Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119520
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.4. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 3 de julio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Genoud , Kogan , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.520, "Silva, Juan Carlos contra Cleverman S.R.L. y otro. Despido".
El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida, con costas a la accionada (v. fs. 1.352/1.370).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.414/1.429).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la demanda promovida por Juan Carlos Silva y condenó a Cleverman S.R.L. al pago de la suma que estableció en concepto de diversos créditos salariales y de otros indemnizatorios derivados de la extinción del contrato de trabajo.
En lo que resulta de interés, acatando lo resuelto por esta Corte en la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013) en cuanto en dicha oportunidad hubo de declararse la inconstitucionalidad del art. 48 de la ley 11.653 -modif. por el art. 1 de la ley 14.399-, el a quo dispuso que al capital de condena se le aplicaran intereses con arreglo a la tasa pasiva que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días en los distintos períodos de aplicación, desde que esa suma es debida y hasta que quede firme o ejecutoriada la presente sentencia. Precisó luego, que a partir de esta última fecha y hasta su efectivo pago debía aplicarse al referido monto la tasa activa de la mentada entidad bancaria (v. fs. 1.367/1.369).
II. Contra lo resuelto en el pronunciamiento en cuanto se aplicó aquella tasa pasiva de interés, se alza la parte actora con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.414/1.429).
II.1. Inicialmente, esgrime ciertas consideraciones respecto de la limitación establecida en la norma del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para la concesión del recurso, en tal sentido sostiene que cuando se cuestiona la adecuación de un fallo de un tribunal inferior a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Constitución nacional, el Tribunal Superior de la Provincia debe intervenir para agotar la instancia local sin que ello pueda ser obstaculizado por normas procesales (v. fs. 1.414 vta./1.416).
En esa línea, afirma que los fallos y precedentes del Máximo Tribunal "deben ser acatados, por lo que su violación arbitraria constituye cuestión federal suficiente que habilita el recurso extraordinario que deberá ser articulado contra la decisión adversa a ella emitida por el Tribunal superior de la causa que en autos no es otro que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires" (fs. 1.415).
Expresa, a su vez, que este Tribunal ha concedido efectos vinculantes a los pronunciamientos emanados de la Corte federal, a tales fines, invoca lo que a su criterio constituyen las pautas sentadas en la causa Ac. 59.366, "Centeno" (sent. de 10-VI-1996; v. fs. 1.415 vta. y 1.416).
II.2. Luego, en lo medular de su crítica, se agravia de la tasa de interés que el tribunal de origen aplicó al capital de condena.
Sostiene que al fallar en las causas S.722.XXIV "Simonet, Mario A. c/ La Primera de Ciudadela S.A. s/ Despido" (sent. de 4-X-1994) y C.161.XXV "Chaine, Gerardo M. c/ ODE S.A. s/ Despido" (sent. de 13-X-1994), la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que la tasa pasiva de interés no es aplicable a los créditos laborales, por lo que el juzgador de grado no sólo ha violado esa "doctrina", sino también la de esta Suprema Corte en orden a los citados efectos vinculantes de los fallos emitidos por el Máximo Tribunal.
Agrega que esta tasa afecta gravemente el poder adquisitivo del accionante, en tanto no se reparó en la depreciación monetaria que, como consecuencia del proceso inflacionario, ha sufrido el crédito de naturaleza alimentaria que le fuera reconocido en la sentencia dictada por el órgano jurisdiccional de origen, violándose de tal modo su derecho de propiedad, consagrado en el art. 17 de la Constitución nacional.
Con el objeto de acreditar el perjuicio sufrido como consecuencia de la aplicación de una tasa de interés a la que califica de "fuertemente negativa", el recurrente practica tres liquidaciones: la primera, a través del método de indexación del crédito y por conducto del planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561). La segunda, utilizando un porcentaje del 1.710% para el cálculo de los intereses. Y, por último, mediante la aplicación de la tasa activa con capitalización mensual de intereses.
Finalmente, denuncia que la sentencia vulnera los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 519, 520, 521, 522 y 622 del Código Civil y ratifica su tesis respecto a la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. En primer lugar, verificándose que en la especie el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria supera el umbral establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, pierde virtualidad el análisis de las argumentaciones con las que el recurrente pretende poner en tela de juicio el recaudo de admisibilidad fundado en la cuantía económica del asunto.
Ello, sin perjuicio de dejar aclarado que esta Suprema Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que las limitaciones establecidas por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que no obstan la deducción del recurso extraordinario previsto sino que lo condicionan a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio. Tampoco impiden a los litigantes ser oídos con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial (causas L. 76.638, "Valette", sent. de 2-V-2002; L. 83.142, "Polo", sent. de 4-VII-2007 y L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014).
III.2. Ingresando al tratamiento del agravio que define el contenido de la crítica, y dejando a un lado los efectos "vinculantes" que se les atribuyan, se advierte una errada lectura por parte del interesado de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación individualizados como S.722.XXIV "Simonet" (sent. de 4-X-1994) y C.161.XXV "Chaine" (sent. de 13-X-1994), toda vez que en ellos, en modo alguno el Alto Tribunal hubo de pronunciarse por la inaplicabilidad de la tasa de interés pasiva en "juicios laborales" como se afirma: Lo dicho por el recurrente -siguiendo un desenfocado razonamiento- parece sustentarse en verdad, en los votos en disidencia -y que no conformaron la postura mayoritaria- formulados en ambos casos por el ministro Fayt.
III.3. Tampoco queda margen para ingresar en el análisis de la denunciada inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561, puesto que el planteo traído por el quejoso como una de las tantas motivaciones destinadas a justificar el daño que derivaría de la aplicación de la tasa de interés empleada por el tribunal de la instancia ordinaria, pretende sustentarse en una tesis que colisiona con el criterio adoptado por esta Corte en cuanto reiteradamente ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011 y L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012) y ello sin que se aporten nuevos argumentos aptos para desvirtuar la aplicación de la citada doctrina.
III.4. No obstante lo expuesto, considero que -con el alcance que a continuación habré de precisar- le asiste razón al recurrente en cuanto postula que se modifique la sentencia de grado en relación con la tasa de interés allí aplicada.
Atendiendo la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, esta Suprema Corte ha precisado su doctrina en la temática en oportunidad de pronunciarse en las causas C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sents. de 15-VI-2016), en una definición coincidente, a su vez, con la adoptada en un caso propio de la competencia originaria de este mismo órgano judicial (causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016).
Por tal razón, y remitiéndome por razones de brevedad -en lo aplicable- a las consideraciones expuestas en mi opinión -mayoritaria- brindada en la citada causa L. 118.587, cabe señalar que en lo tocante al período controvertido (aquel en el que se dispuso la aplicación de la tasa pasiva "tradicional"), los intereses deberán calcularse exclusivamente mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia impugnada conforme lo establecido en el punto III.4. del presente.
Los autos deberán volver al tribunal de grado a fin de que practique la liquidación que corresponda con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en los puntos III.1., III.2. y III.3. de su voto.
II. En lo concerniente a los intereses que corresponde aplicar sobre el capital de condena, habré de señalar que tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", como en la causa C. 119.176, "Cabrera", sentencias de 15-VI-2016 (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días.
Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015; L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 279 y 289, CPCC).
III. No obstante lo expuesto, y en atención a los agravios traídos, he de formular algunas consideraciones adicionales.
En el caso, el recurrente alude a la tasa de interés fijada por el tribunal de origen con los dicterios de "despojo", "violatoria del derecho de propiedad", "confiscatoria", "expoliación", etcétera. Prefiere (v. fs. 1.416 y sigs.) que se declare la inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y sus modificatorias, o bien que se fije discrecionalmente una tasa que otorgue un rendimiento positivo puro, o -tercera posibilidad- que se usen los intereses de las tasas restantes, sin definirse abiertamente por ninguna de las tres propuestas y presentar alguna como principal, reservando a las otras el carácter de subsidiarias.
Sin perjuicio de la respuesta adversa que debe darse a tales planteamientos, en mi caso debido al sometimiento que he expresado a la doctrina de esta Corte y con reserva de mi opinión personal, no puedo dejar de anotar algunas observaciones que me provoca el enjundioso discurso del recurrente. En primer lugar, y tal cual se desprende de mis votos en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009), y tal como lo reafirmé en la causa L. 118.587, citada, es evidente que soy de la idea de que debe autorizarse al juez a fijar, con prudente atención de las circunstancias de la causa, la tasa a la que deberán estimarse los intereses, postura que no ha variado (en todo caso, se ha fortalecido) con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial.
Por otra parte, y así como podría estar de acuerdo con el recurrente en lo anterior, hay al menos otras dos cuestiones en que discrepamos claramente: ni hay un deber de los tribunales inferiores de ajustar sus fallos a la doctrina de la Corte nacional (basta ver los precedentes que el propio apelante cita o repasar los fallos de esta Suprema Corte), ni hay -no puede haberlo- un silogismo sólido (sin importar que sea válido) cuando se parte de premisas falsas (mucho menos un silogismo puede ser justo, que es un calificativo absolutamente inapropiado para un proceso inferencial).
IV. Luego, en función de las razones anteriormente volcadas, y -reitero- dejando a salvo mi opinión personal, me atengo a la referida doctrina legal (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), y adhiero, por estas otras razones, al voto del doctor Soria y a su propuesta de hacer lugar parcialmente a este tramo del recurso deducido.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. Adhiero a las consideraciones vertidas por el doctor Soria en los puntos III.1., III.2. y III.3. de su voto.
I.2. En lo que hace a la tasa empleada para estimar los intereses moratorios, concuerdo con la propuesta decisoria del mencionado colega, a tenor de las consideraciones que expuse al sufragar en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016); L. 117.365, "Ramírez" (sent. de 11-X-2017) y L. 119.461, "Toranzo" (sent. de 28-VIII-2018); entre muchas.
II. En tales condiciones, corresponde declarar procedente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con los alcances establecidos en el punto IV del sufragio que inicia el acuerdo.
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a lo expuesto por el colega doctor Soria en los puntos III.1., III.2. y III.3. de su voto; como así también en cuanto declara procedente el agravio dirigido a cuestionar la tasa de interés aplicada por el tribunal de grado al capital de condena. Ello, en tanto condice con el desarrollo argumental que tuve oportunidad de efectuar al emitir mi voto -entre muchas otras- en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016); L. 118.342, "Figueroa" (sent. de 28-IX-2016) y L. 118.139, "Argüello" (sent. de 19-X-2016), a las que remito por razones de brevedad.
Voto por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.4. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia