Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 71216
En la ciudad de La Plata, a 5 de junio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, de Lázzari, Negri, Soria, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo extraordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 71.216, "Edigráfica S.A. contra Municipalidad de La Plata. Amparo-recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial con asiento en La Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la comuna demandada (v. pronunciamiento a fs. 1.084/1.098), y confirmó, de ese modo, el acogimiento del amparo decidido por el Tribunal de Familia interviniente (v. fs. 1.007/1.018).
Disconforme con este pronunciamiento, la accionada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.096/1.123), el que fuera concedido por la Cámara antedicha (v. fs. 1.124).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 1.129) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor juez doctor Pettigiani dijo:
I. El Tribunal de Familia n° 1, con asiento en la ciudad de La Plata, dictó sentencia en la que hizo lugar a la demanda de amparo iniciada por la empresa Edigráfica (propietaria del diario Hoy) contra la Municipalidad de La Plata, con el objeto de obtener la declaración de ilegitimidad y antijuridicidad de la omisión de la demandada al no incluirla en el reparto de la pauta oficial y, consecuentemente con ello, su incorporación a ésta.
Para así resolver, y con cita expresa de precedentes de este Tribunal, estimó infundado el planteo de la demandada vinculado al vencimiento del plazo de caducidad establecido en la ley de amparo, al considerar que en el caso se juzga una arbitrariedad o ilegalidad continuada derivada de una omisión y, por tanto, en el que no resulta posible establecer una fecha exacta de inicio de aquel término. Se verifica una lesión sin solución de continuidad que se repite y consume periódicamente.
Entendió que siendo lo cuestionado un hecho continuo, el plazo de caducidad se renueva con cada omisión y por ello no puede sostenerse que la acción de amparo interpuesta se encuentre fuera de plazo.
Por otra parte, y vinculado con el cumplimiento del resto de los presupuestos sustanciales exigidos por la ley 13.928, expuso que, si bien la distribución de la publicidad oficial es una potestad discrecional, ella no puede ejercerse de manera arbitraria o discriminatoria, sino respetando un estricto criterio de razonabilidad y equidad.
Sobre esta base, concluyó que, en el caso, la exclusión de la actora del reparto de la pauta publicitaria pública dispuesta por la Municipalidad de La Plata, con pie en supuestas irregularidades en la contratación por la anterior gestión, no resultó acreditada, desde que la causa penal alegada como prueba no tenía relación alguna con la empresa actora lo que revelaba la arbitrariedad de la conducta del municipio.
Por estas razones, el Tribunal hizo lugar a la demanda de amparo, ordenó a la comuna demandada otorgar pauta oficial a la empresa actora en condiciones de igualdad con otros medios de prensa. Para lo cual la intimó a que acompañe un esquema de distribución considerando el monto previsto en el presupuesto anual y los diferentes medios a los que se les otorga.
II. Contra dicho fallo la demandada interpuso recurso de apelación. Allí planteó nuevamente la extemporaneidad de la acción, con sustento en la suspensión del reparto de publicidad oficial a partir del acto de asunción de las nuevas autoridades de fecha 10 de diciembre de 2007, pues fue en ese momento que la actora dejo de percibir la pauta oficial y desde allí debe contarse el plazo correspondiente.
Invocó también la ordenanza 10.348 de fecha 10 de enero de 2008 mediante la cual se declaró la emergencia administrativa para las contrataciones realizadas durante el año 2007 y se encomendó al Departamento Ejecutivo la reorganización de éstas con un criterio de transparencia y legalidad. Explicó, con base en ella, que el Jefe comunal suspendió la entrega de publicidad a la empresa actora.
Consideró, por tanto, que sea que se tome en cuenta el momento de la asunción de las nuevas autoridades (10-XII-2007) o de la sanción de la ordenanza citada (10-I-2008), el plazo de treinta días dispuesto en el art. 5 de la ley 13.928. Se hallaba vencido en exceso desde que la demanda se interpuso el 12 de agosto de 2009.
De otro lado, adujo que no existía un derecho subjetivo de la empresa a recibir fondos por publicidad de parte del Estado y, por tanto, no se verificaba violación constitucional alguna. También agregó que la decisión de la comuna había sido razonable y debidamente justificada en las irregularidades detectadas en la contratación de la publicidad de la anterior intendencia.
Explicó que si bien la IPP invocada por error -y luego agregada como prueba- no tenía vinculación con la empresa actora, la razón para la suspensión residía principalmente en la ordenanza 10.348 declarativa de la emergencia en las contrataciones. Argumentó que, igualmente la responsabilidad penal es distinta a la administrativa pues tiene objetivos diferentes, de allí que aun cuando en ese ámbito aquella no pueda determinarse, la autoridad pública se encuentra habilitada para imponer sanciones de naturaleza administrativa. En el caso, esta se tradujo en la suspensión de la entrega de la publicidad oficial.
Asimismo, se agravió de la ausencia de acreditación del recaudo de la inexistencia de otras vías ordinarias, pues, según expresó, no existía la posibilidad de generar un daño grave e irreparable porque el periódico se distribuye en forma gratuita.
También cuestionó la base regulatoria dispuesta por el juez de primera instancia para los honorarios profesionales, en tanto éste la difirió para el "...momento en que exista base firme, es decir cuando se tenga conocimiento del monto que por pauta oficial le corresponde a la actora...", decisión que entiende arbitraria toda vez que la acción de amparo intentada carece de contenido económico. Así entendió que debían aplicarse las normas de ley arancelaria que regulan este supuesto y no las que lo hacen sobre base cierta.
Por último, solicitó el dictado de una medida para mejor proveer consistente en el libramiento de un oficio a fin de que la Unidad Funcional de Instrucción n° 8 de La Plata remita la IPP 2.455/08, supuestamente vinculada con la empresa actora.
III. La Sala Tercera de la Cámara Civil y Comercial de La Plata rechazó el recurso y confirmó de ese modo, el fallo recurrido.
En primer lugar, denegó el pedido de medida para mejor proveer solicitada por la actora en su recurso, al considerar que aquella no había sido ofrecida ni individualizada en el momento oportuno, como así también que tampoco modificaba de manera sustancial la materia debatida.
Con referencia al agravio vinculado a la extemporaneidad de la acción, entendió que no resultaba razonable tomar la conducta de la comuna, de suspender el otorgamiento de publicidad, o la fecha de la sanción de la ordenanza de emergencia invocada, como un acto único, pues en ningún caso existió una denegación expresa para computar desde allí el plazo de caducidad.
Así, sobre la base de que en el caso la pretendida conducta lesiva perduraba en el tiempo, e incluso se mantenía al momento de la sentencia, rechazó este agravio.
Respecto a los presupuestos sustanciales, estimó que tampoco le asistía razón a la recurrente en sus planteos en tanto, pese a su alegación, no probó las supuestas irregularidades en la contratación anterior y en las que justificó la suspensión de la pauta oficial, ni tampoco que la ordenanza de emergencia fuera motivo suficiente para ello.
En tal sentido, con cita del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Editorial Río Negro", (sent. de 5-IX-2007), consideró que la circunstancia de tratarse de facultades discrecionales no habilita su utilización de cualquier modo o de una manera tal que influya, obstruya o dificulte la libertad de expresión, en tanto resulta obvia la enorme incidencia -dada la capacidad económica del Estado- que puede tener para el mantenimiento o subsistencia de los distintos medios.
Y, a ese respecto, concluyó "...esta suerte de justicia que pretende haber aplicado mediante la utilización de recursos públicos, fundándose en facultades discrecionales para hacerlo no puede ser convalidada. No es admisible que el Estado utilice de tal modo el poder, aun cuando lo animen las mejores intenciones. Esto se denomina 'desviación de poder' y es una de las formas de arbitrariedad...".
Por otra parte, respecto de la existencia de otras vías adecuadas para ventilar el conflicto, juzgó que el tiempo trascurrido desde que fuera excluido de la pauta era suficiente daño, además de ser insuficiente este planteo por no hacerse cargo del fundamento dado por el a quo vinculado con el principio "pro accione" que debe primar en este ámbito.
En último término, vinculado con el agravio que atañe a la base regulatoria dispuesta en el fallo de la instancia de grado, estimó adecuado tomar la pretensión de amparo interpuesta como susceptible de apreciación pecuniaria y, en consecuencia, diferir la regulación para el momento en que se encuentre determinado cuanto le corresponde a la actora por pauta oficial.
IV. Contra dicha decisión se agravió el quejoso mediante el presente recurso de inaplicabilidad de ley en el que denunció:
1. Configuración de absurdo y violación del art. 5 de la ley 13.928.
2. Configuración de absurdo y violación del arts. 43 de la Constitución nacional; 20 inc. 2 de la Constitución provincial y 1 y 2 de la ley 13.928.
3. Violación del art. 12 de la ley 13.928.
4. Incorrecta interpretación de los arts. 14, 16, 17 y 28 de la Constitución nacional.
5. Errónea interpretación del art. 16 inc. "a" del decreto ley 8.904/77.
IV.1. Con relación al primer agravio, insistió con la extemporaneidad de la acción de amparo atento lo dispuesto por el art. 5 de la ley 13.928. Reiteró básicamente, los planteos realizados tanto en su contestación de demanda como en su recurso de apelación, vinculados con el supuesto reconocimiento por parte del actor de un hecho puntual -la asunción de las nuevas autoridades comunales acaecida el 10 de diciembre de 2007 como fecha de inicio del término de caducidad dispuesto en el mentado artículo.
Consideró que resultaba una interpretación absurda, la realizada por la Cámara para tener por temporánea la acción entablada, pues estaba claro el momento en el que la actora reconoció haber dejado de percibir publicidad y allí comenzó el plazo de treinta días dispuesto en la norma procesal aplicable, término ampliamente vencido al momento del inicio de la demanda.
Sin perjuicio de ello, y aun considerando, que pudiera tratarse de un acto u omisión continuo, estimó que tampoco significaba que el plazo para iniciar esta "acción goce de sucesivas renovaciones", pues si el momento era fácilmente constatable la circunstancia de que los efectos se prolonguen en el tiempo no era razón suficiente.
IV.2. Por otro lado, en punto al absurdo y la violación de los arts. 43 de la Constitución nacional, 20 inc. 2 de la Constitución provincial, 1 y 2 de la ley 13.928, estimó que no se encontraba debidamente fundado el por qué las vías ordinarias no serían idóneas en el caso, requisito fundamental para la viabilidad del amparo.
Insistió con el argumento de la falta de daño grave que justifique la utilización de esta vía, desde que la empresa actora optó por distribuir gratuitamente sus ejemplares, situación que -en su criterio- resultaba demostrativa de la falta de irreparabilidad del perjuicio.
IV.3. Con referencia a la violación del art. 12 de la ley 13.928 estimó que, en tanto dicho precepto dispone la obligación de los jueces de complementar el material probatorio, la denegación del pedido de medida para mejor proveer solicitada por el Tribunal de Alzada, a los fines de la remisión de la causa penal vinculada con la denuncia realizada por la comuna (en tanto por error se individualizó otra que no tenía que ver con la empresa actora), resultaba un exceso ritual contrario a la verdad material y justicia del caso.
IV.4. En relación a la errónea interpretación de los arts. 14, 16, 17, 19 y 28 de la Constitución nacional, consideró que la circunstancia de no asignar pauta oficial a un determinado medio periodístico no era causal de menoscabo a la libertad de prensa pues no importaba restricción alguna.
Entendió, asimismo, que no había existido violación al principio de igualdad, pues la suspensión de la asignación de publicidad a la empresa accionante tuvo justificación suficiente en las irregularidades que la anterior gestión habría cometido con motivo de la distribución de los fondos destinados a tal fin.
También estimó inalterado el derecho de propiedad de la actora, en tanto esta no tenía un derecho adquirido a una determinada cantidad de publicidad.
Por lo expuesto consideró vulnerados los artículos citados, en razón de la errónea interpretación que, de éstos, realizó el Tribunal de Alzada para acceder al amparo.
IV.5. Finalmente, calificó de equivocada la aplicación del art. 16 inc. "a" del decreto ley 8.904/77 al caso pues, según lo destacó, el supuesto de autos no resultaba susceptible de apreciación pecuniaria y por ello no eran inaplicables las normas de la ley de honorarios profesionales vinculadas con ésta. Estimó que deberían tomarse las normas que reglan el supuesto de inexistencia de base cierta, en tanto se trataba de un amparo cuyo objetivo era hacer cesar el menoscabo o violación a un derecho constitucional que no tiene contenido económico directo.
V. Anticipo que el recurso sólo prospera parcialmente.
V.1. Por una cuestión de orden lógico, y ya que con esa disposición fue tratado por la Cámara interviniente, corresponde analizar en primer lugar el agravio de la demandada vinculado con el rechazo de la medida para mejor proveer peticionado en el recurso de apelación. Consideró la recurrente que ello importó la violación del art. 12 de la ley 13.928 en cuanto no sólo faculta sino que "obliga" al juez a disponerlas.
Para decidir del modo indicado el Tribunal recordó la ausencia de ofrecimiento oportuno de la prueba concerniente a la remisión de causa penal y la doctrina pacífica de esta Corte que considera que dichas medidas no pueden ser dictadas para suplir la inactividad de las partes.
Estimo que esa solución no importaba una violación del art. 12 de la ley 13.928 endilgada pues, tal como expresamente allí se dispone, las medidas susceptibles de ser adoptadas por el magistrado tienen por finalidad "completar" el material probatorio, pero no suplir por ese medio el error, la omisión, inactividad o negligencia de las partes.
Cabe recordar aquí que, conforme lo señalado por este Tribunal, "...una medida para mejor proveer mal puede suplir la inactividad de las partes que la solicitaron (art. 36 inc. 2 y 34 inc. 5 apdo. 'c' del CPCC) cuando no ofrecieran su producción oportunamente (arts. 330, 332 y 354 del CPCC)" (cfr. causa B. 67.404, resol. de 26-IV-2006 y sus citas).
Para más, la Cámara no sólo denegó la medida por este motivo, sino que estimó -con cita de un precedente de esta Corte- que tampoco modificaría el cuadro de los hechos, circunstancia que llega firme a esta instancia pues la actora no se encargó de rebatirla adecuadamente.
V.2. Por otro lado, la quejosa se agravió por lo que consideró un supuesto "de absurdo y [...] consecuente violación del art. 5 de la ley 12.398" en el que habría incurrido la Cámara al hacer lugar al amparo, no obstante que la demanda fue presentada luego de fenecido el plazo de caducidad contemplado en aquella norma.
En tal sentido, corresponde señalar que el mentado Tribunal puntualmente destacó que, en el caso, no existió un acto expreso denegatorio de la pauta publicitaria, sino que se trató de una conducta omisiva que tenía la aptitud de reiterarse periódicamente y de perdurar en el tiempo, obstando, con ello, el transcurso del referido término de caducidad. No se juzgaba un hecho único ya pasado, sino una ilegalidad o arbitrariedad continuada, mantenida al momento de accionar.
De allí que, según lo refirió en su fallo, no podían computarse a tales efectos -como lo pretendía la demandada- la fecha de asunción de las nuevas autoridades comunales o la del dictado de la ordenanza municipal 10.348 por la que se declaró la emergencia administrativa. De ninguna de tales circunstancias se seguía una decisión positiva de suspender o cancelar el otorgamiento de la pretendida pauta publicitaria.
La Cámara también consideró, en sustento de su conclusión, con cita de pronunciamientos de esta Corte, que el examen de las cuestiones vinculadas al aludido plazo para interponer la acción de amparo debían ser interpretadas y resueltas con criterio restrictivo y, en caso de duda, a favor de la apertura de la instancia.
Frente a esa decisión, la quejosa reiteró consideraciones ya formuladas en las instancias anteriores, relativas a que el término de caducidad para deducir la demanda debía computarse, en la especie, a partir de un hecho único sobre el cual existía certeza, esto es, la asunción de las nuevas autoridades comunales. Extremo que, a su criterio, había reconocido la propia actora en diversos escritos constitutivos del proceso. De todo ello derivó que la acción resultaba extemporánea y que la Cámara incurrió en absurdo al considerar e interpretar las constancias objetivas de la causa.
El concepto de absurdo, tal como ha sido elaborado por esta Suprema Corte, hace mención a la existencia en el resolutorio atacado de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una grosera desinterpretación material de la prueba producida (conf. causas C. 104.663, sent. de 2-III-2011; C. 116.437, sent. de 18-XII-2013; C. 109.310, sent. de 15-IV-2015; A. 70.888, sent. de 19-X-2016; A. 74.237, sent. de 28-XII-2016; C. 120.646 y A. 73.179, sents. de 12-VII-2017; e.o.).
Al mismo tiempo la referida anomalía no se configura por cualquier error, ni apreciación opinable, ni posibilidad de otras interpretaciones, sino que es necesaria la acreditación de un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales, para que se evidencie la irracionalidad de las conclusiones arribadas. Y ello, por supuesto, debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca (conf. causas A. 69.017, sent. de 3-VI-2009; C. 105.234, sent. de 17-II-2010 y C. 105.397, sent. de 27-IV-2011).
A la vez que la acreditación del absurdo no se abastece con la mera reiteración de las razones que ya fueron rechazadas en la primera y segunda instancia, ni con la formulación de una disconformidad o discrepancia con la línea argumental de lo resuelto en el fallo (causas A. 72.901, sent. de 26-X-2016 y A. 72.517, sent. de 16-VII-2017).
En el caso, el planteo del recurrente en el sentido antes indicado carece de idoneidad impugnatoria, en tanto no logró poner de manifiesto que la decisión del tribunal de segunda instancia, que prescindió del momento postulado por la comuna para computar el inicio del plazo de caducidad, resulte descalificable en los términos del vicio endilgado.
Y a esa insatisfactoria acreditación del absurdo se añade, por cierto, el descuido de la recurrente en relación a los restantes motivos en los que la Cámara cimentó su pronunciamiento en este tema. Así, por ejemplo, y más allá de alguna referencia sobre el punto, soslayó controvertir idóneamente la verificación, en la especie, de un supuesto de omisión ilegítima d
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