Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 65301
En la ciudad de La Plata, a 10 de julio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, de Lázzari, Soria, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 65.301, "Coronel, Pedro Juan contra Provincia de Buenos Aires (Servicio Penitenciario)".
I. El señor Pedro Juan Coronel, por apoderado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires solicitando la anulación de las resoluciones 11116 424/2000 y 470/2001 del Ministro de Justicia. La primera dispuso su retiro absoluto como agente del Servicio Penitenciario; la segunda rechazó el recurso administrativo que interpuso contra dicha decisión.
En consecuencia, requiere su reincorporación al servicio junto con el pago de los haberes dejados de percibir desde su apartamiento y demás rubros que por ley correspondan, con intereses y actualización.
II. Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio la Fiscalía de Estado. Opone excepción de inadmisibilidad de la pretensión y contesta la demanda. Solicita su rechazo sosteniendo la legitimidad de los actos impugnados.
III. Agregadas las actuaciones administrativas, el cuaderno de prueba de la actora y los alegatos de ambas partes, encontrándose la causa en estado de ser resuelta, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Procede la oposición formal al progreso de la acción formulada por la parte demandada?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. La representante fiscal opuso excepción de inadmisibilidad de la demanda (arts. 35 apdo. 1 inc. "i" y 69 inc. 5, CCA).
Plantea que la resolución que dispuso la sanción disciplinaria de retiro absoluto al señor Coronel como agente del Servicio Penitenciario se encuentra firme y consentida, en tanto fue notificada al interesado el día 16 de enero de 2002 y la demanda fue interpuesta el día 27 de febrero de 2003, superando con holgura el plazo general de noventa (90) días (art. 18, ley 12.008) como también el más breve de sesenta (60) días del art. 72, teniendo presente que el actor optó por el proceso sumario de impugnación de sanciones en materia de empleo público (Título II, Capítulo II, ley 12.008).
II. Por su parte, la actora, al contestar la excepción, indicó que dado que el recurso jerárquico que interpuso en subsidio con el de revocatoria no fue sustanciado presentó un pedido de pronto despacho.
Explicó que el mismo fue evacuado por la demandada el día 10 de diciembre de 2002, de modo que la demanda judicial (27 de febrero de 2003) fue presentada cumpliendo los plazos procesales.
III. Cabe detallar las actuaciones administrativas útiles a efectos de resolver la excepción planteada (expte. adm. 2211-298822/99).
El agente Pedro Juan Coronel fue sancionado con retiro absoluto, por infracción del art. 93 incs. 2 y 9 del decreto ley 9.578/80, mediante resolución, ad referendum del Poder Ejecutivo, del Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (resol. 1.307 de 13-IV-2000, a fs. 61/62).
El Ministro de Justicia, en ejercicio de las facultades que le confería el decreto 933/84, ratificado por decreto 5.004/86, resolvió sancionar al agente (resol. 11116 424 de 21-XI-2000).
El actor, el día 26 de diciembre de 2000, impugnó la resolución ministerial mediante recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio (v. fs. 156/161), y el día 7 de septiembre de 2001 solicitó el pronto despacho (v. fs. 171/172).
El Ministro de Justicia, en ejercicio de las facultades que le confería el decreto 574/01, resolvió desestimar el recurso de revocatoria mediante resolución 11116 470/2001 del 14 de diciembre de 2001 (v. fs. 180).
El señor Coronel fue notificado el día 16 de enero de 2002 (v. fs. 182 vta.) y el día 25 de octubre de 2002 solicitó el pronto despacho para que se diera curso al recurso jerárquico en subsidio interpuesto conjuntamente con el de revocatoria (arts. 79, 89 y sigs., dec. ley 7.647).
La Dirección de Auditoría General del Ministerio de Justicia, el día 22 de noviembre de 2002 dictaminó que se debía notificar al exagente que "...ha agotado la vía administrativa no siendo procedente la sustanciación del recurso jerárquico en subsidio ya que el recurso de revocatoria ha sido resuelto por el ministro de justicia, en uso de facultades delegadas por el Decreto 574/01" (fs. 241).
El actor fue notificado el día 10 de diciembre de 2002 (v. fs. 245 vta.) y el 27 de febrero de 2003 presentó la demanda judicial (v. fs. 31/38, expte. judicial).
IV. Liminarmente, es preciso señalar que la oposición articulada debe resolverse a la luz de las prescripciones de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, que instituye el actual Código Contencioso Administrativo; reglas aplicables al sub lite a tenor de lo resuelto por el Tribunal en las causas B. 64.996, "Delbés", resolución de 4-II-2004; B. 64.203, "Lobbe", resolución de 24-III-2004; B. 59.618, "Suárez", resolución de 11-II-2004 y posteriores.
Vistas las posiciones de las partes y las constancias administrativas relatadas, entiendo que la oposición al progreso de la demanda no puede prosperar.
Del relato de las actuaciones surge que el actor interpuso recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio contra la sanción de retiro absoluto dispuesta por resolución ministerial -resolución 424/2000- (art. 89 y sigs., dec. ley 7.647/70).
El recurso de revocatoria fue rechazado por resolución 470/2001 del Ministro de Justicia (en ejercicio de las facultades dadas por el dec. 574/01) sin ningún tipo de consideración respecto del jerárquico, por lo que el actor pudo válidamente esperar un pronunciamiento en orden a tal remedio revisor.
Y ello lo verifico con el pedido de pronto despacho del día 25 de octubre de 2002, en el que el interesado reiteró su voluntad de impugnar lo resuelto.
Frente a ello la Administración le notificó el día 10 de diciembre de 2002 que había quedado agotada la vía administrativa y, por tanto, que el recurso jerárquico no sería sustanciado.
De modo que el actor presentó la demanda el 27 de febrero de 2003, entendiendo que esa última notificación cerraba la vía administrativa y habilitaba la judicial.
Siendo así, la demanda resulta admisible (art. 18, inc. "a", ley 12.008) y la oposición formulada por el señor Fiscal de Estado debe desestimarse.
Vale aclarar que este Tribunal, ante la aplicación del nuevo Código Contencioso Administrativo a las causas iniciadas antes del día 15 de diciembre de 2003, confirió al actor un plazo para que pudiera optar entre las distintas vías procesales allí previstas y adecuar su demanda a las nuevas normas vigentes, considerando que en el caso se impugna una sanción disciplinaria en el marco de una relación de empleo público (arts. 2 inc. 1, 12 incs. 1 y 2, 27 y sigs. y 71 y sigs., ley 12.008).
Ahora bien, tal posibilidad fue dada por esta Corte con el fin de continuar el proceso de acuerdo a las reglas procesales elegidas y en resguardo del derecho de defensa y la garantía de acceso a la justicia del actor. Es claro que la elección del demandante no puede perjudicarlo como pretende la accionada y hacer valer el plazo de sesenta (60) días previsto para quien formule dicha opción al momento de interponer la demanda ya bajo la vigencia del nuevo Código (art. 72, ley 12.008), que aun así en el caso no se encuentra cumplido (v. fs. 78 y 111/116).
Además, una solución diversa se encontraría en pugna con la cláusula de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires que garantiza el acceso a la jurisdicción (art. 15, Cód. Penal).
Costas por su orden (arts. 17, CCA, ley 2.961 y 78 inc. 3, CCA, ley 12.008, texto según ley 13.101).
Por las razones expuestas, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores de Lázzari , Soria y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Relata el actor que el día 18 de octubre de 1999 se instruyó un sumario administrativo en la Unidad Penal III de San Nicolás en la que trabajaba como guardia, siendo imputado por una supuesta infracción reglamentaria.
En primer lugar, niega la comisión de una falta disciplinaria y denuncia irregularidades del procedimiento junto con la violación de su derecho de defensa.
Así, el primer agravio sobre el trámite sumarial reside en las declaraciones testimoniales, base de su imputación, que afirma fueron efectuadas bajo la presión de los superiores jerárquicos, para "armar" actuaciones sumariales en su contra y sancionarlo con el retiro absoluto.
Respecto de su declaración refiere que se le recibió como sumariado, violando su derecho de defensa (art. 18, Const. nac.) por no habérsele asignado la posibilidad de tener un abogado ni indicado que podía no declarar sin que ello fuera presumido en su contra. Plantea la inconstitucionalidad del decreto reglamentario 342 por no prever que el agente cuente con defensor oficial previo a su declaración.
Además, expresa que no se le indicó la falta imputada sino una generalidad como es la prevista en el art. 259 inc. 2 del decreto 342/82 y que luego de su declaración fue notificado mediante el decreto de imputación que las faltas que se le atribuían estaban previstas en el art. 93 incs. 2 y 9, cuando, a su entender, debieron subsumirse en el art. 91 incs. 17 y/o 28 del decreto citado.
Con relación al concepto sobre su persona, cuestiona que en el lapso de un año varió de muy bueno a regular.
También denuncia que la demandada no sustanció ninguna de sus presentaciones. Y respecto de las pruebas testimoniales que lo inculparon afirma que uno de los agentes que declaró en su contra se hallaba comprendido en las generales de la ley.
Aduce que el Instructor reconoció que el hecho imputado no produjo consecuencias graves, de modo que entiende que la resolución que dispuso su retiro absoluto resulta inmotivada, además de ilegítima, irrazonable y arbitraria.
En consecuencia, solicita su nulidad y la reincorporación al cargo que ejercía junto con el pago de los haberes dejados de percibir desde que se hizo efectiva la sanción.
II. A su turno, la Fiscalía de Estado sostiene la legitimidad de lo actuado por la Administración al ejercer su potestad disciplinaria.
Recuerda la normativa aplicable al caso (dec. ley 9.578/80, arts. 75 y 93) y alega que la decisión impugnada resulta fundada. Explica que la sanción se dispuso al comprobarse que el exagente emitió opiniones tendenciosas relacionadas al Servicio Penitenciario Bonaerense y realizó actos que afectaron gravemente la disciplina y el prestigio de la institución.
Manifiesta que se probó que el actor propuso a dos compañeros no concurrir a su guardia por haber quedado recargado con motivo de su llegada tarde a formación.
También se verificó que solicitó carpeta médica para acompañar a su esposa enferma y, sin embargo, concurrió a cumplir con el servicio de custodia privada que prestaba en una farmacia.
Agrega que se evaluó además el concepto regular que el exagente poseía como consecuencia de su personalidad conflictiva, demostrando un comportamiento agresivo contra un superior, además de su disconformidad continua tanto con la institución como con sus superiores, iguales y subalternos, circunstancias todas que generaron la pérdida de confianza en él por parte del servicio.
Concluye que ante las faltas cometidas la sanción aplicada no luce desproporcionada y recuerda que en el régimen disciplinario la autoridad administrativa se encuentra facultada para efectuar una libre valoración de los elementos probatorios que no puede ser tachada de irrazonable.
Aclara que el actor contó con asistencia letrada y aduce que la obligatoriedad de brindar declaración testimonial por parte de los agentes penitenciarios citados, se encuentra prevista legalmente (art. 329, dec. 342, regl. del dec. ley 9.578/80).
Finaliza solicitando el rechazo de la demanda y de las pretensiones accesorias.
III. De las actuaciones administrativas acompañadas -2211-298822/99-, se desprenden los siguientes datos útiles para la resolución de la causa:
1. El sumario lo inicia el Jefe de la Unidad Penal III de San Nicolás, con la intervención del Jefe del Servicio, el día 18 de octubre de 1999 ante declaraciones de distintos agentes de las que surge la posible transgresión a las normas reglamentarias, art. 259 inc. 2 del decreto 342/81, por parte del señor Pedro Juan Coronel (v. fs. 7 y 8).
2. Se notificó al Jefe del Servicio Penitenciario y se solicitó la designación de Instructor conforme el art. 267 del decreto 342/81, por infracción, en principio, del art. 259 inc. 2 de dicho decreto (v. fs. 7 y 48).
3. En el decreto de inicio de las actuaciones se dispuso recibir declaración en calidad de sumariado al señor Pedro Juan Coronel, previa notificación y si no se oponía (v. fs. 7 in fine ).
4. El señor Coronel declaró como sumariado y se le informó lo reglamentado en los arts. 315 y 316 del decreto 342/81 (v. fs. 30).
5. De fs. 13 a 25 constan informes de las sanciones disciplinarias, carpetas médicas solicitadas y evaluaciones del agente Coronel.
6. A fs. 10/12, 27/28, 33/36, lucen declaraciones testimoniales.
7. Se designó como Instructor al Jefe de la Delegación Zona Norte Prefecto Mayor Eduardo Omar Ferrari, a efectos de continuar con las actuaciones sumariales administrativas, conforme los arts. 267 y concordantes del decreto 342/81 y 8 de la resolución 4.104/98 (v. fs. 51).
8. El Instructor resolvió efectuar el cambio de la carátula preliminar por "presunta infracción al art 93 incs. 2 y 9 de la Ley de Personal 9.578/80" (fs. 54).
9. El sumariado fue notificado de ello el día 27 de enero de 2000 y de los alcances de los arts. 350 al 361 del decreto 342/81, para que en cinco (5) días pudiera presentar las medidas probatorias que considerara necesarias para su defensa (v. fs. 83).
10. El 7 de febrero de 2000 el señor Coronel presentó su descargo, en el que negó los hechos e infracciones que se le imputaban (v. fs. 84/90).
11. El día 14 de febrero de 2000 la instrucción declaró extemporánea la presentación y notificó al sumariado el plazo legal para alegar sobre lo producido (v. fs. 91).
12. El actor recurrió la decisión el día 2 de marzo de 2000. Explicó que recién pudo tomar vista de las actuaciones, que hasta entonces eran secretas, el 31 de enero y, conforme el art. 350, a partir de ahí debía correr el plazo (v. fs. 96).
13. El día 10 de marzo de 2000 la instrucción dio por finalizado el sumario y elevó las conclusiones a consideración de la superioridad para su resolución. Opinó que estaba demostrada la conducta imputada, tipificada en el art. 93 incs. 2 y 9 de la Ley de Personal 9.578; que se debía meritar como atenuante que el hecho no produjo consecuencias graves y como agravantes el concepto del sumariado y que la falta fue cometida en presencia de subalternos (v. fs. 102 y 105).
14. El día 7 de abril de 2000 el Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense declaró la disponibilidad preventiva del señor Coronel con goce parcial de haberes (art. 24 inc. "d", Ley de Personal 9.578/80) por presunta infracción al art. 93 incs. 2 y 9 de la Ley de Personal citada (v. fs. 118).
15. El día 13 de abril de 2000 el Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense resolvió aprobar lo actuado por la instrucción y sancionar ad referendum del Poder Ejecutivo con retiro absoluto al señor Pedro Juan Coronel, por infracción del art. 93 incs. 2 y 9 de la Ley de Personal 9.578/80 (resol. 1.307, v. fs. 61/62).
16. El agente fue notificado el 28 de abril de 2000 (v. fs. 64).
17. La Asesoría General de Gobierno dictaminó que se había seguido el procedimiento conforme las normas vigentes y había quedado acreditada la comisión de la falta imputada al agente Coronel, de modo que correspondía el dictado del acto disponiendo el retiro absoluto (v. fs. 69). En el mismo sentido opinó la Dirección de Coordinación Legal y Técnica de la Dirección Provincial de Personal (v. fs. 71), la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 73) y la Dirección Provincial de Política Penitenciaria y de Readaptación Social (v. fs. 74).
18. El Ministro de Justicia resolvió sancionar con retiro absoluto a partir del día 13 de abril del año 2000 al Cabo 1° del Escalafón General Pedro Juan Coronel, mediante resolución 11116 424/2000 del 21 de noviembre de 2000 (v. fs. 79).
19. El accionante impugnó la resolución (v. fs. 156) y el día 7 de septiembre de 2001 solicitó el pronto despacho de las actuaciones (v. fs. 171/172).
20. El Ministro de Justicia, en ejercicio de las facultades que le confería el decreto 574/01, resolvió desestimar el recurso de revocatoria mediante resolución 11116 470/2001 del 14 de diciembre de 2001 (v. fs. 180).
IV. Expuestas las postulaciones de las partes corresponde decidir si la sanción de retiro absoluto aplicada al exagente del Servicio Penitenciario Pedro Juan Coronel se ajustó a derecho.
IV.1. A la luz de los planteos introducidos cabe analizar, preliminarmente, la regularidad del procedimiento administrativo que sirvió de marco a las decisiones cuya nulidad ahora se persigue.
En ese orden he sostenido que cuando se comprueben deficiencias en el trámite administrativo determinantes de un agravio al derecho de defensa, insusceptibles de ser corregidas en la oportunidad que el actor tiene de defenderse, alegar y probar en sede judicial, el acto administrativo debe ser invalidado.
Y he dicho también que los vicios que afecten al procedimiento previo al acto administrativo que no posean esa entidad, sea por su intrascendencia (causa B. 59.986, "Caselli", sent. de 16-II-2005) ora por ser subsanables en esta sede (v.gr. causas "Marruedo", sent. de 8-VI-1984; B. 48.892, "Montes", sent. de 3-XII-1983; B. 49.104, "Martínez Pérez", sent. de 25-VIII-1987; e.o.), no conducen a igual conclusión invalidante.
Esa, a mi juicio, es la recta interpretación que, desde la perspectiva de una adecuada composición del conflicto al menor costo posible en términos de tiempo y recursos, corresponde efectuar de los alcances de las facultades de esta Corte en materia de revisión de vicios procedimentales administrativos (causas B. 52.891, "De Olazábal Cabrera", sent. de 15-XI-2006 y B. 61.520, "Ortíz", sent. de 30-XI-2011).
Ahora bien, vistas las actuaciones sumariales considero que las mismas se ajustan al régimen legal aplicable al caso (dec. ley 9.578/80 y leyes modif. y su dec. reg. 342/81) y no surgen deficiencias que importen un menoscabo al derecho de defensa del actor. Veamos.
El mismo prevé la instrucción de sumario administrativo con intervención del Jefe del Servicio cuando se configuren, entre otros hechos, alguna de las faltas contenidas en el art. 92 y concordantes de la Ley de Personal del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos aires (art. 259 inc. 2, dec. 342/81, regl. dec. ley 9.578/80).
Y así se dispuso en el inicio de las actuaciones del presente caso, en las que expresamente se indicó que serían caratuladas en principio como infracción a dicho art. 259 inc. 2 (v. fs. 7 y 48), además de declararlas secretas, conforme lo dispuesto en el art. 262 hasta que haya concluido el diligenciamiento de la prueba de cargo o vencido el plazo para hacerlo.
Por otro lado, el agente Coronel, al ser notificado y llamado a declarar en carácter de sumariado, fue anoticiado de sus derechos dando lectura personalmente a lo previsto en los arts. 315 y 316 del decreto reglamentario 342/81, según consta en la declaración efectuada el día 28 de octubre de 1999, circunstancias que el actor no ha desconocido (v. fs. 30/32).
El referido art. 315 reconoce al sumariado los siguientes derechos: 1. Exigi
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