Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122808
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
VILDOSO SISTERNA CARLOS ALBERTO C/ LIBERTY ASRT. S.A. Y OTRO S/ ACCIDENTE DE TRABAJO-ACCION ESPECIAL (38).
La Plata, 26 de junio de 2019.
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria dijeron:
I. El Tribunal del Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata declaró la inconstitucionalidad del art. 15 de la ley 24.557 en cuanto establece el pago en modalidad de renta periódica y, en consecuencia, hizo lugar a la acción promovida por Carlos Alberto Vildoso Sisterna condenando en forma solidaria a Swiss Medical ART S.A. (en su carácter de continuadora de Liberty ART S.A.) y a Futura AFJP S.A., al pago de las sumas que especificó en concepto de indemnización por incapacidad laboral total y permanente (v. fs. 807/813).
Para así decidir, en lo que interesa destacar, juzgó no aplicable el pago de la indemnización en forma de renta periódica, ordenando cancelar el crédito en un único desembolso.
II. Contra dicho pronunciamiento, Swiss Medical ART S.A. y Futura AFJP S.A. dedujeron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 821/823 y fs. 848/855 respectivamente), siendo concedido solamente el primero, y en el marco de la excepción del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. fs. 840 y vta.).
En la única vía admitida que corresponde tratar en esta sede, la interesada denuncia absurdo y la violación a las normas y la doctrina legal que cita. Por un lado controvierte lo resuelto por el sentenciante de grado y reitera que las prestaciones adeudadas ya habían sido abonadas por esa aseguradora de acuerdo al régimen legal aplicable. Al efecto, reedita los argumentos tendientes al acogimiento de la defensa de pago que se planteara al contestar la acción. Objeta también la declaración de inconstitucionalidad del art. 15 apdo. 2 de la ley 24.557 en cuanto establece el sistema de pago en forma de renta periódica de la prestación dineraria allí establecida. En este sentido, reputa conculcadas las garantías constitucionales que enuncia.
Por otra parte, en forma subsidiaria, se disconforma de los intereses que fijó el tribunal de grado sobre el monto de condena. Así, objeta la tasa establecida, pero también, alega que no existe mora de la aseguradora que justifique su procedencia.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado (v. fs. 840), la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 113.743, "Pérez", resol. de 17-VIII-2011; L. 117.035, "Abregu", resol. de 25-IX-2013 y L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015), hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 105.284, "Martinicorena", sent. de 28-V-2014 y L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014).
III.2. A partir de lo expuesto, respecto del planteo dirigido a objetar la decisión de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad de la modalidad de pago en forma de renta periódica disponiendo la cancelación del crédito en un único pago, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contemplada en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, pues la doctrina citada por la interesada a fs. 827 vta., no guarda correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, o bien no refiere a situaciones similares, atento a su distinto contenido fáctico (causas L. 105.607, "Sánchez", sent. de 28-III-2012; L. 117.648, "Serantes", sent. de 15-VII-2015 y L. 119.830, "Vega", resol. de 4-V-2016).
Además, los precedentes jurisprudenciales de otros tribunales de justicia o la opinión de los autores no constituyen doctrina legal en los términos de los arts. 279 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 (causas L. 115.342, "Federación Unica de Viajantes de la Argentina (FUVA) y ot.", resol. de 5-IV-2013; L. 118.026, "González", resol. de 20-VII-2014 y L. 118.876, "Banuera", resol. de 28-X-2015).
III.3. Para más, en lo referido a la modalidad de pago establecida en el art. 15 apdo. 2 de la ley 24.557, lo resuelto en el fallo atacado se ajusta a la doctrina legal de esta Corte, que en reiteradas oportunidades en que analizó la problemática bajo examen, declaró la inconstitucionalidad de dicha norma en tanto el pago fraccionado de la prestación mediante renta periódica desnaturalizaba la finalidad para la cual había sido concebida, no constituyendo una respuesta idónea para proteger de modo integral al trabajador o sus derechohabientes, contradiciendo de esa forma los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional (causas L. 116.626, "D., S.A.", sent. de 27-V-2015; L. 117.929, "Sosa", sent. de 15-VI-2016 y L. 120.245, "Fernández", sent. de 5-VI-2019).
III.4. Tampoco puede prosperar el cuestionamiento efectuado en lo vinculado a los intereses estipulados en el fallo en crisis.
Por un lado, dado que en la crítica dirigida a objetar la imposición de los acrecidos, la recurrente omite denunciar violación de doctrina alguna a su respecto (causas L. 98.660, "M., S.J.", sent. de 11-IV-2012; L. 119.835, "Barbosa", resol. de 29-VI-2016 y L. 121.038, "Díaz", resol. de 11-IV-2018).
En cuanto a la decisión de grado de fijar los intereses a la tasa pasiva digital ofrecida a través del sistema "Banca Internet Provincia", debe recordarse que en la causa L. 118.587, "Trofe", sent. de 15-VI-2016, esta Suprema Corte -por mayoría-, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Código Civil de Vélez Sarsfield; 7 y 768, inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.) criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini", sent. de 26-X-2016; L. 119.905, "Galván", resol. de 26-X-2016; L. 119.422, "Clemente", sent. de 31-X-2016; L. 120.122, "Aristegui", resol. de 28-VI-2017).
Siendo así, en el contexto de las circunstancias reseñadas, cabe concluir que, en el presente caso, lo decidido en la materia de tasa de interés por el tribunal de grado encuentra respaldo en la doctrina legal de esta Corte.
Por todo lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario traído, con costas (art. 289, CPCC).
El señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas que me preceden y, respecto de lo resuelto en relación a la tasa de interés remito -en honor a la brevedad- a los argumentos que he dejado expuestos en las causas L. 119.316, "Melgarejo" y L. 119.422, "Clemente" (sents. de 31-X-2016; e.o.), pues habiéndose consolidado la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v.gr. L. 118.587, "Trofe", y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016, y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia en cuanto determina que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
El señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero al voto de mis colegas preopinantes, aunque habré de señalar, respecto de la tasa de interés, que tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", como en la causa C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016 (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días.
Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (causas L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015; L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; L. 118.604 "Gómez" y L. 118.366, "Del Negro", sents. de 26-X-2016), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a la que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827, y modif. y 279 y 289, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina Secretaría Laboral Suprema Corte de Justicia
Fin de la sentencia