Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73910
En la ciudad de La Plata, a 5 de junio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Genoud, Soria, de Lázzari, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 73.910, "ICARFO S.A. contra Municipalidad de Bolívar. Pretensión anulatoria. Recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de Ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmó la sentencia de primera instancia que declaró inadmisible la pretensión articulada en autos (v. fs. 288/294).
Disconforme con ese pronunciamiento, la actora interpuso recursos extraordinarios de nulidad, inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad (v. fs. 296/304). La Cámara concedió los dos primeros y denegó el último de ellos (v. fs. 328/329).
Por resolución de fecha 21-XII-2015, esta Corte desestimó el recurso extraordinario de nulidad y llamó a autos para resolver el de inaplicabilidad de ley (v. fs. 335/336).
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Azul hizo lugar a la excepción opuesta por la Municipalidad de Bolívar y declaró la inadmisibilidad de la pretensión interpuesta por la demandante -a través de la cual perseguía la declaración de nulidad de la ordenanza 1.957/08, por la que se rescindió la concesión de la explotación del matadero municipal de esa localidad que oportunamente le fuera otorgada y el cobro de una indemnización por daños y perjuicios- por no cumplir la acción con el requisito establecido en el art. 18 del Código Contencioso Administrativo (v. fs. 247/253).
I.2. Contra esa sentencia, la actora interpuso recurso de apelación (v. fs. 257/263).
I.3. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata confirmó el pronunciamiento de grado (v. fs. 288/294).
I.3.a. Advirtió en primer lugar que la acción se hallaba encaminada a impugnar una ordenanza municipal que portaba un mandato ejecutivo -esto es, disponer la rescisión de la concesión de la explotación del Matadero Municipal de Bolívar- exhibiendo notable concreción y acotamiento personal, dado que poseía un único destinatario, a saber, la parte actora. En tal sentido, concluyó que la impugnación judicial de la misma no podía encontrarse subordinada a la previa observancia de la carga de agotamiento sugerida por la demandante -sin anclaje normativo que la sustentara- y mucho menos cuando se postulaba un recurso administrativo ante el titular del Departamento Ejecutivo -funcionario claramente incompetente en el esquema competencial de los órganos del gobierno municipal y frente a la actuación impugnada-.
I.3.b. Observó también que la actora acudió a la jurisdicción promoviendo "pretensión anulatoria de ordenanzas y cobro de pesos por daños y perjuicios (art. 12 del CCA) [...] contra la Municipalidad de San Carlos de Bolívar", agregando que el reclamo indemnizatorio resultaba una consecuencia de la pretensión anulatoria deducida (v. fs. 81/82 vta.). Conforme ello descartó los agravios mediante los cuales sostenía que lo que en definitiva reclamaba eran los daños y perjuicios derivados de un incumplimiento contractual que no resultaba alcanzado por la disposición del art. 18 del Código Contencioso Administrativo, sino que dicha situación se encontraba amparada por el plazo de prescripción del art. 4.037 del Código Civil -actualmente derogado-.
Concluyó entonces que del texto de la demanda surgía con absoluta claridad que su objeto consistía en la anulación de la ordenanza 1.957/08 (v. fs. 91, pto. IV) indisolublemente ligado a la pretensión resarcitoria desarrollada luego en el punto VI (v. fs. 93 y sigs.).
Por tales razones resolvió convalidar el pronunciamiento del juez de grado que había declarado la inadmisibilidad de la pretensión por haber verificado que, en el sub lite , la demanda se encontraba sujeta al plazo de caducidad establecido en el art. 18 del Código Contencioso Administrativo, el que, computado a partir del día siguiente a la notificación de la ordenanza que dispuso la rescisión de la concesión de la explotación del matadero municipal -producida el día 22 de julio de 2008, mediante carta documento cuya copia obra a fs. 71-, se hallaba holgadamente vencido al momento de interponerse la demanda (el día 9 de abril de 2010, conf. constancia de Receptoría General de Expedientes obrante a fs. 112 vta.).
Encontrándose entonces la acción resarcitoria entablada vinculada con la impugnación de la citada ordenanza, descartó la presencia de un caso de demandabilidad directa, por lo cual la acción estaba sujeta no solo al plazo de prescripción que resultara aplicable a tenor de la esencia del crédito reclamado, sino también al plazo de caducidad de la pretensión anulatoria estatuido por el art. 18 del Código Contencioso Administrativo.
I.3.c. Finalmente, respecto del agravio de la actora por el que postulaba que era el Presidente del Concejo Deliberante quien debió contestar la demanda en razón de controvertirse una ordenanza "producto de su labor", señaló que en virtud de lo preceptuado por el art. 182 de la Constitución provincial, el legislador mediante el decreto ley 6.769/58, estableció las atribuciones de cada departamento del gobierno municipal, confiriendo las facultades necesarias para que ellos puedan atender eficazmente a todos los intereses y servicios locales. Y así, por el art. 108 apartado 12, se estableció que constituye una atribución y un deber del Departamento Ejecutivo la de hacerse representar ante los tribunales como demandante o demandado, en defensa de los derechos y acciones que correspondan a la Municipalidad.
En consecuencia, consideró que la actuación del Intendente municipal devino eficaz a los fines de la defensa de los intereses comunales.
I.4. Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recursos extraordinarios de nulidad, inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad (v. fs. 296/304).
I.4.a. En lo que al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interesa, inició su desarrollo explicando que la firma actora resultó ser concesionaria del exmatadero y frigorífico municipal de la localidad de San Carlos de Bolívar, desde el año 2003, en virtud de haber ganado la licitación pública n° 1/02 y de la ordenanza de adjudicación 1.690/03. Relató que mientras la actora cumplió con todas sus obligaciones, la comuna demandada, tras incumplir los compromisos asumidos en el pliego de bases y condiciones, sancionó, con fecha 3 de julio de 2008, la ordenanza 1.957/08, mediante la que rescindió la concesión anteriormente otorgada.
Resumidos así los antecedentes del caso, alegó que la sentencia del Tribunal de Alzada, al confirmar la inadmisibilidad de la pretensión, violó los arts. 11, 15, 25 y 31 de la Constitución provincial y se apartó de la doctrina legal de esta Corte que consideró aplicable al caso.
Planteó que la ordenanza que revocó la concesión del matadero, carece de causa legítima y fundamentos que la justifiquen, siendo viable el recurso de nulidad que implicó el agotamiento de la vía administrativa.
Consideró que las ordenanzas (tanto las de contenido reglamentario como las que poseen un mandato ejecutivo) fueron excluidas por el legislador del plazo de caducidad para ser impugnadas judicialmente.
Sostuvo que el obrar negligente de la Administración careció de virtualidad para permitir que naciera un plazo de caducidad en contra del administrado, y que en el presente supuesto no existe otro plazo para promover la demanda que el de la prescripción de la acción para ejercer el derecho de que se trate.
Sin perjuicio de ello, expresó que la ley 13.101 excluyó a las ordenanzas municipales del plazo de 90 días establecido en el citado art. 18 del Código Contencioso Administrativo.
I.4.b. En otro orden indicó que la obligación de notificar al presidente del Concejo Deliberante del municipio, cuando se encuentre en juego la legitimidad de una ordenanza, resulta clara y definitiva. En tal sentido, planteó que su ausencia en estos autos implica una rebeldía que no se encuentra suplida con la participación del Intendente.
I.5. La Cámara actuante resolvió conceder los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley y denegar el de inconstitucionalidad (v. fs. 328/329 vta.).
I.6. Por resolución de fecha 21-XII-2015, esta Corte desestimó el recurso extraordinario de nulidad y llamó a autos para resolver el de inaplicabilidad de ley (v. fs. 335/336).
II. El recurso no prospera.
II.1. Para decidir el rechazo de la pretensión, la Cámara sostuvo que la presente acción estaba encaminada a impugnar una ordenanza que contiene un mandato ejecutivo dirigido a un único destinatario, la parte actora, razón por la cual era susceptible de ser cuestionada a través de las pretensiones reguladas en el Código Contencioso Administrativo. Y en tal sentido, su impugnación no podría encontrarse subordinada a la carga de agotamiento sugerida por el demandante, postulada a través de la presentación de un recurso administrativo presentado ante un funcionario incompetente.
En ese marco aclaró que el objeto de la demanda lo constituye una pretensión anulatoria, indisolublemente ligada a la pretensión resarcitoria desarrollada luego. Y con tal razonamiento, concluyó que la misma se encontraba sujeta al plazo de caducidad previsto en el art. 18 del Código Contencioso Administrativo.
II.2. La decisión del a quo sobre el punto resiste incólume el embate del recurso extraordinario.
II.2.a. En primer lugar cabe destacar que esta Corte ha puesto de relieve que cuando el contenido de las ordenanzas comunales implica, en puridad, la adopción de una decisión cuyos efectos son de alcance principalmente individual -al poseer "una especificación ajena al típico y, desde luego, más extenso, espacio de generalidad y abstracción predicable respecto de este tipo de disposiciones municipales"- es posible aplicar a su respecto, bien que con las adaptaciones necesarias, los principios jurídicos que están dirigidos específicamente para los actos de alcance individual (arg. causa B. 57.379, "D.A.C. Producciones S.R.L.", sent. de 9-X-2013, en donde se estimó apropiado abrevar en las pautas de la ordenanza general 267/80 que rigen la notificación de los actos individuales para computar el inicio del plazo para su impugnación).
Sentado ello, y encontrándose la pretensión indemnizatoria entablada vinculada con la impugnación de la ordenanza 1.957/08 -mediante la que se dispuso la rescisión de la concesión de la explotación del Matadero Municipal de Bolívar-, no puede dicho reclamo ser juzgado con abstracción de la legitimidad del acto administrativo que habría ocasionado los daños.
En tal sentido, una cosa es postular, en congruencia con el principio de acceso a la jurisdicción (art. 15, Const. prov.) y el de demandabilidad directa (art. 166, último párr., Const. cit.) supuestos en los que no es necesario un tránsito por los canales administrativos para la configuración de un caso (doctr. causas B. 64.553, cit. y B. 56.648, "Galeano Mañay", sent. de 27-V-2015) reconociendo, en consonancia con lo dispuesto por la nueva codificación, la facultad de articular diversas pretensiones de carácter no impugnativo (doctr. causa A. 70.396, "Franchetti", sent. de 10-X-2011) y otra, bien diversa, es postular que en el enjuiciamiento de una contienda que surge encabezada por un acto administrativo pueda, lisa y llanamente, omitirse su existencia (doctr. causa A. 71.051, "Torres", sent. de 27-IV-2016).
Tal como ha resuelto invariablemente esta Suprema Corte, la expedición de actos administrativos definitivos, que operan per se la creación, alteración o extinción de situaciones jurídicas, motoriza cargas impugnativas que han de traducirse necesariamente en una pretensión de contenido anulatorio. De tal suerte, si un acto formal adverso a los intereses del particular, emanado de la autoridad con competencia resolutoria final u órgano delegado por aquella, no es tempestivamente controvertido, la pretensión posterior lucirá una falencia estructural que conspira contra su admisibilidad. Escenario semejante inhibe a su vez el reconocimiento judicial de reclamos pecuniarios con fundamento en el obrar estatal ilícito (conf. art. 20, ley 12.008, texto según ley 13.101).
II.2.b. Las consideraciones expuestas me llevan a convalidar el pronunciamiento de la Cámara actuante que declaró la inadmisibilidad de la pretensión por haber operado el plazo de caducidad previsto en el citado art. 18 del Código Contencioso Administrativo.
Lo hasta aquí expuesto es suficiente para desestimar los agravios que porta el recurso extraordinario (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 68, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero a la solución que propone el señor Juez doctor Negri.
En ese sentido, entiendo que el art. 77 del decreto ley 6.769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades) indica que los Concejos Deliberantes no sólo pueden crear, reformar, suspender o derogar "reglas generales" (esto es, a través de ordenanzas en sentido estricto) sino también expedirse sobre "solicitudes particulares" mediante el dictado de "Decretos", que, en definitiva, deben ser conceptualizados como actos administrativos de alcance individual (conf. en lo sustancial, Rosatti, Horacio; Tratado de Derecho Municipal, 4ta. Edición, Tomo II, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2012, pág. 154, quien denomina a esta especie como "Resoluciones"; doctr. causa B. 61.982, "CRIBA S.A.", sent. de 22-VI-2016).
Por tales razones, voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Como surge del voto del doctor Negri, quien ha tenido la gentileza de recordar la opinión que expuse en las causas B. 57.379 ("D.A.C. Producciones", sent. de 9-X-2013) y A. 71.051 ("Torres", sent. de 27-IV-2016), actos como la ordenanza que origina el conflicto ventilado en esta causa revisten una condición especial, que las distingue de un producto puramente cuasilegislativo. En cuanto aquí interesa, la calificación de la ordenanza 1.957/08 de la Municipalidad demandada fue objeto de análisis por esta Suprema Corte al resolver en la causa I. 70.015, "ICARFO S.A." (resol. de 26-VIII-2009).
II. Dicho esto, dado que en la especie no se advierten reparos a la admisibilidad de la pretensión articulada, cabe propiciar solución distinta a la expuesta por el ponente.
II.1. La ordenanza controvertida contiene un mandato ejecutivo. Exhibe concreción y acotamiento personal en sus efectos; ello la emparenta a un acto administrativo. Para cuestionarla, la interesada articuló un recurso de revocatoria, que no fue resuelto a pesar de sendos pedidos de pronto despacho (v. fs. 50 y 51, expte. adm.).
Hubo inactividad de la entidad municipal que, según entiendo, ha franqueado el acceso a la jurisdicción (arts. 16 inc. 1 y 18, CCA). En estos supuestos, según los preceptos citados en el párrafo anterior y la doctrina pacífica de este Tribunal, no rige el plazo de caducidad para promover la pretensión impugnativa (doctr. causas B. 55.909, "Armendáriz", sent. de 30-III-2005; B. 64.791, "Inmar", sent. de 8-II-2006; B. 56.753, "Ocampo", sent. de 4-VII-2007 y B. 61.404, "Coria", sent. de 31-X-2016).
II.2. Es cierto que la ahora actora presentó incorrectamente su recurso contra el acto del Concejo Deliberante ante el Intendente municipal. En vista de tal error este órgano debió reconducir la petición ante el cuerpo deliberativo; o, en el peor de los casos, pudo desestimarla explicando el desacierto incurrido. Pero sin hacer lo primero ni lo segundo, guardó silencio. Y ahora procura prevalecerse de esa inacción con un argumento meramente ritual.
Es principio recibido que la autoridad administrativa tiene el deber de proceder y de decidir las cuestiones planteadas por la parte interesada, como también lo es que, en función del informalismo que rige en la materia, la Administración debe pronunciarse, expresa y fundadamente, más allá de las deficiencias que presentara el reclamo o la petición formulados.
Ello se desprende del juego armónico de los arts. 75, 88 y 98 inc. 1 de la ordenanza general 267/80.
II.3. Para más, en el caso no se advierten indicios que permitan afirmar que la deducción del remedio administrativo intentado haya buscado perturbar o dilatar la definición del asunto. La empresa fue notificada el día 22 de julio de 2008 de la ordenanza que dispuso la rescisión del contrato y el 8 de agosto de 2008 presentó la revocatoria ante el Departamento Ejecutivo municipal. Con fecha 26 de septiembre de 2008 solicitó vista de las actuaciones y entrega de copias (las que fueron concedidas). Luego, ante la falta de resolución del expediente, articuló el 30 de septiembre de 2008 y el 2 de diciembre de 2008 sendos pedidos de pronto despacho. Finalmente, entabló la demanda en fecha 9 de abril de 2010.
III. En tales condiciones, el recurrente lleva razón cuando afirma que el a quo ha transgredido lo dispuesto en el art. 15 de la Constitución provincial y la doctrina legal de esta Suprema Corte elaborada en torno al principio in dubio pro actione (v. fs. 301), que también hunde sus raíces en el art. 166 de la Constitución provincial, arribando a una interpretación disfuncional de las normas del Código Procesal Administrativo (doctr. causa A. 70.396, "Franchetti", sent. de 19-X-2011).
Este Tribunal ha resuelto que el examen de admisibilidad de la pretensión debe efectuarse a la luz de los principios de formalismo moderado a favor del interesado y del citado favor actionis , ambos fundados en la más amplia garantía de la defensa de los derechos y de la regla de accesibilidad jurisdiccional que fluyen del art. 15 de la Constitución de la Provincia (doctr. causas B. 57.700, "Montes de Oca", sent. de 10-IX-2003; B. 61.558, "Galesio", sent. de 6-VII-2005 y B. 56.648, "Galeano Mañay", sent. de 27-V-2015; e.o.).
La decisión de la Cámara no lo tuvo en cuenta, como tampoco ponderó que el régimen jurídico aplicable, a raíz de las reformas introducidas por la ley 13.101 al texto original del art. 12 de la ley 12.008 y al art. 77 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, dista de ofrecer la claridad que requeriría un adecuado resguardo del acceso a la jurisdicción; y ello no puede inclinar la decisión en perjuicio del interesado.
IV. Por lo expuesto, si mi opinión es compartida, deberá hacerse lugar al recurso extraordinario, revocarse la sentencia apelada y devolverse los autos a la instancia para que continúen su trámite.
En punto a las costas generadas en la primera instancia se distribuyen por el orden causado (art. 51, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; conf. doctr. de la mayoría, causa A. 70.603, "Rolón", sent. de 28-X-2015). Las que derivan de la apelación ante el Tribunal de Alzada se imponen a la vencida (conf. art. 51, inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 14.437-) al igual que las costas de esta instancia extraordinaria (conf. arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor de Lázzari, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
S
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.