Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 114058
En la ciudad de La Plata, a 7 de agosto de 2019, habiéndose establecido de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, de Lázzari, Negri, Pettigiani, Soria , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en causa L. 114.058, "Silva, Juan J. contra ESEBA S.A. Despido, etc.".
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata declaró la inconstitucionalidad de la ley 12.836 respecto del crédito por honorarios de la abogada doctora Patricia Susana González y ordenó aplicar la tasa de interés prevista en el art. 54 inc. "b" del decreto ley 8.904/77 con relación a los intereses sobre honorarios regulados a favor de la citada profesional y del otro letrado interviniente por la parte actora, doctor Arturo J. López Akimenco (v. fs. 335/340 vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 345/355).
Dictada la providencia de autos, conferidos los traslados a las partes respecto de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 451) y de la ley 14.967 (v. fs. 466) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente -en lo que reviste interés por constituir materia de agravio- resolvió que, si bien los honorarios regulados a favor de la doctora Patricia Susana González se encontraban alcanzados por la ley 12.836, correspondía declarar la inconstitucionalidad y consecuente inaplicabilidad de la citada normativa (v. fs. 335/337).
Para así decidir, con sustento en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Mochi" (sent. de 26-II-2008), consideró que, aún con la reforma dispuesta por la ley 13.436, el régimen de consolidación provincial mantenía condiciones más gravosas que las previstas en la legislación nacional (v. fs. 336 y vta.).
Luego, dispuso que a los estipendios de los abogados de la parte actora, doctores Patricia Susana González y Arturo J. López Akimenco -respecto de quien no se declaró operada la consolidación de su crédito- debía aplicarse la tasa de interés prevista en el art. 54 inc. "b" del decreto ley 8.904/77, normativa vigente al momento de dictarse la decisión cuestionada (v. fs. 339 vta.).
Invocando la doctrina legal que esta Corte estableciera en la causa Ac. 77.434, "Banco Comercial Finanzas S.A." (sent. de 19-IV-2006), expresó como fundamento en el que sentó dicha decisión, que el interés establecido por el mencionado precepto no colisiona con las previsiones de la ley 23.928, por lo que no puede considerárselo derogado y conserva plena vigencia (v. fs. cit.).
II. Contra dicho pronunciamiento, el Fisco provincial interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; así como de la doctrina legal que cita.
II.1. Inicialmente objeta la declaración de inconstitucionalidad de la ley 12.836 decretada con relación al crédito por honorarios de la doctora Patricia Susana González. Señala que, con posterioridad a la resolución impugnada, fue sancionada la ley 13.929, cuyo contenido hace perder virtualidad a las objeciones que se le efectuaran al mecanismo de consolidación local en el precedente "Mochi" (v. fs. 346 vta.).
Afirma que el régimen establecido por los arts. 54 a 57 de la mentada reforma, modifica sustancialmente la ley 12.836 incidiendo directamente sobre los argumentos que llevaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a este Tribunal a objetar su validez constitucional (v. fs. 346 vta. y 347).
Desde esa línea argumental, concluye que al haberse removido los obstáculos impuestos para la aplicación del régimen de consolidación provincial, éste debe recobrar plena vigencia constitucional (v. fs. 347 vta.).
Sin perjuicio de lo expuesto, añade que la decisión impugnada es errónea por las siguientes razones:
II.1.a. En primer lugar, denuncia que la resolución afecta la garantía de propiedad de la accionada, en tanto impide al Estado provincial consolidar su pasivo y cancelarlo a través del régimen especial pergeñado a tal efecto por la legislatura local, imponiendo arbitrariamente al Fisco el deber de afrontar en forma instantánea deudas cuya postergación en el tiempo se habilita por la normativa puesta en crisis (v. fs. cit.).
II.1.b. En segundo orden, refiere que el fallo atacado afecta la garantía del debido proceso. Ello así pues -a su criterio- resulta errónea la conclusión adoptada por la Corte federal -en los precedentes "Vergnano" y "Mochi"-, relativa a que ley 12.836 contiene condiciones más gravosas que las previstas en la legislación nacional (v. fs. 348/349 vta.).
En esa vía interpretativa, señala que si se compara la fecha de corte de la ley local (30 de noviembre de 2001) con la actual de la norma nacional (31 de diciembre de 2001) se advierte que aquella abarca un período menor (v. fs. 349 vta.).
Alega que en el ámbito nacional no existe, en rigor, alternatividad de medios de pago, toda vez que las previsiones presupuestarias que el gobierno ha venido realizando en los últimos años no permiten la cancelación de los pasivos en efectivo. En cambio, en el régimen provincial -destaca- hasta la suma de $10.000, los créditos se perciben de contado (v. fs. 350 y vta.).
Afirma que el mecanismo previsto en la ley 25.344 se fue haciendo más complejo con el correr del tiempo. Expresa en tal sentido, que la programación de las deudas según la fecha de reconocimiento en sede judicial o administrativa, y las características de los diferentes títulos de acuerdo a la fecha de emisión, hacen que el acreedor nacional, en la mayoría de los casos, se encuentre en una situación más desventajosa que su par provincial (v. fs. cit.).
Aduce que en el orden nacional se han dictado distintas leyes de consolidación que abarcan deudas de diferentes dependencias u organismos cuyas pautas son más gravosas (v. fs. 351 vta.).
Sobre esa base argumental, comparando los regímenes de consolidación nacional y provincial, arriba a la conclusión de que, tanto en términos generales como específicos, el régimen provincial, luego de las modificaciones introducidas por la ley 13.436, "es claramente más beneficioso para los acreedores que el nacional" (fs. 351 vta.).
A su criterio, las premisas sobre las que se asienta el pronunciamiento del juzgador de origen no son exactas, en tanto la comparación realizada resultó "anacrónica e ideal", al no haber considerado las modificaciones que sufrió la ley 25.344 con posterioridad a su sanción. Por lo tanto, supone que, de haber considerado ambos regímenes en sus condiciones actuales, la Corte federal habría concluido que la ley 12.836, modificada por las leyes 13.436 y 13.929, no causa agravio a los arts. 19 de la ley 23.982 y 24 de la ley 25.344 (v. fs. 352).
II.1.c. Por último, dice que el fallo atacado "afecta las facultades no delegadas". Entiende que la Provincia de Buenos Aires tiene atribuciones que la habilitan a dictar su propio régimen de consolidación de deudas, razón por la cual el único límite al que debe someterse es el principio de razonabilidad, mas no así a otras disposiciones sobre la materia que no resultan de aplicación inmediata a los estados locales, como ser la ley 25.344 (v. fs. 352/353 vta.)
Agrega que el Estado nacional carece de competencia constitucional para reglar el modo en que las provincias harán frente al saneamiento de sus finanzas, al pago de la deuda pública y al mantenimiento de los servicios públicos esenciales, surgiendo palmario el avasallamiento de la autonomía provincial (v. fs. cit.).
II.2. Finalmente, cuestiona la tasa de interés activa que el tribunal de grado ordenó aplicar a los honorarios de ambos letrados de la parte actora.
Sostiene que lo decidido en la causa Ac. 77.434, "Banco Comercial Finanzas S.A." (sent. de 19-IV-2006) no es la doctrina legal vigente, sino "un criterio aislado que no podrá repetirse" (fs. 354).
Afirma que el art. 54 inc. "b" del decreto ley 8.904 -aplicado al caso- debe reputarse derogado desde la sanción de la ley 23.928, que prohíbe toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (v. fs. cit.).
En esa línea, señala que, de conformidad con la doctrina legal que cita, el juzgador debió aplicar la tasa de interés que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días (v. fs. 354 vta.).
III. El recurso prospera en los siguientes términos.
III.1. Ante todo, corresponde señalar que, en el caso, el valor de lo cuestionado respecto del crédito de la doctora Patricia Susana González, no supera el monto mínimo para recurrir fijado en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
Sin embargo, no resulta aplicable el referido límite cuantitativo (arts. 278, CPCC y 55, ley 11.653) respecto a la admisibilidad de dicho agravio en cuanto se dirige a cuestionar la declaración de inconstitucionalidad de la ley 12.836, que tanto importa el debate de una cuestión de naturaleza federal (causa L. 103.103, "Lazarte", sent. de 11-V-2011).
En consecuencia, es factible ingresar en el análisis del tema traído a conocimiento, en orden a dilucidar si resulta acertado el reproche constitucional formulado por el sentenciante al régimen de consolidación provincial.
Sobre el particular, me anticipo a señalar que dicha decisión no ha perdido virtualidad en el presente caso, toda vez que subsiste a los efectos liquidatorios.
III.2.a. Al dictar sentencia en la causa "Mochi" (M.424.XXXIII, sent. de 26-II-2008), la Corte federal sostuvo que la normativa provincial es inconstitucional, pues mantiene condiciones más gravosas que las previstas en la legislación nacional (causa "Vergnano de Rodríguez, Susana c/Provincia de Buenos Aires s/daños y perjuicios", sent. de 26-X-2004); postura que fue adoptada por esta Suprema Corte en diversos precedentes (causas C. 85.462, "Konrad"; C. 85.288, "Empresa de Servicios Gastronómicos de Ángela Elena Llera"; C. 89.303, "Diaz"; C. 93.622, "N., M. M."; C. 86.373, "Wrobel" y C. 89.340, "Clark", sents. de 27-VIII-2008; L. 98.365, "Rouco", sent. de 5-XI-2008; L. 97.312, "Polizzi" y L. 95.262, "Piedrabuena", sents. de 10-XII-2008; e.o.).
III.2.b. Con posterioridad, la ley de presupuesto correspondiente al ejercicio 2009 (ley 13.929, arts. 54 a 57, B.O. de 30-XII-2008) incluyó algunas modificaciones a la ley 12.836. El 25 de marzo de 2010 se dictó el decreto 201, reglamentario de la ley 13.929, con el expreso propósito de subsanar las observaciones realizadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Mochi".
En la causa C. 99.858, "Rodríguez", sentencia de 17-VIII-2011, este Tribunal analizó la razonabilidad del nuevo régimen establecido. En esa oportunidad adherí al voto del doctor Negri, pues entendí como él que "...Con la sanción de la ley 13.929 (B.O.P., 30-XII-2008) se contempló un plazo máximo para el pago de las obligaciones que, si bien pondría fin al estado de incertidumbre antes referido (v. pto. 1), al fijar ese límite temporal más allá del previsto por la ley nacional 25.344 (B.O., 21-XI-2000) y su decreto reglamentario 1116/2000, ha determinado una nueva restricción para los acreedores que colisiona con los arts. 17 de la Constitución nacional y 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires".
"Esa incompatibilidad se mantiene aún con las modificaciones introducidas por el decreto 201/2010 (B.O.P., 26-V-2010) pues, la diferencia temporal continúa afectando directamente a los acreedores que han optado por el procedimiento de pago en efectivo de sus créditos y que, según emerge de los considerandos del referido decreto, resultan ser la mayoría".
III.2.c. Con fecha 4 de junio de 2012 se publicó el decreto provincial 304/12 haciendo hincapié en sus considerandos que el fin perseguido era el de "...receptar lo observado por la Corte federal (pues) al dictarse la nueva normativa se incurrió involuntariamente en un error material, por cuanto el término establecido supera el límite temporal previsto en la normativa federal".
Así en el art. 1 dispone textualmente que: "...El plazo máximo para hacer frente al total del pasivo consolidado al 30 de noviembre de 2001, sea que el plazo se realice en bonos de consolidación o mediante el procedimiento de pago en efectivo, no excederá el 1° de enero de 2016".
De tal modo el decreto mencionado viene a subsanar la incompatibilidad constitucional entre la normativa nacional y la provincial, deslizado en la legislación anterior, aplicable a las obligaciones de causa o título anterior al 31 de diciembre de 1999, al equiparar la fecha de pago de las acreencias consolidadas en ambos regímenes.
En consecuencia, la normativa dictada para las obligaciones de causa o título anterior al 31 de diciembre de 1999, resulta constitucional al conformarse con la ley 23.982 y sus modificatorias.
III.2.d. Señalo, finalmente, que la conclusión expuesta -que define el contenido de la actual doctrina establecida por la mayoría de este Tribunal, entre muchas otras, en la causa L. 106.273, "Geres de los Santos", sentencia de 6-XI-2013- ha sido ratificada en fecha reciente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En efecto, al decidir la causa R.275.XLVIII "Ragone, Adelma c/ Dirección General de Escuelas y Cultura de la Provincia de Buenos Aires s/ indemnización por accidente de trabajo", sentencia de 30-IX-2014, el más Alto Tribunal de la Republica declaró -por mayoría- que el art. 54 de la ley 13.929 introdujo un límite temporal a la cancelación de deudas consolidadas en efectivo, cuya diferencia en perjuicio del acreedor -29 días más en el plazo de pago- no es suficiente para invalidar el régimen, y ello es así no solo porque deberá ser eventualmente compensada mediante el pago de intereses, sino porque la reforma importa una hipótesis legal de máxima que puede ser adecuada por la autoridad reglamentaria, lo que de hecho ocurrió mediante el dictado del decreto 304/12. Con ello, juzgó que dicha modificación permite tener por superadas, en este aspecto, las objeciones que esa misma Corte formulara al ordenamiento local en la causa "Mochi", pues, en definitiva, la provincia ha fijado un plazo máximo para cancelar en efectivo su deuda consolidada y, el problema mínimo que subsiste, tornaría irrazonable su declaración de inconstitucionalidad (cons. 8° del voto de los doctores Highton de Nolasco, Petracchi, Maqueda y Zaffaroni).
Declaró, asimismo, que con el texto incorporado por el art. 56 de la ley 13.929 al art. 10 de la ley 12.836, también quedaron subsanados los problemas señalados por la propia Corte respecto de la fecha en que comienza la percepción del capital y los intereses para aquellos casos en que el acreedor local hubiese optado por percibir su crédito mediante títulos públicos; y, finalmente, en cuanto se refiere a la última de las observaciones formuladas en el precedente "Mochi", ha señalado asimismo que el art. 2 del decreto 201/10 derogó el inc. "f" del art. 4 del decreto 1.578/02, por lo que no existe ya en las normas locales límite alguno, vinculado con el cálculo de recursos de la Administración Central, para la emisión de los títulos contemplados en el anteúltimo párrafo del art. 10 de la ley 13.436 (según modificación introducida por el art. 56 de la ley 13.929; ibíd., cons. 9°).
III.2.e. Por ello, se declara la constitucionalidad y aplicabilidad de dicha ley respecto de los honorarios regulados a la doctora Patricia Susana González, en la porción que exceda los $10.000 (art. 10, ley 12.836). Ahora bien, ante supuestos como el aquí analizado, en que el mecanismo de pago mediante la entrega de títulos públicos ha fenecido al vencer el plazo por el cual fueron emitidos, es pasible su cancelación en efectivo.
En consecuencia, corresponde remitir los autos al tribunal de origen, a los fines liquidatorios, para que dicte el pronunciamiento que corresponda.
III.3.a. Por otro lado, ante la insuficiencia de la summa gravaminis , corresponde analizar el cuestionamiento a la tasa de interés que se ordenó aplicar a los honorarios del doctor Arturo J. López Akimenco, en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 104.162, "Rodríguez", sent. de 21-XII-2011; L. 102.460, "Garcés", sent. de 7-III-2012; L. 98.130, "Izaguirre", sent. de 25-IV-2012; L. 106.699, "Podzun" y L. 106.723, "Gómez", sents. de 13-VI-2012; L. 96.956, "Berestycki", sent. de 11-VII-2012; L. 107.416, "Pedrozo", sent. de 27-III-2013; L. 110.768, "Guzmán", sent. de 7-VIII-2013; e.o.).
En ese contexto, es importante destacar que, tanto al momento del dictado de la decisión atacada, fundada en el entonces vigente decreto ley 8.904/77, cuanto a la fecha en que se interpuso el recurso, la doctrina legal de esta Corte vigente sobre la materia aquí debatida era la proveniente del fallo Ac. 77.434, "Banco Comercial de Finanzas S.A." (sent. de 19-IV-2006) en la cual -precisamente- el a quo fundó su decisión (v. fs. 339 vta.).
También he de resaltar que, con posterioridad a las fechas indicadas, este Tribunal hubo de modificar el criterio plasmado en aquel precedente, modificando la doctrina legal sobre la determinación de la tasa de interés aplicable al caso de mora en el pago de los honorarios de los abogados regulados judicialmente en el marco del régimen del señalado decreto ley, al fallar los precedentes identificados como L. 114.191, "Roselli" y L. 117.122, "Manrique" (sents. de 15-VII-2015).
Por lo tanto, considero que no se pueden soslayar las circunstancias existentes al momento de decidir la causa, aunque las mismas resultaren sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario (CSJN Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870; 1810; 312:555 y 891; e.o.). En ese sentido se ha señalado que, aun cuando los precedentes de la Suprema Corte sean ulteriores a la fecha en que se dedujo el medio extraordinario de impugnación, no cabe prescindir de su análisis y, eventualmente, de la aplicación de sus lineamientos al caso bajo juzgamiento (causa L. 85.120, "Alarcón Cáceres", sent. de 27-III-2008).
En consecuencia, el presente caso debe ser resuelto por aplicación de la doctrina legal actualmente vigente, aun cuando la misma no había sido establecida al momento en que se dictó la sentencia del tribunal de trabajo y se interpuso el recurso extraordinario que se analiza.
III.3.b. Antes de continuar, cabe señalar que a fs. 466 se confirió traslado en virtud de la entrada en vigencia del nuevo régimen de honorarios en el ámbito provincial (ley 14.967, B.O. de 12-X-2017), que no fue evacuado por los interesados (v. fs. 467 y sigs.).
Ahora bien, esta Suprema Corte ha declarado en la causa I. 73.016, "Morcillo" (resol. de 8-XI-2017) a los fines de la regulación de honorarios, si los trabajos se realizaron estando en vigor el decreto ley 8.904/77, deberán utilizarse las pautas y la unidad arancelaria (ius) allí instituida, cuyo quantum el Tribunal fijó mediante Acuerdo 3.871/18. En otras palabras, estableció que el nuevo régimen arancelario resulta aplicable a los trabajos profesionales que se desarrollen a partir de su entrada en vigencia.
En estas condiciones, teniendo en
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.