Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 64710
En la ciudad de La Plata, a 10 de julio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, Genoud, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 64.710, "Abella, Fernando J. y otros contra Provincia de Bs. As. (Instituto Prov. Lot. Y Casinos). Demanda contencioso administrativa".
I. Los accionantes, por apoderado, promueven demanda contencioso administrativa, contra el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, a fin de solicitar se deje sin efecto la resolución 2.746/02 suscripta por el interventor de la referida entidad provincial el día 29 de agosto de 2002.
Por consecuencia de la anulación requerida piden el reconocimiento y pago de las diferencias de haberes, producto de la falta de cómputo de la Bonificación Compensatoria para liquidar la bonificación por antigüedad y permanencia en la categoría regulados por el decreto PEN 1.428/73. Reclaman dichas sumas desde el mes de octubre de 1995, con actualización monetaria e intereses y hasta el momento del efectivo pago.
II. Por resolución del día 26 de mayo de 2004, el tribunal afirma su competencia para decidir en la causa y declara reunidos los requisitos de admisibilidad de la pretensión, confiriendo traslado de la demanda en los términos de lo normado por la ley 12.008, texto según ley 13.101 (v. fs. 681).
III. El 26 de octubre de 2004 se presenta a juicio la Fiscalía de Estado quien plantea, en primer lugar, la falta de agotamiento de la vía administrativa con relación a los coactores Cristian M. Martínez, Evangelina L. Díaz y Oscar Alberto Méndez.
A continuación, y sobre la base de defender la legitimidad de los actos impugnados, solicita el rechazo de la pretensión incoada.
Subsidiariamente, para el supuesto de hacerse lugar a la demanda, pone en consideración del tribunal la prescripción quinquenal para reclamar las diferencias de haberes requeridas, desde la presentación del respectivo reclamo administrativo.
IV. A fs. 700/703 y 705 se presenta el apoderado de los actores, adjunta cartas poder de los señores Cristian M. Martínez, Evangelina L. Díaz y Oscar Alberto Méndez y presta conformidad con el planteo de prescripción quinquenal incoado por la accionada.
V. Con posterioridad comparece la parte actora (v. fs. 1.179/1.183) y acompaña nuevos documentos que considera conducentes para la decisión de la causa: decreto 1.953/10 (v. fs. 1.124/1.125); resolución 588.052 del IPS de fecha 24 de abril de 2008 (v. fs. 1.127/1.129) y acuerdo del día 22 de septiembre de 2015, por el que se aprobó el texto del Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de los Casinos Provinciales (v. fs. 1.131/1.178).
A fs. 1.189/1.192 la demandada contesta el traslado conferido, se opone a que sean agregados los documentos denunciados por la accionante y plantea que la cuestión se ha tornado abstracta por el dictado del decreto 2.585/15 del día 9 de diciembre de 2015.
VI. Por resolución del 29 de marzo de 2017 (v. fs. 1.196/1.198), el tribunal dispuso admitir la inclusión de los nuevos documentos adjuntados a fs. 1.124/1.178 por la accionante.
VII. Agregadas sin acumular las actuaciones administrativas, producida la prueba ofrecida, glosados los alegatos de ambas partes y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El apoderado de la parte actora manifiesta que los aquí accionantes han trabajado en los casinos nacionales que dependían de la Lotería Nacional Sociedad del Estado, como empleados de la denominada rama administrativa. Continúa diciendo que, como consecuencia del convenio de transferencia con la Provincia, en el mes de octubre de 1995 pasaron a revistar bajo la órbita del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires.
Explica que la remuneración mensual, regular y permanente de dichos trabajadores se integra con el sueldo y con la denominada Bonificación Compensatoria, que es el rubro remuneratorio previsto por el empleador para equiparar los ingresos que los agentes de la "rama juego" perciben en concepto de "Caja de Empleados", es decir las donaciones de fichas que los apostadores dejan en las mesas de juego que luego se reparten entre los agentes de ese sector.
Recuerda que por decreto PEN 864/68 se puso a cargo de la Lotería Nacional la recaudación y distribución de los fondos de la denominada "Caja de Empleados" del personal de juego, facultándose a dicha entidad a efectuar la distribución mensual de las sumas recaudadas.
Agrega que el carácter remunerativo de la mentada bonificación fue reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Abruza" (sent. de 23-VIII-1984). Además, cita otros pronunciamientos en apoyo de su posición.
Aduce que el decreto PEN 239/90 modificó sustancialmente los arts. 43 y 45 del Régimen Escalafonario para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional (aprobado por dec. 1.428/73). Indica que implementó un sistema de liquidación de los adicionales por antigüedad y por permanencia en la categoría, instaurando una nueva base de cálculo de la remuneración mensual, normal, habitual y permanente, en la que sólo se excluyen los adicionales particulares.
Afirma que la "Bonificación Compensatoria" no reviste tal condición, integrando la retribución mensual y habitual de los agentes.
Señala que no obstante la modificación del mentado decreto, la Lotería Nacional y luego el ente provincial continuaron liquidando y abonando los adicionales por antigüedad y permanencia en la categoría sólo sobre el sueldo básico, sin incluir el referido adicional.
Esgrime que la resolución controvertida es nula, pues adolece de vicios en los elementos causa y objeto.
Considera que la resolución impugnada ha interpretado disvaliosamente lo dispuesto en el decreto 239/90. Consigna que califica a la Bonificación Compensatoria como un adicional particular, sin justificar dicha afirmación.
A continuación, invoca casos promovidos en la justicia federal contra la Lotería Nacional, en los que -según manifiesta- se realizaron reclamos análogos al presente, con relación a los años 1990/1995 y en los que se ha reconocido su legitimidad.
En definitiva, concluye que: a) los rubros Caja de Empleados y Bonificación Compensatoria forman parte de la remuneración habitual, regular y permanente que perciben los empleados de las ramas juego y administrativa, respectivamente y b) que a partir del dictado del decreto 239/90, se debieron liquidar los adicionales por antigüedad y permanencia en la categoría, incluyendo no solo el sueldo sino también esos suplementos.
Añade que su posición se encuentra respaldada por lo resuelto en la causa "Vilches", con relación al rubro viáticos. Afirma que a partir de dicho fallo la Lotería Nacional comenzó a liquidarlos sobre el sueldo y la Bonificación Compensatoria. Sostiene que idéntica conducta asumió la Lotería con relación al suplemento "horas extras", que a partir del caso "Alegre", se reconoció que deben liquidarse también teniendo en cuenta la Bonificación Compensatoria, por constituir la remuneración habitual, regular y permanente.
Por último, plantea el caso federal y ofrece prueba.
II. A su turno, la Fiscalía de Estado aduce en primer lugar la falta de agotamiento de la vía administrativa en relación con los coactores Cristian M. Martínez y Evangelina L. Díaz por no haber acompañado carta poder para representarlos y Oscar Alfredo Méndez por no haber efectuado reclamo administrativo.
En cuanto al fondo de la pretensión incoada, sostiene que el obrar de la accionada resulta legítimo, por lo que solicita el rechazo de la demanda.
A continuación, detalla los antecedentes normativos vinculados a la transferencia de los casinos a la Provincia de Buenos Aires. Señala que de esa regulación resulta que los agentes que prestaban servicios en los casinos bonaerenses para Lotería Nacional Sociedad del Estado, pasaron a desempeñarse a partir del mes de octubre de 1995 como empleados provinciales, aunque con el mismo régimen laboral que tenían al momento de producirse la transferencia.
Asevera que la resolución 2.746/02, controvertida por la actora, no merece ningún reproche en cuanto a su legitimidad.
Posteriormente examina la regulación nacional que rige la situación laboral de los accionantes.
Menciona que el decreto PEN 864/68 instituyó para el personal de juego de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos una bonificación denominada "Caja de Empleados", abonada con las contribuciones voluntarias que realizaran los apostadores. Señala que la Administración solo colabora con la recaudación y distribución de ese adicional y los fondos para el pago provienen de los apostadores de las salas de juego.
Por su parte dice que el personal administrativo de los casinos percibe una "Bonificación Compensatoria" y los de Lotería, una similar denominada "Bonificación Especial", cuyos montos son determinados en proporción de lo recaudado por la "Caja de Empleados".
A su vez, indica que la ley 19.767 (B.O.N. de 14-VIII-1972) dispuso que, si bien dichos adicionales se tienen en cuenta a los efectos jubilatorios, no integran las retribuciones básicas, toda vez que la denominada "Caja de Empleados" está sujeta al arbitrio de terceros (los apostadores) y sobre dicha suma se determina el importe de las otras dos.
Menciona que el art. 9 del decreto PEN 239/90 fijó los montos de los sueldos básicos y dispuso que varios adicionales pasaran a integrar a partir de su dictado la remuneración mensual, normal, habitual, regular y permanente que conformarían la remuneración del personal dependiente del Estado nacional, sin incluir entre su nómina a los decretos que regulan los conceptos Caja de Empleados ni a la Bonificación Compensatoria.
Pone de relieve que el art. 11 de ese decreto, modificó a partir del 1 de enero 1990 el art. 43 del Régimen Escalafonario para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional. Denota que allí se dispuso que los agentes percibirían en concepto de adicional por antigüedad -por cada año de servicio o fracción mayor de seis meses- la equivalente al veinte por mil de la remuneración normal, habitual, regular y permanente, excluidos los adicionales particulares como lo son la Caja de Empleados y la Bonificación Compensatoria, de la categoría de revista.
Consigna que el art. 13 de la mentada regulación reformó también el art. 45 del Régimen Escalafonario para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional y dispuso de manera similar en relación al adicional por permanencia en la categoría, excluyendo de su cómputo los adicionales particulares.
Arguye que, en cumplimiento de esa normativa, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos debe computar, al efecto de liquidar y abonar los adicionales "Antigüedad" y "Permanencia en categoría", únicamente la remuneración prevista con carácter general para el personal de la Administración Pública nacional.
Infiere que, en virtud de que la "Bonificación Compensatoria" constituye un adicional particular del personal administrativo de los casinos, los accionantes carecen del derecho que reclaman.
Asevera que la circunstancia de que los exagentes de la Lotería Nacional percibieran adicionales diferentes y excluyentes entre sí, constituye la prueba categórica de su carácter particular.
Indica que ninguno de los rubros en cuestión es percibido por la totalidad de los empleados que trabajan en los casinos, lo que según entiende, confirma ese carácter.
En otro orden manifiesta que los fallos que citan los actores resultan inaplicables al sub lite en tanto no se refieren exactamente a la cuestión aquí debatida.
Subsidiariamente, para el supuesto de hacerse lugar a la demanda, pone en consideración del tribunal la prescripción quinquenal de las diferencias de haberes requeridas desde la presentación del reclamo administrativo, en virtud de lo establecido en el art. 4.027 del Código Civil.
Agrega que ese plazo de prescripción resulta aplicable a la situación analizada, toda vez que la pretensión articulada por los actores se encuentra enderezada al reconocimiento de una diferencia de sueldos.
También en subsidio, señala que no corresponde reconocer ninguna diferencia a los demandantes, luego de que dejasen de prestar servicios para el Instituto Provincial de Lotería y Casinos.
Finalmente ofrece prueba y plantea el caso federal.
III. De las actuaciones administrativas 2319-13147/2001, agregadas sin acumular a la causa, resultan las siguientes circunstancias útiles para la decisión de la presente controversia:
III.1. Con fecha 29 de septiembre de 2000 los agentes de la rama juego y de la rama administrativa que dependían de la Lotería Nacional Sociedad del Estado y que a partir del mes de octubre del año 1995 pasaron a revistar bajo la órbita del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, efectuaron un reclamo ante el presidente de ese Instituto.
Solicitaron que, a los efectos, el cálculo de los adicionales por antigüedad y por permanencia en la categoría se incluyan, además del sueldo básico, las denominadas Bonificaciones Caja de Empleados o Compensatoria, por resultar remuneratorias y ser percibidas en forma mensual, normal, regular y permanente, debiendo en consecuencia computarse a los efectos previstos por los arts. 43 y 45 del decreto 1.428/73, texto según decreto 239/90 (v. fs. 198/207).
III.2. A fs. 211/212 luce la opinión dada por la Asesoría General de Gobierno. En relación a la inclusión en los adicionales por antigüedad y permanencia de los rubros denominados Caja de Empleados y Bonificación Compensatoria, adujo que en la medida que el Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública Nacional (dec. 1.428/73, redacción dada por el dec. 907/90) determina para su cómputo la remuneración mensual, excluidos los adicionales particulares de su categoría de revista y no siendo dichos rubros un ingreso escalafonario de la categoría de revista e integrante de la retribución del personal de la Administración Pública nacional, no correspondía su cómputo y propuso el rechazo del reclamo presentado.
III.3. En el mismo sentido se expidieron la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado (v. fs. 213 y 214, respectivamente).
III.4. A fs. 219, se agregó el alcance 1 del expediente 2319-13147/2001 (v. fs. 1/137). Luce a fs. 1/3 de esas actuaciones la ampliación del reclamo originalmente efectuado.
III.5. Luego de producidos los dictámenes de la Dirección Provincial de Personal (v. fs. 231), Asesoría General de Gobierno (v. fs. 233), Contaduría General de Gobierno (v. fs. 235) y Fiscalía de Estado (v. fs. 236 y 239/240), el interventor del Instituto Provincial de Lotería y Casinos resuelve rechazar la pretensión esgrimida por los interesados (resol. 2.692/02, v. fs. 246/248).
IV. Previo a ingresar al análisis de la cuestión de fondo, corresponde expedirse sobre la procedencia de la objeción relativa a la admisibilidad de la demanda.
La accionada propone la falta de agotamiento de la vía en relación a los coactores Cristian M. Martínez y Evangelina L. Díaz por no haber acompañado carta poder para representarlos y de Oscar Alfredo Méndez por no haber efectuado reclamo administrativo.
Adelanto, por los fundamentos que seguidamente desarrollaré, que la oposición no puede prosperar.
Cabe dejar sentado que, por resolución del día 26 de mayo de 2004 (v. fs. 681), el tribunal declaró aplicable al caso el Código Contencioso Administrativo (ley 12.008, texto según ley 13.101), de acuerdo con las reglas y excepciones allí previstas.
De tal modo, la cuestión a resolver se encuentra regida por lo dispuesto en el art. 34 del régimen procesal citado, según el cual el planteo de excepciones de previo y especial pronunciamiento debe ser efectuado dentro de los primeros quince días del plazo previsto para contestar la demanda (inc. 1). No existe en este régimen, luego de transcurrido dicho término, la posibilidad de articular excepciones que, con independencia de la naturaleza del planteo, puedan ser tratadas como cuestión previa en la sentencia, a diferencia de la regulación contenida en los arts. 41 y 63 del anterior Código procesal, ley 2.961 (conf. doctr. causa B. 64.675, "Albano", sent. de 14-VI-2017).
La situación configurada en la especie, difiere de aquella que diera lugar a lo resuelto en las causas B. 63.451, "Bazzano Geovial S.R.L.", resolución de 29-IX-2004 y B. 59.979, "M.H.", sentencia de 28-XI-2007 -entre muchas otras-, pues en los casos citados este Tribunal aún no había declarado la vigencia operativa de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- al momento en que se opusieron las excepciones para ser resueltas como perentorias, mientras que el caso de autos se encuentra expresamente regido por las disposiciones de aquel cuerpo normativo que ha sido aplicado en oportunidad de declararse habilitada la instancia y conferirse traslado de la demanda; es decir, desde un momento procesal anterior a la articulación de las defensas formales ahora bajo estudio (v. fs. 681).
De ello se sigue que, a tenor de lo dispuesto en el art. 31 inc. 2 de la ley 12.008 (texto según ley 13.101) corresponde desestimar las objeciones introducidas en el escrito de contestación de la demanda que pretenden volver sobre cuestiones ya precluidas, relativas a la admisibilidad de la pretensión (conf. doctr. causas B. 64.313, "Compañía Financiera Argentina S.A.", sent. de 9-V-2012; B. 64.227, "Bruguieri", sent. de 10-VIII-2016 y B. 64.675, "Albano", cit.).
Por la misma razón, tampoco corresponde efectuar un nuevo análisis de oficio de aquellas condiciones, pues de lo contrario, la tramitación del juicio podría sufrir permanentes avances y retrocesos sin que fuera posible definir en un momento cierto cuál es el caso que el juzgador debe resolver (conf. causa B. 60.219, "Galván", sent. de 9-XII-2009).
V. En esta instancia, cabe analizar el planteo de la accionada efectuado al contestar el traslado conferido por el tribunal (v. fs. 1.189/1.192), en cuanto manifiesta que la cuestión se ha tornado abstracta por el dictado del decreto 2.585/15 del 9 de diciembre de 2015 (B.O. de 13-I-2016, n° 27.700, suplemento, v. copia obrante a fs. 1.199/1.200).
Sostiene que esa norma otorgó una nueva bonificación en reemplazo de la denominada Caja de Empleados, con carácter remunerativo.
Esgrime que tal decreto formaliza el cierre de la negociación colectiva acordada con los gremios y que la Provincia, sin reconocer derecho alguno, satisface la pretensión de los trabajadores de obtener una retribución remunerativa en reemplazo del adicional que percibían como Caja de Empleados.
Cabe afirmar que en autos los demandantes solicitaron la nulidad de las decisiones administrativas por las que se rechazara el reconocimiento y pago de las diferencias de haberes, producto de la falta de cómputo para liquidar la bonificación por antigüedad y permanencia en la categoría, regulados por el decreto PEN 1.428/73, de la Bonificación Compensatoria. Reclaman dichas sumas desde el mes de octubre de 1995, con actualización monetaria e intereses y hasta el momento del efectivo pago.
Es necesario destacar que el propio decreto 2.585/15 en su art. 1 estableció para el personal de casinos dependiente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos una bonificación especial por productividad, remunerativa no bonificable, sujeta a aportes.
En este contexto, no encuentro que con su dictado la demandada haya modificado el régimen de la denominada Caja de Empleados ni de la Bonificación Compensatoria.
Por lo que entiendo nada obsta a la obtención de un pronunciamiento en relación a lo prete
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.