Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 71785
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Negri, de Lázzari, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 71.785, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Wright Fernández Ursini y Asociados S.R.L. Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación deducido por la parte demandada y revocó la sentencia de primera instancia en cuanto fue motivo de agravio. En consecuencia, admitió la excepción de prescripción opuesta por la mencionada parte y declaró extinguida la exigibilidad de los créditos fiscales objeto del proceso (conf. arts. 75 inc. 12, Const. nac.; 3.951, 3.980, 3.986, 3.988, 3.989 y concs., Cód. Civ.; 18, 157 y concs., Cód. Fiscal y 9 inc. "e", ley 13.406). Impuso las costas de ambas instancias a la parte actora, en su calidad de vencida (arts. 25, ley 13.406; 68, 556 y concs., CPCC).
Disconforme con ese pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 80/90), el que fue concedido por la Cámara mediante resolución de fs. 92/93.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 97), agregada la memoria de la parte demandada (v. fs. 102/108) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Mediante la presente ejecución, por vía de apremio, la Provincia de Buenos Aires persigue contra la demandada en autos (Wright Fernández Ursini y Asociados S.R.L.) el cobro de la suma de cuatrocientos veintiún mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos con once centavos ($421.844, 11).
Los documentos que traen aparejada la ejecución resultan ser las liquidaciones de deuda correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos imputables a los períodos 1/1991 al 4/1995.
II.1. De las constancias de la causa surge, en lo que interesa a la resolución del recurso extraordinario interpuesto, que la firma demandada una vez que fue notificada personalmente de la decisión que ordenó el libramiento del mandamiento de pago y decretó la inhibición general de bienes (v. fs. 15), contestó la acción y opuso excepciones a su progreso (v. presentación obrante a fs. 23/31). La excepción de prescripción se fundó en lo dispuesto por el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil entonces vigente y su doctrina, que establece un plazo de cinco años, así como en lo normado por el art. 3.956 del mismo cuerpo legal, que dispone que la prescripción comienza a correr desde que el crédito existe y puede ser exigido.
II.2. Al contestar el traslado de las excepciones opuestas, el Fisco describió brevemente el trámite administrativo sustanciado y afirmó que "...en modo alguno puede considerarse que la acción contra Wright Fernández Ursini y Asoc. SRL se encuentra prescripta" (fs. 36/41).
Refirió que la normativa vigente a la fecha de la fiscalización eran las leyes 10.397 y 10.857, texto ordenado 1994 del Código Fiscal.
II.3. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la excepción de prescripción opuesta por la firma accionada respecto de las obligaciones fiscales reclamadas judicialmente y mandó llevar adelante la ejecución por los montos adeudados (v. fs. 44/49).
Para así decidir, ponderó que de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas se trasluce la actividad desplegada por el organismo recaudador a los fines de efectivizar el cobro de la deuda tributaria, denotando que en su obrar no hubo pasividad. Destacó que el apremiado se acogió a los beneficios de la ley 11.808, provocando tal circunstancia la interrupción de la prescripción (conf. v. fs. 14/36, expte. adm. 2.306-380/95, alcance n° 1). Agregó que a esa interrupción se le deben computar los plazos de suspensión contemplados por el Código Fiscal, ya que conforme surge de las actuaciones administrativas, el 4 de septiembre de 2004 la firma accionada interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires, provocando la suspensión de la prescripción, cuyo rechazo por resolución 795 fue notificada al recurrente con fecha 8 de marzo de 2006.
En cuanto a las normas que rigen el caso de autos, destacó lo reglado en el art. 4.027 del Código Civil respecto del plazo quinquenal aplicable, así como lo dispuesto en el Código Fiscal respecto del cómputo, interrupción y suspensión del plazo de prescripción (arts. 133, 134 y 135, Cód. Fiscal -t.o. 2004-).
A partir de allí, abordó el modo en que el plazo quinquenal debe computarse. Concluyó que no se había cumplido, a la fecha de interposición de la demanda (29-IX-2006) el término de prescripción previsto por la normativa aplicable.
II.4. Contra el pronunciamiento del juez de grado la parte demandada dedujo recurso de apelación (v. fs. 55/57). Se agravió argumentando que existe en la interpretación del juzgador una incompatibilidad de la legislación local con la normativa de fondo, lo que llevó a desconocer la regulación que el Código Civil efectúa respecto del cómputo del plazo de prescripción.
Destacó que el magistrado soslaya lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Filcrosa" y la consiguiente aplicación -en tanto criterio jurisprudencial consolidado- del régimen prescriptivo del Código Civil.
Resaltó que el juez de grado creó "pretorianamente" causales de interrupción de la prescripción, no previstas en la ley de fondo y tampoco en el Código Fiscal, con lo cual la sentencia legisló sobre interrupción de la prescripción y lo hizo en una forma más favorable al Fisco que cualquier ordenamiento vigente.
Adujo que la sentencia de grado vulnera, admitiendo innumerables causas suspensivas e interruptivas sin previsión normativa alguna, el límite máximo estatuido en el art. 4.023 del Código Civil.
III. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar al recurso de apelación deducido por la demandada a fs. 55/57 y revocó la sentencia de grado. En consecuencia, admitió la excepción de prescripción opuesta por esa parte y declaró extinguida la exigibilidad de los créditos fiscales objeto del proceso (v. fs. 69/76).
III.1. En primer lugar, realizó un repaso de las circunstancias útiles obrantes en las actuaciones administrativas agregadas sin acumular en autos (expte. adm. 2.306-00380/95).
Luego recordó que esa Cámara, dejando a salvo el criterio expuesto en otros pronunciamientos, hizo suyo el cambio jurisprudencial producido a la luz del tratamiento y alcance del tema en cuestión que confiere el caso "Filcrosa" (CSJN, sent. de 30-IX-2003) y su receptividad por la Suprema Corte provincial en las causas C. 81.253, sentencia de 30-V-2007; C. 81.410; C. 87.124, entre otras, en las cuales, por mayoría, se pronunció a favor de la preeminencia del plazo de prescripción liberatoria de cinco años establecido en el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil, aplicable en materia tributaria local, por sobre cualquier otra disposición normativa de carácter provincial o municipal, particularmente el art. 119 del Código Fiscal.
III.2. Entendió que los antecedentes descriptos demarcaron un nuevo giro en la cuestión debatida en autos, que no se limita a la aquiescencia del plazo prescriptivo de cinco años contenido en el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil, sino que proyecta su exégesis a todo el sistema de prescripción (incluidos los supuestos de suspensión e interrupción), asignándole preeminencia a la legislación de fondo en la materia tributaria local, por sobre cualquier otra disposición normativa de carácter provincial o municipal.
Señaló que el art. 159 (debió decir 158) del Código Fiscal estatuía que la prescripción de las acciones y poderes de la Autoridad de Aplicación para determinar y exigir los tributos y sus accesorios, así como para aplicar y cobrar multas por infracciones fiscales, que hubieren comenzado a correr antes de la vigencia del art. 157, se produciría el 1 de enero de 1999 -en caso de haber nacido durante el ejercicio fiscal 1991-, el 1 de enero de 2000 -durante los ejercicios 1992, 1993 y 1994- y el 1 de enero de 2001 -ejercicio fiscal 1995-.
Ponderó que en obligaciones como las ejecutadas en autos, cuya determinación se produce sobre la base de declaraciones juradas de período fiscal anual, el término de prescripción quinquenal comienza a correr desde el 1 de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaración jurada e ingreso del gravamen (conf. art. 133, primer párr., Cód. Fiscal -t.o. 2004-; art. 159, primer párr. -t.o. 2011-) . Ello, toda vez que tratándose de una deuda generada por el impuesto a los ingresos brutos, debe ser determinado por el contribuyente en sus declaraciones juradas anuales a año vencido (conf. arts. 182 y 183, Cód. Fiscal -t.o. 2004-; 209 y 210 -t.o. 2011-).
Puntualizó que para los períodos fiscales 1/1991 a 2/1993 -título ejecutivo 268.428, a fs. 3- la obligación de presentar declaración jurada venció con la presentación del último anticipo, es decir, en enero de 1992 y 1994, respectivamente (art. 183, Cód. Fiscal, actual art. 210). Por otra parte, en relación a los tributos correspondientes a los períodos 3/1993 y 4/1995 -título ejecutivo 268.437, a fs. 4- afirmó que dicha obligación perimió en enero de 1994 y 1996, respectivamente.
Respecto a la multa por omisión de la cual el ejecutado opuso denuncia de prescripción (a fs. 23/31) entendió que el plazo en cuestión era idéntico, aunque no su cómputo. Reiteró que conforme lo normado en el art. 159 primer párrafo del Código Fiscal, el plazo prescriptivo del gravamen requerido de pago no se computa a partir del año inmediato al período tributario insoluto, sino a partir del 1 de enero del año siguiente al que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen.
III.3. Sentado ello, concluyó que el plazo de prescripción, si no hubiera mediado causal alguna de suspensión o interrupción, debió haber fenecido el 1 de enero de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 -respectivamente-.
Sin embargo, ponderó que en el caso dicho plazo se interrumpió para los períodos en curso el 19 de diciembre de 1996, a sazón de la adscripción del encartado al régimen de consolidación de deudas de la ley 11.808 (v. fs. 17/48 y 50/59., expte. adm. 2.306-380/95, alcance n° 1), acto que implicó el reconocimiento de la demandada de la obligación impositiva. No advirtió reparos para no tener por configurada la causal interruptiva ante la suscripción de una moratoria y su pago parcial, la cual supone la asunción de dicha deuda. Agregó que el acogimiento al plan de pagos suscripto configura un hecho incontrovertible que hace presumir, necesaria e inequívocamente, la voluntad del deudor de afrontar la obligación pendiente.
Luego refirió que mediante la resolución 171/01 se notificó a la firma demandada (con fecha 13-VIII-2001) la resolución determinativa de las diferencias existentes (conf. fs. 97, expte. adm. cit.) y ese acto fue recurrido por el ejecutado el 4 de septiembre de 2001 por ante el Tribunal Fiscal, quien resolvió el 23 de febrero de 2006 y notificó su denegatoria a la firma interesada el 8 de marzo de 2006 (conf. fs. 157, expte. adm. cit.).
III.4. Consideró que el magistrado de grado, al soslayar la télesis interpretativa que la Corte nacional perfila en el caso "Filcrosa", arriba a un resultado que no armoniza un criterio jurídico que resguarde una sana solución y que comulgue con las pautas integradoras del sistema de prescripción contenido en el Código Civil.
Destacó que "por tratarse de una especie sustantiva de legislación de fondo su régimen ha sido delegado por los gobiernos locales al estado federal (art. 75 inc. 12, Const. nac.) y, por lo tanto, queda fuera de los poderes residuales de los primeros. Estos, limitados a la creación de tributos y sus accesorios, no pueden incluir componentes vinculados a los efectos del transcurso del tiempo en el crédito fiscal" (voto del doctor de Santis al que adhirió la doctora Milanta).
Ponderó que el art. 3.986 del mencionado ordenamiento permite suspender el curso de la prescripción liberatoria, por una sola vez, luego de efectuada fehacientemente la interpelación administrativa. Sostuvo que tal circunstancia acaeció al notificarse el día 13 de agosto 2001 la resolución determinativa de oficio (por reajuste) a la firma interesada, contra la que ésta interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal el 4 de septiembre de 2001.
Agregó que emitida la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación el 23 de febrero de 2006 (obrante a fs. 147/156 del expte. adm. cit.) y notificada el 8 de marzo de 2006 (conf. fs. 158, expte. adm. cit.), el Fisco sólo tenía tres meses para promover la demanda, conforme lo normado en el art. 3.980 del Código Civil.
Así, la Cámara consideró que incurrió en error en el juzgamiento el sentenciante de grado, al alongar sine die los plazos prescriptivos, en transgresión a las pautas que dimanan del art. 3.986 del Código Civil. Agregó que los créditos consignados en la determinación oficiosa para los períodos en ejecución quedaban alcanzados por el plazo previsto en el art. 3.980 del referido ordenamiento.
Concluyó que estando incluido el reclamo dentro de la decisión administrativa que fuera objeto del recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, si bien su interposición suspende la obligación de pago a favor del deudor, una vez dictada la resolución del aludido organismo el 23 de febrero de 2006, el crédito estuvo expedito, sin obstáculos para su percepción y ejecución, no quedando alcanzado por la dispensa contenida en el art. 3.986 (sic) del Código Civil. Luego, la acción interpuesta el 29 de septiembre de 2006 -más de tres meses después del referido acto administrativo-, liberaba al deudor, tornando inexigible judicialmente al crédito invocado en los respectivos cartulares, por cuanto el plazo prescriptivo se hallaba agotado a su respecto (conf. art. 3.980, Cód. Civ.).
IV. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 80/90, el Fisco de la Provincia de Buenos Aires denuncia la violación de los arts. 16 y 17 de la Constitución nacional (principio de igualdad y derecho a la propiedad) y el poder reservado de la Provincia de Buenos Aires y no delegado a la Nación, que la habilita a dictar leyes como el Código Fiscal (conf. art. 121, Const. nac.).
IV.1. La primera cuestión por la que se agravia refiere a la necesidad de apartarse, para resolver el presente caso, del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Filcrosa", con argumentos fundados en la autonomía del derecho tributario local.
Destaca que la prescripción de las acciones del Fisco para determinar y exigir el pago de los tributos, como asimismo el modo de contar los plazos en materia tributaria en el ámbito local, se encuentran regulados en el Código Fiscal, cuerpo normativo al cual -a su entender- corresponde acudir en primera instancia para dirimir la cuestión en análisis.
Sostiene que la Provincia de Buenos Aires cuenta con facultades propias suficientes para reglar los aspectos atinentes a la prescripción de la acción por cobro de un tributo local -comprendiendo tanto la posibilidad de fijar su plazo como la de estructurar las modalidades de cómputo de dicho término y las causales de suspensión e interrupción específicas-, no vulnerándose por ello principio constitucional alguno. Cita las causas Ac. 82.405, sentencia de 23-XII-2002; Ac. 76.242, sentencia de 7-II-2001 e I. 2.109, sentencia de 9-VIII-2000 de este Tribunal (v. fs. 86). En apoyo de su postura invoca también fallos de la Corte nacional y la opinión de autores (v. fs. 85 vta./86 vta.).
Agrega a fs. 86 vta. y 87 que el Congreso de la Nación también se ha pronunciado acerca de los plazos de prescripción para determinar y exigir el pago de los impuestos. Destaca que la Ley de Procedimientos Tributarios n° 11.683 contiene un capítulo (el VIII) relativo a la prescripción, encontrándose regulado dicho instituto en similares términos en los que sido legislado por el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Libro I, Parte general, título XIII).
Advierte que, de admitirse que la Nación pueda establecer plazos y modalidades distintos para la prescripción de sus acciones en materia fiscal y que las provincias y sus municipios no puedan hacerlo, implicaría aceptar la existencia de una potestad tributaria de segunda categoría, todo lo contrario a la distribución de competencias diseñada por nuestra Constitución nacional.
Aduce que, desde la autonomía del derecho tributario, existen argumentos a tomar en consideración, que permiten apartarse de lo resuelto por la Corte Suprema en la mencionada causa "Filcrosa" y, en consecuencia, de la sentencia del Tribunal de Alzada, puesto que se exponen fundamentos que no han sido considerados en el aludido fallo y que claramente justifican el apartamiento.
Agrega que, luego del dictado de la aludida sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires se apartó de la doctrina sentada en dichos autos (v. fs. 87).
IV.2. En segundo término, y para el supuesto de que no prospere el argumento de la autonomía normativa local en la materia, sostiene la defectuosa aplicación por el Tribunal de Alzada de las normas del Código Civil aplicables.
En tal sentido, afirma que la Cámara no consideró, aun cuando aplicó el art. 3.986 del Código Civil, el cúmulo de actuaciones administrativas llevadas a cabo por la actora a fin de consolidar la situación jurídica que se discute y que debieron ser ponderadas como interruptivas del plazo de prescripción, tal como lo prescribe la citada ley de fondo.
Manifiesta que el reconocimiento y la demanda judicial no son los únicos medios eficaces para interrumpir el transcurso de la prescripción ya que no puede desconocerse que hay otros casos, como el de autos, en que es menester producir un cúmulo de actuación administrativa previa tendiente a obtener una determinada actuación estatal -ya de oficio, ya a instancia de parte- que consolide la situación jurídica que se discute y que, en consecuencia, deje expedita la acción judicial.
Denuncia que esta Suprema Corte ha decidido cuestiones semejantes "...asimilando el reclamo por un derecho formulado en sede administrativa a la demanda judicial prevista en el artículo 3.986 del Código civil" (causa B. 58.971, "Gómez", sent. de 12-IX-2001) y ha resuelto que "...las sucesivas actuaciones de la administración, así como la primitiva petición de la empresa constructora [...] han tenido entidad suficiente para interrumpir la prescripción de la acción (conf. art. 3.986, Cód. Civ.)" (causa Ac. 51.532, sent. de 2-VIII-1994).
Agrega que ha sostenido expresamente que "...los efectos de un acto interruptivo de la prescripción duran mientras se mantenga la instancia administrativa, la que sólo decae por la existencia de una resolución firme y consentida o por declaración de caducidad" (causa B. 60.160, sent. de 5-II-2003; e.o.).
Refiere que la doctrina legal de esta Suprema Corte ha entendido que, en los casos como el que nos ocupa, las instancias transitadas ante las autoridades administrativas, muchas veces iniciadas por los propios particulares y destinadas a determinar la existencia o alcance de un derecho y a dej
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