiene, en lo esencial, que toda vez que el infortunio que originó la incapacidad del trabajador acaeció con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773 -es decir, mientras era aplicable el dec. 1.278/00-, lo resuelto transgrede el principio de irretroactividad de las leyes previsto en el art. 3 del Código Civil -actual 7 del Código Civil y Comercial- (v. fs. 453 vta./455 vta.).
II.2. Por otro lado, impugna la tasa de interés según la cual el tribunal ordenó se liquiden los accesorios de carácter moratorio.
Aduce que la tasa de interés propuesta por el juzgador de grado (activa promedio) vulnera la doctrina legal de esta Suprema Corte que emana -entre otras- de las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009); criterio que luego resultó ratificado en L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), en la que se declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.399 (v. fs. 456/457 vta.).
III. El recurso prospera.
III.1. De inicio se impone destacar que el veredicto de fs. 430/433 vta. carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47 de la ley 11.653. Tampoco se observa que funcionario alguno haya dado fe de lo actuado.
Al respecto, cabe precisar que, si bien los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solos a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasan inadvertidas en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. Adentrándome en el análisis de los agravios que porta el recurso, entiendo que merece favorable recepción el embate que trae la interesada contra lo resuelto por el tribunal de grado en tanto cuantificó la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773.
III.2.a. En primer lugar, debe revocarse la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia.
Para así decidir, y en tanto ello resulta suficiente para dar respuesta al sub lite , habré de reproducir -en lo que sea pertinente- la opinión que tuve oportunidad de plasmar al emitir mi sufragio en la causa L. 120.062, "Guzmán" (sent. de 30-V-2018), de circunstancias análogas a la presente.
III.2.a.i. Sostuve en aquella ocasión que, en el pronunciamiento de grado, so pretexto de contradecir ciertos preceptos de la Constitución nacional, se margina del caso la operatividad de los mencionados preceptos, declarándose su invalidez material. Ello pretende encontrar fundamento en que la nueva ley es aplicable de conformidad con lo previsto en los arts. 3 del Código Civil y 7 del Código Civil y Comercial, por sobre las normas especiales que contiene el régimen de infortunios laborales.
Al respecto, debe recordarse que, según doctrina de esta Corte, la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.).
De allí que la atribución de pronunciarse en tales términos sobre un precepto legal sólo ha de tener cabida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad normativa inconciliable (causa L. 74.814, "Sánchez", sent. de 29-IX-2004).
La fundamentación intentada en la sentencia no cumple con tales previsiones, ni se evidencia que, para la determinación de su entrada en vigencia, la ley haya escogido un criterio falto de razonabilidad (todo ello más allá de mi personal opinión respecto de la extensión del ámbito de aplicación del precepto).
III.2.a.ii. Por otro lado, tampoco la genérica alusión al "principio de progresividad" que el tribunal sitúa -por conducto del art. 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional- en los tratados internacionales allí mencionados, justifica la decisión adoptada; máxime cuando ningún argumento porta el fallo tendiente a demostrar la configuración de una situación de "total desamparo" relativa al damnificado que aconsejase aplicar una solución acorde con apoyo en el citado principio (CSJN "Arcuri Rojas Elsa c/ ANSeS", sent. de 3-XI-2009).
III.2.a.iii. Para más, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como este Tribunal se han expedido sobre la temática que gira en orden al ámbito temporal de aplicación del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773, debiéndose destacar que en dichas oportunidades ningún reproche constitucional mereció la pauta que recepta el art. 17 apartado 5 de la ley citada, cuya aplicación llevó a los mencionados tribunales a una solución que contrasta con la adoptada en la sentencia impugnada.
III.2.b. Zanjado el cuestionamiento a la constitucionalidad de las citadas normas, corresponde seguidamente abordar el fondo del agravio traído, dirigido a controvertir la aplicación al caso de la ley 26.773.
III.2.b.i. A tal efecto, el pronunciamiento no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte -si bien, como habré de señalar luego, no contribuí a su conformación- aun cuando a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso la misma todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
De modo tal que la cuestión debe ser resuelta por aplicación de la doctrina legal actualmente vigente.
III.2.b.ii. En la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 he dejado plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, entiendo que la respuesta al agravio traído, de conformidad con lo que anticipé, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) ello implica la validez constitucional de la normativa en cuestión.
III.2.b.iii. Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7 de junio de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
Ello aunque, como he expresado reiteradamente (v. mis votos en las causas C. 103.189, "Crudo", sent. de 18-XI-2009; C. 103.420, "Rozitchner", sent. de 14-IX-2011; C. 112.791, "Langiano", sent. de 5-XII-2012; e.o.), soy partícipe de la tesis del sometimiento restringido (en el sentido usado por Sagües, Néstor Pedro; "Eficacia vinculante o no vinculante de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", ED, Tomo 93, pág. 891, o por Ibarlucía, Emilio A.; "Fallos plenarios y doctrina de la Corte Suprema", LL, 2009-A-654) respecto de los pronunciamientos del Máximo Tribunal, de manera de entender que la fuerza vinculante que fluye de sus sentencias -siendo sin duda significativa-, no se equipara a la obligatoriedad jurídica a la que quedamos supeditados por la legislación. En el tema convocante, sin embargo, considero que en contribución a la seguridad del tráfico jurídico y a la coherencia del sistema normativo, los lineamientos que emergen del mencionado precedente deben ser aplicados.
III.2.b.iv. En consecuencia, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso en cuanto en el fallo se dispuso ajustar el capital de condena conforme las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara.
Los autos han de volver al tribunal de origen para que practique nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.
III.3. Por otro lado, también corresponde acoger la impugnación referida a la aplicación de la tasa de interés (activa promedio) fijada por el tribunal de grado sobre los rubros de condena.
III.3.a. En primer lugar, cabe precisar que la ley provincial 14.399 fue declarada inconstitucional por esta Suprema Corte en reiteradas ocasiones (me permito citar los leading case L. 110.487, "Ojer"; L. 108.164, "Abraham" y L. 90.768, "Vitkauskas", sents. de 13-XI-2013). Ello autoriza a dejar sin efecto esta parte del pronunciamiento recurrido.
III.3.b. En virtud de lo anterior, queda por determinar la tasa a la que han de calcularse los acrecidos. Dicha cuestión, por las mismas razones que hube de exponer en el punto III.2.b., debe hacer mérito de la actual doctrina de la Corte.
III.3.c. En efecto, en la causa L. 118.587, "Trofe", como en la causa C. 119.176, "Cabrera", sentencias de 15-VI-2016 (del mismo modo que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sentencia de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días.
Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (ver causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015 y L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 279 y 289, CPCC).
IV. Atento el señalamiento formulado en el punto III.1. y teniendo en cuenta las reiteradas irregularidades que esta Corte viene advirtiendo en diferentes causas del Tribunal de Trabajo de Junín (a saber: L. 120.274, "Calderón", resol de 8-III-2017; L. 120.955, "Biset", resol. de 31-V-2017; L. 121.043, "Figueroa", resol de 27-XII-2017; L. 119.312, "Ponce"; L. 119.635, "Milla" y L. 119.305, "Díaz", sents. de 11-IV-2018, por citar sólo algunas), considero necesario e impostergable exhortar nuevamente a los señores jueces al mayor esmero en el cumplimiento de las obligaciones que el ejercicio de su cargo les impone y recomendarles el dedicado apego a la letra y espíritu de las disposiciones fundamentales para su eficaz desempeño.
El proceso no es un conjunto de solemnidades y rituales sin sentido, ni puede ser exigido el cumplimiento puramente formal de cada una de las reglas que lo regulan. Pero tampoco es terreno anómico donde las cosas puedan hacerse de cualquier manera. Las irregularidades resaltadas se constituyen en evidencias de la displicencia y liviandad con que los intereses en juego han sido tratados, lo que conspira contra la garantía constitucional de tutela judicial contínua y efectiva (art. 15, Const. prov.) y la recta y eficaz administración de justicia.
V. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, y casar la sentencia impugnada en cuanto aplicó para definir el capital de condena las disposiciones contenidas en el decreto 1.694/09 y en la ley 26.773. Y fijó la tasa activa para calcular los intereses adeudados, los que han de liquidarse según la más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, conforme aquéllas vigentes en los distintos períodos de aplicación.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Adhiero al voto del doctor de Lázzari en su punto III.1.
II. También comparto la opinión de mi colega en cuanto propone acoger el agravio por el que impugna la aplicación al caso de las disposiciones de la ley 26.773.
II.1. En primer lugar, coincido en que debe revocarse la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia, de acuerdo a las consideraciones que tuve oportunidad de exponer al emitir mi sufragio en la causa L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018), a la que remito por razones de brevedad.
II.2. En lo que concierne al fondo de la crítica -dirigida a impugnar la aplicación del índice RIPTE-, también suscribo la propuesta decisoria de mi colega, en tanto, la problemática resulta análoga a la planteada en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), oportunidad en la que adherí al sufragio del doctor Genoud, al que también remito.
III. Luego, como lo indicó el doctor de Lázzari, debe prosperar el agravio por el que se objeta la tasa de interés moratorio aplicada al caso (tasa activa promedio).
En efecto, ante la consolidación de la doctrina legal de este Tribunal debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias, acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura en ella sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia, la cual deberá ser aplicada en el presente caso.
IV. Finalmente, comparto la exhortación que se realiza en el punto IV del voto que abre el Acuerdo.
V. A partir de lo expuesto, corresponde acoger el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con el alcance expuesto en el punto V del voto de mi colega que abre el Acuerdo.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor de Lázzari en el punto III.1. de su voto.
I.2. Sentado lo anterior, cabe revocar lo resuelto en el pronunciamiento de grado en cuanto allí hubo de cuantificarse la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en el decreto 1.694/09 y en la ley 26.773.
I.2.a. Al respecto, las razones que esgrime el ponente en el punto III.2.a. de su sufragio, concordantes con las que desplegué en oportunidad de votar en la causa L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018), a la que por brevedad remito, conducen a dejar sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 16 del citado decreto y 17 apartado 5 de la mentada ley efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia.
I.2.b. Luego, suscribo la solución a la que se arriba en el voto inaugural.
Ello, toda vez que en el marco de lo regulado en las normas citadas precedentemente, esta Corte tiene dicho que -salvo excepción consagrada- las previsiones introducidas en e
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.