Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120139
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 10 de julio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Genoud, de Lázzari, Soria, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.139, "Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires contra Ministerio de Trabajo y otro/a. Amparo sindical".
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la acción de amparo sindical, imponiendo las costas en el orden causado (v. sent., fs. 183/185 vta.).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de inconstitucionalidad (v. fs. 190/201 vta.). El órgano judicial de grado concedió el primero y denegó el segundo de los remedios procesales indicados (v. fs. 202 y vta.). Frente a esta decisión, la parte interesada interpuso la queja prevista en el art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 228/231), que fue desestimada por esta Suprema Corte (v. fs. 236/238).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente rechazó la acción de amparo sindical promovida por la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) contra el Ministerio de Trabajo, la Dirección General de Cultura y Educación y el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires (v. sent., fs. 183/185 vta.).
II. Contra tal pronunciamiento, el letrado apoderado de UDOCBA dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis y 31 de la Constitución nacional; 44 inc. "c" de la ley 23.551; 44 inc. "d" de la ley 11.653; Convenios 87 y 88 de la Organización Internacional del Trabajo; ley provincial 13.758 y errónea aplicación de los arts. 115 inc. "b" de la ley 10.579 y 115 inc. "b" 2 del decreto reglamentario 2.485/92 (v. fs. 190/199).
En concreto, objeta la conclusión del a quo que admitiendo el argumento de la demandada considera que la concesión de tiempo remunerado para la actividad sindical de los delegados de personal -un día al mes- está previsto en el art. 115 inc. "b" 2 de la ley provincial 10.579 (Estatuto Docente). Afirma que la norma citada configura una imposición unilateral de la empleadora no apta para reemplazar la exigencia de acuerdo de partes dispuesta por el art. 44 inc. "c" de la ley 23.551. Sostiene la diferente naturaleza de la "licencia" prevista en el art. 115 inc. "b" 2 del decreto 2.485/92 y el permiso que contempla el art. 44 de la ley sindical. Ello así, toda vez que la licencia se ve fuertemente restringida por la discrecionalidad del empleador mientras que el "permiso" que regula la ley 23.551 es objetivo y no requiere la dispensa del empleador (v. rec., fs. 192/195 y 199).
Agrega que el pronunciamiento impugnado vulnera el art. 44 inc. "d" de la ley 11.653 argumentando, por un lado, que omite valorar la prueba documental oportunamente acompañada por su parte, esencial para la correcta solución del caso y que desconoce la tarea diaria que realizan los delegados de personal docente; por el otro, que valoró erróneamente la prueba aportada por la demandada (v. rec., fs. 195/198).
III. El recurso no prospera.
III.1.a. La Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) promovió el presente amparo sindical en los términos del art. 47 de la ley 23.551, contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, a fin de que -en el marco de las negociaciones colectivas de la ley provincial 13.552- trate y convenga "el permiso y el correspondiente crédito de horas mensuales" previsto en el art. 44 inc. "c" de la ley 23.551 para que los delegados de personal cumplan su función sindical. Solicita asimismo que hasta tanto no se logre tal cometido, la Dirección General de Cultura y Educación reconozca treinta y seis horas mensuales en tal carácter, y se les aplique a los demandados una sanción conminatoria hasta tanto se avengan a tratar y convenir el permiso y el correspondiente crédito de horas mensuales (v. dem., fs. 127/140).
El tribunal de grado corrió traslado de la presente acción -encuadrándola en los arts. 321 inc. 1 y 496 del Código Procesal Civil y Comercial y 47 de la ley 23.551 (v. fs. 142)- que fue oportunamente contestado por el Fisco provincial (v. fs. 148/153). Corrido el traslado (arts. 29, ley 11.653 y 496, CPCC, conf. fs. 164), la actora negó la documental acompañada por la demandada, señalando detalladamente las razones que -a su entender- respaldaban la procedencia de la demanda (v. fs. 170/179).
Así, trabada la litis, el tribunal dispuso pasar los autos al acuerdo (v. fs. 181 y vta.) y luego de indicar que el mentado proveído se encontraba firme (v. fs. 182), dictó sentencia en la que señaló que se encontraban cumplidos "los pasos procesales de rigor" (v. fs. 183/185).
III.1.b. Sentado lo anterior, y teniendo en cuenta que la potestad revisora de la Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formula en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 92.636, "Drago", sent. de 7-VI-2010; L. 102.289, "Quiroz", sent. de 6-V-2011; L. 113.378, "Lasso", sent. de 26-II-2013; e.o.), habré de ingresar en el análisis de los agravios expuestos en la impugnación traída.
III.2.a. El a quo señaló que el tipo procesal de conocimiento y bilateralidad acentuadamente concentrado y acelerado, establecido en los arts. 47 de la ley 23.551 y 498 del Código Procesal Civil y Comercial, tiende a tutelar los derechos sindicales ante la inminencia o la concreción de algún menoscabo para el ejercicio pleno de las libertades sindicales. En este camino, juzgó que no se advertían configurados los presupuestos de la mentada acción, es decir, "el impedimento u obstaculización en el regular ejercicio de los derechos de la libertad sindical y menos aún la urgencia en cambiar el status quo existente" (v. sent., fs. 184 vta.).
Para así resolver, entendió -por un lado- que en la especie no se evidenciaba violación a la libertad sindical en tanto el art. 44 inc. "c" de la ley 23.551 obliga a los empleadores a conceder a los delegados de personal un crédito de horas mensuales, retribuidas por el empleador de conformidad con el convenio colectivo de trabajo aplicable; y que el art. 115 inc. "b" 2 del Estatuto Docente (ley 10.579), al conceder a los delegados de personal un día por mes para la actividad sindical, prevé el mentado supuesto. Adunó que en la especie la actora no había especificado ningún caso concreto en que los delegados de personal de UDOCBA se hubieran visto impedidos u obstaculizados en el cumplimiento de su función sindical, por no contar con tiempo rentado para ello (v. sent., fs. 184).
Desde otroángulo, agregó que tampoco existía urgencia en convenir un crédito horario rentado mínimo distinto del previsto en la norma estatutaria a fin de que los delegados de personal puedan fiscalizar los actos de concursos, de ingresos y de ascensos de personal. A tal fin, afirmó que los delegados de personal no son necesariamente los encargados de tal fiscalización; asimismo señaló que el amparista no negó su participación en las últimas paritarias próximas pasadas, ni probó el modo en que se desarrollaron las mismas, tampoco opuso reparos a su cierre con motivo de la omisión de tratar el tema de créditos horarios, problemática que, incluso, fue incorporada tardíamente a las tratativas, respecto del temario oportunamente consensuado con otras entidades gremiales representativas (v. últ. fs. cit.).
III.2.b. El recurso es insuficiente (art. 279, CPCC) ya que carece de la indispensable denuncia de infracción de la norma actuada por el tribunal de trabajo, esto es el art. 47 de la ley 23.551. Dicho dispositivo legal es el fundamento jurídico del núcleo central de la argumentación que condujo a concluir que en autos no se encuentran configurados los presupuestos que tornan viable el amparo sindical.
Desde esta óptica, cabe recordar que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se omite denunciar la violación o errónea aplicación de los preceptos normativos aplicados por el juzgador para fundar el pronunciamiento; sin que la Corte pueda suplir de oficio, por vía de inferencias o interpretación, la omisa mención por parte de la interesada (causas L. 105.323, "Mengarelli", sent. de 30-XI-2011; L. 112.633, "Colos", sent. de 14-II-2013; L. 117.622, "Villalobos", sent. de 25-II-2015; e.o.).
Si bien la falencia apuntada sella por sí la suerte adversa de la impugnación, para satisfacción de la recurrente observo que, de todas maneras, no consigue descalificar las conclusiones nucleares del pronunciamiento.
III.2.c. En efecto, la queja es asimismo deficitaria, en la medida que no contiene réplica idónea de la totalidad de los argumentos que sirvieron de sustento al tribunal de grado para arribar a la decisión cuestionada.
Es que por conducto de la mera expresión de un criterio discrepante, la impugnante sólo se limita a señalar que el pronunciamiento impugnado desconoce la tarea diaria que realizan los delegados de personal docente a la luz de las funciones asignadas en el art. 40 de la ley 23.551 (v. rec., fs. 197 vta. y 198), sin que la mentada afirmación logre conmover la conclusión afincada en que no se encontraba especificado ningún caso concreto en que los delegados de personal de UDOCBA se hubieran visto impedidos u obstaculizados en el cumplimiento de su función sindical por no contar con tiempo rentado para ello (v. sent., fs. 184).
En este marco, no parece ocioso recordar que tiene dicho esta Corte que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la impugnación concreta, directa y eficaz de todos los argumentos esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ésta se asienta (causas L. 118.085, "Frías", resol. de 3-XII-2014 y L. 118.395, "Mendoza", resol. de 19-II-2015; e.o.).
Asimismo, cabe resaltar que los agravios estructurados sobre la omisa valoración de la prueba documental acompañada por la asociación sindical, así como aquellos enfocados en la supuesta errónea valoración de la adjuntada por la parte demandada, de cuyo análisis concluye que UDOCBA en diversas instancias presentó, mantuvo y aún mantiene el reclamo de que se trate en negociación colectiva el crédito laboral al que se refiere el art. 44 inc. "c" de la ley 23.551 (v. rec., fs. 196/197 vta.), no resultan idóneos para controvertir la conclusión del a quo vinculada a que la amparista no negó su participación en las últimas paritarias, no produjo prueba sobre su desarrollo, ni invocó reparos a su cierre derivados de la omisión del tratamiento del tema de los créditos horarios (v. sent., fs. 184 y vta.) en tanto se limita a exhibir una opinión disímil a la del sentenciante de origen, poniendo en evidencia un flagrante desencuentro entre lo decidido en la instancia de origen y los argumentos que estructuran la apelación en su contra (causas L. 103.086, "Vidal", sent. de 18-V-2011 y L. 106.959, "González", sent. de 8-II-2012; e.o.).
III.2.d. Desde esta óptica, la pretensión de modificar la solución final contenida en el pronunciamiento se desdibuja a tenor de la inapropiada sistemática recursiva que exhibe la impugnación y de su manifiesta insuficiencia técnica; sin que sea necesario expedirme sobre los restantes agravios esgrimidos por la asociación sindical.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Por los fundamentos que a continuación habré de exponer, considero que corresponde decretar de oficio la nulidad de la sentencia de fs. 183/185 vta.
I.1. Inicialmente, se impone destacar algunas características del trámite procesal impreso a las presentes actuaciones.
I.1.a. La Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) promovió el presente amparo sindical en los términos del art. 47 de la ley 23.551, contra el Ministerio de Trabajo, la Dirección General de Cultura y Educación y el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, a fin de que -en el marco de las negociaciones colectivas de la ley provincial 13.552- "traten y convengan" horas mensuales remuneradas de permiso para que los delegados de personal cumplan su función sindical. Solicita que, hasta tanto no se logre tal cometido, la Dirección General de Cultura y Educación reconozca treinta y seis horas mensuales en tal carácter, aplicando astreintes conminatorias hasta ese momento (v. dem., fs. 127/140).
El tribunal de grado corrió traslado de la acción -encuadrándolo en los arts. 321 inc. 1 y 496 del Código Procesal Civil y Comercial y 47 de la ley 23.551 (v. fs. 142)- que fue contestado por el Fisco provincial (v. fs. 148/153). Corrido el llamado "segundo traslado" (arts. 29, ley 11.653 y 496, CPCC, conf. fs. 164), la actora negó la documental acompañada por la demandada, señalando detalladamente las razones que -a su entender- ameritaban la procedencia de la demanda (v. fs. 170/179).
I.1.b. Encontrándose trabada la litis de esa manera, el a quo -sin decretar la apertura a prueba de las actuaciones ni declarar la cuestión debatida como de puro derecho-, dispuso pasar los autos al acuerdo del tribunal, procediendo a notificar a las partes de ello (v. fs. 181 y vta.). Luego, tras señalar que el mentado proveído se encontraba firme (v. fs. 182), dictó sentencia en la que, tras señalar que se encontraban cumplidos "los pasos procesales de rigor", rechazó la acción impetrada por los motivos precedentemente expuestos (v. fs. 183/185).
I.2. En dicho contexto -independientemente del grado de acierto sustancial de la decisión sobre la regulación en el art. 115 inc. "b" 2 del Estatuto Docente de la concesión de un tiempo remunerado para la actividad sindical de los delegados de personal- preciso es concluir que la sentencia debe ser anulada de oficio, pues se advierte sin hesitación que, para arribar a la decisión objetada, el tribunal de trabajo ingresó en el análisis y evaluación de las circunstancias fácticas del caso, quebrantando de esa manera el art. 44 inc. "d" de la ley 11.653, al no estar precedida la sentencia del pertinente veredicto.
Resulta a todas luces evidente que la cuestión de que se trata no reviste calidad de "puro derecho", no sólo porque el a quo no lo declaró así (como debió haberlo hecho, si entendía que la cuestión litigiosa revestía efectivamente tal entidad de conformidad con el art. 32 último párrafo de la ley 11.653), sino -y fundamentalmente- porque en la especie se hallaba netamente controvertida la existencia de los presupuestos de hecho que tornan -o no- viable el amparo sindical, cuya acreditación resultaba indispensable para determinar la eventual procedencia de la acción intentada.
I.3. No obsta la solución propugnada el hecho de que la causa se sustancie por el proceso sumarísimo (arts. 47, ley 23.551 y 496, CPCC) porque, de acuerdo al art. 63 de la ley 11.653, la aplicación de las normas del Código Procesal Civil y Comercial deben compatibilizarse y armonizarse con el sistema implementado en la ley ritual del fuero y sabido es que, en la estructura del procedimiento laboral, la formulación del veredicto constituye un deber inexcusable para los magistrados, quienes se encuentran obligados a pronunciarse sobre los hechos en ese acto procesal emitiendo su voto en el orden que se establezca y "apreciando en conciencia" la prueba rendida "con indicación individualizada" de los elementos de juicio meritados y adoptando una consecuente decisión por mayoría de opiniones acerca de cada una de las cuestiones propuestas, lo que por otra parte es un deber constitucional (art. 168, Const. prov.).
II. Sólo he de agregar que, convencido de que este tipo de infracciones no resulta gratuita para los justiciables, al prolongar más allá de lo razonable los procesos judiciales, me veo en la obligación de requerir a los miembros del tribunal de trabajo interviniente, extremar el celo en el cumplimiento de los requisitos formales, constitucional y legalmente exigibles, en los pronunciamientos y decisiones que emita el tribunal.
III. Lo dicho me lleva a proponer al acuerdo que, de oficio, se anule la sentencia de fs. 183/185 vta., debiendo volver los autos al tribunal de origen a fin de que -con diferente integración-, renueve los actos procesales que estime necesarios en orden a la verificación y alcance de los presupuestos de la acción entablada y oportunamente dicte el pronunciamiento que corresponda.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia