Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73907
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de nulidad interpuesto por la parte actora, se anula la sentencia recurrida y se devuelven los autos a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín para que, integrada como corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento (arts. 296 y 298, CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen en el orden causado (conf. art. 298, in fine , a contrario sensu , CPCC; causa Ac. 64.422, "Festa", sent. de 28-IX-1999 y su aclaratoria de 22-XII-1999).
En la ciudad de La Plata, a 10 de julio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, de Lázzari, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 73.907, "Banco de Servicios Financieros S.A. contra Municipalidad de Hurlingham. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín, desestimó el recurso interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- rechazó la pretensión anulatoria intentada. Impuso las costas a la recurrente vencida (conf. art. 51 inc. 1, CCA -texto según ley 14.437-; v. fs. 974/982).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 985/994), el que fue denegado por la Cámara actuante a fs. 996; lo que motivó la interposición de un recurso de queja (v. fs. 2.001/2.011).
Por resolución, esta Suprema Corte admitió la queja y declaró mal denegado el recurso extraordinario, ordenando la vista a la entonces señora Procuradora General (conf. arts. 283 y 297, CPCC; v. fs. 2.016).
Agregado que fuera el dictamen del señor Subprocurador General a fs. 2.021/2.024; dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 2.025) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín, desestimó el recurso interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- rechazó la pretensión anulatoria intentada.
I.1. Para así decidir, luego de repasar la prueba producida, indicó que a fin de determinar la procedencia de los agravios planteados por la parte actora, debía analizar si las Tasas por Habilitación de Comercio e Industria y por Inspección de Seguridad e Higiene -previstas en las normas fiscales municipales-, alcanzaban a la actividad del Banco de Servicios Financieros S.A., debiendo para ello verificar si se encontraban configurados los hechos imponibles de tales tributos, y así concluir si se encuentra la actora obligada a su pago.
Recordó que, en relación a la Tasa de Habilitación de Comercio e Industria, el art. 116 de la ordenanza fiscal 4.508 del municipio de Hurlingham tipifica el hecho imponible de dicho tributo en "los servicios de inspección dirigidos a verificar el cumplimiento de los requisitos exigibles para la habilitación de locales, establecimientos u oficinas destinadas a comercios, industrias y actividades asimilables a tales".
Y que, por su parte, el art. 2 de la ordenanza 1.462/00, sobre el Régimen de Habilitaciones Comerciales, define como "establecimiento todo sitio o local destinado a ejercer el comercio, la industria o prestar servicio".
De tal forma, en relación al agravio relativo a la improcedencia de dicha tasa, fundado en la inexistencia de actividad con sustento territorial en el ejido municipal -por el que alegara la actora no poseer local, establecimiento ni oficina en el radio del municipio demandado-, sostuvo que surge de las constancias documentales de autos y demás pruebas -que identificó-, que la firma sí realiza actividad comercial en dicho ámbito territorial desde el 5 de mayo de 1998, conforme informara Carrefour S.A. en el expediente administrativo.
Advirtió que la actividad que desarrolla la actora en el territorio municipal es reconocida tanto por Carrefour S.A. como por el mismo banco accionante, conforme surge de los planos que adjuntó la primera en el expediente 4133-2005-0001784-0 (v. fs. 298) y la segunda en el expediente 4133-2006-0001758-0 (v. fs. 427), donde se señalan los stands comerciales del banco situados dentro del hipermercado Carrefour de Villa Tesei.
Consideró que la habilitación comercial del rubro "Oficina de gestión financiera para créditos de consumo" en el domicilio comercial de la Avenida Vergara n° 1.910/90 y 2.000 de Santos Tesei, Partido de Hurlingham, fue requerida por la entidad actora (v. fs. 411), solicitud que se originara a partir del trámite iniciado por la firma Carrefour S.A. quien, una vez determinados los importes de las tasas a abonar, requirió a la Municipalidad de Hurlingham que -en referencia a dicho expediente- se dirigiera a la empresa Banco de Servicios Financieros S.A. (v. fs. 388).
Agregó que a fs. 412/424 obra copia certificada de la carta oferta entre la entidad actora y Carrefour S.A., de la cual surge que "el Banco [de Servicios Financieros S.A.] tiene por objeto la financiación de créditos para el consumo en los hipermercados Carrefour del país a través de sus productos financieros [...] CASA (Carrefour S.A.) proveerá en [...] los hipermercados existentes en la Provincia de Buenos Aires [...] un stand atendido por su propio personal donde se ofrecerá a los clientes de los hipermercados el otorgamiento de créditos para adquisición de productos en los hipermercados, bajo los términos y condiciones que fije el Banco. Por su parte, CASA se obliga a promocionar los productos financieros del Banco dentro de sus hipermercados de la Pcia. de Bs. As. disponiendo en el salón de ventas de cada hipermercado el correspondiente material de señalización provisto por el Banco. Asimismo, CASA se compromete a ubicar y conservar el material de señalización del Banco en el hipermercado de la manera que oportunamente acuerde con el Banco, garantizando en todo momento una adecuada y eficiente promoción de los productos ofrecidos por el Banco. Por otra parte, consta que CASA efectuará, por cuenta y orden del Banco, la cobranza de las cuotas de los créditos otorgados por el Banco y de los servicios públicos y/o impuestos cancelados con la tarjeta de Crédito Permanente".
Advirtió asimismo que a fs. 661 obra una fotografía del stand ubicado dentro del supermercado Carrefour de Villa Tesei, que fue reconocida por la testigo Sandra María de Luján Ferrero (a fs. 698/700), quien manifestó ser clienta del banco, considerando el Tribunal de Alzada que esa declaración resulta reveladora de la existencia de actividad comercial desarrollada por la entidad actora en el municipio demandado.
Respecto al informe del Banco Central de la República Argentina (v. fs. 786, del que surge que la actora no posee sucursales y que opera sólo en su casa central ubicada en Cuyo 3.367, Martínez), estimó el Tribunal de Alzada que no cambiaba sustancialmente la cuestión a dilucidar por cuanto la falta de una sucursal bancaria en el ejido de Hurlingham, no desvirtuaba la prestación de un servicio ni la actividad bancaria desarrollada por el Banco de Servicios Financieros S.A. en el stand indicado.
En consecuencia, estimó acreditado en autos la configuración del hecho imponible para exigir el pago de la Tasa por Habilitación de Comercio e Industria, en razón de existir una oficina en donde la actora ejerce su actividad comercial en el Partido de Hurlingham, dentro del hipermercado Carrefour de Villa Tesei, actuando la actual firma INC S.A. (ex Carrefour S.A.) como agente comercial del Banco de Servicios Financieros S.A. a cambio de una comisión, conforme surge de la carta oferta referida.
Así concluyó que la firma actora resulta sujeto pasivo de la tasa indicada, en razón de la naturaleza comercial de la actividad realizada en el local en cuestión, resultando ser el titular del negocio comercial y, por tanto, obligado a su pago.
II. Mediante recurso extraordinario de nulidad la parte actora denuncia que la sentencia es nula porque no resuelve todas las cuestiones esenciales planteadas, conforme el art. 168 de la Constitución provincial.
II.1. Señala que el Tribunal de Alzada omitió analizar el agravio relativo a la falta de configuración del hecho imponible de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene, que resulta esencial en tanto representa ese tributo la mayor parte del contenido económico de la pretensión anulatoria; y que no hizo referencia alguna a la normativa aplicable o a la configuración del hecho imponible de esa tasa.
Indica que el pleito no puede resolverse adecuadamente si el Tribunal se expide sobre la procedencia del reclamo municipal respecto de uno solo de los tributos, cuando la determinación impugnada determinó ambas tasas.
II.2. Denuncia que se omitió analizar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de tasas municipales emergente de la causa "Municipalidad de Concordia c/ Nación Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A." causa RHE SC M.715, L.XLI, de 26 de marzo de 2009, según la cual si la Municipalidad pretende el cobro de las tasas referidas, debe necesariamente probar la efectiva prestación de servicio; y advierte que en autos la prueba del servicio correlativo a la tasa no ha sido tratada ni por el juez de primera instancia ni por la Excelentísima Cámara.
Con ello denuncia la omisión de tratamiento de ambas cuestiones, que determina la violación en el caso de las previsiones del art. 168 de la Constitución provincial y solicita la nulidad de la sentencia en crisis.
II.3. Continúa el embate denunciando que se omitió analizar la existencia de sustento territorial y se desconoció lo manifestado en reiteradas oportunidades, respecto a que no realiza actividades en la Municipalidad, ni posee ningún local, oficina o establecimiento que pueda ser pasible de dichos tributos. Señala que ello surge tanto del expediente administrativo como del informe efectuado por el Banco Central de la República Argentina, que indicó que no posee sucursal en el municipio.
Denuncia que la Cámara omite analizar el requerimiento de sustento territorial y lo confunde con el ejercicio de actividad en el municipio, por lo que es inválida la sentencia que ordena el pago del tributo por una actividad que no tiene local, establecimiento ni oficina, sino sólo un stand del Banco de Servicios Financieros perteneciente a INC S.A., y que fue éste último quien abonó las tasas en cuestión.
Por último, denuncia que ambas sentencias se basaron en la solicitud de habilitación presentada ante la "Oficina de Gestión financiera para créditos de consumo", pero sin advertir que dicha presentación no fue voluntaria, sino que se produjo ante un requerimiento de la Municipalidad. Con ello acusa que se omitió la nota glosada a fs. 452, en donde se indicó que, ante la inexistencia de presencia física en jurisdicción de la Municipalidad, el requerimiento cursado resultaba improcedente.
Concluye que la sentencia rechaza la pretensión y omite analizar la cuestión relativa a la existencia física de Banco de Servicios Financieros S.A. que es lo que hace al hecho imposible y a la posibilidad de aplicar efectivamente las tasas impugnadas.
III. El recurso extraordinario de nulidad prospera.
III.1. En primer lugar, cabe recordar que dicho remedio sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (conf. causas L. 79.789, "Olivera", sent. de 10-VIII-2005; L. 84.064, "Decile", sent. de 22-III-2006; L. 83.016, "Ardiles", sent. de 15-XI-2006; L. 89.528, "Maldonado", sent. de 23-VII-2008; L. 116.854, "Orellano", sent. de 19-II-2014; L. 119.719, "Lertora", sent. de 6-IX-2017; e.o.).
La primera circunstancia reseñada es la que acontece en el caso bajo examen y justifica la solución que aquí se propone.
En efecto, como denunciara el recurrente, el fallo en crisis adolece de un defecto sustancial que lo descalifica como acto jurisdiccional válido, en tanto al rechazar la procedencia del recurso intentado por la parte actora dirigido a dejar sin efecto la sentencia de primera instancia que confirmó la pretensión fiscal respecto de las Tasas de Habilitación y de Inspección de Seguridad e Higiene, da tratamiento únicamente a los agravios tendientes a atacar la procedencia de la primera de ellas, pero omite tratar y pronunciarse respecto de los esgrimidos con relación a la tasa mencionada en último término, incumpliendo la exigencia del art. 168 de la Constitución de la Provincia.
III.2. En efecto, el art. 168 de la Carta local, establece que los Jueces que integran los tribunales colegiados, deberán dar su voto en todas las cuestiones esenciales a decidir.
En el caso, el juez que inicia el acuerdo (y conformó la mayoría requerida), debía tratar dos cuestiones sometidas a su conocimiento -y decisión- y se expidió sólo sobre uno de esos tópicos. Puntualmente, estimó el rechazo del recurso -y con ello el de la pretensión anulatoria- por encontrar acreditada en autos el perfeccionamiento del hecho imponible de la Tasa de Habilitación Comercial e Industrial, normada por los arts. 116 y 117 de la ordenanza fiscal; pero omitió analizar y tratar la otra cuestión de fondo sometida a su conocimiento, esto es si en el caso también se perfeccionó el hecho imponible de la otra tasa motivo de autos.
III.3. En efecto, la demanda interpuesta por la entidad financiera busca dejar sin efecto la resolución de 22-XII-2009 de la Municipalidad de Hurlingham, por la que se le determinaron ambas tasas argumentando para ello la falta de local, establecimiento u oficinas, sobre el cual prestará el municipio los servicios por los que cobra las tasas (conf. arts. 116, 117 y 132, ordenanza fiscal) y denunció que el inmueble tenido en cuenta a dicho efecto pertenece a INC S.A., quien ya abonó la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene e incluyó dentro de la base imponible las comisiones que obtiene del actor por la promoción de los servicios financieros; entre otros fundamentos.
Asimismo, el juez de primera instancia rechazó la demanda por considerar acreditada la configuración del hecho imponible de la Tasa por Habilitación, en tanto tuvo por probada la existencia de una oficina en donde la actora ejerce su actividad comercial en el Partido de Hurlingham -dentro del hipermercado Carrefour de Villa Tesei-, por el que la firma actora solicitó habilitación y resulta, por ende, sujeto pasivo de la tasa bajo análisis.
Seguidamente consideró la procedencia de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y tuvo en cuenta la tipificación del hecho imponible que efectúa la norma aplicable, y la naturaleza de la entidad accionante como las actividades que desarrolla, para concluir que surgía con meridiana claridad que resultaba sujeto pasivo del gravamen en cuestión.
Impugnado ese decisorio por la parte actora (v. fs. 890/902), ésta se agravió de la valoración efectuada de las pruebas producidas y específicamente sostuvo que las que fueron omitidas por el a quo , en los términos del art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial, son las que acreditan que el stand pertenece a INC S.A. y que, por tanto, no resulta el banco alcanzado por ninguna de las tasas al no perfeccionar ninguno de los hechos imponibles sub examine .
Ahora bien, surge de la lectura del pronunciamiento en crisis, que el Tribunal de Alzada específicamente indicó que a fin de determinar la procedencia de los agravios planteados por la parte actora, debía analizar si las Tasas por Habilitación de Comercio e Industria y por Inspección de Seguridad e Higiene -previstas en las normas fiscales municipales-, alcanzaban a la actividad del Banco de Servicios Financieros S.A., debiendo para ello verificar si se encontraban configurados los hechos imponibles de tales tributos, y así concluir si se encuentra la actora obligada a su pago (v. fs. 976).
No obstante esa premisa inicial, en el desarrollo argumental de la sentencia, limitó su revisión a la Tasa de Habilitación de Comercio e Industria, omitiendo pronunciarse respecto a la otra tasa motivo de autos y, sin más, rechazó el recurso interpuesto por la actora.
La falencia evidenciada resulta una omisión de una cuestión esencial, en tanto la sentencia de primera instancia versó sobre ambos gravámenes y el recurso atacó las conclusiones a las que arribó dicha sentencia, prescindiendo el Tribunal de Alzada dar tratamiento a los agravios tendientes a discutir la procedencia de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (conf. arts. 168, Const. prov. y 266, CPCC).
III.4. Tras el análisis de los antecedentes expuestos, se impone concluir que esta anomalía configura una violación de lo preceptuado por el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que requiere el tratamiento de todas las cuestiones esenciales sometidas a juzgamiento.
III.5. El tratamiento de los restantes agravios, atento la forma en la que propicio se resuelva la presente, devienen inoficioso.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de nulidad traído, anular la sentencia recurrida y devolver los autos al Tribunal de Alzada para que, integrado como corresponda, dicte nuevo pronunciamiento (arts. 296 y 298, CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen en el orden causado (conf. art. 298, in fine , a contrario sensu , CPCC; causa Ac. 64.422, "Festa", sent. de 28-IX-1999 y su aclaratoria de 22-XII-1999).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Negri y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de nulidad interpuesto por la parte actora, se anula la sentencia recurrida y se devuelven los autos a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín para que, integrada como corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento (arts. 296 y 298, CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen en el orden causado (conf. art. 298, in fine , a contrario sensu , CPCC; causa Ac. 64.422, "Festa", sent. de 28-IX-1999 y su aclaratoria de 22-XII-1999).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia