Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 117684
En la ciudad de La Plata, a 8 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Kogan, Pettigiani, Negri, Genoud, Natiello, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 117.684, "Cladd Industria Textil Argentina S.A. Materia a categorizar".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de General San Martín, con asiento en dicha ciudad, rechazó la queja deducida a fs. 25/33 vta. por Cladd Industria Textil Argentina S.A. contra la decisión del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires que denegó el recurso de apelación (v. fs. 11/13 vta.), mediante el cual había impugnado la resolución que ordenó aplicarle una multa (v. fs. 6/7). Impuso las costas a la vencida.
Se interpusieron, por la apelante, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 692/699).
Oído el Subprocurador General (v. fs. 766/767 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, mediante el dictado de la resolución 9.468/10, impuso a Cladd Industria Textil Argentina S.A. una sanción pecuniaria de $175.000 por la constatación de infracciones laborales fundadas en el incumplimiento de los arts. 52 y 201 de la Ley de Contrato de Trabajo y 19 del Convenio Colectivo de Trabajo 500/07, declarando tipificadas las conductas descriptas en el art. 3 incs. "c" y "g" de la ley 12.415 (v. fs. 6/7).
Contra esa decisión administrativa, la mencionada sociedad mercantil dedujo la impugnación prevista en el art. 61 de la ley 10.149 y planteó la inconstitucionalidad del depósito previo establecido en la citada norma (v. fs. 14/24 vta.). La pretensión fue declarada inadmisible (resol. 16.406/10; v. fs. 11/13 vta.).
Ante ello la empresa interpuso -así lo denominó- un "recurso de queja" ante el Tribunal de Trabajo n° 2 de General San Martín (v. fs. 25/33 vta.), que fue desestimado por éste con fundamento en que la impugnante no había acreditado la alegada imposibilidad de efectuar el depósito previo de la multa, lo que consideró ineludible para abordar, en el caso concreto, el planteo de inconstitucionalidad del art. 61 de la ley 10.149. Por ello, juzgó abstracto pronunciarse sobre dicha cuestión (v. fs. 679/681 vta.).
II. La empresa Cladd Industria Textil Argentina S.A. dedujo recurso extraordinario de nulidad, con fundamento en la violación del art. 171 de la Constitución provincial (v. rec., punto VII, fs. 698).
Plantea, brevemente, que el pronunciamiento dictado no se sustenta en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva ni en los generales del derecho.
III. El recurso no es procedente.
Con reiteración esta Suprema Corte ha declarado que la infracción al art. 171 de la Constitución local opera cuando el fallo carece de todo fundamento legal (causa L. 117.819, "Natiello", resol. de 18-VI-2014), lo que no ocurre en el caso.
Sin perjuicio de ello, si lo que -en rigor- procura la quejosa es controvertir el fundamento jurídico del pronunciamiento, la vía idónea no es la intentada sino la del recurso de inaplicabilidad de ley (causas L. 94.844, "Rodríguez", sent. de 3-VI-2009 y L. 95.968, "Bridgestone Firestone Argentina S.A.I.C.", sent. de 21-XII-2011).
IV. Por lo expuesto, propongo rechazar el recurso extraordinario de nulidad traído, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero a la solución propuesta por el doctor Soria y sólo habré de agregar que la postura que, respecto del deber de motivación y fundamentación de las sentencias, sustenté en la causa L. 56.599, "Blanco", sentencia de 23-II-1999, ha resultado minoritaria. En dicho precedente, en prieta síntesis, sostuve que el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires impone que las sentencias sean "...fundadas en el texto expreso de la ley; y a falta de éste, en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de éstos, en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso". Este último pasaje final del texto constitucional reviste definitoria trascendencia. Para satisfacer la exigencia de fundamentación la cláusula en examen no impone únicamente la cita del precepto. La labor no se agota allí. Según la Constitución provincial ha de indicarse el texto expreso de la ley o de los principios aplicables, "...teniendo en consideración las circunstancias del caso", esto es, complementando esa cita con la referencia explícita, puntual y concreta de las particulares modalidades por las cuales esa ley o esos principios se relacionan con el caso. En otras palabras, el propio art. 171 desalienta la mención ritual o automática de la ley, erigiendo la indicación de su cabal relación con las circunstancias de la causa en elemento igualmente esencial.
Sin embargo, la mayoría de esta Suprema Corte ha ratificado los principios que informan la doctrina según la cual la exigencia del art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires está dirigida a sancionar aquellas decisiones que no tienen otro fundamento que el arbitrio de los juzgadores, por lo que no se viola dicha norma si la sentencia se encuentra fundada en ley, aun cuando supuestamente no hubiese sido acertada la invocación de las normas (causas C. 33.428, "Peralta", sent. de 23-X-1984; C. 35.577, "Barce de Carretoni", sent. de 5-IX-1986; C. 47.080, "Banco Rio de la Plata S.A.", sent. de 21-IX-1993 y C. 53.392, "Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 12-VIII-1997). Vale decir que a los efectos del andamiento del carril extraordinario de nulidad nada importa el acierto de la decisión atacada, ya que lo que interesa es que esté basada en una norma, aunque no se apoye en la pertinente, es decir, aun en la situación de que el precepto invocado nada tenga que ver con el caso juzgado. La reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema, y lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias, me llevan -siempre dejando a salvo mi opinión al respecto- a adherir a lo expresado por el colega que me precede (causas C. 118.269, "San Pedro", resol. de 18-XII-2013; C. 118.708, "Bassi", resol. de 2-VII-2014 y C. 119.348, "Ganadera Nor-Este S.A.", resol. de 20-XI-2014).
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani, Negri, Genoud y Natiello, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Según se ha visto, la ahora recurrente fue sancionada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires con una multa por considerársela incursa en las conductas tipificadas en el art. 3 incs. "c" y "g" de la ley 12.415 (resol. 9.468/10; v. fs. 6/7). Contra dicha decisión, interpuso el denominado "recurso de apelación", en el que articuló la inconstitucionalidad del art. 61 de la ley 10.149 en cuanto exige el pago previo de la multa para recurrir (v. fs. 14/24 vta.). La autoridad de aplicación lo desestimó por inadmisible (resol. 16.406/10; v. fs. 11/13 vta.).
Ya se ha señalado también que, frente a esa denegatoria, la interesada presentó un "recurso de queja" ante la justicia laboral provincial (v. fs. 25/33 vta.), que fue rechazado por el tribunal interviniente con fundamento en que no se había intentado acreditar la imposibilidad de dar cumplimiento al depósito previo de la multa, extremo que consideró ineludible para abordar, en el caso concreto, el planteo de inconstitucionalidad del art. 61 de la ley 10.149. Así, juzgó abstracto pronunciarse sobre esta cuestión (v. fs. 679/681 vta.).
II. Contra este último pronunciamiento, la interesada dedujo el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ahora bajo examen, en el que se invoca violada la doctrina legal que cita y, asimismo, vulnerados los derechos de propiedad, debido proceso y defensa en juicio (v. fs. 692/699).
Plantea que extender el alcance de la doctrina del solve et repete a los supuestos de imposición de una multa por parte de la autoridad estatal importa un menoscabo a los referidos derechos constitucionales y una abierta inobservancia de la doctrina legal de la Corte sentada en la causa I. 3.361, "Herrera", sentencia de 19-XII-2012, en la que se estableció que dicho instituto tiende a preservar el normal desenvolvimiento de las finanzas públicas, quedando excluidos ingresos de otra naturaleza, es decir, aquellos no provenientes de los recursos tributarios del Estado, como las multas.
Aduce que el derecho de defensa en juicio, comprensivo de la revisión de la decisión en la instancia superior, no puede quedar cercenado o limitado por el pago previo de la sanción impuesta.
Argumenta que una interpretación armónica de los arts. 18 y 109 de la Constitución nacional, así como del art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica -que goza de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22)- conduce a concluir que todos los habitantes del país tienen derecho a recurrir ante un órgano judicial en busca de control efectivo, siendo ello garantía del debido proceso, pues no puede la Administración ejercer funciones judiciales. Entiende que toda persona debe tener acceso a la jurisdicción, no correspondiendo restringir su derecho por el no cumplimiento del requisito del pago previo de la multa.
Por último, tras destacar la diferencia entre las potestades del Estado en materia tributaria y sancionatoria, concluye que el principio del solve et repete sólo resulta de aplicación para las multas impuestas en ejercicio de la primera de las prerrogativas, no así para la segunda.
III. El recurso prospera.
III.1. Es preciso recordar que esta Suprema Corte en la causa L. 100.358, "Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Ltda." (sent. de 20-VIII-2014) estableció -en un contexto similar- que obstar el control judicial de la decisión administrativa que deniega el denominado "recurso de apelación" previsto por la ley 10.149 (art. 61) contra la resolución que -en ejercicio del poder de policía laboral- impone una multa, importa una restricción lesiva de la garantía de acceso pleno a la tutela judicial efectiva (art. 15, Const. prov.).
En el mencionado precedente, en el que adherí al voto de mi colega doctor Genoud, tuve oportunidad de puntualizar -y he de reiterar aquí- que aun cuando no se encuentre expresamente previsto el indicado supuesto en el diseño de la ley 10.149, no hay dudas que la pretensión articulada contra el acto dictado por la autoridad administrativa laboral provincial que deniega la impugnación deducida en esa sede debe ser resuelta por el tribunal de trabajo. Este último es el órgano competente para entender sobre las impugnaciones articuladas contra las resoluciones dictadas por los señalados órganos de la Administración cuando las leyes así lo dispongan (arts. 2 inc. "f", ley 11.653 y 61, ley 10.149).
Esa interpretación -se dijo- es la que mejor se ajusta a la garantía del acceso irrestricto a la jurisdicción (art. 15, Const. prov.) que, indudablemente, conforma una de las bases primordiales del Estado de Derecho (conf. mi voto en la causa B. 59.591, "B.E.D.A. S.A.", sent. de 8-X-2008).
III.2. El depósito exigido en la especie como condición de admisibilidad formal de la impugnación judicial (arts. 61, ley 10.149 y 57, ley 11.653) se corresponde con la aplicación de una multa por parte de la autoridad administrativa del trabajo con motivo de presuntas infracciones de índole laboral. Claramente, lo debatido no reviste naturaleza tributaria.
III.3. En el precedente I. 3.361, "Herrera" (sent. de 19-XII-2012) cuya transgresión denuncia la recurrente, esta Suprema Corte -por mayoría que hube de integrar- declaró la inconstitucionalidad del art. 42 de la ley 11.477 en cuanto impone efectuar el depósito previo de la multa como condición de admisibilidad de los "recursos" de reposición y apelación en subsidio allí previstos.
Aun bajo disímiles ordenamientos, puede observarse que el asunto guarda sustancial semejanza con el abordado en la citada causa "Herrera", por lo que es útil reiterar -en lo pertinente- los fundamentos allí brindados -en su opinión mayoritaria- por este Tribunal, que constituyen suficiente respuesta.
III.4. Tanto en la "apelación" deducida (v. fs. 14/24 vta.) como en la "queja" interpuesta frente a su denegatoria (v. fs. 25/33 vta.), la empresa cuestionó la validez constitucional del art. 61 de la ley 10.149 porque -adujo- exige el solve et repete respecto de las multas, alegando, en tal sentido, la violación de sus derechos constitucionales.
Considera que lo resuelto transgrede la doctrina legal indicada supra , vinculada a la temática en debate, así como sus garantías amparadas por la Constitución (v. fs. 692/699).
III.5. El precepto impugnado requiere como recaudo para impugnar la multa el depósito previo del total de su monto: equivalente al cumplimiento anticipado de la pena o sanción que se pretende discutir. Incumplida dicha carga, se establece el rechazo de la impugnación.
Ahora bien, como sostuvo mi colega doctor Negri en su voto en la referida causa "Herrera", al que presté mi adhesión y que conformó la opinión mayoritaria de esta Corte, no resulta posible condicionar el ejercicio del derecho de defensa del afectado por una multa con la exigencia de su pago previo. La tutela judicial continua y efectiva y la inviolabilidad de la defensa en todo procedimiento administrativo o proceso judicial (art. 15, Const. prov.) se erigen como pilares básicos, cuya protección y efectividad no puede ser soslayada.
De allí que, en la mayoría de los procedimientos especiales cuyo objeto es investigar una conducta y, eventualmente, sancionarla, se prevean una serie de garantías tendientes a asegurar la adecuada defensa antes, durante y después de dictarse el acto resolutorio, que en esta última etapa se concreta con el derecho a deducir pretensiones judiciales impugnativas (conf. ley 10.430; dec. 4.161/96; ley 11.757; dec. ley 9.550/80; e.o.).
En virtud de lo expuesto, los ordenamientos reservan, al menos, una instancia de control judicial de las controversias suscitadas en el ámbito administrativo.
La norma cuestionada en el sub lite prevé una vía jurisdiccional de control. Sin embargo, su acceso se habilita con la sanción ya consumada. Ello impide un acceso irrestricto a la jurisdicción y vulnera las garantías constitucionales que aseguran un juicio con carácter previo a la condena (arts. 10 y 15, Const. prov.), ya que el derecho a ser oído por un juez o tribunal independiente e imparcial resulta posterior al cumplimiento de la pena.
El esquema procedimental descripto genera, asimismo, una desigualdad entre aquel que tiene la posibilidad de afrontar inmediata y totalmente la multa y quien no cuenta con medios suficientes para satisfacerla (art. 11, Const. prov.).
Por otra parte, la naturaleza sancionatoria de la multa invalida los fundamentos que de ordinario se alegan para justificar la exigencia del pago previo respecto de las obligaciones tributarias de dar sumas de dinero, como -con acierto- plantea la recurrente. Este Tribunal ha dicho que la finalidad del denominado solve et repete es la de preservar el normal desenvolvimiento de las finanzas públicas, poniéndolas a cubierto de argucias procesales o expedientes dilatorios (causas B. 55.283, "Pertenecer S.A.", resol. de 14-XII-1993 y B. 55.927, "American Express Argentina S.A.", resol. de 6-VI-1995; e.o.), razón que no puede predicarse respecto de las multas aplicadas como resultado de un procedimiento de infracción, toda vez que no cabe sostener válidamente que aquellas integren los recursos normales del sistema (causas B. 49.540, "Ancev S.A.", sent. de 9-V-1989 y B. 53.829, "Luis A. Zaiden y Alfredo O. Carnevari", resol. de 3-XII-1991).
En este contexto, la incompatibilidad constitucional de la norma impugnada en el sub lite surge de su confrontación con el texto de la Constitución y no depende de la acreditación de ningún supuesto fáctico, como aquel referido -en la especie- a la invocada imposibilidad de su cumplimiento, cuya ausencia de prueba ha esgrimido el tribunal interviniente para luego declarar abstracto el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad, o en su caso, la importancia de la multa con relación a la capacidad económica del infractor.
En adición, vale aclarar que el gravamen constitucional que se denuncia no reside en la magnitud del perjuicio patrimonial para quien lo sufre, sino en la violación de las garantías reconocidas por nuestra Constitución que, ante circunstancias como las de autos, repelen el cumplimiento anticipado de la sanción pecuniaria.
En consecuencia, propongo declarar la inconstitucionalidad del art. 61 de la ley 10.149 toda vez que obliga al depósito previo de la multa como condición de admisibilidad de la impugnación judicial del acto administrativo sancionatorio (denominada "recurso de apelación") y, verificados los recaudos formales, admitir la queja por apelación denegada.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, decretar la inconstitucionalidad del art. 61 de la ley 10.149 por los motivos ya señalados y revocar el pronunciamiento de grado que rechazó la queja por apelación denegada, cuya admisión se declara.
Los autos deberán volver al tribunal de origen para que dé tratamiento al recurso de apelación interpuesto.
El depósito previo de fs. 758 deberá devolverse al interesado (arts. 280 y 294, CPCC).
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la segunda cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Discrepo con el voto de mi colega doctor Soria, pues -en mi opinión- el recurso debe rechazarse.
Sobre el tema que nos ocupa, debo señalar que en la causa I. 3.361, "Herrera" (sent. de 19-XII-2012), cuya violación denuncia la quejosa, no contribuí a la formación de la mayoría, pues presté mi adhesión -con los alcances allí expresados- al sufragio del doctor Hitters, que propuso desestimar el planteo de inconstitucionalidad del art. 42 de la ley 11.477 en cuanto exige el depósito previo de la multa como condición de admisibilidad de los recursos de reposición y apelación en subsidio.
En el caso, en que debate sobre la inconstitucionalidad del art. 61 de la ley 10.149, he de remitirme -en lo pertinente- a los fundamentos -que he compartido- brindados por mi ex colega en el precedente de referencia, resaltando que sólo es posible atenuar el rigorismo del principio del solve et repete ante supuestos de excepción que involucren situaciones patrimoniales concretas y comprobadas de los obligados, a fin de evitar que ese previo pago se traduzca, a causa de la falta comprobada e inculpable de los medios pertinentes para afrontar dicha erogación, en un real menoscabo del derecho de defensa en juicio.
II. Toda vez que no encuentro verificados estos extremos en autos, propongo -como anticipé- desestimar la impugnación traída, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó la segunda cuestión también por la negativa .
El señor Juez doctor Negri ,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.